Los financiaron al 50% el Servico Público de Empleo Estatal y del Fondo Social Europeo, según constan en la convocatoria de 2011 que recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Es decir, la Comunidad de Madrid no aporta un euro a sufragarlos, aunque debe dinero a pymes por actividades que acabaron hace más de 16 meses en algunos casos.

“He tenido que hipotecar mi casa para poder pagar a los trabajadores”. El empresario Francisco Javier Aguilar gestiona una de las academias de formación a las que la Comunidad de Madrid debe dinero. Muestra los papeles en los que la Consejería de Empleo admite deudas de cursos de 2010 y 2011 “en tramitación”: uno versaba sobre gestión de recusos humanos, otro de administración de bases de datos... “Me deben más de 100.000 euros y eso para una pequeña empresa es un dineral”, denuncia. Tras dos meses sin cobrar ni pagar a sus tres empleados , decidió pedir un préstamo que avaló con su casa. Se queja de que la consejería les marea: “Ni siquiera hay un interlocutor válido. Cada vez que les llamamos, dan plazos de pago que luego no se cumplen. Y, si presionas, te dicen que viene de arriba y que no saben cuándo van a pagar”.

Ha creado una página web (www.comunidaddemadridnopaga.com) para denunciar el caso. Es el único de los cuatro responsables de academias contactados por este periódico que accede a dar la cara, aunque todos corroboran el “ahogo” por la deuda.

La Asociación de Empresas de Formación (Amacfor) alertó en enero en una circular de los impagos, que cifraba en 39 millones. “Se debe aproximadamente el 50% de las liquidaciones de la programación de 2010 y el 100% de las de 2011”. Hace más de un año, la asociación denunció que la Comunidad les adeudaba más de 50 millones, con lo que las plantillas de docentes de los centros bajaron a la mitad: unos 2.500 empleados menos. Este diario intentó sin éxito conocer la versión de Amacfor sobre la situación actual.

Cuando se produjo la primera denuncia en febrero de 2012, la Comunidad lo achacó al cambio del Servicio Regional de Empleo (que pasó a depender de la Consejería de Educación) y se comprometió a cerrar un calendario de pagos con las empresas. Ahora la consejería señala ahora que las empresas tienen cursos “pendientes de justificar” y que el pago “está en tramitación”. Un portavoz de la consejería que dirige Ana Isabel Mariño reconoce una deuda de 36 millones, aunque intenta justificarlo añadiendo que en los dos últimos años se han abonado otros 90 millones que también se debían. Desde la consejería aseguran que se han tomado medidas “para que el pago se prozuca en el tiempo más breve posible”, sin facilitar ningún plazo concreto. Tampoco aclaran dónde han ido a parar los fondos europeos y nacionales que financiaban los cursos, que según estimaciones del sector, se dirigían a unos 45.000 alumnos anuales.

Empleo añade que el programa no se convocó en 2012 “porque la convocatoria anterior contemplaba cursos que debían realizarse en 2011 y 2012”. No aclara el motivo por el que tampoco se han convocado en 2013. Empleo no ofrece cifras de los beneficiarios de los nuevos programas que asegura haber puesto en marcha con corporaciones locales, acciones formativas “con compromiso de contratación” y en los centros propios de la Comunidad.

Mientras la patronal Amacfor guarda silencio público, una nueva asociación (la Plataforma por la Defensa de las Políticas Activas de Empleo) ha presentado varios escritos de queja, en los que señalan que el número de docentes y auxiliares despedidos puede llegar a 5.000 personas y que cada mes cierran “entre cinco y seis empresas” del sector por la deuda y la falta de nuevos cursos. La plataforma cuestiona que no hayan salido las convocatorias de 2012 y 2013, pese a que los prespuestos regionales aún recogen partidas para el plan de formación profesional ocupacional (con 87,8 millones en 2012 y la mitad, 43 millones, para 2013).

El diputado Jesús Patiño, de UPyD, ha llevado el debate a la Asamblea. “¿Qué valoración hace el Gobierno de las deudas con empresas de formación?”. Patiño considera que la Comunidad está remodelando el modelo de formación pero “a costa de cerrar empresas cuando sacan cabeza vendiendo su buen trabajo con los pequeños emprendedores”.

La bandera que defendieron en la Asamblea fue la rebaja del 5% al 3% del porcentaje de votos para tener representación en el Parlamento regional e incrementar el régimen de incompatibilidades para evitar, por ejemplo, que concejales y alcaldes combinen dos o más cargos de forma simultánea. Ambas iniciativas se englobaron en la Proposición de Ley de la formación magenta para reformar la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, que también planteó la supresión de la subvención del mailingde la propaganda y papeletas electorales. 

A la espera de que los cuatro partidos se mojen y definan sus posturas en comisión y las voten definitivamente de nuevo en la Asamblea, la barrera del 3% fue uno de los asuntos estrellas del pleno del pasado jueves. “De esta manera se pueden representar mejor las distintas opciones políticas, los distintos intereses; intereses reales que existen en la sociedad. Y además nos podríamos homologar al Estado, que tiene el 3%, sin tener problemas de gobernabilidad graves a lo largo del tiempo”, argumentó el portavoz adjunto de UPyD, Ramón Marcos. El partido ecologista Equo se mueve precisamente en ese porcentaje según una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS.

 “Estamos de acuerdo con todo lo que haga más progresivo el sistema electoral y haga que el voto de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas valga lo mismo. En esa medida, estamos de acuerdo con reducir la barrera de entrada al 3%”, coincidió el portavoz de IU, Gregorio Gordo, que hizo hincapié en que “Izquierda Unida, y el PCE antes, han propuesto siempre” la rebaja del porcentaje de acceso a la Cámara en dos puntos.

También partidaria de la imposibilidad de compatibilizar cargos públicos de alcaldes, concejales y diputados, IU, que cumple con el ejemplo, se abstuvo en la toma de consideración al ser contraria a otras propuestas de UPyD como reducir los 129 diputados a 70 porque “beneficia al bipartidismo”. El PP va más allá y si por él fuera los bajaría a 65.

Óscar Iglesias, diputado del PSM, no rechazó la posibilidad de rebajar el porcentaje de entrada en el Parlamento autonómico, aunque no parezca de su agrado. “Lo podemos hablar, pero \[UPyD\] hace trampa, porque lo basan en dos cuestiones: el voto útil y que uno se puede quedar con un voto fuera \[de la Asamblea\] y otro se puede quedar con un voto dentro”. “Este Parlamento le cuesta cuatro euros al año a cada ciudadano. Y ese no es el problema político de Madrid: son los 700.000 parados que hay”, zanjó Iglesias.

Quien abrió menos todavía la puerta al listón del 3% electoral fue el PP. Su portavoz, Íñigo Henríquez de Luna, consideró “algo razonable ese 5% de barra electoral”. Bajarlo haría que “ocho o 10 grupos parlamentarios” se codearan en la Asamblea, lo que en su opinión derivaría en “una ensalada de intereses” que en vez de mejorar la calidad democrática no haría sino empeorarla.

El primer siniestro se produjo a las 4.15 de la madrugada. Según los testigos, el hombre, que conducía una motocicleta de alta cilindrada a gran velocidad, ha rozado una de las ruedas con un bordillo, salió despedido de la motocicleta e impactó contra uno de los muretes de granito de metro y medio de altura presentes en la plaza.

Los facultativos de Samur-Protección Civil que han acudido al lugar, solo han podido certificar el fallecimiento del joven que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y otras heridas de gravedad a pesar de circular con el casco puesto. La Policía Municipal ha quedado a cargo de la investigación de los hechos.

Por la tarde, una pareja de motoristas ha fallecido cuando circulaban por la M-512 a la altura de la localidad madrileña de Robledo de Chavela tras arrollar a un perro que se ha cruzado en su camino, han informado a Efe fuentes de Emergencias 112.

Las mismas fuentes han explicado que el accidente, que se ha producido sobre las 19.15 horas, ha tenido lugar en una recta situada cerca del municipio de la Sierra Oeste de Madrid, en el kilómetro 12 de la M-512.

Las víctimas, un hombre de 33 años y una mujer de 32, circulaban con una moto de gran cilindrada y el perro probablemente era callejero, según han comentado desde el 112.

Otro motorista que ha sido testigo del accidente ha llamado al servicio de emergencias, aunque los primeros en personarse han sido miembros de la Policía Local de Robledo de Chavela, que han intentado sin éxito reanimar a la pareja de motoristas, que presentaban una parada cardiorrespiratoria.

A continuación, han acudido hasta el lugar de los hechos una UVI y un helicóptero del SUMMA (Servicio de Urgencia Médica de Madrid), cuyos profesionales sanitarios han confirmado el fallecimiento de los jóvenes.

En la sentencia, el Juzgado condena a la profesora como autora criminalmente responsable de un delito continuado contra la integridad moral con el agravante de abuso de superioridad y el atenuante de dilaciones indebidas. El juzgado considera probado que la profesora sometió a los niños que estaban a su cargo en una escuela infantil del municipio madrileño a diferentes malos tratos de manera continuada.

En concreto, a una de las niñas Aránzazu la ató a su silla con una cinta de colores, la zarandeó y le puso una cinta alrededor de la boca para que no gritara. También profería insultos a los niños del tipo "eres tan tonta como tu padre" o que no le extrañaba su comportamiento "teniendo un padre tan pijo".

A otro menor, este de dos años, le puso un vaso de zumo delante y cinta adhesiva en la boca para que no pudiera beber como castigo por haberse portado mal. Este niño contó a sus padres que la profesora les pegaba en las rodillas y en los talones. Otro menor de dos años y nueves meses dijo a sus padres que la mujer ataba a sus compañeros con cinta aislante y les pegaba.

Como consecuencia de los maltratos hubo una niña que pedía a sus padres que la ataran a la trona para comer y otra que se tapaba ella misma la boca con cinta adhesiva y se intentaba enrollar los brazos con tiras largas de celofán.

La cocinera de la escuela testificó haber visto a la profesora insultar a un niño —"eres tan tonto como tu madre"— y castigarle sin comer y también presenció cómo se sentaba sobre otro en una silla, le agarraba y le tiraba al suelo, donde se sentó de nuevo sobre él. Al día siguiente, vio a ese mismo niño atado a la trona de tortura con cinta adhesiva. Una profesora del centro escolar también escuchó a Aránzazu insultar a los menores y los vio atados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, preguntó a Martínez de Miguel si, una vez vistas las imágenes, ese era el aforo que él había ofrecido, a lo que contestó: "Era unas cuatro o cinco veces el aforo que yo había dado" y señaló que él solo hace lo que le digan que haga, añaden las fuentes. Así, la pista central del pabellón acogió más de 14.000 personas, aunque el aforo total del edificio era de 10.620.

Esta mañana también ha comparecido Jose Manuel García Igualado, trabajador de la empresa Diseño y Asesoramiento Técnico Organizativo, contratada por Diviertt, organizadora de la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena. García fue contratado para que colocara en la entrada del recinto unos tornos y unas pistolas para leer los códigos de las entradas y verificar si eran verdaderas o falsas. No obstante, dicho sistema no servía para contabilizar el número de entradas, aunque García ha afirmado que su empresa dispone de un programa que permite contabilizarlas y que ha puesto a disposición del juez.

Por otra parte, Abdon Núñez, abogado de la familia Belén Langdon, de unas fallecidas, ha manifestado a la salida del juzgado que solo existen 5.700 entradas contabilizadas por Ticketmaster, que comercializó entradas vía Internet, mientras que Diviertt vendió 17.500, al comprobar los billetes expedidos por la imprenta.

Además, ha señalado que hay que añadir las pulseras VIP que no forman parte del cómputo global, por lo que pedirá a una universidad un estudio de la gente que había en el recinto para presentarlo más tarde como prueba pericial.

En el goteo de declaraciones que se sucede en los juzgados de la plaza de Castilla, ayer fue el turno de la exdelegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Fátima Núñez. Su declaración desató un nuevo enfrentamiento entre los organismos que dirigen la alcaldesa, Ana Botella, y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que se cruzaron durante la noche de ayer notas oficiales.

Núñez volvió, supuestamente, sobre la idea de que a la Policía Nacional le correspondía controlar las alteraciones del orden público, tanto en el interior como en el exterior de la fiesta. Eso es, al menos, lo que dijeron los abogados de las acusaciones particulares a la salida de los juzgados. Pero el Ayuntamiento, horas después, emitió una nota afirmando que lo que decían los letrados de la acusación era falso: Núñez jamás había dicho nada parecido.

La polémica entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno por el asunto de las competencias durante la fiesta ya ha sido abordada en otras ocasiones. El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, descartó en abril que la Delegación tuviera alguna responsabilidad en la tragedia. Aun así, Moix señaló entonces que la opinión de la fiscalía puede cambiar en función de cómo evolucione la instrucción. Según opina, la Delegación del Gobierno solo se dedica a inspeccionar cuestiones técnicas y estas, supuestamente, no influyeron en la muerte de las cinco jóvenes.

De hecho, la Delegación del Gobierno, tras conocer las supuestas palabras de Núñez, emitió un comunicado donde mostraba su sorpresa por "su absoluto desconocimiento de las competencias que la legislación atribuye a la Policía Nacional, a la Policía Municipal, y a las instituciones de las que depende cada uno de estos cuerpos de seguridad". La Delegación insistió en que corresponde a los Ayuntamientos la inspección que garantice el cumplimiento de las normas que rigen la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas (Ley de la Asamblea de Madrid 17/1997, de 4 de julio).

Ante las declaraciones de Núñez, tres de las acusaciones particulares decidieron abandonar la sala en protesta por "el mitin político y la falta de coherencia" de la exdelegada de Seguridad. Según dijeron a la salida del juzgado los letrados Abdón Núñez y María José Siñeriz, Núñez tan solo asumió su facultad de ser "el órgano político de la seguridad y las emergencias". Abdón Núñez, que representa a la familia de una de las jóvenes fallecidas, Belén Langdon, criticó el comportamiento de la edil y aseguró que es "una falta de respeto a las víctimas y a lo que pasó".

Reabierta la guerra entre todas las partes, por la noche llegó un nuevo comunicado, el del abogado del Ayuntamiento. En el texto, el letrado aseguró que las aseveraciones de los letrados de las víctimas eran falsas y que Núñez en ningún momento había declarado que la Policía Nacional tuviera la responsabilidad. El abogado señaló que, dado que sus colegas se habían marchado antes de que terminase la declaración de Núñez, estos dieron una información tergiversada.

La exdelegada de Seguridad fue apartada del cargo el 9 de enero, en la remodelación del equipo municipal ocasionada por la dimisión del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva. En cualquier caso, Núñez sigue en el Gobierno local. Fue nombrada concejal presidenta del distrito de Carabanchel casi un mes antes de ser imputada.

 Entre Cuenca y Valencia dejarán de circular los trenes con salida de la capital conquense a las 7.35 horas y con salida de la estación de Valencia a las 18.14 horas. En estos trayectos continúan en servicio la mayoría de las circulaciones, con seis trenes diarios, tres por sentido entre ambas ciudades, lo que supone una oferta semanal de 42 circulaciones.

En el caso de las conexiones con Madrid, se suprimirán los trenes con salida de Aranjuez-Madrid a las 6.10 y 20.18 horas y los fines de semana la circulación con salida 19.40 desde Madrid. En sentido inverso dejan de circular los servicios con salida desde Cuenca a las 7.05 y 13.20 horas. La oferta de servicios entre ambas ciudades será desde el próximo domingo de seis circulaciones diarias, tres por sentido.

Según ha asegurado Renfe, este plan garantiza en todo momento el derecho a la movilidad de los ciudadanos y se ha desarrollado siguiendo objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica.

Por otro lado, Renfe ha anunciado que a partir de este verano Cuenca contará con una conexión por alta velocidad hasta Alicante, una vez puesto en servicio el nuevo tramo entre Albacete y la capital alicantina.

El Ayuntamiento estima que el plan está dando resultados, atribuye los malos datos de 2010 y 2011 (la base sobre la que la Comisión Europea deniega la prórroga) a las condiciones atmosféricas extraordinariamente desfavorables de esos años, y mantiene que la evolución en 2012 y en 2013 cumple los requisitos comunitarios. Por tanto, “no tiene sentido generar alarma social ni proponer medidas extremas”, afirma el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito. Esas medidas extraordinarias están contempladas en cualquier caso para episodios de alerta, pero aún no se ha registrado ninguno, añade.

El Ayuntamiento, obligado a suministrar las cifras de contaminación a la Unión Europea a final de cada año, adelantará el envío de esos datos para demostrar que su plan está funcionando. Respecto a las sanciones económicas, una vez denegada la prórroga, confía en que el incumplimiento generalizado en la mayoría de grandes ciudades europeas, achacado a la extrema dureza de la norma, disuada a la Comisión a tomar medidas contundentes.

La decisión de la Comisión Europea, fechada el 16 de mayo, recuerda que los límites de contaminación se impusieron el 1 de enero de 2010, pero se permitió aplazar el cumplimiento hasta 2015 en el caso del dióxido de nitrógeno (emitido por los coches, particularmente diesel) a cambio de aprobar un plan de calidad del aire que asegurara alcanzar el objetivo en ese plazo. España pidió esa prórroga para la capital en mayo de 2012, pero no aportó toda la documentación necesaria; subsanó ese error en octubre.

Los datos enviados finalmente a Bruselas corresponden a 2010, “el año pertinente que debe utilizarse como base de la evaluación”, según la nota comunitaria. Se acompañaron del plan de calidad del aire para el periodo 2011-2015 aprobado por el Ayuntamiento en abril de 2012. Es decir, la Comisión Europea ha evaluado ya el plan municipal, y ha considerado que no es suficiente, pese a que Botella defienda que bastará para cumplir los objetivos marcados. Influye en ello que 2010 y 2011 fueron años de fuerte estabilidad atmosférica, es decir, la falta de lluvia y viento no contribuyó a barrer la polución, como sí ha sucedido en cambio en 2012 y 2013, los años que el Ayuntamiento utiliza para probar la validez de su plan.

Según afirma la nota comunitaria, “las autoridades españolas han determinado que el tráfico local es la fuente que más contribuye a los altos niveles de concentración de dióxido de nitrógeno”. Sin embargo, la alcaldesa se ha negado reiteradamente a adoptar medidas que restrinjan la circulación urbana; además, todos los esfuerzos emprendidos por su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, en ese sentido (peatonalizaciones, áreas de prioridad residencial, etcétera) han sido congelados por falta de presupuesto. El Ayuntamiento alega que cortar el tráfico, incluso de forma radical (por ejemplo, un 50%), apenas tendría incidencia sobre las mediciones de contaminación, mientras que causaría fuertes molestias a los ciudadanos y dañaría la actividad económica.

La nota comunitaria detalla que el incumplimiento de los niveles de contaminación se remonta a 2004. El Ayuntamiento, entonces bajo el mando de Gallardón, adoptó un plan de calidad del aire para el periodo 2006-2010 pero “algunas medidas aplicadas al ámbito de transporte no arrojaron el resultado esperado”. “Por tanto, a juicio de la Comisión, lo más probable era que, pese a las medidas de reducción de la contaminación adoptadas por las autoridades españolas, no se alcanzara el cumplimiento de los valores límite para el 1 de enero de 2010”, añade la nota.

“Para determinar si va a ser posible respetar el valor límite dentro del nuevo plazo”, es decir, en caso de concederse la prórroga a 2015, la Comisión “tiene en cuenta los niveles de concentración estimados para esas fecha y el impacto previsto de las medidas adicionales propuestas”, o sea, el nuevo plan de calidad del aire. El Ayuntamiento asegura que “cumplirá en 2014”. Sin embargo, en 2010 se superaron los límites en 18 de las 24 estaciones de vigilancia, añade la Comisión. En seis de ellas, por más de 10 microgramos, siendo el máximo 40. En 2011, añade, se superaron en siete de ellas por más de 10, y en dos de ellas por más de 20, lo que “indica incluso una tendencia negativa”.

Frente a esos datos, el Ayuntamiento asegura que, en mayo de 2013, sólo cinco estaciones superan los 40 microgramos, frente a las 15 que lo hacía en 2011. Además, en 2012 el nivel de concentración de dióxido de nitrógeno descendió un 13% en el conjunto de la red de medición. Madrid alega además que también se le ha denegado la prórroga a Roma, Viena, Bruselas, Copenhague, Berlín, Paris, Luxemburgo o Varsovia, Barcelona, Palma de Mallorca, Salzburgo, Marsella, Sttutgart, Munich, Stuttgart, Colonia, Dusseldorf, Florencia, Génova o Braga. Otras ciudades, como Londres, ni siquiera la han pedido porque consideraba imposible cumplir las exigencias comunitarias.

"La Comisión estima que deben formularse objeciones respecto a la prórroga del plazo para el cumplimiento del valor límite anual y horario de NO2, ya que las autoridades españolas no han demostrado que dicho cumplimiento pueda alcanzarse en 2014", asegura el texto de la decisión, con fecha de 16 de mayo, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Madrid lleva desde 2010 incumpliendo los niveles máximos de este contaminante. La decisión, firmada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, recuerda que, además del límite anual, existe otro límite horario: solo se permiten 18 superaciones por año. Madrid lo rebasó en seis estaciones de vigilancia. En una de ellas, las superaciones fueron 76.

La Directiva Europea de Calidad del Aire (2008/50) prevé hasta cinco años de prórroga para los países que demuestren que hicieron todo lo posible para cumplir los límites de contaminación antes de 2010 y que hayan aprobado planes de calidad del aire eficaces y realistas, y con un calendario de aplicación de las medidas, para ser capaces de llegar a 2015 con los deberes hechos. Son las dos condiciones que exige la Comisión para dar luz verde a las prórrogas.

Bruselas denegó en julio pasado la prórroga que pidió Barcelona, que rondó los 50 microgramos en algunas estaciones en 2010. La Comisión Europea sostuvo que “sería necesario incluir medidas de reducción de la contaminación más estrictas para alcanzar el cumplimiento en 2015” en Barcelona y el Vallès-Baix Llobregat. Bruselas, afirmaba la resolución, “no considera demostrado que se alcanzará el cumplimiento” cuando acabe la prórroga solicitada. El rechazo comunitario afectaba también a Palma de Mallorca.

En enero pasado la Comisión Europea dio una buena noticia a la Comunidad de Madrid, que podrá seguir un año más superando los límites de contaminación que prevé la legislación europea sin tener que preocuparse por las sanciones que contempla la normativa. La Comisión Europea decidió aceptar la petición española para conceder una prórroga a las zonas llamadas Corredor del Henares y Urbana Sur, dos de las siete en las que se divide la región a efectos de medición de la calidad del aire. En realidad, son dos los municipios —Coslada y Leganés— con elevadas concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas irritante de las vías respiratorias que procede básicamente del tráfico.

"La irresponsabilidad del consistorio madrileño costará mucho no solo a la salud de la ciudadanía de Madrid sino también a las arcas del Estado, que previsiblemente tendrá que enfrentarse a multas millonarias por el incumplimiento", ha asegurado Juan Bárcena, de Ecologistas en Acción. "La notificación deja claro el papel del tráfico como fuente principaldel problema. Por ello, la Comunidad de Madrid debe asumir de una vez su corresponsabilidad y elaborar un plan de movilidad sostenible para la región, que reduzca el uso del coche y el elevado volumen de vehículos que entran a la ciudad cada día", ha añadido Samuel Martín-Sosa, otro portavoz de esta organización. 

En 2010, el 7 % de los europeos que viven en ciudades estuvo expuesto a niveles de NO2 superiores a los valores límite de la UE, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que en su informe sobre la calidad del aire de 2012 alertaba de que "las emisiones nacionales de óxidos de nitrógeno en muchos países europeos aún superan los techos de emisión establecidos por el Derecho de la UE y los acuerdos de las Naciones Unidas".

El Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Parla aprobó, con fecha 17 de junio de 2004, la cesión gratuita de una parcela de 276.666 metros cuadrados en el Sector 4 bis "Residencial Este" para la construcción en la misma de "un hospital de titularidad pública y de necesidad e interés para el municipio".

Después de que la Comunidad de Madrid aprobara en su Resolución de 30 de abril de 2013 la convocatoria para la licitación del contrato de servicios para la gestión por concesión de seis hospitales de la región, entre ellos el de Parla, el Consistorio considera que "el Gobierno regional ha modificado de forma unilateral la principal finalidad por la cual el Ayuntamiento procedió a la cesión de esta parcela".

El alcalde de Parla, José María Fraile, ha exigido que se excluya de esta convocatoria al Hospital Infanta Cristina o que, de forma subsidiaria, se acuerde la compensación económica al Ayuntamiento de la ciudad al modificarse el servicio que dio lugar a la cesión de la parcela, con un importe por estimar.

El Consistorio parleño ha aclarado que esta reclamación se plantea "sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda exigir la devolución de la citada parcela, ya que no ha sido destinada al uso previsto en el acuerdo de cesión".

En el recurso se argumentan otras cuestiones como el artículo 109.2 del Reglamento de Bienes, que establece que: "Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro".

Del mismo modo, en el Pleno de junio de 2004 se acordó expresamente que "el plazo de cumplimiento de los fines previstos será de cinco años, debiendo mantenerse el uso previsto durante los 30 años siguientes".

"Si la parcela objeto de cesión no fuera destinada al uso previsto dentro del plazo señalado en este acuerdo se considerará resuelta la cesión, revirtiendo ésta a la Corporación", añade el texto de aquel Pleno.

Hay que recordar que el Ayuntamiento parleño también ha realizado ya los trámites necesarios para que desde este año la empresa propietaria del Hospital Infanta Cristina de la localidad abone el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que superará los 100.000 euros anuales.

En el caso de que haya más de 10 empleados, las ayudas serán de 500 euros por cada año de duración, hasta un tope de mil euros, para los contratos en prácticas a jornada completa. Además se subvencionará con mil euros cada contratación indefinida a tiempo parcial, con la condición de que la jornada sea al menos la 50% de la ordinaria y los elegidos para hacerla superen los 45 años.

En todos estos casos los contratados deberán llevar al menos un mes inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, los beneficiados podrían ser unos 20.000

El presidente regional, Ignacio González, ha anunciado esta tarde en la Asamblea de Madrid que va a destinar 22 millones para becas para ciclos de grado superior de Formación Profesional. Las becas irán destinadas a los alumnos que a partir del próximo curso se matriculen en algún ciclo de grado superior en centros privados. Las becas irán en función de la renta per cápita familiar. Estas becas vienen a sustituir el concierto en FP de grado superior. Por su parte, la consejera de Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel Mariño, se ha referido a la polémica por el programa de las oficinas de empleo que discriminaría en sus ofertas a los parados más precarios. “Se trata de un plan piloto que de momento no vamos a hacer extensivo. Es un programa para cuatro oficinas, ahora no puede ser extendido al resto de oficinas. Es una prueba. Sí se va a seguir desarrollando en ellas para conocer los problemas en nuestro plan público de empleo para saber por qué solo conseguimos que se contraten al 3% de quienes están en ellas apuntados. No se va a hacer ninguna discriminación entre los parados”, ha insistido.

Mariño ha observado que en julio se conocerán los resultados del programa que ha levantado tanta polémica. “Tenemos que averiguar qué problemas tenemos en nuestro sistema para tener unos resultados tan malos. Tenemos que conocer también las necesidades del empleador, tenemos que hacer un estudio riguroso para saber qué necesitan los empleadores. El erario público aportar mucho dinero para que las oficinas públicas sean útiles y, si las conclusiones son positivas, valoraremos extenderlo a otras sedes”, ha concluido.

El precio total de salida era de 580.000 euros. Con un presupuesto anual de 1,2 millones de euros, Izquierda Unida debe 2,2 millones, de los que casi un millón son deudas con la Seguridad Social y el resto con Hacienda. IU acumuló sus deudas pendientes entre 2000 y 2009 por no pagar las retenciones del impuesto de la renta (IRPF) de sus trabajadores.

Desde entonces está al día en sus cuentas. La Agencia Tributaria exige 300.000 euros para parar las subastas, cantidad que IU espera terminar de reunir en el plazo de 45 a 60 días. “Les hemos puesto al corriente de que las gestiones para obtener un crédito están bastante avanzadas, lo que no estamos es en condiciones de presentar este jueves esa cantidad”, observó Gerardo del Val, secretario de Finanzas de IU.

Los cuatro establecimientos, que se encuentran embargados desde 2007 por las deudas que el partido contrajo en la década pasada, ya fueron subastados el pasado 13 de marzo. Las cuatro pujas quedaron desiertas, como ha ocurrido hoy de nuevo. Aunque en teoría la segunda fase de las pujas debía haberse realizado el 13 de mayo, justo dos meses después, la Agencia Tributaria la retrasó hasta hoy “por razones técnicas”.

En marzo, la sede de Getafe, la principal posesión de IU, ya salió a subasta por 266.000 euros, frente al precio de salida de 130.000 del inmueble de Arganda del Rey, los 105.000 de la propiedad de Alcorcón y los 67.000 con que debía arrancar la puja por la sede de Velilla de San Antonio.

Lo que propone ULEG es repartirse la alcaldía por años: el primero ellos y el otro que queda hasta agotar la presente legislatura, estaría ocupado por alguna de las otras dos fuerzas políticas. La propuesta se ha trasladado ya al PSOE e IU y se comunicará a las direcciones regionales de ambas formaciones, según el portavoz de ULEG, Carlos Delgado.

En opinión del portavoz, este "gobierno de salvación" permitiría sacar al municipio madrileño (187.000 habitantes) de la situación que atraviesa. La formación se ha decidido a realizar la propuesta después de que el recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) se haya girado este año a los vecinos con una carta firmada por el alcalde, Jesús Gómez (PP), "culpando a la oposición de la subida de tributos".

Los socialistas han asegurado que "le corresponde al PSOE liderar un proyecto donde el resto de grupos de la oposición tienen cabida". "Estamos dispuestos a gobernar si lo permiten las otras dos formaciones en la oposición", han sentenciado. Izquierda Unida, por su parte, no ha modificado su posición ante una posible moción de censura. Su coordinador local, Rubén Bejarano, ha recordado que la exigencia es que el Consistorio realice un giro "hacia políticas de izquierda".

La división de Madrid en 43 circunscripciones de las que saldrían elegidos por votación directa un tercio de los diputados de la Asamblea (en la actualidad son 129) es otra de las propuestas, en este caso del PP, sobre la mesa. Dentro de esta corriente renovadora, UPyD propondrá en el pleno de hoy reducir del 5% al 3% de los votos la barrera para que los partidos estén representados en la Cámara.

La iniciativa no viene de ahora. La formación magenta la registró la proposición de ley para la reforma de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid el 6 de octubre de 2011, a los pocos meses de estrenarse en el Parlamento regional con el 6,3% de los votos (ocho diputados). A su vez, el PP (51,74%) obtuvo 72 escaños, el PSM (26,23%) 36 e IU (9,61%) 13. Bajando el mínimo electoral del 5% al 3%, el partido ecologista Equo, en el que Inés Sabanés y Juan López de Uralde son sus representantes más conocidos, entraría en la Asamblea por un notable trasvase de votos de IU, según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS publicada el pasado 2 de mayo.

“Ahora, el partido que ha tenido la suerte de pasar la barrera del 5% recibe al menos seis diputados, mientras que el partido que queda al borde de la barrera no obtiene ningún diputado. Así, puede suceder que un partido con 120.000 votos tenga seis parlamentarios y otro con 119.999 cero. “El principio de una persona un voto queda ampliamente violado ante un ejemplo como este”, argumentan en la formación de Rosa Díez, donde rechazan que rebajando el porcentaje de entrada a la Cámara se favorezca una excesiva fragmentación del hemiciclo.

Otra de las propuestas que se debatirán —hoy solo se tomarán en consideración: después tienen que ir a comisión, para volver al pleno para su votación definitiva— es la reducción del número de diputados de 129 a 70 (la propuesta del PP es que sean 65). UPyD también considera “muy conveniente” mantener la circunscripción única, como elemento ya presente en la Ley Electoral y el estatuto de autonomía. Este planteamiento original no le hace descartar de antemano la división de la región en circunscripciones que propone el Partido Popular.

En pleno debate entre Esperanza Aguirre e Ignacio González con la posibilidad de celebrar primarias en los partidos para menguar el poder de los aparatos, otro punto a tener en cuenta es terminar con el sistema de listas de candidatos cerradas y bloqueadas. En la Unión Europea solo tres países eligen así a todos sus diputados al Congreso: España, Italia y Portugal.

Todos miembros del Partido Popular, entonces en la oposición. Los dos proyectos se pararon. Once años y medio después, estos mismos políticos apoyan la incineración en la cementera, que cuenta con una declaración de impacto ambiental positiva de la Comunidad de Madrid.

Las razones del cambio de opinión, explica De Oteo, se resumen en tres: “La tecnología ha mejorado, los componentes que se querían quemar entonces eran tóxicos y ahora no, y solo existían tres cementeras en España que quemaran desechos y en la actualidad son 32”. La Asociación de Vecinos de Morata se considera engañada por estos políticos. En su opinión, “se sumaron a la protesta para conseguir gobernar en el pueblo”.

El vertedero de Valdemingómez abrió en 1978. Merced a una inversión de 143 millones de euros entre 2005 y 2011, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) en la alcaldía y Ana Botella en la Concejalía de Medio Ambiente, se reconvirtió en un parque tecnológico que permite el aprovechamiento energético de la basura. Se ha transformado así en el principal productor de renovables de Madrid.

Pero cada día siguen llegando allí 4.000 toneladas de residuos, generados por 4,8 millones de personas en la capital, Rivas y Arganda. Y pronto no habrá hueco para más. Valdemingómez ocupa 300 hectáreas, de las que 210 corresponden al vertedero. De estas, 110 están rellenadas, selladas y cubiertas por un parque. El Ayuntamiento calcula que, al ritmo actual, la capacidad del vertedero se habrá colmado en 2018.

El desarrollo tecnológico ha permitido ganar un año, y podría alargar aún la vida útil más allá de 2018, pero se están buscando ya soluciones, que pasan por duplicar la capacidad de incineración de la planta, y por ampliar la superficie del vertedero.

Valdemingómez está encajonado entre la M-50, el límite municipal de Rivas y de Getafe, y los desarrollos urbanísticos de Villa de Vallecas. El Partido Popular ya reconocía en su programa electoral de mayo de 2011 que agrandar el vertedero sería difícil: “Las infraestructuras necesarias ocupan mucho espacio. El actual Plan General de Ordenación Urbana recoge que solo queda un 39% del suelo del municipio como no urbanizable. El 88% pertenece a El Pardo y cuenta con la máxima protección medioambiental. La posibilidad de ocupar nuevos espacios en un futuro próximo para ubicar un nuevo basurero, que se beneficie además de la proximidad de Valdemingómez para minimizar costes económicos y ambientales, es muy escasa. Por ello, es absolutamente necesario ampliar al máximo la vida útil del vertedero actual”. Pese a ello, los responsables de Valdemingómez han realizado estudios de evaluación para marcar la senda de esa ampliación. Influirá además el plan de recuperación de la Cañada Real, cuyos terrenos próximos al parque se quieren aprovechar para usos industriales ligados a éste.

El área de Urbanismo no tiene en cualquier caso ningún proyecto cerrado a día de hoy, aunque el futuro de Valdemingómez deberá aparecer reflejado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuyo primer avance se presentará en breve y que debería estar aprobado definitivamente en 2015 o 2016 a más tardar.

Pero, además de ampliar el vertedero, el Ayuntamiento quiere aumentar el aprovechamiento energético de la basura, tal y como avanzaba el PP en su programa electoral. La directora de Valdemingómez, Miriam Sánchez, señaló ayer en la Comisión Municipal de Medio Ambiente y Movilidad que la razón hay que buscarla en el agotamiento del espacio para almacenar residuos.

Desde el inicio de la crisis, y gracias también al incremento del reciclado, se ha reducido un 23% la acumulación de basura, pero eso no evitará que el vertedero se colme en 2018. Para alargar su vida, se plantea duplicar la capacidad de incineración, aunque el proyecto está en el aire por las restricciones presupuestarias, según Sánchez.

En la actualidad, se producen 280.000 megavatios por hora (el 23% por el biogás del vertedero). El objetivo es ampliar la producción en 260.000 megavatios por hora. Al mismo tiempo, se reduciría la entrada de residuos en 350.000 toneladas; es decir, una cuarta parte del ritmo actual. De esta manera, podría ganarse uno o dos años de vida. Y se ahorrarían 250.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al aire.

La calidad del aire es lo que más preocupa precisamente a la oposición. La concejal socialista Ruth Porta denunció ayer que la incineración “es obsoleta y provoca riesgos para la salud”. El Partido Socialista, que lidera Jaime Lissavetzky, propone clausurar progresivamente la incineradora y apostar en su lugar por el reciclado de residuos sólidos urbanos. Ante estas críticas, la directora de Valdemingómez arguyó que “está suficientemente acreditado que la incineración produce menos emisiones”.

La concejal de Izquierda Unida Raquel López criticó ayer al Gobierno municipal por permitir la construcción de 28.000 viviendas en el ensanche de Vallecas, cuyos ocupantes sufren ahora los malos olores de Valdemingómez. Mencionó, además, un reciente estudio encargado por los propios vecinos para denunciar su situación, que refuerza las críticas del Defensor del Pueblo. El Ayuntamiento restó validez a ese estudio por la metodología empleada y aseguró que la concentración de olores se ha reducido más de un 80% desde la denuncia del Defensor, una vez que el tratamiento de materia orgánica ya no se hace al aire libre.

El PP cuenta con 12 concejales, por los nueve del PSM y dos de UPyD, que votaron en contra. “Hemos logrado introducir una serie de enmiendas de carácter social por tres millones de euros, destinando 50.000 euros a abonos de desempleados, 250.000 euros a cursos de formación a parados de larga duración, partidas para el comedor escolar o para un banco de alimentos. Nos hemos abstenido por ser consecuentes con lo conseguido”, argumentó Pilar Fernández, portavoz de IU en la ciudad.

Los socialistas locales aprobaron hace 10 días seguir con la moción de censura al alcalde, Javier Bello. Necesitan el apoyo de UPyD, que ya tienen, y el de IU, que está por ver.

CC OO añade que el trabajador fallecido, vecino de Ciudad Real, pertenecía a la empresa Gamaju, subcontratada por la compañía promotora Laudea. Con este son ya 25 los trabajadores fallecidos en accidente laboral en lo que va de año en la Comunidad de Madrid, según CC OO. UGT eleva esa cifra a 28 víctimas mortales. Según el cómputo del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cuatro primeros meses fallecieron 25 personas en accidentes laborales, a las que habría que sumar otras dos víctimas en mayo.

El accidente ha ocurrido alrededor de las once de la mañana, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El fallecido estaba agachado cuando los fardos se han desplomado sobre su espalda y cabeza, lo que le causó varios traumatismos. La víctima, que ha entrado en parada cardiorrespiratoria, ha sido atendida primero por una ambulancia de la empresa Santa Sofía y después por los facultativos del Summa.

Hasta hoy, la última víctima mortal en el tajo se produjo el día 8, cuando un operario murió aplastado mientras hacía unas reparaciones en el Parque de Atracciones de Madrid. Abril fue un mes negro para la siniestralidad, tal y como denunciaron CC OO y UGT, ya que perdieron la vida 10 personas en accidentes laborales, el doble que en el mismo mes de 2012. El último, el día 30, cuando falleció otro hombre al caer desde una altura de 10 metros por el hueco de un ascensor en un edificio en construcción. La víspera murió una mujer en Rivas atrapada por un toro mecánico en la fábrica de 3M. El responsable de salud laboral de CC OO, Carmelo Plaza, considera que las recientes cifras de accidentes son "escandalosas" y asegura que tienen que ver con los recortes en los gastos de prevención.

La Consejería de Empleo mantiene que los accidentes laborales han disminuido un 6,6% entre enero y abril, aunque en la nota de prensa de marzo pasado la consejería destacaba la caída de los accidentes en ese mes, (un 24,2%) la de abril prefirió titularla con la cifra acumulada en el primer cuatrimestre del año.

En este sentido, ha recalcado que de los 46 hospitales públicos de Andalucía solo 25 son gestionados directamente por el Servicio Andaluz de Salud. "¿Cree que el Gobierno debe tomar ante esto alguna medida? Creerían que sí, si gobernara el PP, pero como gobierna el PSOE todo es correcto", ha espetado ante una pregunta de la diputada socialista Rosa Blanco, quien ha acusado a la ministra de "tolerar" que Madrid "desmantele deprisa y corriendo todo lo que se construyó en en 40 años".

Ante estas afirmaciones, Mato ha acusado a los socialistas de "utilizar las tragedias con fines partidistas" y de crear "confusión y temor en la sociedad", a lo que ha añadido que su departamento respeta todas las decisiones que las comunidades adopten en materia sanitaria "con dos límites: el interés general y la Constitución". Además, ha "invitado" al PSOE a no "reproducir" en el Congreso debates que corresponden a otras instancias, en este caso a la Asamblea de Madrid. "Dejen la crítica fácil, ya es hora de que se sumen y sean responsables compartiendo principios que entiendo, aunque a lo mejor me equivoco, que todos compartimos: universalidad, calidad, gratuidad, innovación, cohesión, equidad y sostenibilidad", ha dicho.

Mientras tanto, uno 75.000 trabajadores sanitarios y no sanitarios están llamados a secundar una nueva huelga en Madrid, la tercera en lo que va de mes, que forma parte de un calendario de convocatorias de un día de huelga a la semana. Las dos fechas siguientes son el día 29 (también miércoles) de mayo y el 4 de junio (martes). La Consejería de Sanidad ha cifrado en el 3,42% el seguimiento en el turno de mañana de la protesta. Se trata de la cifra más baja hasta el momento, según Sanidad. Los sindicatos sanitarios han elevado la participación a un 62,5% entre los facultativos llamados a secundar los paros, con mayor participación en los centros de la zona este.

En la última jornada de huelga sanitaria, el pasado jueves, también se produjo esta habitual guerra de cifras. Así, Sanidad estimó el seguimiento en un 3,7% y los sindicatos Amyts y Satse, en entre el 50 y el 60% del personal. Mientras, AFEM elevó el seguimiento entre los facultativos hasta un 63%. Desde las organizaciones sindicales se admite el desgaste de una movilización muy larga y la incapacidad para asumir más costes económicos. Ahora, están centrados en la batalla legal contra los pliegos de privatización. Los sindicatos han convocado concentraciones en los centros sanitarios del área de influencia del hospital del Henares —San Fernando de Henares y Coslada—, uno de los afectados por la privatización de la gestión, al mediodía y a las seis.

Durante la huelga, los hospitales deben funcionar al menos con el mismo personal que un domingo o festivo, y se trabajará al completo en urgencias, transporte sanitario, tratamientos oncológicos, diálisis, radioterapia o quimioterapia, según los servicios mínimos acordados. Los convocantes de esta nueva huelga son los sindicatos profesionales Satse, Amyts y USAE, además de AFEM, Fesitess, AME y la CGT. Sanidad aseguró que las dos primeras jornadas de huelga sanitaria de este mes han provocado la suspensión de la suspensión de 462 operaciones y 10.162 consultas. Esta cifra, unido a las huelgas acometidas en noviembre, suponen la cancelación de 6.933 intervenciones y cerca de 60.000 consultas.

Desde entonces, un parlamentario regional, Antonio Carmona, próximo al líder socialista regional, Tomás Gómez, ha cuestionado la idoneidad de Lissavetzky. “Necesitamos un candidato potente”, afirmó el pasado 15 de mayo, el mismo día en el que una encuesta en EL PAÍS apuntaba que el Partido Socialista podía gobernar la ciudad con apoyo de Izquierda Unida.

Al día siguiente, el Partido Socialista respaldaba públicamente a Lissavetzky, defendiendo como “muy buena” su actuación al frente de la oposición en un Ayuntamiento ahora “al alcance de la mano”. Esta mañana, el propio Lissavetzky ha afirmado: “Me siento fortísimo personalmente para ser candidato”.

“No fuerte, fortísimo”, ha recalcado Lissavetzky durante una visita en su labor de líder de la oposición. “Tengo la firme decisión de presentarme a las primarias y si gano, estupendo, si no, como el himno del Real Madrid: enemigo en la contienda, cuando pierde, da la mano”, ha bromeado, según informa Efe.

Lissavetzky se presentó a las primarias para ser candidato socialista a la Alcaldía en 2011, pero no tuvo rival. Lissavetzky ha aprovechado además criticar a Botella, que “merece un suspenso” porque, en el ecuador de la legislatura, ni ha disminuido el número de parados en Madrid, ni se han blindado los servicios sociales, ni se ha convertido la capital en una ciudad más segura, según ha dicho.

El fallecido, que conducía una moto de gran cilindrada, venía de la calle de Eduardo Dato cuando, al entrar en la glorieta, se encontró con la mujer que aguardaba en un semáforo montada en su ciclomotor.  El hombre trató de esquivarla pero acabó impactándole, salió despedido y se golpeó contra una valla protectora.

Los miembros del Samur le encontraron inconsciente, con varios traumatismos graves y en parada cardiorrespiratoria por lo que trataron de reanimarle pero fue inútil. Los facultativos certificaron su muerte en el mismo lugar del accidente.

La otra motorista, que sufrió contusiones y lesiones menores que no revisten gravedad, fue ingresada en el hospital de La Princesa.

El secretario del comité, Ignacio Arribas, ha explicado que los representantes creen que "no es conveniente" que desde un mismo comité de empresa haya dos convocatorias de movilizaciones, en referencia a los paros propuestos por el Sindicato de Conductores, mayoritario en el suburbano, y a las del resto de organizaciones.

Por eso, UGT, CC OO, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y Sindicatos de Técnicos han desconvocado los paros anunciados. Ahora, los seis sindicatos de Metro, "todos juntos y en unidad", valorarán la convocatoria de nuevas movilizaciones en junio, "las que sean necesarias", hasta alcanzar un acuerdo en la negociación del convenio colectivo para los próximos años.

Arribas ha recordado que presentarán ante los tribunales un conflicto colectivo sobre los atrasos salariales del año 2012, que los sindicatos cifran en 16 millones de euros.

Un informe municipal realizado en abril de 1998 mostraba “el agravamiento de los daños detectados en anteriores inspecciones”, la primera de ellas realizada justo 10 años antes. Álvarez del Manzano decidió entonces expropiar el edificio, pagando por él cuatro millones de euros. Sin embargo, en lugar de rehabilitarlo, el Ayuntamiento dejó que se fuera arruinando hasta un punto “irreversible”, tal y como señalan los informes del 2 y 29 de abril a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esos documentos describen los daños que sufre y el riesgo que supone para la seguridad de los edificios colindantes, entre ellos un instituto público, y conminan a tirar abajo gran parte del inmueble histórico. El propio Ayuntamiento reconoce, incluso, que ha quebrantado tanto la Ley del Suelo como la Ley de Patrimonio Histórico, que le obliga a conservar el edificio.

10 años de deterioro previo. La primera actuación registrada en el expediente data de agosto de 1988, cuando una inspección constató el hundimiento y pudrición de varios muros y galerías. Meses después se aprobó la adopción de medidas de seguridad por ejecución subsidiaria; es decir, ante la negativa de los propietarios a resolver el problema lo hacía el Ayuntamiento, y luego les pasaba la factura. Estos solicitaron sin éxito en 1991 que se declarara el estado de ruina, probablemente para tirar abajo el edificio y aprovechar el solar, ubicado en el número 2 de la plaza del Duque de Alba. Recibieron, además, la factura de esa obra: 480.000 euros. Sin embargo, en 1998, una nueva inspección municipal mostró el “agravamiento” de los daños ya detectados, lo que obligó a otra actuación urgente por ejecución subsidiaria. Finalmente, ese mismo año el Ayuntamiento decidió expropiar el edificio para hacerse cargo de él directamente.

10 años de abandono oficial. Álvarez del Manzano quería ubicar allí la sede de la Concejalía de Asuntos Sociales. En 2003, cuando Alberto Ruiz-Gallardón (PP) le sustituyó en la alcaldía, decidió en cambio rehabilitarlo para crear viviendas para jóvenes, amén de una escuela infantil o de música o una biblioteca. El proyecto, encargado a Álvaro Siza, costaría 12,6 millones y estaría listo en 2006. Pero el suelo tenía entonces uso dotacional, y el trámite urbanístico se demoró. El edificio se dejó a su suerte.

En 2007, un juez dio la razón a los antiguos propietarios y dictó que se les devolviera el inmueble, al no haberse hecho nada de aquello para lo que se expropió. En medio de un sinfín de pleitos para acordar el precio y las condiciones de la devolución, el edificio siguió abandonado.

Riesgo para las personas. El área de Urbanismo redactó un informe el pasado 2 de abril tras recibir una alerta del distrito Centro sobre “el posible riesgo” que supone el edificio para el vecino instituto público San Isidro. El palacio, de 7.202 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.966 metros cuadrados, “ha sufrido un avance considerable en su grado de deterioro”, constata el informe. “Se han producido hundimientos parciales de fachadas y cubiertas que suponen un riesgo grave para los edificios colindantes”, añade. “Los daños detectados son los mismos ya relacionados en el informe del 2 de agosto de 1988, pues desde entonces no se ha acometido ninguna obra de reparación. La estabilización del edificio corresponde a intervenciones de carácter provisional con más de 15 años de antigüedad, sin que haya mediado desde entonces ninguna revisión de dichas medidas de seguridad”, concluye el informe.

“La total ausencia de conservación implica que varias partes del inmueble suponen un riesgo para personas y bienes en las parcelas y espacios públicos colindantes”, dictan los técnicos de Urbanismo, señalando, entre otras zonas de peligro, el patio y capilla del instituto, la plaza del Duque de Alba y una decena de edificios de viviendas. En una primera inspección, se colocaron vallas en el patio del colegio para evitar riesgos; pero una visita posterior llevó a ampliar aún más el perímetro de protección.

Culpa del Ayuntamiento. Urbanismo decidió finalmente en un informe del 29 de abril que, ante el “agravamiento continuo de los daños”, cuya “evolución es impredecible a corto plazo”, y dado que “la situación es especialmente grave y supone un riesgo continuo de nuevos hundimientos”, “se estima necesario declarar el estado de ruina física inminente parcial del edificio” y “proceder a la demolición” en un plazo máximo de cinco días. Las obras ya han comenzado. El propio informe de Urbanismo reconoce la culpa del Ayuntamiento. Reseña que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid especifica que “los propietarios de edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”. Y que la Ley regional de Protección del Patrimonio dicta además: “Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro de conformidad”. Concluye así el informe municipal: “El deterioro y el agravamiento de los daños existentes en la finca de referencia son fruto del total abandono en el que se encuentra la edificación. (…) El incumplimiento del deber de conservación de esta edificación implica además de los problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección del Patrimonio Histórico”.

La protesta estudiantil está instalada en el campus presencial más grande de España (con 85.000 alumnos), sus decanos han pedido soluciones para salvar a los alumnos que no puedan pagar las matrículas. El último en pronunciarse ha sido el rector, José Carrillo. Y lo ha hecho para dar una negativa. La universidad no rescatará a los que no tengan fondos. No habrá solución alternativa, ni fondo de emergencia de becas ni prórroga. Carrillo intenta, además, colocar la pelota en el tejado de las Administraciones: “Los verdaderos responsables están en la Puerta del Sol [sede del Gobierno regional madrileño]. Allí deberían ir los estudiantes a protestar”.

La deuda por tasas impagadas asciende a 4,9 millones de euros, según la UCM. Es un 50% más que la del curso pasado (tres millones). Deben más dinero y son más estudiantes. Han pasado de una media de 2.000 alumnos por curso a más de 3.000. La UCM afinó ayer el dato de los 3.500 que señaló inicialmente a 3.139 alumnos. El rector y la vicerrectora de Estudiantes, María Encina González, recibieron ayer a este periódico en el Rectorado, el mismo edificio donde un grupo de alumnos —hasta un centenar en algunos momentos— permanecen acampados desde el pasado jueves contra la “expulsión” y reclamando una solución a Carrillo.

El rector alude a dos razones para su negativa. En primer lugar, “no hay dinero” para un fondo de becas como han habilitado otros campus. Y, en caso de que lo tuvieran, señala Carrillo, no podrían aplicarlo este curso porque no está incluido en los presupuestos e incurrirían “en un delito contable”. Carrillo se comprometió ayer “en firme” a habilitar ese fondo el curso que viene, sin facilitar una cantidad. “Habrá que ver la magnitud del problema”, dijo el rector. “Lo que no puede asumir la universidad es todo el problema de la crisis”, añade la vicerrectora de Estudiantes.

La UCM sigue sin aclarar cuántos de los 3.139 afectados están en situación precaria. A finales de abril, se quedaron sin campus virtual y sin matrícula universitaria por no pagarla. La universidad asegura ahora que guardará esa matrícula, y el derecho a examen, hasta el 20 de septiembre. Ese es el plazo máximo que tienen para abonar lo que deben. Las deudas oscilan entre menos de 300 euros por alumno a 10.500, según los tramos establecidos por la UCM. El grupo más amplio (782) adeuda entre 1.250 y 1.500 euros. Si no pagan, dejarán de ser universitarios o tendrán que volver a inscribirse pero pagando hasta más del doble como segunda matrícula.

En el grupo de morosos existen alumnos que pidieron una beca que les ha sido denegada por el Ministerio, sin que ni Educación ni la Complutense indiquen cuántos son. Este curso ha habido 3.000 peticiones más de becas (de 13.589 a 16.579, según la UCM) y un millar de beneficiarios más (de 7.953 a 8.994). Y queda aún un centenar de estudiantes pendientes de que el ministerio responda a sus alegaciones, señalan en el campus. En Educación culpan al Rectorado de “enviar tarde” la documentación.

Los afectados disponen hasta el 7 de junio para avisar a la UCM si no pueden pagar en septiembre. “La Universidad contactará con ellos mediante el correo electrónico institucional para intentar hallar soluciones”, indicaba el comunicado oficial. Pero esas soluciones no serán económicas. La Complutense tiene una deuda de 142 millones y sufrió un recorte de otros 60 en su presupuesto de 2013. “La subida de tasas no cubre ni la mitad de esos recortes”, añade el rector para subrayar la asfixia. Se recaudarán unos 25 millones en tasas “en el mejor de los casos”, añade.

Ni el Ministerio de Educación ni la consejería madrileña prevén tampoco ninguna alternativa para los alumnos más precarios. El primero fijó una nueva horquilla de subida de tasas. Un portavoz apela a la “autonomía universitaria” para indicar que las soluciones deben venir de los campus. La Comunidad de Madrid fijó la media de subida en la parte alta de esa horquilla y, además, mantiene una deuda millonaria con la Complutense. Varias sentencias firmes le obligan a reembolsar hasta 79,3 millones de euros, según un portavoz de la consejería, de los que podría destinar 36 a ayudas. La Complutense lo eleva a 82 millones. El Ejecutivo madrileño añade que no tienen competencias en becas y que, además, nadie les ha pedido nada.