El acuerdo de venta se cerró tras una reunión del consejo de administración de Bankia. La compradora es finalmente la entidad chilena Banco de Crédito e Inversiones, después de que Banco de Brasil dejase pasar el periodo de negociaciones exclusivas sin presentar una oferta en firme. El precio a pagar por el banco chileno es de 882,8 millones de dólares (el equivalente a 683 millones de euros al cambio actual), ligeramente inferior a la oferta brasileña que no se concretó.

Como el valor neto de la participación en los libros de Bankia era inferior, la entidad se apunta unos 180 millones de euros de plusvalías netas. Ese beneficio, unido a la reducción de balance, aumenta el coeficiente de solvencia de Bankia en unos 30 puntos básicos, 0,3 puntos porcentuales. La venta de la filial reduce en 435 personas la plantilla del grupo de forma no traumática.

“Es una gran operación, desarrollada en un marco competitivo y muy concurrido. Nos permite avanzar en el cumplimiento de los objetivos fijados en nuestro plan estratégico”, señaló el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en un comunicado.

Pero la contabilidad es solo una forma de contar la historia. Si se atiende a lo que pagó Caja Madrid por la entidad, la inversión ha sido mala, pero aparentemente no ruinosa ni descabellada en comparación con tantas otras.

Blesa acordó la compra por 1.118 millones de dólares en 2008. Inicialmente, compró el 83% de las acciones, una inversión que contabilizó de acuerdo con el tipo de cambio de entonces en 605 millones de euros. En la primera mitad de 2010, ya con Rodrigo Rato como presidente, Caja Madrid inyectó otros 100 millones de dólares en la entidad y compró el 17% restante, destinando a ello 228 millones de euros entre las dos operaciones, según consta en el folleto de la salida a Bolsa de Bankia.

En total, por tanto, el banco ha reconocido el pago de 833 millones de euros, lo que supone una pérdida de unos 150 millones frente al precio de venta cerrado este viernes, sin contar posibles coberturas y otras transacciones no declaradas. Los tipos de cambio han jugado a favor de Bankia. Y, además, la pérdida se convierte en plusvalía contable porque aprovechando la fusión de las siete cajas para crear Bankia, el grupo provisionó en exceso la pérdida de valor del banco de Florida. El banco declinó facilitar la plusvalía bruta y el valor del City National en sus libros.

Bankia ha contado con la colaboración de Goldman Sachs y Sullivan & Cromwell en la venta. Tras contactar con 31 entidades, se recibieron muestras de interés por parte de 13 entidades financieras que se concretaron en seis ofertas no vinculantes. La negociación final se hizo con tres entidades. El cierre de la transacción, sujeto a la aprobación de las autoridades de EE UU, España y Chile, se espera entre el último trimestre de 2013 y el primero de 2014.

Solo tres horas después de comenzar a cotizar este viernes ya se había negociado el equivalente a todo su capital: 19,9 millones en títulos. A media sesión, ya eran 24,4 millones. Y al final, el intercambio ha alcanzado los 38,8 millones de acciones. Con esta evolución, Bankia ha dado continuidad a lo sucedido en la víspera, cuando llegaron a cambiar de manos más del doble de los títulos en circulación (con 50,9 millones en total), lo que llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a abrir una investigación al respecto.

Sobre el volumen de acciones que se ha movido, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha valorado la decisión de abrir una investigación sobre los movimientos extraños que está sufriendo la acción y ha dicho que se trata de una "muy buena noticia". Según ha descrito, los títulos de la entidad sufrieron este jueves una evolución "muy drástica, con una caída muy fuerte de valor", lo que ha relacionado con las ventas en corto que realizaron inversores institucionales. No obstante, ha señalado que habrá que esperar a los resultados de la investigación de la CNMV para saber lo que ocurrió con las acciones de la entidad.

Vender acciones antes de tenerlas

"Yo no lo entiendo del todo", ha confesado Goirigolzarri. Fuentes del mercado creen que la evolución de este jueves se explica porque habría fondos de inversión poniéndose cortos al descubierto. Es decir: están vendiendo grandes paquetes de acciones, pese a que en realidad esos títulos todavía no son de su propiedad. La idea es que esos fondos lo que en realidad venden son acciones que sí tendrán el martes tras la ampliación de capital, pero que todavía no son de su propiedad. Se habrían, de este modo, anticipado al canje de participaciones preferentes y otra deuda híbrida por acciones, vendiendo los nuevos títulos antes incluso de recibirlos.

Si se demuestra que eso es lo que ocurre en Bankia, los fondos se estarían aprovechando de que las operaciones bursátiles se liquidan a los tres días hábiles, de modo que la semana que viene, al recibir las acciones, podrían atender la liquidación a tiempo, aunque técnicamente hoy habrían estado negociando al descubierto. Esa operativa no es legal con la normativa española y la CNMV investigará si se ha llevado a cabo. Si los fondos han aprovechado esa oportunidad, además, habrían dejado en inferioridad de condiciones a los pequeños accionistas, ya que ellos no pueden vender en esas condiciones y están sufriendo las grandes pérdidas que conllevan las ventas.

El supervisor cree que todavía es pronto para llegar a esa conclusión, pero solo eso parece explicar que en una sesión se negocien en el mercado más del doble de las acciones del banco en circulación, porque las ampliaciones de capital aún no han sido hechas efectivas

Seis jornadas en rojo

En cuanto al precio de cotización, las acciones cerraron la jornada en 0,65 euros, tras una caída del 4,41%. La bajada de ayer fue mayor: se desplomó un 51,4%, hasta los 0,72 euros. Encadena así seis sesiones en rojo.  A este respecto, el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido un precio comprendido entre 0,7 y 0,8 euros como un rango de referencia para la cotización de las acciones. “Si tomamos el patrimonio total de los fondos propios de Bankia y lo dividimos por el número de acciones, eso es una referencia fundamental en la evolución bursátil de un valor", ha explicado.

"Hoy en día, lo que ocurre es que nuestros competidores españoles, los bancos que tienen actividades domésticas en España están cotizando a 0,7-0,8 sobre el valor en libros, eso son las referencias fundamentales que el inversor de Bankia tiene que tener en la cabeza", ha añadido. A este respecto, de momento, parece que el mercado le está dando la razón, aunque esto implique más pérdidas para los tenedores de preferentes.

Durante el día, Lagarde hizo saber a través de un portavoz que no dimitiría de su cargo en Washington aunque los jueces decidieran imputarla; la no imputación es una buena noticia a medias para el FMI, porque la gravedad del escándalo y de las acusaciones que pesaban contra Lagarde amenazaban con abrir una nueva crisis en la cúpula del organismo que vigila las finanzas mundiales, tras el aparatoso derrumbe de su antecesor, el también francés Dominique Strauss-Kahn, acusado de violación en mayo de 2011.

Lagarde declaró durante 12 horas el jueves, y regresó este viernes ante la Corte de Justicia de la República (CJR, competente para procesar a los ministros) a las 08.15. Permaneció encerrada con los tres magistrados que instruyen la causa durante todo el día. La directora del FMI salió del palacio de la CJR, situado muy cerca del monumento a los Inválidos, sobre las 21.40 horas, e hizo una breve declaración a la prensa en francés y en inglés. Dijo que sus explicaciones le han permitido “aclarar las decisiones” que tomó en su día, y que el desenlace “no es una sorpresa” para ella porque siempre actuó “en defensa del interés del Estado y conforme a la ley”. “Ahora vuelvo a Washington para proseguir mi misión en el Fondo Monetario Internacional”, concluyó.

Considerada por los jueces como sospechosa de “complicidad en falsedad de documento público y en malversación de caudales públicos” desde agosto de 2011, un mes después de tomar el relevo de Strauss-Kahn, Lagarde se libra de momento de un juicio y de una posible condena de hasta 15 años de prisión, diez por el primer delito y cinco por el segundo, aunque el estatuto de testigo asistido implica que los jueces todavía tienen dudas sobre su actuación. Las acusaciones de la fiscal de la CJR, Cécile Petit, sostenían que la actual directora del FMI se implicó “personalmente” en un proceso de arbitraje privado lleno de “anomalías e irregularidades”.

¿Qué papel jugó en el arbitraje?

Sonriente —pero menos que el día anterior—, vestida con su sobrio traje de chaqueta gris y su inevitable fular, Lagarde, nacida en París como Christine Lallouette, hace 57 años, trató de aclarar a los jueces qué papel jugó en el arbitraje privado que ella misma impulsó en 2007 para resolver el largo contencioso que enfrentaba al empresario Bernard Tapie con el banco público Crédit Lyonnais (CL).

La historia se remonta a 1993, cuando CL revendió la compañía Adidas, controlada hasta ese momento por el matrimonio Tapie. Según el empresario, la operación generó unas plusvalías que perjudicaban sus intereses. Tras una primera sentencia judicial favorable a la entidad financiera, Lagarde decidió no esperar a conocer el recurso presentado por Tapie y ordenó constituir un comité privado (formado por tres árbitros), que en julio de 2008 dio la razón al empresario. Aunque el banco llevaba tiempo quebrado, el consorcio de liquidación (banco malo) creado por el Estado en 1995 para gestionar los activos dudosos tuvo que pagar a Tapie una indemnización bruta de 403 millones de euros (285 millones netos, que acabaron siendo 304 gracias a un posterior cambio fiscal).

Según la fiscalía, Lagarde, conocida como “La Gran Dama” por su círculo de colaboradores en Bercy, privilegió el arbitraje privado frente a la vía judicial ordinaria, y no recurrió el fallo del comité de sabios pese a que los técnicos ministeriales le aconsejaron que lo hiciera por ser lesivo para el Estado. La causa contra Lagarde se abrió en la primavera de 2011, a raíz de una denuncia del fiscal del Tribunal Supremo, que acusó a la ministra de haber actuado contra el interés público, de conocer la parcialidad de dos de los árbitros, y de haber modificado el protocolo de arbitrajes para incluir la figura del daño moral, lo que favoreció aun más a Tapie.

El contrato que Lagarde firmó al llegar al FMI le obliga a “respetar las reglas más elevadas en materia de ética, de acuerdo con los valores de integridad, imparcialidad y discreción”, y a “evitar incluso la apariencia de cualquier mala conducta”, por lo que la imputación podría haberla puesto en una situación complicada.

Otra variante difícil de predecir es la implicación de otras personas en el caso. Entre ellos están Nicolas Sarkozy y su mano derecha Claude Guéant, ex secretario general del Elíseo. En paralelo al proceso de la CJR, la fiscalía de París abrió en septiembre una investigación por “abuso de poder y ocultación de ese delito”, que puede salpicar a numerosos altos cargos y funcionarios. Sarkozy parece a salvo, porque goza de la inmunidad presidencial para los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, aunque, según ha publicado Le Monde, recibió a Tapie varias veces durante los meses calientes del litigio, antes y después de llegar al Elíseo, y se vio también con uno de los árbitros.

Lagarde siempre ha dicho que tomó las decisiones por “propia apreciación”, pensando que era “lo mejor para el Estado”. Las frases tratan de desmentir un secreto a voces: que su jefe, Sarkozy, presionó siempre en esa dirección. Tapie, fugaz ministro con el socialista François Mitterrand, decidió en 2007 dar su apoyo público a Sarkozy en plena campaña presidencial, y repitió en 2012. Ahora, el amigo del expresidente afirma que la suerte judicial de la exministra no le incumbe “en absoluto”, ya que él está “en un bando, y Lagarde en otro”.

Tapie ha añadido que, aunque el Estado recurra el fallo de 2008, no podría devolver el dinero porque le quedan “menos de 100 millones” de los 300 millones netos que cobró (403 millones brutos). El empresario considera, en todo caso, que la gestión de Lagarde “evitó al Estado pagar miles de millones”, ya que habría obtenido “mucho más” en un proceso ordinario. El exdirector del Gabinete de Lagarde en Economía, Stéphane Richard, hoy consejero delegado de France Telecom y también implicado, ha afirmado que, si se prueba que hubo fraude, sería “lógico” que el Estado recurra.

» Responsabilidad limitada. Se crea la figura del empresario de responsabilidad limitada, mediante la cual el emprendedor no tendrá que responder de las deudas derivadas de su actividad con su vivienda habitual, con un valor máximo de 300.000 euros. Quedan excluidas las deudas con Hacienda o la Seguridad Social. También se crearán las sociedades limitadas de formación sucesiva para abaratar el coste de constitución. Este tipo de sociedades tendrá un régimen jurídico similar al de las sociedades limitadas, que requieren un capital de 3.000 euros, pero no será necesario pagar esta cantidad para constituirlas. A cambio, los accionistas tendrán que destinar el 20% de los beneficios a reservas legales.

» Segunda oportunidad. Para evitar que los emprendedores con una mala experiencia desistan de crear otra sociedad, el Gobierno establecerá un “mecanismo de negociación extrajudicial de deudas”. Se trata de un procedimiento extrajudicial flexible y rápido que se solucionará ante un registrador o un notario. Se prevé que puedan pactarse quitas de hasta el 25% de las deudas y ampliar los plazos de devolución hasta tres años.

» Incentivos fiscales. La medida estrella de este paquete de ayudas tributarias es el IVA de caja. Es una modalidad de liquidación del impuesto sobre el consumo mediante la cual los empresarios no pagarán el IVA hasta que cobren la factura. De esta forma, se pretende mejorar los problemas de liquidez de las pymes que en ocasiones se ven ahogadas cuando tienen que liquidar el impuesto meses antes de cobrar. Las pymes que facturen menos de dos millones de euros se podrán acoger a este nuevo régimen, de forma voluntaria. La medida entrará en vigor a partir del próximo año. El Ministerio de Hacienda explica que será necesario un desarrollo normativo para precisar algunos detalles como el doble registro que deben llevar las sociedades para justificar los cobros. El Gobierno recuerda que los sujetos pasivos verán retardada la deducción del IVA soportado en sus compras hasta que efectúen el pago a sus proveedores. Esta cuestión ha provocado la protesta de algunas organizaciones de pymes, como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que consideran que las grandes firmas preferirán contratar con otras empresas que con las que se acojan a este nuevo régimen.

Otra de las novedades fiscales consiste en una deducción del 10% de los beneficios que se reinviertan en la actividad. La medida está dirigida para empresas que facturen menos de 10 millones. Además, se establece un novedoso sistema de deducciones de I+D+i que permite que aquellas que no se han podido aplicar durante un ejercicio se puedan recuperarse siempre que se mantenga las actividades de innovación y el empleo. Además, se establecen incentivos para los business angels, los inversores que aportan capital y experiencia a nuevos proyectos.

» Reducción de cargas administrativas. Las entidades públicas que aprueben nuevos requisitos para abrir un establecimiento tendrán la obligación de eliminar, a su vez, otro. Se facilita, también, a las pymes la posibilidad de contratar con la Administración mediante la eliminación de obstáculos. La norma reduce las operaciones con los servicios de estadística estatales y la gestión de prevención de riesgos laborales. Se amplía la posibilidad de presentar cuentas abreviadas por Internet y se pone a disposición un libro electrónico de visitas para las inspecciones de trabajo. El Gobierno pone en marcha el Plan Emprende3 con el que aspira a agilizar los trámites para iniciar una actividad. Consiste en un sistema informático que conecta a todas las Administraciones y recoge declaraciones responsables, que sustituyen a las licencias previas por un control a posteriori.

Según este punto sobre proyectos empresariales, el empresario estadounidense Sheldon Adelson podría lograr el permiso de residencia cuando inicie la construcción de Eurovegas, el macrocasino y centro de convenciones que proyecta en Madrid. La vicepresidenta del Gobierno precisó que este camino para convertirse en residente español está abierto para los inversores que compren más de dos millones de euros en deuda pública o los que adquieran un inmueble valorado en más de 500.000 euros. El Gobierno eleva así el umbral anunciado inicialmente que establecía el precio de la vivienda en 160.000 euros.

La puerta para residir en España también se abre de par en par para “los emprendedores de una actividad de carácter innovador con especial interés económico”. Por ejemplo, si Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, decidiera por un capricho del destino montar una empresa en España lograría sin ningún problema la residencia. Por último, la medida permitirá al “personal directivo, altamente cualificado o que forme parte de un proyecto de interés general” o para “los posgraduados de universidades de reconocido prestigio”.

¿Comprar la residencia?

La vicepresidenta fue preguntada si esta medida supone “vender la residencia”, a lo que contestó que estos cambios son “ni más ni menos lo que hacen los países del entorno para fomentar inversiones de forma ordenada y disciplinada”. Sáenz de Santamaría recordó que Portugal, Irlanda o Reino Unido cuentan con medidas similares. “El sistema se ha generalizado”, justificó.

El plan del Ejecutivo provocó un carrusel de protestas cuando fue anunciada, hace un par de meses. Asociaciones de inmigrantes consideran que la medida es discriminatoria Otros grupos políticos, como el PSOE, acusaron al Gobierno de “mercantilizar” el permiso de residencia.

No obstante, la posibilidad de lograr la residencia a través de recursos económicos ya existía en España. Si un extranjero justifica que tiene rentas de unos 2.100 euros al mes y quiere vivir en España sin trabajar puede solicitar un permiso de residencia temporal.

 Entre Cuenca y Valencia dejarán de circular los trenes con salida de la capital conquense a las 7.35 horas y con salida de la estación de Valencia a las 18.14 horas. En estos trayectos continúan en servicio la mayoría de las circulaciones, con seis trenes diarios, tres por sentido entre ambas ciudades, lo que supone una oferta semanal de 42 circulaciones.

En el caso de las conexiones con Madrid, se suprimirán los trenes con salida de Aranjuez-Madrid a las 6.10 y 20.18 horas y los fines de semana la circulación con salida 19.40 desde Madrid. En sentido inverso dejan de circular los servicios con salida desde Cuenca a las 7.05 y 13.20 horas. La oferta de servicios entre ambas ciudades será desde el próximo domingo de seis circulaciones diarias, tres por sentido.

Según ha asegurado Renfe, este plan garantiza en todo momento el derecho a la movilidad de los ciudadanos y se ha desarrollado siguiendo objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica.

Por otro lado, Renfe ha anunciado que a partir de este verano Cuenca contará con una conexión por alta velocidad hasta Alicante, una vez puesto en servicio el nuevo tramo entre Albacete y la capital alicantina.

El viernes declararon los presidentes de las tres entidades como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, para aclarar el objetivo de aquellas reuniones y el porqué del desenlace. Los tres directivos coincidieron en que el tema principal fue la forma de resolver los problemas de Bankia, que se presentaron como la clave para enderezar la economía española. El asunto tan grave que fue definido como “un elefante en una habitación”, según González. También afirmaron que no se pidió la dimisión de Rato porque no parecía el sitio adecuado, ya que él estaba presente, apuntó Botín. Y el expresidente de Bankia no lo dijo en ningún momento a los presentes.

La cita fue tensa porque el presidente del BBVA y del Santander negaron las cifras que presentó Rato para reflotar Bankia: 7.000 millones. Eso es lo más grave que se le puede hacer a un banquero. Los cálculos de sus competidores iban de 15.000 a 20.000 millones, lo que suponía la nacionalización de Bankia y la salida del que fuera vicepresidente del Gobierno de Aznar. Poco después de estas reuniones Bankia tenía 22.424 millones públicos y era del Estado.

El juez también había preguntado a Guindos por estas reuniones. Su respuesta fue diplomática y simplificó el contenido: la cita fue “un contacto habitual que tenía con los responsables de las principales instituciones financieras para analizar la situación del sistema financiero y la crisis de la zona euro, las perspectivas de la economía nacional e internacional y la evolución del crédito”, entre otros asuntos.

Cada uno de los banqueros estuvo alrededor de media hora ante el juez. Los tres admitieron, según el abogado de UPyD, Andrés Herzog, que hubo un duro debate sobre Bankia y la falta de credibilidad que les ofrecían las cifras de beneficios que presentó el presidente Rato y las de su reflotamiento.

González fue el más agresivo. Fue más lejos que nadie y afirmó que Bankia necesitaba entre 15.000 y 20.000 millones, “como decían los informes de los bancos de inversión” y que las valoraciones de Rato “eran poco creíbles” por ser “demasiado optimistas”. Lo cierto es que estos cálculos son los que más se aproximaron a la realidad. González pintó un panorama que situaba a Rato fuera de la entidad. La situación en aquella reunión fue especialmente tensa, porque todos los presentes tenían en mente que Rato había aupado a González a la presidencia de Argentaria en 1996, desde donde logró la presidencia del BBVA.

El expresidente de Bankia insistió en que podía seguir adelante con una inyección de bonos del Estado y contabilizando créditos fiscales como capital. Pero González echó por tierra estas tesis, convencido de que Rato decía que necesitaba 7.000 millones porque era el máximo que podía conseguir. Preguntado por los abogados cómo era posible que Bankia presentara 300 millones de beneficios en 2011 (cuentas que luego fueron rehechas y acabaron en pérdidas multimillonarias), el presidente del BBVA dijo que la contabilidad “es como un chicle” por la capacidad de modificarse dependiendo de las partidas que se tengan en cuenta, según Andrés Herzog y otros abogados consultados.

González también criticó al Gobierno al explicar que estaban viviendo una situación tan complicada con Bankia en mayo, “porque no se había atajado los problemas a tiempo, es decir, entre febrero y abril”, según Herzog. También apuntó que “desde octubre” se sabía que la situación de Bankia era débil.

Botín apoyó a González, pero desde una posición más distante. Reclamó una inyección “rapidísima de 15.000 millones, una ayuda masiva”, que implicaba la nacionalización. No quiso entrar a valorar las cuentas de Bankia “porque son temas internos”.

A ninguno de los convocados les pareció extraño que a esa reunión no fuera convocado el Banco de España. Fainé comentó que Economía también era “competente” para tratar estos temas.

El presidente de CaixaBank dio a entender que consideraba posible reflotar Bankia con los 7.000 millones que decía necesitar Rato, aunque matizó que los mercados internacionales no creían que esta cifra era suficiente. Fainé admitió que negoció la fusión con Caja Madrid para ahorrar costes.

Para UPyD, que solicitó esta comparecencia, es llamativo que el fiscal “no haya hecho ni una sola pregunta. Ha quedado claro que no fue una reunión habitual, como dijo Guindos, aunque tampoco se puede decir que mintiera el ministro”, apuntó Herzog.

Para el abogado del 15-M Juan Ignacio Moreno estos testimonios corroboran la irregularidad de las cuentas de Bankia, lo que supone un engaño para los preferentistas, que no conocieron la situación real de la entidad y, por tanto, no pudieron vender sus productos antes de la nacionalización. Los banqueros fueron recibidos en el exterior de la Audiencia con gritos e insultos. “Santander nos roba y nos ahoga” y “No queremos ser accionistas de Bankia”. Era el clamor popular contra los banqueros.

En un auto, el magistrado admite a trámite otra de las querellas interpuestas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra la antigua cúpula del banco valenciano por gestión desleal de la que se pudieron beneficiar varios empresarios.

Así, en este caso, Pedraz imputa un delito de apropiación indebida o, alternativamente, uno de administración desleal, a Parra y a Tito José Pajares-San Román y José Antonio Román Hurtado, y señala a las sociedades Royactura, SL y Royal Rosán, SA como responsables civiles subsidiarios.

El juez se considera competente para investigar los hechos "para el esclarecimiento de responsabilidades penales" en las que podrían haber incurrido "distintos directivos del Banco de Valencia por conductas que acabaron provocando la reestructuración de la entidad y su intervención" por parte del FROB.

Con esta ya son cinco las acciones del FROB que instruye Pedraz contra los antiguos responsables del Banco de Valencia.

Recientemente, admitió a trámite tres querellas, la primera dirigida también contra Parra, el director de participaciones inmobiliarias del banco, Alfonso Monferrer, y los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler Luján, Fernando Polanco, el notario Carlos Pascual y Teresa Villalba.

Todos ellos están imputados por tres delitos de apropiación indebida o, alternativamente, tres de administración desleal, mientras que las sociedades Salvador Vila, SL, Urbanas de Levante y Faverch Desarrollos aparecen como responsables civiles subsidiarios.

La segunda va dirigida contra Parra, Monferrer y Bartolomé Cursach, imputados por tres delitos de apropiación indebida, y las sociedades Intrademallorca 2005, Magainver, Calviá Parc y Tito's, a las que el juez señalaba como responsables civiles.

Por último, en un tercer auto, el magistrado imputó al empresario Rafael Ruiz-Jarabo, al expresidente de Metrovacesa Joaquín Rivero y a Parra por falsedad en documento mercantil, tentativa de estafa y apropiación indebida, mientras que apuntaba al promotor Juan Bautista Soler Crespo como partícipe a título lucrativo.

El total de las cuatro querellas hasta ahora admitidas son causas separadas de la que ya instruye el propio Pedraz desde el pasado mes de junio, cuando admitió la primera denuncia del FROB contra los antiguos responsables de la entidad por estafa, apropiación indebida y administración desleal.

La denuncia se dirigía, principalmente, contra Domingo Parra, Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia Eugenio Calabuig.

Martín cobró en 2012 un sueldo fijo de 1,5 millones de euros. La retribución "de carácter extraordinario y único" por cumplir lo pactado con sus acreedores tiene como objetivo, según figura en el informe de retribuciones de 2012, "tratar de salvaguardar la continuidad del grupo a medio y largo plazo". En virtud de esta cláusula, Martín tiene derecho a cobrar el 31 de diciembre de 2013 el equivalente a una anualidad de sueldo fijo; el 31 de diciembre de 2016 le corresponderán otras dos anualidades de salario fijo; mientras que en 2019 percibirá una cantidad equivalente a tres anualidades de retribución fija.

Además, el presidente de Martinsa-Fadesa tiene recogido en su contrato una retribución de carácter diferido que consiste en una compensación "extraordinaria" equivalente a dos anualidades "que sólo se hará efectiva cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: fallecimiento o invalidez permanente antes de cumplir determinada edad".

Por otra parte, la inmobiliaria solicitará a su junta de accionistas la autorización para poder ampliar capital en 200 millones de euros en el plazo de un año, en el caso de que resulte necesario para reequilibrar su patrimonio y evitar el riesgo de una eventual nueva suspensión de pagos.

La querella la ha presentado el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, que representó en su día a los piratas del Alakrana, en nombre de un matrimonio de ancianos cántabros de 98 y 97 años.

Se dirige contra Liberbank (el banco en el que se integró Caja Cantabria) y contra la empleada que vendió las preferentes, ahora directora de la oficina de la entidad en Reinosa, a los que acusa por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.

En un auto dictado el pasado 16 de mayo y difundido hoy por el abogado, el Juzgado de Reinosa admite a trámite la querella y acuerda abrir diligencias previas para investigar los hechos. Además, cita al matrimonio para el próximo miércoles, 29 de mayo, para tomarles declaración.

La querella explica que el matrimonio, residente en el municipio de la Hermandad de Campoo de Suso y que se ha dedicado toda su vida a la ganadería, suscribió entre 2003 y 2010 varios contratos de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por importe global de 121.000 euros.

Y acusa a la empleada de Liberbank de colocarles estos productos de riesgo "aprovechándose" de su edad, de su "nulo conocimiento" sobre productos bancarios y "utilizando argucias" para hacerles creer que contrataban un depósito a plazo.

En su argumentación, el abogado señala también que en los contratos había términos "equívocos y engañosos", que no les entregaron las condiciones y que los contratos sólo están firmados por el marido, a pesar de que figuran como suscriptores los dos miembros de la pareja.

Hasta ahora las demandas por preferentes se habían planteado en la jurisdicción civil y, en los casos en que los tribunales han dado la razón a los clientes, se han anulado los contratos y se ha condenado a las entidades a devolver los importes invertidos.

La diferencia de este caso radica en que, de prosperar la querella y terminar en condena, podrían acordarse penas de prisión.

Y la querella se plantea así porque, a juicio del letrado, dada la edad de los afectados, sus "escasos o nulos" estudios y la confianza que tenían depositada en la empleada de Caja Cantabria, se ha producido un "verdadero engaño" y se cumplirían los requisitos para considerarlo como un delito de estafa.

Los hechos ocurrieron cuando se recibió una solicitud de la Fiscalía de Jerez de la Frontera (Cádiz) para que se abrieran diligencias penales por un posible delito de estafa cometido contra seis vecinos de Trebujena y Alcalá del Valle, afectados todos ellos por la inversión sin su conocimiento de sus ahorros en participaciones preferentes.

Tras tomar declaración a todos los afectados, los agentes determinaron que los contratos de participaciones preferentes se habían efectuado por la misma persona: el director de la sucursal bancaria. Los afectados, pequeños ahorradores que confiaban a ciegas en esta persona, se han visto afectados por la crisis y en situación de desempleo, por lo que en la actualidad necesitan de esos pequeños ahorros para poder subsistir.

Los afectados firmaron los contratos con la confianza de que era una operación similar a la que habían estado realizando hasta dicho momento con sus ahorros, es decir imposiciones a plazo fijo a cambio de un interés fijo o variable, con la condición pactada de que en caso de necesidad podrían recuperar fácilmente su dinero en caso de necesidad. En ningún caso, según la Guardia Civil, se les había informado de los riesgos: que no podrían recuperar su dinero o de que a través de estos productos estaban financiando a la entidad bancaria, pasando a ser inversor-accionista de la misma.

 Los agentes encargados del casos solicitaron a la entidad bancaria la documentación relativa a los contratos suscritos por los preferentistas, momento en que los responsables del banco decidieron contactar con las personas afectadas para devolverles el importe total de sus ahorros.  Los afectados recuperaron así su dinero, tras obtener un documento en el que la entidad admitía que pudo haber irregularidades en la operación y que estaba dispuesta a consensuar un acuerdo con los clientes.

El Consejo de Consumidores, que ha emitido un voto particular en contra del informe de la Comisión de Valores, afirma que esta no entra en el fondo del asunto, “ya que la raíz del problema” de las preferentes y subordinadas “no deriva del instrumento, sino de su incorrecta comercialización entre la clientela minorista”.

Estas afirmaciones apoyan las tesis de los clientes que pleitean para reclamar que se devuelva toda la inversión porque estos productos se vendieron sin explicar su verdadero riesgo. La CNMV admite que investiga emisiones de preferentes por valor de 6.212 millones y que los expedientes sancionadores afectan a nueve grupos financieros que cometieron 22 incumplimientos, como vender a quien no debían o con escasa información.

Sauquillo critica que la CNMV no denuncia la falta de asesoramiento y otros aspectos relevantes que perjudicaron a los clientes. “En ciertos casos, guardar silencio es la mayor mentira”, concluye el Consejo. La comparecencia de Rodríguez en el Congreso —aún sin fecha— no será fácil.

Pregunta. ¿Por qué una empresa que parecía solvente pidió el preconcurso de la noche a la mañana?

Respuesta. Nuestro plan era sacar a Bolsa parte de los activos de Chile antes de final de año. No pudo ser. Decidimos que podíamos vender una de las áreas de cultivo de salmón, porque con el resto ya superábamos nuestros objetivos de producción. Había varias empresas interesadas. En febrero estuve negociando con Marine Harvest y prácticamente cerramos la venta. Los precios del salmón habían subido. Y decidimos pedir algo más de dinero. Quedó en suspenso. Teníamos esta operación casi hecha. Pero no pudimos cumplir el plan de desinversión. Teníamos graves problemas de financiación a corto plazo. Y eso es lo que comunicamos el 28 de febrero: que o vendíamos rápido los activos o teníamos problemas para continuar con la marcha del negocio y que presentar el preconcurso de acreedores para renegociar la deuda. Con la venta hubiéramos resuelto todos los problemas. No pudo ser y tuvimos que tomar una decisión. Una empresa como Pescanova que factura 1.700 millones de euros necesita al menos 1.700 millones de euros de capital circulante en este sector para funcionar.

P. Solo menciona problemas de tesorería y de crédito. Pero usted mismo acabó reconociendo que también había "discrepancias contables". ¿Se han ocultado deuda o pérdidas?

R. Está todo en la contabilidad de Pescanova.

P. ¿No hay una contabilidad B?

R. No, no la hay.

P. ¿No hay una deuda mayor a la que se comunicó?

R. La deuda depende de cómo la tengas reflejada. Depende de si la tienes con o sin recurso, de si tienes depósitos… hay cosas que cambian el perfil de la deuda. A eso me refiero cuando digo a la CNMV que hay una discrepancia importante en la contabilidad. Todo había sido auditado con los mismos criterios durante años, y BDO siempre dio el visto bueno. Pero en un momento hubo temas de discrepancias sobre si el recurso debe o no estar reflejado. Se habla mucho de la deuda. De lo que se habla poco es el valor de la empresa. Lo importante es si los activos soportan el valor de la deuda. Y el valor de empresa está ahí. Los derechos de pesca, la marca… eso son valores.

P. ¿Y esos valores están en sus libros?

R. Sí, pero ¿cuál es su valor real? Es como si mañana una empresa minera encuentra un yacimiento de petróleo. En sus libros lo pondrá casi a cero. Pero si se lo vende a otra empresa por varios millones, entonces lo apunta en sus libros con un valor concreto. La contabilidad penaliza casos como el nuestro, porque podríamos activar el I+D o inversiones en proyectos de acuicultura, pero lo hemos llevado a gastos. Nuestra marca en los libros de Pescanova está a cero. Las cuotas de pesca están a cero. Y así muchas cosas. Pero su valor intrínseco está ahí.

P. Han aparecido unas 100 entidades financieras a las que les adeuda más de 3.000 millones de euros. En el balance había menos de 1.000 millones apuntados

R. Contabilizados estaban todos. La cuestión es que depende de cómo estaban reflejados. La deuda de Pescanova matriz, que es la que está concursada, es de 2.314 millones de euros, de los cuales 369 millones son de obligaciones convertibles. Según la central de riesgos del Banco de España (CIRBE), a la que pueden acceder las entidades y la CNMV, la deuda es de 1.970 millones más 360 millones de obligaciones convertibles. Casi la misma cifra. Y ambas cifras han sido siempre públicas. La deuda consolidada es mayor, porque las filiales también tienen una deuda adicional. Esas cuentas ahora las tiene la CNMV. Pero la mayor parte está en la matriz.

P. En las cuentas de la CNMV de septiembre de 2012 apuntaban una deuda mucho menor que la que cuenta ahora...

R. La deuda financiera a septiembre se guía por criterios contables que no eran los correctos. Pero si uno contrata a alguien como BDO, lo que espera es que si se equivoca le ayuden a no equivocarse. Pero tanto BDO como la CNMV tenían acceso al CIRBE.

P. Los accionistas no tienen acceso a esa información.

R. Realmente en las presentaciones para inversores lo que se valora es la capacidad de generar valor, el Ebitda. Y nuestros proyectos los tienen.

P. Pero a los accionistas les dijeron que tenían 1.522 millones de deuda...

R. En la contabilidad está todo. La presentación de un balance puede variar de muchas maneras. Si tienes factoring sin recurso, ya no está en la deuda. Si tienes descuento sin recurso, tampoco lo tienes que meter. Si hablas de deuda financiera neta y tienes depósitos, entonces baja tu deuda financiera neta... Eso es lo que hace que determinadas presentaciones las puedas hacer.

P. La CNMV y el auditor forense investigan si se han usado facturas falsas. ¿Se usaron?

R. Aún no está el informe del auditor forense, pero no es así.

P. El juez Ruz le ha citado como imputado por posible falseamiento de cuentas. ¿Qué le parece?

R. El juez lo que hace es admitir el informe de la Fiscalía, que ya era conocido. Si hay un falseamiento de cuentas debería ser imputado BDO, el auditor.

P. ¿Usted no?

R. La querella también va contra mí. Pero todo eso se aclarará en la justicia. En realidad el auto va más en la línea de investigar si con la venta de acciones hubo una situación incorrecta o delictiva de una serie de accionistas. Porque si hablamos de falseamiento de cuentas, debería haber imputado a BDO o incluso la CNMV, que tenían todos los datos.

P. ¿Conocía BDO que existían todas esas deudas?

R. Sus informes no tuvieron salvedades durante 10 años.

P. Si cree que no hubo falseamiento, ¿admite al menos que hubo error?

R. No hubo falseamiento, por tanto, si estuviera mal, habría error. Pero estaba todo en la contabilidad y todos ellos tuvieron acceso a todo.

P. ¿Por qué no comunicó la venta de sus acciones a la CNMV como manda la ley?

R. Uno cuando vende, puede hacerlo por dos motivos: porque no cree en la compañía o porque creyendo, necesita hacerlo, porque le hace falta. Mi caso es el segundo. Si yo no hubiese creído en Pescanova o en su proyecto, hubiese vendido todo y me hubiera ido. Yo ni dimití ni me fui. Sigo siendo el accionista mayoritario. Y destiné una parte del dinero a dar liquidez a la compañía.

P. Logró 32 millones y destinó menos de 10 a la empresa. ¿Qué pasó con el resto?

R. Destiné la parte que me quedó. Porque desgraciadamente yo tenía problemas de liquidez y obligaciones financieras que atender

P. ¿Y por qué no comunicó la venta a la CNMV?

R. Antes que eso, me gustaría explicar qué información relevante es la que yo tenía: que estaban subiendo los precios del salmón, del langostino, del rodaballo...

P. Eso es información pública.

R. Esa es una información que yo usé en febrero. Lo que yo sabía es lo que precios estaban subiendo de forma muy importante. Y cuando uno vende con subidas de precios del 30%, no vende porque quiere. Vende porque hace falta. Pescanova no solo es viable: va a salir adelante y va a ser mucho más rentable porque las inversiones ya están hechas.

P. Pero usted también sabía que la empresa tenía serios problemas de liquidez...

R. No los tenía si vendíamos el salmón. Y de hecho, estaba prácticamente vendido. Y con estos proyectos funcionando de esta manera obviamente tendríamos también unas expectativas de Ebitda mucho mejores que las inicialmente previstas. Yo me retrasé en la comunicación a la CNMV y lo hice en mi perjuicio, porque al final lo he comunicado yo mismo, y con todo lujo de detalles…

P. Cuando la CNMV ya le estaba investigando…

R. Lo hubiese tenido que comunicar igualmente. Es algo que a mí me perjudica, lo hubiese podido haber hecho en enero, o en febrero, me habría ido mejor porque no tendría los problemas que tengo ahora. Pero a la empresa le hubiese ido peor. A veces tienes que optar por el sacrificio. ¿Quién se pudo beneficiar de que yo me retrasara en comunicar? Pues solo Pescanova. No tenía ninguna duda de que salíamos adelante. Y si no, me hubiese sido mucho más fácil dimitir, vender mis acciones y evitar dar explicaciones

P. Quizá fuera bueno para la compañía, ¿pero lo era para los accionistas?

R. Nosotros sugerimos el 28 de febrero, cuando hablamos del preconcurso, que la cotización quedara suspendida. Se suspendió, pero 24 horas después se levantó. ¿Por qué la CNMV levantó la suspensión en 24 horas? ¿Qué cambia en 24 horas? A eso siguió un periodo de siete días de altísima volatilidad, con caídas que obligaron a los fondos a vender para parar las pérdidas. No lo hubiéramos tenido si la CNMV no hubiera actuado así. Muchos fondos probablemente no hubieran vendido, pero se produjo confusión. Fue un gran error por parte de la CNMV.

P. El consejero Jesús García, una persona muy cercana y que ha trabajado toda la vida en la empresa, ha dimitido porque dice que ha perdido la confianza en usted. ¿Qué le parece?

R. En la estrategia de defensa de cada consejero y de cada uno, a veces se dicen cosas... Pero estoy dispuesto a aceptar la crítica de todo aquel que crea que tiene motivos para criticarme.

P. La CNMV sospecha también que ocultó pérdidas.

R. ¿Cuánto vale Pescanova? ¿Cuánto es lo que hemos creado? Lo que hemos creado evidentemente son beneficios. ¿Pescanova vale más de 4.000 millones de euros? Los vale. Estos años hemos generado un crecimiento de valor muy grande.

P. ¿Pero ganaban dinero o no?

R. Los activos soportan todo lo el pasivo. Y si no, no nos los querrían comprar todos. Hay montones de gente interesada. Hemos creado ese beneficio, ese valor.

P. ¿Tiene miedo de poder ir a la cárcel?

R. Empecé en el año 76. Durante los 37 años de mi vida que he dedicado a Pescanova he cometido errores y desaciertos. Pescanova ha vivido momentos más difíciles que este y los ha superado: he vivido etapas en las que no había proyectos; cuando la ONU extendió la zona económica exclusiva de explotación de los recursos marinos a 200 millas y nos quedamos sin sitio donde ir a pescar en 1982; a principio de los 90 vivimos una devaluación brutal de la peseta que ni siquiera Argentina ha sufrido… Ha habido fallos. Pero nuestros aciertos han sido superiores. Porque Pescanova nunca ha tenido un proyecto mejor armado que el que tiene ahora. He dedicado mi vida, he sacrificado mi familia, mi patrimonio... Y le digo más: me he arriesgado quizá sin saber que podía tener problemas de financiación que luego han llegado. Yo no tengo miedo de no haber sido honesto con mi moral, porque creo que siempre he hecho lo mejor para una empresa que hoy tiene 11.000 trabajadores. Hemos generado riqueza donde no la había, y todo el mundo ha cobrado siempre sus nóminas.

P. ¿Cree que la empresa se salvará en manos de Deloitte?

R. Lo que creo es que en España, en todos los concursos voluntarios, hay un régimen de intervención. Y en un concurso necesario, el consejo desaparece. Pero en nuestra situación se decretó algo que no es ni una cosa ni la otra. Y eso es atípico. Especialmente en una empresa tan compleja como esta. Es compleja para Deloitte y para cualquiera. Pero dicho eso, yo soy el primer interesado en que Pescanova salga adelante porque lo he sacrificado todo por ella. Así que estoy colaborando. Porque no olvide que sigo siendo el mayor accionista de la empresa.

P. ¿Presionó a una empresa que presta servicios a Pescanova para que despidiera al marido de una periodista de Expansión por lo que había publicado de su compañía?

R. No. Además, tendría que estar loco, ¿no? Le voy a decir más: llegué a ofrecerle a ella ser jefe de prensa de Pescanova. Y le ofrecieron a él que se reincorporase. Lo único que le pidieron es que, si ella estaba escribiendo de Pescanova, él en los temas de Pescanova no interviniera. Pero al final, como es mi palabra contra la de otros, si no me quieren creer, qué voy a hacerle.

La lista de Ruz no termina ahí: ha decidido también imputar (como persona jurídica) a la propia entidad Pescanova y a otras sociedades vinculadas con ella por falseamiento de información económica y financiera. Todos los imputados han sido citados a declarar los días 1 y 2 de julio. Debe acudir, además, como testigo José Carceller, representante de la cervecera Damm en el Consejo de Pescanova y uno de los miembros de la cúpula que más activamente han acusado a Sousa de mala gestión en los últimos meses.

En el auto, el magistrado encarga, además, a la Policía Nacional la realización de un “informe sobre eventuales cambios significativos operados en el patrimonio de Manuel Fernández de Sousa y de su entorno familiar durante los años 2012 y 2013, que supongan salidas, pérdidas, transformación o transferencias reales o aparentes de activos”.

La rocambolesca historia de Pescanova acabará finalmente en los tribunales. La empresa, aparentemente solvente y embarcada en enormes proyectos de piscifactorías, encendió las primeras alarmas el pasado 28 de febrero, cuando aseguró que no iba a presentar las cuentas del ejercicio de 2012. Después, como un castillo de naipes, su solvencia se ha ido derrumbando en menos de tres meses. A mediados de marzo reconoció “discrepancias contables” que han acabado en un concurso de acreedores y una trama que incluye la ocultación de deuda a través de filiales internacionales y la venta a escondidas de paquetes de acciones por millones de euros.

Ruz afirma en su escrito que entre agosto de 2012 y el pasado enero los administradores de Pescanova proporcionaron supuestamente “una imagen irreal de la situación económica y patrimonial” de la compañía, lo que llevó a los accionistas querellantes a adquirir acciones de la pesquera en el mercado de valores. Recuerda que en julio y agosto de 2012, Pescanova realizó una ampliación de capital y captó 124,9 millones. Según las querellas ninguna de las informaciones proporcionadas por Pescanova —cuentas anuales, folletos informativos a la CNMV e informes financieros— reflejaban la imagen fiel de la empresa. Hasta el punto de que, solo el 28 de febrero pasado, Fernández de Sousa comunicó al regulador bursátil dudas sobre la continuidad de la entidad. Al día siguiente, Pescanova iniciaba ya el proceso concursal y sus acciones fueron suspendidas de cotización.

En cuanto a las imputaciones por uso de información privilegiada, el auto del juez de la Audiencia Nacional se apoya principalmente en el informe que realizó la Fiscalía Anticorrupción, que, a su vez, se basaba en investigaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sostenía que era necesario investigar las ventas de acciones a espaldas del regulador realizadas justo antes de que salieran a la luz los problemas de la pesquera gallega. Entre Fernández de Sousa, Paz-Andrade, Barreras y Pérez-Nievas se deshicieron en dos meses de títulos por valor de al menos 46,2 millones de euros. Y, al hacerlo antes de que los problemas de la firma fueran públicos, evitaron perder en total 26,6 millones. Pérez-Nievas aseguró que había vendido acciones “por casualidad” y que las recompró después, aunque mucho más baratas que cuando se deshizo de ellas.

El juez exige que le sean enviados, además de todos los papeles relativos a las investigaciones de la CNMV sobre Pescanova, documentos sobre ventas de acciones a las entidades Sabadell y CaixaBank, así como informes sobre la compañía al auditor BDO.

La firma DLA Piper fue el resultado de la fusión en 2005 de DLA, Piper Rudnick y Gray Cary. En 2003 el Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares al bufete Piper Rudnick para promocionar su imagen con el fin de obtener la distinción, finalmente fallida. Aznar fue recibido en el Congreso de Estados Unidos en febrero de 2004. Durante las semanas anteriores, el bufete de abogados redactó una carta, en nombre del entonces embajador "para describir los logros del presidente Aznar durante sus ocho años de presidencia", y contactó con despachos de congresistas para "rogar la asistencia" al discurso que pronunció Aznar.

El Tribunal de Cuentas investigó en 2010 al expresidente del Gobierno por la presunta "responsabilidad contable" que podría haberse derivado de la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida". Un año después el Tribunal archivó la causa al no ver responsabilidad del exjefe del Ejecutivo. Ahora Aznar asesorará al bufete del que forma parte la entidad.

En el consejo mundial de DLA Piper, integrado por 12 miembros, solo hay un socio senior español, Juan Picón. La mitad de los miembros son estadounidenses, hay varios políticos y su presidente emérito es George J. Mitchell, exsenador y actual enviado especial para Oriente Próximo. Presente en más de 30 países, DLA Piper cuenta con 4.200 abogados, 124 en España, y fue el despacho con mayor facturación mundial en 2012.

Ese impuesto, que había sido una de las promesas más simbólicas del presidente, el socialista François Hollande, durante la campaña para su elección en mayo de 2012, se retomará en el proyecto de ley de presupuestos para el próximo ejercicio, indicó Moscovici en una entrevista publicada este viernes por Les Echos.

Este impuesto lo tendrá que abonar la empresa que remunere con más de un millón de euros a alguno de sus empleados, precisó. El Consejo Constitucional había invalidado en diciembre pasado el dispositivo que instituía esa tasa, que tiene un apoyo amplio entre los franceses, por considerarlo que era discriminatorio con algunas unidades familiares.

En concreto una pareja en la que sólo uno de los dos tuviera ingresos pero superaran el millón de euros se vería sometido al impuesto, mientras que otra en la que ambos ganaran conjuntamente más de esa suma pero no individualmente, quedaría exonerada. Moscovici señaló, por otra parte, que no legislará para imponer topes a la remuneración en las empresas privadas —como se ha hecho en las públicas— ni otras reglas de gobernanza, porque la patronal se ha comprometido a autorregularse.

Explicó que se reunió la semana pasada con los presidentes de las principales organizaciones de empresarios y se comprometieron a "presentar rápidamente un refuerzo ambicioso de su código de gobernanza". "Preferimos una autorregulación exigente. Pero atención: si las decisiones anunciadas no están a la altura, nos reservamos la posibilidad de legislar", advirtió.

Moscovici insistió en que la Comisión Europea no había "impuesto nada" a Francia a cambio de autorizar un retraso de dos años, hasta 2015, el cumplimiento de un tope de déficit inferior al 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), que se fija en el Pacto de Estabilidad. Insistió en que el ritmo de reducción del déficit que ha programado su Gobierno "es un esfuerzo considerable" que cree "será considerado suficiente".

"Ir más allá sería operar un sobreajuste y poner en peligro el retorno al crecimiento. Es la diferencia entre la seriedad que reivindicamos y la austeridad a la que nos negamos", añadió.

De modo que la prioridad en el casting para elegir al nuevo director era dar un lavado de cara a la institución para congraciarse con la ya emergente Asia. Dentro de las limitaciones impuestas por la geopolítica, la renovación tendría que pasar por un nombre europeo. Desde su creación en 1944 en la conferencia de Bretton Woods, en Estados Unidos, todos los directores gerentes del FMI han sido europeos, y todos los presidentes del Banco Mundial, su institución gemela, estadounidenses. El elegido fue el alemán Horst Köhler.

Aquí empiezan los problemas en el liderazgo de una institución que muy bien podría grabar en sus estatutos el refrán “Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”. El sucesor del ahora añorado Camdessus tuvo un mandato plácido, que desembocó en la presidencia de Alemania, en marzo de 2004, con el apoyo de democristianos y liberales. Sin embargo, en mayo de 2010, Köhler se vio obligado a dimitir. El presidente, de visita sorpresa a las tropas alemanas destinadas dentro de la misión ISAF de la OTAN en Afganistán, afirmó que un país del tamaño de Alemania, con su capacidad exportadora y dependencia del comercio exterior “debería ser consciente de que los despliegues de tropas son necesarios en una emergencia” para defender los intereses del país. En una sociedad en la que, casi 70 años después de la caída del Tercer Reich, el envío de tropas al exterior es todavía un tabú, sus palabras fueron interpretadas como una justificación de guerras para defender intereses económicos. Ese fue su final.

Su sucesor en Washington fue el exministro español de Economía en los Gobiernos de José María Aznar, del Partido Popular, entre 1996 y 2004, Rodrigo Rato. Después de gestionar las cuentas del Estado durante los años de crecimiento español, el nuevo director gerente no agotó su mandato de cinco años y en junio de 2007 anunció su intención de abandonar el cargo aduciendo motivos personales, justo antes del inicio de la crisis de las hipotecas subprime, el primer episodio de la larga crisis financiera internacional. El Fondo, bajo su mandato, no emitió ninguna señal de aviso, ni publicó informe alguno en el que diera la voz de alarma. Tras su regreso a España, Rato tomó los mandos de Bankia en enero de 2010, hasta que dimitió el 7 de mayo de 2012, con la institución al borde de la bancarrota.

Para reemplazar a Rato y responder a las primeras sacudidas de la crisis el elegido fue el francés Dominique Strauss-Kahn (DSK). Uno de los líderes del Partido Socialista Francés con más posibilidades de retar al presidente conservador Nicolás Sarkozy en las presidenciales de mayo de 2012, Strauss Kahn parecía dispuesto a seguir la línea de Köhler y Rato y dejar plantado al FMI para regresar a su país. Un nuevo problema de liderazgo se atisbaba en el horizonte, hasta que el problema se convirtió en calamidad absoluta. El 14 de mayo de 2011 DSK era desalojado por la policía de Nueva York de un avión con destino a París en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de la ciudad estadounidense. El motivo de la detención fue la acusación de agresión sexual e intento de violación de una de las trabajadoras del hotel Sofitel de la “Gran Manzana” en el que el político francés se había hospedado. Cuatro días después DSK dimitía. Las imágenes de un director gerente del FMI esposado dieron la vuelta al mundo.

El descalabro solo podía ser resuelto con una elección que corrigiese los desmanes anteriores. En Julio de 2011 la ministra de Economía francesa, Christine Lagarde, se convertía en la primera mujer en dirigir el Fondo. Su excelente inglés, su experiencia en los Gobiernos de Sarkozy como presidenta de turno del Ecofin, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la Unión Europea durante la presidencia de turno francesa del Consejo Europeo, y en el sector privado, en el prestigioso despacho de abogados Baker & McKenzie, hacían pensar en una decisión acertada.

El FMI de Lagarde, como miembro de la troika, junto con el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE), ha impuesto a los países rescatados de la eurozona, Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre, la misma receta que el FMI de su compatriota Camdessus al sudeste asiático hace 15 años. En este periodo la institución no ha encontrado tratamientos menos dolorosos contra la crisis financiera. Lo que sí parecía haber encontrado, por fin, era un líder fuerte, carismático y duradero.

Hoy Lagarde ha comparecido ante la Corte de Justicia de la República de París para ser interrogada por el llamado escándalo Tapíe. La Fiscalía acusa a Lagarde de “complicidad en falsedad de documento público y malversación de fondos públicos”, lo que podría acabar con su imputación. Los supuestos delitos fueron cometidos cuando formaba parte del Gobierno de Nicolas Sarkozy durante el proceso de arbitraje que desembocó, en julio de 2008, en el pago de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie, amigo del anterior presidente de la República. Lagarde no recurrió aquella decisión y cerró así un largo litigio entre Tapie y el banco público Crédit Lyonnais por la venta de Adidas en 1993.

El FMI ha mostrado su “confianza” en que Lagarde pueda “seguir desarrollando sus funciones de forma eficaz”.

En futuras quinielas no faltará quien reclame como solución el regreso del octogenario Camdessus.

Y para ello aporta una serie de recetas: la tarea urgente de romper los lazos entre bancos y gobiernos, la ampliación de las reformas, acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, impulso del empleo, el apoyo a las pequeñas empresas. El semanario denuncia que la inacción en la que está sumida la institución europea no es tanto porque no haya cosas que hacer," sino porque no hay voluntad para hacerlas" y responsabiliza a  Alemania y sus próximas elecciones y a Hollande y sus problemas con los franceses y la consecuente parálisis que tales cuestiones suponen en la relación franco-alemana, motor del avance europeo. Pero también resalta el resentimiento de los europeos hacia sus políticos y sus instituciones. Considera sin embargo el deseo de los ciudadanos de mantener la moneda única (recoge el estudio del Centro de Investigación Pew en el que un 70% de los griegos apoyan el euro a pesar de ser el país que más está sufriendo con la crisis). Sin embargo, los europeos no apoyan las recetas de sus políticos para sacar al continente de la crisis y por ello insta a los líderes de la Unión a despertarse.

Tras la aceptación por parte de la mayoría de sus accionistas de la oferta pública de adquisición (OPA) de 9,25 euros por título efectuada por el holding, el consejo de administración de Vueling tratará en su reunión de este viernes dicha oferta de exclusión, aunque la aprobación de la decisión se tomará en la próxima junta de accionistas.

La oferta formulada por Veloz Holdco, filial de IAG, y dirigida al 100% de las acciones de la aerolínea que preside Josep Piqué, contempla que Vueling seguirá funcionando como compañía independiente dentro del grupo aéreo y su consejero delegado, Álex Cruz, reportará al consejero delegado del holding, Willie Walsh.

Por otra parte, IAG también ha informado este viernes que ha concedido al nuevo consejero delegado de Iberia, Luis Gallego, un plan de acciones por objetivos para equiparar su remuneración con la del resto de primeros ejecutivos del grupo. En concreto, ha otorgado derechos sobre 273.198 títulos, lo que al precio de cierre de la acción del pasado jueves equivale a 890.000 euros. Los derechos no se consolidarán hasta dentro de tres años a contar y "estarán sujetos al cumplimiento de una serie de condiciones de desempeño", añade la nota.

Concretamente, la consolidación del 50% de los derechos estará supeditada a la evolución del retorno total para el accionista de IAG respecto a la evolución del índice del resto del sector y el 50% restante al cumplimiento del objetivo del beneficio de la acción.

Para cada una de estas dos condiciones se habrá de alcanzar un nivel mínimo de desempeño respecto a la evolución del retorno total para el accionista y el 10% bajo el beneficio por acción. Igualmente, la consolidación máxima de estos derechos solo tendrá lugar con la consecuión de un exigente nivel de desempeño.

La 'low cost' irlandesa ha vuelto a rechazar la última propuesta del gestor aeroportuario que representa un incremento de las tasas en los aeropuertos españoles de entre un 2,5% y un 6% en los próximos cinco años, según sus cálculos.

El gestor aeroportuario firmó este jueves un acuerdo con las principales compañías aéreas, representadas por las patronales Aceta, AECA, IATA, ALA, y AOC España, por el que se fija una subida del IPC más un punto en 2014 de las tasas aéreas, cuatro puntos menos de lo inicialmente previsto, y para 2015 prevé una subida del IPC más tres puntos, mientras que para 2016, 2017 y 2018 el aumento fijado es del IPC más cuatro puntos.

No obstante, Ryanair ha criticado que Aena, "el operador aeroportuario del gobierno que opera en régimen monopolístico", y la ministra de Fomento, Ana Pastor, han desestimado cooperar con las aerolíneas, dándoles en su lugar un ultimátum que implica un incremento de precios sobre los ya de por si elevados precios actuales, según ha dicho.

La aerolínea ha sostenido que la finalidad de la subida es "pagar el déficit generado como consecuencia del despilfarro efectuado en terminales y pistas que nadie había solicitado ni tienen ninguna justificación lógica".

Asimismo, la compañía aérea presidida por Michael O'leary ha aseverado que tanto Fomento como Aena se han negado a consultar con Ryanair a pesar de ser "su principal cliente" al tratarse de la aerolínea que más pasajeros transporta en España y la única que ha conseguido generar de manera consistente crecimiento en los aeropuertos españoles, según la aerolínea.

"No se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a esta propuesta efectuada para 2014, que se encuentra fuera de la legalidad", ha criticado.

El tráfico caerá en 15 millones

De igual forma, Ryanair ha recordado que en su primer año al frente del Ministerio, Pastor ha sido testigo de un descenso del tráfico cifrado en 10 millones de pasajeros, y ha advertido de que a lo largo de su segundo año el tráfico sufrirá una caída aún mayor, de 15 millones de pasajeros a lo largo de 2013.

A su juicio, esta posible caída del tráfico es consecuencia de las ya excesivas tasas impuestas por Aena, ha dicho, por lo que en su opinión "incrementar aún más el ya de por si anticompetitivo nivel de tasas, acelerará el descenso de pasajeros y causará daños mayores a la industria turística en España".

Además, esta situación se produce "en un momento en el que el 25% de la población española está desempleada y el empleo juvenil alcanza unos niveles alarmantes del 57%", ha añadido.

"Maryores recortes"

En este punto, Ryanair ha lamentado que el ente público haya rechazado su propuesta para generar crecimiento, que "habrían generado anualmente más de cinco millones de pasajeros, 5.000 puestos de trabajo y 1.200 millones de euros en ingresos turísticos".

"En su lugar nos encontraremos con un mayor declive de pasajeros y número de turistas, que provocarán un nivel de desempleo aún mayor", ha asegurado Ryanair, que ha avisado de que será totalmente inevitable como consecuencia de los mayores recortes de capacidad que Ryanair efectuará en los aeropuertos españoles mientras que sigue creciendo en otros aeropuertos europeos que ofrecen precios más competitivos, ha recalcado la aerolínea.

El portavoz de Comunicación de la compañía, Robin Kiely, ha destacado que "la magnitud del declive del tráfico en la red de aeropuertos de Aena en los últimos años no tiene precedentes y no se ha producido en ninguna de las principales economías europeas".

"La pérdida de 30 millones de pasajeros en los últimos seis años y la destrucción de 30.000 puestos de trabajo es resultado directo del incremento de las tasas", ha sostenido Kiely, que ha indicado que la decisión de Pastor de continuar con esta política totalmente equivocada, a su juicio, ha dado como fruto un dramático descenso del tráfico.

Insiste en la reducción de precios

"Como aerolínea número en España y con un pedido de 175 nuevos aviones, Ryanair es la única aerolínea que puede hacer crecer el tráfico, el turismo y el empleo", ha insistido Kiely, que ha hecho un llamamiento a Aena y a la titular de Fomento para que cambie su equivocada estrategia y se centre en reducir los precios para estimular el tráfico y el incremento del turismo en España.

"Esto traería como consecuencia un incremento inmediato de miles de empleos de los que se podrían beneficiar principalmente los más jóvenes y reducir la escandalosa tasa de paro del 57% que sufre este sector de la población española", ha concluido.

La operación de los parques eólicos, anunciada el pasado 31 de diciembre y cuya materialización estaba pendiente de las pertinentes autorizaciones regulatorias, ha tenido un valor de 350 millones de euros, a los que podrían sumarse hasta 50 millones de euros adicionales en función de las condiciones de viento de las instalaciones transferidas.

Tras esta venta, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán dice "avanzar de forma satisfactoria en el cumplimiento de sus objetivos", lo que le permitirá seguir manteniendo la fortaleza financiera. A estas desinversiones se suman otras medidas para fortalecer el balance, entre ellas la moderación de las inversiones y la mejora de la eficiencia.

Gracias a ellas, Iberdrola confía en superar un entorno adverso y conseguir los objetivos de mantener el beneficio bruto de explotación (Ebitda) y el beneficio neto medios en el período de referencia en línea con los de 2011, así como en reducir su deuda en unos 6.000 millones de euros.

La de Francia es la segunda gran desinversión en lo que va de año. En febrero, ya vendió a las empresas polacas Energa Hydro (filial de Energa) y PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) todos sus activos eólicos en Polonia por unos 203 millones de euros.

Tres meses antes, en diciembre, había anunciado la venta a Fluxys de su participación del 20% en el capital social del gasoducto Medgaz por un importe aproximado de 146 millones de euros. También transfirió activos eólicos terrestres en Alemania por unos 53 millones y acordó en Francia con EDF Energies Nouvelles, Munich Ergo Asset Management (MEAG) y General Electric la venta de 32 parques eólicos por 350 millones.

Según el informe de calificación al que ha tenido acceso Efeagro, la administración concursal de Carcesa pide, en el caso de Zoilo Pazos Jiménez y su tío José María Ruiz-Mateos, la inhabilitación para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a un tercero por un plazo de 15 años.

Solicita que se les condene a cubrir el déficit del concurso de Carcesa al que no se llegue con la liquidación de activos.

También requiere que se les condene, junto al Banco Etcheverría en su condición de cómplice, a indemnizar por los daños y perjuicios causados, cuantificados en 62,51 millones de euros, por la retirada del efectivo realizado de las cuentas de la concursada.

Además, en el caso de Zoilo Pazos y de su tío José María Ruiz-Mateos, les pide que se les condene de forma solidaria a pagar una indemnización por los daños y perjuicios causados, y cuantificados en 19,27 millones por la transferencia de fondos a Bardajera y la falta de reintegración a la masa de los mismos sin causa de justificación alguna.

Para la administración concursal, la operativa seguida por la empresa manejada por sus administradores y sus cómplices ha consistido en dos actuaciones.

De los trabajadores que en un principio estarán incluidos en el ERE, 82 pertenecen a la central situada en A Coruña, y 119, a tiendas. Fuentes próximas a la empresa han afirmado que se trata de "un ERE de máximos", de forma que si se produce una evolución comercial positiva y se recuperan las ventas, "podría bajarse el número" de empleados afectados.

Según ha informado la firma textil, que está integrada en el grupo Inveravante, la corporación fundada en 2007 por Manuel Jove, el objetivo de este ERE es "evitar el cierre de la compañía", cuyas pérdidas operativas solamente en el último ejercicio ascendieron a 15 millones de euros.