El portavoz ha cargado contra esta idea porque, a juicio del Ejecutivo vasco, la "constitución económica" de Euskadi está compuesta por cuatro elementos -la Ley del Concierto Económico, el Cupo, el Estatuto y las referencias a todo ello en la Constitución- que "constituyen un todo indisociable". "No se puede atacar una de las piezas sin poner en entredicho el conjunto".

En este sentido, ha recordado que el Cupo se calcula en base a la metodología establecida en la ley del Concierto Económico, por lo que sería "artificial" tratarlos de manera separada. El portavoz ha reclamado al PSOE que sea claro porque la sociedad vasca, ha dicho, tiene el "derecho" de saber qué plantean exactamente los socialistas. "Nos gustaría saber si lo que pretende es que los vascos paguemos más de lo que nos corresponde a las cargas del Estado español".

Erkoreka ha recordado que en estos momentos el Gobierno central y el vasco trabajan a nivel técnico para tratar de consensuar la Ley quinquenal del Cupo, prorrogada desde hace años por la falta de acuerdos -tanto en la etapa de Ejecutivo autonómico nacionalista como durante el Gobierno socialista de Patxi López-.

Sobre esta negociación, el portavoz ha defendido un "planteamiento continuista" sobre el cálculo del Cupo y ha advertido que la polémica generada por el PSOE puede influir a las conversaciones con el Gobierno central, cambios que, ha aclarado, por el momento no son "palpables ni tangibles".

Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, advirtió de que cuestionar la vigencia del concierto vasco “son palabras mayores” y quien lo haga “debe pensar en las consecuencias ya que su eliminación acarrearía un escenario político absolutamente diferente”. “El concierto es una condición sine qua non para todo lo demás”, avisó.

En Navarra, su Parlamento aprobó ayer un unánime rechazó “las declaraciones de diversos cargos políticos que cuestionan la solidaridad de Navarra así como los ataques a los instrumentos propios del régimen foral, principalmente el convenio económico”.

Entre estos ataques se podrían incluir los dirigidos desde UPyD, partido opuesto a conservar ambas figuras en Euskadi y Navarra, como ayer volvió a repetir Rosa Díez, su líder, durante el acto de presentación de la conferencia en Bilbao de Gorka Maneiro, su único parlamentario en la Cámara vasca. Para Díez, el concierto es “una especie de derecho de pernada económico” y lo entiende como un “privilegio inasumible en la España del siglo XXI”.

La diputada vizcaína recordó que al igual que en otras cuestiones del debate político planteadas por UPyD y que inicialmente provocan rechazo y silencio, también se repetirá la escena con el concierto. “De hecho el debate se ha abierto, aunque sea de forma estrambótica al incorporarse a la denuncia el Partido Socialista”, para añadir que, junto a las afirmaciones del líder del PSC, Pere Navarro, ya se han abierto otras voces “pragmáticas” admitiendo que hay que recalcular el cupo. Maneiro, por su parte, que también pidió la desaparición de las diputaciones, abogó por la abolición del concierto porque supone “todo un ataque a la solidaridad”.

El portavoz del PSE ha considerado que PNV y PP se han sumado a este debate "artificial" para "sembrar un poco de cizaña", ya que "el Concierto, para la mayoría de este Parlamento, ni ha estado ni va a estar en cuestión" y ha recordado que el Cupo "es revisable por definición, cada año en su cálculo y cada cinco años en su definición".

En este sentido, ha recordado que la Ley Quinquenal del Cupo está vencida desde el año 2011, por lo que el Gobierno vasco y central se encuentran "en pleno periodo de negociación", por lo que cree que se debe interpelar sobre este asunto al PP y PNV sobre cómo piensan afrontar la negociación y no a los socialistas. "Estos son los dos únicos protagonistas de este supuesto conflicto; el Cupo se mantiene a través de una ley bilateral entre gobiernos", ha insistido.

Por otro lado, ha reiterado que en el PSOE no hay nadie que ponga en cuestión el Concierto. "Me gustaría saber cuál es el planteamiento que tienen los gobiernos central y vasco, porque hasta ahora solo hemos visto tirar balones fuera", ha indicado.

Según ha insistido, desde que finalizó la vigencia del anterior plan quinquenal han pasado dos años, por lo que existe un "retraso" en la negociación de las condiciones para establecer la proporción en la que se establece el Cupo en su relación con el Estado. "Deben entrar con rapidez ambos gobiernos en esta revisión", ha insistido.

Pastor no ha concretado si el PSE pide una revisión al alza o a la baja pero ha insistido en que seguirán siendo "exigentes" como cuando ocupaban el Gobierno vasco para exigir al Gobierno central que, "en aplicación de las previsiones del Cupo, se aporte a la comunidad autónoma una cantidad de dinero que a fecha de hoy no ha llegado". "Exigimos que la negociación del Cupo se lleve a cabo y termine, de forma acordada, en la Comisión mixta", ha concluido.

En la práctica, los pensionistas pasarán de recibir gratis los medicamentos a pagar el 10%. Los que cuenten con ingresos inferiores a 18.000 euros, tendrán un máximo de coste de 8,14 euros. Con ingresos hasta 100.000 euros el tope será de 18,32 euros y en el resto de 61,08 euros mensuales. Frente a la situación que se ha dado en otras comunidades autónomas, en las que se han creado mecanismos de devolución del dinero para quienes rebasen esos máximos –en muchas comunidades el reembolso ha tardado meses-, Euskadi ha puesto en marcha un sistema que permitirá alertar a las farmacias de que se ha llegado a ese tope, lo que evitaría los complejos trámites de devolución. La implantación del sistema informático ha costado casi medio millón de euros, 422.820 euros, según una respuesta remitida por la consejería al Parlamento.

En el caso del resto de ciudadanos, el copago dependerá de los ingresos. Quienes no superen los 18.000 euros pagarán el 40%, entre 18.000 y 100.000 el 50%, en vez del 40% actual y a partir de 100.000 euros el coste subirá al 60%, frente al 40% vigente. El Ministerio de Sanidad ya ha planteado la modificación de los tramos vigentes para introducir tres nuevos tramos dentro del que existe hoy en día entre los ingresos de 18.000 a 100.000 euros. Los parados que pierdan el subsidio y los perceptores de ayudas sociales estarán exentos.

En total, el departamento estima que recaudará entre 16 y 20 millones más de lo previsto sin el copago, un dinero que destinará, según Darpón, a la atención sanitaria, sin especificar más. Ante la petición del PSE de crear un sistema de devolución del dinero a los ciudadanos, Darpón ha explicado que esperarán seis meses a conocer los efectos del copago farmacéutico en la población antes de tomar una decisión definitiva, pero las palabras de la consejería han estado siempre más inclinadas a no iniciar un mecanismo de esas características.

El Gobierno ya ha recibido críticas del PSE porque a juicio del partido del exlehendakari, Patxi López, el Ejecutivo de Urkullu ha sido "muy poco beligerante, ha dejado hacer", algo en lo que los socialistas han observado una "clamorosa diferencia" respecto al equipo de López. ganda en los medios de comunicación.

El secretario general ha asegurado que en ese tiempo cometió la "equivocación" de situar "a la par" su ideología y la ética y de no haber puesto por delante de "la razón particular" la "razón de los derechos humanos", algo que pudo motivar una "insuficiente conciencia del valor de la dignidad humana". También ha lamentado que los promotores de Elkarri, él entre ellos, no fueron en un principio lo "suficientemente sensibles a la realidad de las víctimas".

Sus palabras han sido puestas sobre la mesa en una comisión en la que Fernández ha pedido esfuerzos con el fin de "desatascar" el proceso iniciado con el cese de ETA en 2011 -"culminar el desarme", ha detallado después- ya que, según ha advertido, la situación "puede ir a peor". En tres horas de comparecencia, el secretario general ha recibido las críticas de todos los partidos a excepción del que sostiene al Gobierno, eso sí, por razones en algunos casos opuestas entre sí. A juicio del responsable del Ejecutivo las palabras de los grupos demuestran que "hay traineras [para remar todos juntos] y hay trincheras; en estos momentos es más cómodo [para los partidos] estar en las trincheras".

Fernández ha recibido críticas a su plan de paz por parte de todos los grupos, aunque EH Bildu, PSE y PP han reconocido que realizarán aportaciones que puedan ser incorporadas antes de su aprobación definitiva fijada para principios de octubre.UPyD se ha centrado en duras críticas a las que Fernández ha respondido criticando la falta de "empatía" de su parlamentario, Gorka Maneiro, al que ha espetado que aunque él hubiese leído el programa de UPyD, Maneiro hubiese respondido con las mismas críticas.

El banco ha remitido a la Cámara una respuesta a la solicitud de comparecencia en la que muestra su “respeto” hacia el Legislativo y su “disposición permanente de colaboración”… Pero rechaza lo que la Cámara le pide, comparecer y responder a las preguntas de los parlamentarios, y se limita a remitir un informe con lo que la entidad bancaria considera la “información más relevante” sobre su papel en la comercialización de las aportaciones subordinadas.

En las 18 páginas de informe, BBVA se defiende y señala que la “decisión de amortizar” las aportaciones subordinadas “es del emisor”. “Son títulos perpetuos, si bien pueden ser amortizados a voluntad de Eroski a partir del quinto año”, insiste, mientras resalta que la entidad bancaria “no tiene ni facultad, ni obligación de tomar decisiones” al respecto. Eso sí, deja caer que Telefónica y Repsol, “asumiendo su responsabilidad” convirtieron este tipo de títulos en otros. Es su respuesta a la principal demanda de los afectados, que piden que se les devuelva el dinero invertido ya que consideran que no se les informó convenientemente de lo que suponía depositar su dinero en este producto financiero –que solo recuperarían el dinero en caso de que se liquidara la cooperativa o si esta decidiese que no lo necesita-.

Frente a estas denuncias, el banco señala que con una “lectura somera” de la información que facilitó a sus clientes “confirma sin ningún género de dudas que dichos documentos incorporan la información suficiente acerca de las características esenciales” de las aportaciones subordinadas. Es, por tanto, “altamente improbable” a ojos del BBVA que un “consumidor medio” entendiera que estaba firmando un “depósito a plazo fijo”. El banco defiende que cumplió con “todas sus obligaciones” y con las especificaciones “sin añadir ni eliminar ningún aspecto”.Así, al igual que Eroski, pone el acento en que los clientes contaban con la información “ajustada a los modelos establecidos por la legislación”, ya que estaban validados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, como ya hizo en el Parlamento Eroski, el informe del BBVA destaca el elevado nivel de demanda de los clientes de adquirir este producto financiero, ya que en 2002 la demanda fue de 122,8 millones en una emisión de 90, en 2004 de 296,6 millones ante una emisión inicial de 125 millones y, en 2007, cuando se habían emitido 300 millones, la demanda fue de 413,7 millones.

BBVA señala que no ha recibido un número “relevante” de reclamaciones –no especifica cuántas- pero que, pese a ello, ha elaborado un protocolo específico para atenderlas. Asimismo, subraya sus contactos con Kontsumobide, organismo encargado por el Parlamento para mediar entre las partes para alcanzar una solución.

Por parte del Gobierno Vasco, firmaron los consejeros de Justicia, Josu Erkoreka, y de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto; por el Consejo General del Poder Judicial, la vocal Margarita Uria, y por la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), su presidenta, Ibone Bengoetxea. El acuerdo establece un protocolo para actuar en los casos de especial riesgo y un itinerario para ayudar a las personas afectadas. El protocolo se activará en el momento en que cualquier juzgado del País Vasco que instruya un procedimiento por ejecución hipotecaria o por falta del pago de la renta de alquiler observe una situación sensible. En ese momento, el convenio establece el inicio de un itinerario para cada caso en el que la autoridad judicial podrá poner la situación en conocimiento de los servicios sociales del ayuntamiento de referencia, que son los que tiene los recursos y herramientas necesarias para evaluar este tipo de situaciones extremas.

Una vez analizado el caso por estos servicios sociales de base, sus responsables serán los que decidan qué soluciones se adaptan mejor a cada caso: su derivación a los servicios de mediación hipotecaria, un realojo en una vivienda de protección oficial del Gobierno Vasco, la asistencia jurídica gratuita, la concesión de una ayuda de emergencia o, en los casos más delicados, un acompañamiento e intervención psicológica. El antecedente del convenio está en dos casos de suicidio registrados en Bizkaia en los últimos meses en personas que iban a ser expulsadas de sus respectivas viviendas habituales, uno en Sarriko (Bilbao) y el otro en Barakaldo, han indicado a EFE fuentes del Ejecutivo de Vitoria.

El consejero vasco de Asuntos Sociales y Vivienda, Juan María Aburto, uno de los firmantes del convenio, destacó que el acuerdo suscrito supone "buscar, entre todos, soluciones excepcionales a situaciones excepcionales que a veces acaban de forma dramática". Aburto ha reconocido que las administraciones públicas "no siempre llegan a conocer las circunstancias dramáticas" que viven los afectados en los casos de desahucio por lo que ha denominado "el estigma de la pobreza". "Da vergüenza reconocer que se es pobre, que se tienen necesidades -ha añadido-, y eso, a veces, nos lleva a situaciones límite".

Por este motivo, pidió a quienes se encuentran en este tipo de situaciones extremas que "no se aislen", que "hablen con sus entornos, con sus vecinos, con quien más cerca tengan, para que estas situaciones puedan llegar a conocerse". "Que no se cobijen en la soledad", ha añadido. "Siempre, siempre, puede haber soluciones menos traumáticas si somos capaces de abordarlas entre todos, porque este es un país solidario y este convenio nos va a permitir seguir siéndolo", concluyó Aburto.

Lo primero que ha hecho la Ertzaintza al llegar al lugar, ha sido retirar algunos muebles que los trabajadores habían colocado a modo de barricada. Después, han ido buscando a los empleados por el pabellón, ya que estaban escondidos entre la maquinaría y las oficinas de las instalaciones. "Nos han ido cogiendo uno a uno, han subido a la prensa a por nosotros y no nos hemos negado a bajar. Nos han llevado hasta el vestuario, nos han tenido 10 minutos y luego nos han sacado", ha relatado uno de los empleados al ser desalojado. De hecho, los trabajadores han actuado "con resistencia pacífica y sin enfrentarse a la policía", han asegurado.

El proceso de desahucio, no obstante, ha provocado momentos de tensión, sobre todo, cuando un grupo de personas ha intentado acceder al interior de la nave, además de recriminar a la comitiva judicial y a los ertzainas que lleven a cabo el desahucio. "Manos arriba, esto es un atraco", "Sinvergüenzas" o "Los Bretones, a los tiburones", han sido algunos de los gritos coreados contra los ejecutores del desalojo y de la familia propietaria de la nave. Dos agentes han tenido que ser atendidos por la ambulancia, así como uno de los trabajadores de la empresa, que ha sufrido una pequeña bajada de tensión al ser evacuado de la planta industrial.

Las primeras reacciones a lo sucedido no se han hecho esperar. Ha sido el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, quien ha reprochado al Gobierno vasco que su política industrial es "mandar a la Ertzaintza" a desahuciar empresas, a la par que ha aplaudido "la dignidad con la que los trabajadores están defendiendo sus puestos de trabajo". El presidente del comité de empresa, Jesús Alberto Llona, por su parte, ha expresado su malestar al ser "el primer caso de la historia en el que se desalojan a unos trabajadores de una empresa sin haberles despedido".

"Nos desalojan por 250.000 euros, cuando el empresario debe varios millones a la Seguridad Social y al Gobierno vasco. Primero que paguen lo que tienen que pagar y luego que nos desalojen. A ellos no les hacen pagar", se ha quejado Llona en declaraciones a los periodistas.

Según los miembros del comité de empresa, integrados por ELA, LAB y UGT, al propietario del pabellón, la familia Bretón, se le adeudan 250.000 euros en concepto de renta por pago del pabellón, y esta a su vez, debe siete millones de euros al Gobierno vasco, 3,6 millones a la Diputación Foral y siete millones a la Seguridad Social.

La comitiva judicial, junto con uno de los dueños del pabellón, Jatsu Giménez Bretón, ha llegado al pabellón sobre las 9.45 horas, escoltada por numerosos agentes antidisturbios. Los miembros del comité de empresa, les esperaban con una pancarta en la que se leía: Gure lanposteuen defentsan. Ez itxi (En defensa de nuestros puestos de trabajo. No al cierre).

"Han estado confiando en un acuerdo con la patronal que nos consta, a día de hoy, que no se ha producido", ha insistido, convencido de que "lo que hay que explicar es porqué, porqué llegamos a este momento, apurando los tiempos, con prisas, con precipitaciones y con convocatoria de troquel". Por su parte, ha dejado claro que mantendrán su estrategia, analizando sector a sector y empresa a empresa, "y siempre que haya una dinámica real de posibilidades de movilización, ELA va a estar, sin ninguna duda". Para el secretario general de ELA, "estamos en una situación indeseable" tanto por la reforma laboral y la postura patronal como por la imposibilidad de alcanzar unos puntos en común "entre el movimiento sindical para abordar esta situación con unos parámetros de unidad de acción distintos a los que existen".

Muñoz, no obstante, ha defendido que no se busquen "chivos expiatorios en ELA" con lo que está pasando, repartiendo culpas por igual entre políticos y patronales y reprochando que algunos sindicatos sostengan todavía que el convenio sectorial es un mínimo y que el pacto de empresa blinda igual que el convenio. "Es mentira", ha aseverado. "Hay que buscar chivo expiatorio en el lado político que hace todo lo que pide la patronal, que ejerce el veto en todos los ámbitos que dependen de ella", ha indicado, añadiendo también que "la patronal oculta con su cinismo que le van a dar otra reforma laboral" y que la patronal vasca "quiere que le den los mismo que a la de Madrid".

Muñoz ha rechazado asimismo que Euskadi cuente con un modelo de relaciones laborales "si cada seis meses hay una reforma que cambia las reglas de juego". "No hay modelo. La legislación que se está poniendo en marcha nos lleva a una selva, en donde el fuerte se defiende y al débil se lo comen", ha señalado. De igual forma, ha denunciado el "cinismo impresionante" de la patronal, descalificando las palabras del responsable de la CEOE, José de la Cavada, sobre el permiso por defunción. "Están desatados, pero nosotros también estaríamos desatados si los gobiernos legislaran a nuestro favor", ha concluido.

El consejero, quien ha participado en una jornada técnica sobre el Tren de Alta Velocidad, ha indicado a los periodistas que hay cosas que "sorprenden" en la decisión de la Diputación guipuzcoana y que el Gobierno de Navarra quiere tener "una cierta seguridad" jurídica al respecto.

Asimismo, se ha solicitado una reunión con la responsable de transportes de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, "para tener una charla tranquilamente, conocer sus expectativas y ver si caben soluciones alternativas" a la instalación de los peajes y para el 28 de junio está prevista otra reunión sobre este tema con el Gobierno central.

Zarraluqui ha reconocido que, al estar tanto Navarra como Gipuzkoa en el corredor de transporte desde España hacia el resto de Europa, hay unos costes importantes de conservación de carreteras que Gipuzkoa quiere "paliar" con los peajes, pero el consejero ha opinado que hay otras fórmulas para hacerlo.

En ese sentido, ha apuntado que establecer una "viñeta" (sistema de pago por la utilización de vías rápidas mediante la colocación de un adhesivo en el vehículo) a nivel estatal sería "más lógico" que hacerlo "territorio a territorio".

Lo que no convence en Navarra, ha explicado, es que la Diputación de Gipuzkoa tome esta decisión "unilateralmente", sin contar con los territorios limítrofes y que el Gobierno Foral se entere de la medida "por noticias en la prensa".

La directora general discrepa de los datos de los trabajadores. Ella ha limitado sustancialmente el alcance de los recortes a tres contratos mas un cuarto de unos días, "absolutamente rutinarios". "Los datos de 2013 son tres contratos, relacionados con programas finalizados en julio. Y luego hay un cuarto contrato de transición para unos meses. Por eso llevar esto tan lejos como se ha llevado carece de sentido", ha dicho. "Decir que la ponemos en peligro Radio Vitoria no tiene sentido, esto es un proyecto de EITB", ha asegurado, argumento que le ha servido para decir, otra vez,  que "no entiendo este teatro". Pese a todo ha asegurado que "quiero agarrar por el mango esta sartén de aceite hirviendo".

Para el PSE la directora general se equivoca cuando habla de "teatro, porque ese teatro también lo ha montado el partido que gobierna, señora Iturbe, el PNV en Álava y Vitoria", que ha apoyado las mociones de apoyo, le ha recordado Mikel Unzalu. "Es injusto y denota que no es consciente desde el nacionalismo vasco que no se está tratando bien a Álava y a los alaveses", ha dicho desde el PP, Iñaki Oyarzábal. En su último turno de palabra, y al darse cuenta del alcance de sus palabras pidió perdón por llamarlo "teatro político. Pido disculpas, pido perdón", dijo in extremis hasta cuatro veces.

Iturbe ha respondido al PP que está equivocado cuando le acusa de haber empezado los recortes con Radio Vitoria: "Se han hecho otros mucho más dramáticos, pero nadie se ha fijado en ellos", ha asegurado, para a continuación pedir solidaridad con los más afectados del sector de medios de comunicación.  "Ya es hora de ser un poco más solidarios con el sector, y con los que más han sufrido en el sector", ha dicho. "No vamos a estar hablando todo el rato de nustros derechos, cuando nadie ha dicho nada de que tenga que desaparecer Radio Vitoria o que sus horas de emisión se vayan a reducir", ha explicado.

Para evitar malos entendidos ha hablado de que el plan estratégico del ente llegará para finales de año, y ha repetido que en Radio Vitoria ni va a haber reducción de horas ni ningún movimiento oculto que merezca preocupación. También ha descartado que la dirección del ente tenga nada que ver con la decisión de regular el empleo de la página web. "Nosotros no tenemos nada que ver con la decisión de M4F, con la página web, es cierto que en una gran parte de su facturación hace para EITB, pero tenemos solo una pequeña parte de esa sociedad, el recorte lo han tomado su dirección".

En una nota facilitada por los trabajadores, han criticado con dureza la intervención del PNV en el Parlamento hace algunos días, al acusar a su portavoz Juan Carlos Ramírez-Escudero de mentir deliberadamente en cuanto a las audiencias y relación costes salariales con los trabajadores "para justificar los recortes". El contexto al que se ha referido Iturbe, y por el que ha pedido solidaridad es el de la destrucción de 10.000 puestos de trabajo en elsector de medios de comunicación en los últimos cuatro años, según la FAPE.

Sin embargo el portavoz del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero le ha querido quitar hierro político y le ha otorgado un tono más cultural: "es el mapa del euskera y el mapa de hasta donde llegaban las ondas. No es una idea torticera de meter lechuga entre col y col. Coincide con el mapa del Euskera y es el mapa de Euskal Herria, en el que se funde el del tiempo con el del Euskera".

"Al menos Bildu no miente", le ha espetado el portavoz socialista al del PNV. Unzalu en su intervención ha explicado que "esto es un despropósito. Pagamos una televsision pùblica para ver lo que no nos ofrecen los demás. Y la informacion del tiempo es una de esas demandas, pero no circunscrita a un ambito geografico. Aqui los traslados son corrientes, y por lo tanto informar desde Tudela hasta Laredo o desde Bayona a Logroño parece logico. Pero trasladar la imagen politica del mapa cuando no es realidad es una manipulación y un desprecio con los vecinos".

El portavoz del PP, Iñaki Oyarzábal lo ha calificado de "sandez. Con los temas que tenemos sobre la mesa hablar de esto es una pérdida de tiempo", ha dicho.

Esta demanda de LAB se produce en plena polémica por los posibles recortes de plantilla en EiTB a raíz de los contratos no renovados en Radio Vitoria. Además, Iturbe ya ha recibido sendas recomendaciones en favor del mantenimiento de estos puestos de trabajo en el ente por parte del pleno del Parlamento, de un lado, y en su comparecencia del pasado lunes en la comisión de la Cámara.

En este debate, incluido en el séptimo punto del orden del día, no estará ya el representante del PNV, Juanjo Baños, que ha renunciado al cargo tras ser advertido por la Cámara de su incompatibilidad dada su condición de directivo de la sociedad pública Itelazpi. Su sustituto deberá ser refrendado en un pleno del Parlamento.

Iturbe también deberá explicar en el consejo, a petición del PP, el cambio de gerencia en Euskadi Directo.

Precisamente sobre ambos temas ha girado la reunión mantenida entre Quiroga y Patxi López, secretario de los socialistas vascos, en Bilbao, como ya ocurrió con el encuentro anterior entre la presidenta del PP vasco y el lehendakari, Iñigo Urkullu, en Vitoria. En el fondo, la líder popular plantea la posibilidad de sumarse a la ronda de negociaciones que PNV y PSE-EE vienen manteniendo en cuestiones tan esenciales como la fiscalidad y el entramado institucional.

Los populares tienen muy avanzado un acuerdo sobre fiscalidad con el PNV según se ha desprendido de las reuniones mantenidas entre representantes de ambos partidos hasta ahora. Además, el apoyo de los populares resultaría determinante para que un posible pacto entre nacionalistas y socialistas cuajara en su paso por las Juntas Generales. Patxi López le ha dicho a Quiroga que le abrirán la puerta a que se incorpore a este pacto.

No obstante, en cuanto al impulso económico al PSE-EE no le interesa sobremanera la presencia de los populares en un encuentro a tres bandas ya que no quieren asociarse con un partido al que aluden como referencia de los recortes sociales. Precisamente estas críticas socialistas a la política de recortes del Gobierno Rajoy fueron la causa directa de la ruptura de pacto político que había permitido la elección de Patxi López como lehendakari en la anterior legislatura. El PSE-EE ha exigido al PNV en la base de sus posibles acuerdos el mantenimiento de los actuales servicios públicos con una posición expresa de que eluda los recortes.

En su encuentro, Quiroga y López han analizado la situación política y económica, y han coincidido en la necesidad de exigir que ETA se disuelva, en que la convivencia se asiente "sobre la memoria y la verdad" y en que no se "reescriba la historia" de lo ocurrido en Euskadi con el terrorismo. Además, López ha trasladado a Quiroga su disposición a "abrir la puerta" a los populares en el tema de política fiscal, según han informado a Europa Press fuentes de ambas formaciones.

La reunión entre los líderes de los socialistas y populares vascos ha comenzado a las 10.00 horas en la sede del PSE-EE de Bilbao, y se ha prolongado durante una hora y cuarto. El encuentro se ha celebrado "en tono muy cordial" y de "plena confianza", ya que Patxi López y Arantza Quiroga mantienen una importante "complicidad" desde la pasada legislatura en la que el PSE-EE gobernó con el apoyo del PP.

En una "distendida" conversación, que no estaba sujeta a una agenda ni a propuestas concretas, los máximos representantes del PSE-EE y PP en Euskadi han coincidido, al margen de "matices", en su postura respecto al logro de la paz y convivencia en Euskadi.

En este sentido, consideran que se deben mantener "unos mínimos exigibles" a la izquierda abertzale, además de la exigencia de que ETA se disuelva, y de que la convivencia se asiente sobre "la memoria y la verdad". Su intención, asimismo, es que no "se reescriba la historia" de lo ocurrido en el País Vasco, y que se llegue a "un relato compartido y real" en lo que se refiere a lo que ha supuesto el terrorismo de ETA.

Otro tema que no se ha podido eludir ha sido el del Concierto Económico. El líder del PSE-EE se ha mostrado "molesto" por la petición del secretario general del PSC, Pere Navarro, para que éste se suprima, y ha mostrado, a su vez, su satisfacción por la reacción del máximo representante del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al apoyar el mantenimiento del Concierto.

El presidente vasco ha explicado que este programa, cofinanciado por la Unión Europea, es una "alianza" entre el Gobierno vasco y las instituciones comunitarias que persigue un doble objetivo: fomentar la investigación en ciencia y tecnología, y potenciar la creación de puestos de trabajo que exigen una alta cualificación y formación. "Demostramos así que Euskadi es un país fiable que invierte en su futuro".

 Urkullu ha pedido a la primera promoción de beneficiarios del programa "un pequeño plus" para promover la vocación investigadora entre los más jóvenes, avanzar en la investigación aplicada a la empresa y contribuir a la buena imagen de Euskadi en el mundo. "Somos una sociedad abierta al exterior, vuestra formación y trayectoria puede contribuir a avanzar en este objetivo de país".

En este punto, ha sostenido que este y otros programas son posibles "gracias a nuestro autogobierno y al Concierto Económico. El autogobierno vasco basado en derechos históricos que confirman la propia Constitución Española, sin el Concierto Económico o sin la garantía de la bilateralidad dejaría de ser el autogobierno que hoy conocemos. Y eso es inaceptable para Euskadi".

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha participado también en el acto y ha asegurado que la inversión en investigación es "la inversión más inteligente para asegurar el futuro del país". Uriarte ha animado a los jóvenes contratados a "ser los líderes de la investigación del futuro para que Euskadi sea más creativa y competitiva. En vosotros queremos reconocer el esfuerzo de todos los jóvenes investigadores de Euskadi".

Uriarte ha anunciado que el programa tendrá continuidad durante los próximos cuatro años, periodo en el que se contratarán cien investigadores, y ha cifrado en siete millones de euros la financiación que llegará de la UE.

La Audiencia ha hecho pública este martes la sentencia, que coincide con la petición de las partes. Alizadeh, iraní, de 33 años, estaba en situación irregular en España y no tenía antecedentes penales. Según la sentencia, a las 9.25 de la mañana del 14 de noviembre del 2011, se montó en la plaza Moyúa en el metro, donde intentó trabar conversación con dos personas, Ane Miren Zabala y Aitor Sodupe.

Cuando estas dos personas se bajaron en la estación de Zabalbide, Alizadeh las siguió, y cuando le pidieron que les dejara en paz, dio un puñetazo a la mujer, extrajo un cuchillo de 14 centímetros que tenía guardado y apuñaló al hombre. Después acuchilló a la mujer y a varias personas que acudieron en su socorro; el joven fue por la calle amenazando a los transeúntes, diciendo "habéis matado a mi familia y ahora os voy a matar a todos", acuchillando a más, hasta que mató a Kepa Mallea Olaetxea de siete cuchilladas.

El fiscal y la acusación particular coincidieron en pedir para el acusado veinte años de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado para tratar su enfermedad, una psicosis con sintomatología florida de carácter delirante, del que no podrá salir sin autorización del Tribunal.

Una segunda intervención de 30 millones de euros se destinará al apartado social, con 47 políticas para impulsar la intervención y la promoción de valores. El tercer y último apartado, y al mismo tiempo el que menor dotación económica recibirá, es el que se dedicará al fomento de un territorio activo y la participación de los jóvenes ya que cuenta con un presupuesto de 1.2 millones de euros para poner en marcha 9 programas. 

La apuesta de la Diputación por los jóvenes parece ser clara, más aún cuando además del proyecto "Gaztedi Bizkaia 2012-20152", ha firmado un nuevo convenio de prácticas para que alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto puedan hacer prácticas laborales en los departamentos de Presidencia, Acción Social, Cultura o Hacienda durante los próximos meses. Este convenio se suma a los ya firmados por el ente foral desde que comenzara el año, una decena en total, que han posibilitado a 39 alumnos "iniciarse en el mundo laboral" y poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus centros de estudio. 

Almendras se ha reunido este martes en la Diputación de Gipuzkoa con el diputado general Martin Garitano, en una recepción en la que también han participado el presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Pedro Esnaola, y los diputados forales Garbiñe Errekondo y Jon Uriguen.

En declaraciones a los medios, la embajadora ha destacado que Bolivia presenta ahora un "crecimiento económico" y es un país "estable" en lo político. "Estamos en el cambio de nuestra matriz productiva y Gipuzkoa nos ofrece enormes capacidades que pueden ser transferidas e instaladas en Bolivia", ha apuntado.

En este contexto, ha trasladado la intención de Bolivia de iniciar "un periodo de relaciones en todos los ámbitos político, económico, social y comercial" con Gipuzkoa, de manera que los empresarios guipuzcoanos puedan estar presentes en este país y en él se puedan "instalar capacidades tecnológicas en un futuro un marco productivo diferente".

Para ello plantea "un marco de cooperación integral", es decir, "un hermanamiento" con Gipuzkoa y ha anunciado que el próximo septiembre una delegación de la región de La Paz visitará Euskadi y se firmarán "acuerdos políticos, en el ámbito de la transferencia de las capacidades autonómicas, legislativas y también en el aspecto comercial".

Según ha indicado, los empresarios bolivianos están interesados en conocer el sistema de organización empresarial a través de cooperativas que, a su juicio, puede ser "muy bien recibido" en este país latinoamericano.

Por su parte, Garitano ha explicado que la visita de Almendras sucede a la que recientemente realizó a Gipuzkoa el presidente uruguayo José Mújica, ambas enmarcadas en la "apuesta" de la institución foral "por la internacionalización de la industria y la economía" guipuzcoanas.

Esta doctrina, en suma, retrasa que el etarra puede acceder a permisos penitenciarios y a otras posibilidades de salir de la cárcel. La Sala Penal de la Audiencia Nacional acumuló las penas de Mitxelena y fijó el límite máximo de cumplimiento de sus condenas en 30 años de prisión.

Sin embargo, añadió que los beneficios penitenciarios y la prisión preventiva abonable respecto de cada uno de ellos se le debían aplicar individualmente, como establece la doctrina que el Supremo dictó a partir del caso de otro histórico etarra, Henry Parot.

Es decir, que el límite de treinta años se aplica solo al cumplimiento de las penas, pero no es una nueva condena a la que aplicar los beneficios penitenciarios, que no se descontarán desde los 30 años, sino desde cada una de las condenas, cuyas penas suman muchísimos más años de cárcel.

Estos habrán de aplicarse sucesivamente, por orden de gravedad, a cada de las penas hasta alcanzar ese límite, a partir del cual se tendrán por cumplidas todas.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado en contra de la doctrina Parot, aunque este fallo no es definitivo, dado que está pendiente de un recurso presentado por España.

El magistrado Joaquín Giménez ha formulado un voto particular en contra del fallo de la mayoría de la Sala Penal del Supremo y a favor del recurso del condenado por su desacuerdo con la doctrina en sí y porque la considera "severamente limitada" por el Tribunal de Estrasburgo.

Dos de los integrantes del grupo de 14 interlocutores nombrado por el colectivo de huidos y deportados de ETA (EIPK), Jon Garmendia y Lurdes Mendinueta, han leído el documento que recoge la "aportación" de los exiliados para la "resolución del conflicto" tras la decisión de ETA de abandonar su actividad terrorista. Han comentado que son "más de 300" las personas que tuvieron que "huir de Euskal Herria por motivos políticos" y a causa de "la persecución represiva", y que ahora asumen el "compromiso" de erigirse en un "agente activo" en el marco del "proceso abierto para dar una solución democrática" tras el fin de la violencia.

Al acto han asistido el exdirigente de Herri Batasuna Tasio Erkizia, la líder del sindicato abertzale, Ainhoa Etxaide, el responsable de Batasuna en el País Vasco francés, Xabi Larralde, y el portavoz de la plataforma de apoyo a los presos etarras Herrira, Jon Garay, entre otros. También ha estado presente el alcalde de Biarritz, el centrista Didier Borotra, a quien la organización ha agradecido la cesión de la sala Irati donde se ha escenificado el reencuentro de los exiliados.

Sobre un escenario enmoquetado con hierba artificial, decorado con alambradas de pinchos y la simbología propia de los grandes homenajes que organiza la izquierda abertzale, los portavoces del colectivo de huidos han demandado la "suspensión de los procesos judiciales basados en declaraciones arrancadas bajo tortura", además de los juicios que "debieran estar archivados o prescritos" y los que "vulneran los derechos de opinión, expresión y reunión". También han reclamado que se garantice "la libertad de movimientos" de las personas "confinadas o deportadas en diferentes países del mundo".

"Ongi etorri" (Bienvenidos) y "eskerrik asko" (gracias) han sido los dos mensajes que los organizadores han querido trasladar a los exiliados. En el repaso realizado mediante un video de los hechos más relevantes ocurridos en el último medio siglo, han arreciado los aplausos de los asistentes cuando aparecían las imágenes de históricos dirigentes de ETA, de Arnaldo Otegi o a los tres etarras encapuchados que leyeron el comunicado de la banda en el que declaraba el fin definitivo a su actividad criminal. En el acto no se ha realizado una sola alusión a los atentados y muertes cometidas por la organización terrorista -837 asesinatos, según el último estudio realizado por el Gobierno vasco-.

Una carta de Joseba Sarrionaindia, fugado de la cárcel de Martutene escondido en los altavoces del cantante Imanol, o los videos enviados desde Cabo Verde o Cuba con el testimonio de "represaliados" animando a la "lucha" y la "desobediencia", han dado paso a la aparición, en la parte final del acto, de los exiliados, la mayoría residentes en el País vasco francés.

El colectivo ha querido precisar que sus miembros no quieren establecer un diálogo directo con los Estados español y francés, sino que son "España y Francia los que deben hablar con ETA para proceder a un cierre ordenado del ciclo" de la violencia. "Nosotros queremos hablar con el pueblo", ha matizado Garmendia.

Entre los miembros del grupo de interlocutores de EIPK se encuentra Eloy Uriarte, El señor Robles, de 70 años y escondido en Francia, detenido en 1989 acusado de ser el tesorero de ETA que cobraba el impuesto revolucionario a empresarios. También figura Tomás Linaza, de 57 años, a quien la Policía le vincula con la emboscada y asesinato en 1980 de seis guardias civiles en Lekeitio (Bizkaia).