El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha solemnizado en el Pleno del Congreso lo que viene repitiendo en público y en privado desde hace semanas. "Ya me gustaría bajar impuestos, pero no hay margen", ha manifestado en referencia a las exigencias del expresidente. El titular de Hacienda, que ya aseguró ante Esperanza Aguirre que el Gobierno de Aznar tardó tres años en bajar impuestos, ha calificado, además, sus palabras de "añoranzas y melancolías". En su opinión, hay que dejarlas "para otro día".

La número dos del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que Mariano Rajoy y su Gabinete trabajan para "sacar adelante" el país. "España vive un momento muy difícil. Este Gobierno está trabajando para sacarlo adelante", ha manifestado en los pasillos del Congreso de los Diputados al recordar, frente a la bajada de impuestos y al giro de la política tributaria que reclama Aznar, que el Ejecutivo "agradece especialmente todas las aportaciones que se puedan hacer para que en este país se vuelva a crear empleo y se vuelva a crecer". "En esto es en lo que estamos y eso es a lo que nos dedicamos", ha agregado.

En la misma línea, el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha subrayado que "lo que ayuda a la recuperación del país es el proyecto reformista que lidera Mariano Rajoy". "Todo el mundo puede realizar aportaciones y, por supuesto, Aznar. Un sistema democrático se basa en el debate público informado y en las opiniones que unos y otros puedan dar", ha concedido. Aun así, ha destacado que Rajoy cuenta con una mayoría que le respalda en el Parlamento y en él han depositado su confianza los electores.

Uno de los más claros con Aznar ha sido el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, que fue su ministro de Agricultura y de Administraciones Públicas. "Las cosas se van para no volver y ahora los tiempos van por otro camino", ha señalado. "El paso del tiempo es inexorable. Hay que cosas que tuvieron su momento y creo que los que estuvimos con él podemos estar muy orgullosos, pero las cosas se van para no volver". Pero la valoración de Posada ha ido más allá. "Es que el ser humano es como es, y cada uno piensa lo que piensa de sí mismo. Yo digo mi opinión desde fuera, él opina visto desde si mismo, desde dentro", ha manifestado.

También el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo a Rajoy. "El PP es un partido de lealtades", ha afirmado. "Y ese partido ha sido leal con el presidente Aznar, es leal con el expresidente Aznar y eso significa, en consecuencia, que tiene una lealtad inquebrantable con el presidente Rajoy". Preguntado sobre la posibilidad de que el expresidente vuelva a la política en activo, ha asegurado: "No deduzco de la entrevista esa actitud ni esa propuesta del expresidente".

Los ministros de Sanidad y Justicia, Ana Mato y Alberto Ruiz-Gallardón.se han limitado a mostrar su respeto a todas las opiniones. No obstante, en las filas populares el malestar es palpable. El nuevo portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Semper, ha ironizado desde su cuenta de Twitter: "Zapatero se consolida como el mejor expresidente de Gobierno". Desde el PP vasco, también se ha pronunciado Iñaki Oyarzábal. El número dos de la formación en Euskadi ha asegurado que Aznar sabe que el PP "respalda mayoritariamente" las políticas de Mariano Rajoy, tras lo que ha pedido "lealtad" hacia el actual jefe del Ejecutivo y al PP, informa EP. 

Muy significativa ha sido también la valoración de Josep Antoni Duran Lleida. El portavoz de CiU en el Congreso cree que  Mariano Rajoy tiene la legitimidad de las urnas y "no se merece las palabras del expresidente Aznar. "No le ha hecho ningún bien a Rajoy, y Rajoy no se merece las declaraciones del presidente Aznar", ha afirmado Duran en unas declaraciones que apuntan a una mejora de las relaciones el Gobierno de Artur Mas.

Desde el PSOE, la número dos de la formación, Elena Valenciano, ha manifestado que la posibilidad del regreso de Aznar le parece una mezcla del  "túnel del tiempo y el túnel de los horrores".  El coordinador de IU, Cayo Lara: "Aznar ya nos dejó una herencia en este país. Dejó al país en una guerra [en Irak] y con las consecuencias tan dramáticas que vinieron después de esa guerra". 

“No creo que la vuelta al pasado sea la solución”. Así de tajante ha sido el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, cuando se le ha preguntado por el retorno de José María Aznar a la política, idea con la que jugó anoche el expresidente, informa Manuel V. Gómez. “España necesita mirar al futuro”, ha seguido Fernández Toxo. A tampoco el líder de UGT, Cándido Méndez, le entusiasma la idea de que vuelva Aznar: “Nunca segundas partes fueron buenas. Y a mi tampoco me lo pareció la primera”.

Toxo, en un desayuno organizado por Nueva Economía, ha recomendado al expresidente del PP que antes de plantearse volver haga suya la frase del rey: “Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Y que lo haga en referencia a la ley del suelo, a la foto de las Azores…”.

González: "El mejor presidente del Gobierno"

Solo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha manifestado hoy su apoyo a Aznar. Y ha dicho que este ha sido "probable el mejor presidente del Gobierno que ha tenido España en estos años" y que sus opiniones son "enormemente interesantes para todos", informa Efe.

"Todas las expresiones, manifestaciones y opiniones de Aznar me parecen de enorme interés", ha respondido González en un acto en el que ha sido preguntado, hasta en cuatro ocasiones, sobre la posibilidad de que el expresidente del Gobierno regrese a la política.

Las carpetas incautadas por la policía hace más de dos años en la nave de Alcorcón, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestran los desproporcionados beneficios que la red obtenía de contratos públicos en AENA (organismo aeroportuario dependiente del Ministerio de Fomento) o en numerosos Ayuntamientos dirigidos por alcaldes populares.

Esa misma documentación también recoge las pérdidas que la trama corrupta se anotaba en determinados actos del PP, dado que o bien los hacía gratis, como el que protagonizó José María Aznar en Marbella para presentar a la nueva candidata a la alcaldía a finales de 2002, o bien aplicaba rebajas excepcionales, como en la convención del PP valenciano de junio de 2002.

La red Gürtel dejó constancia documental de todos sus manejos. Lo que sigue tan sólo es una pequeña muestra.

» Actos gratis o rebajados. El 26 de noviembre de 2002, a menos de seis meses de las elecciones municipales, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, se desplazó a Marbella para apoyar a la candidata electoral del PP a la alcaldía de esa localidad. Special Events, la empresa de la red Gürtel que organizaba todos los actos del PP, se encargó del montaje y decoración del pabellón que albergó la cena donde Aznar arropó a su candidata. El coste de esos servicios, según la contabilidad secreta, fue de 5.245 euros, que el contable de la trama registró como pérdidas con un apunte en el que se podía leer: “Regalo Sr. Correa”. El jefe de la trama decidió regalar al PP el coste del montaje del acto preelectoral, en el que participó el entonces jefe del Ejecutivo. No fue el único. En la documentación también se pueden ver facturas de otros actos con un signo negativo en el capítulo de beneficios, como el que tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia el 8 de junio de 2002. Según la contabilidad secreta de la red Gürtel, el acto tuvo un coste real de 20.067 euros, pero por “orden dada por Álvaro [Pérez]”, jefe de la trama en Valencia, tan solo se facturaron al partido 6.010 euros. Las pérdidas para la red por este acto se elevaron a 14.057 euros.

» Contratos municipales. Entre la documentación aportada al sumario, figuran cientos de contratos con Ayuntamientos gobernados por el PP, con márgenes de beneficio para la red que superan en muchos casos el 100%. Uno de los ejemplos más significativos es el recogido por la trama en la contabilidad particular de los premios de periodismo Luis del Olmo a la libertad que se celebraron el 16 de junio de 2002 en la plaza mayor de La Nucia, un municipio alicantino gobernado por el PP.

La red Gürtel, que se encargó de organizar todo el acto, facturó por el mismo 305.662 euros. Siempre según su contabilidad, la trama apuntó un coste real de 184.708 euros y un beneficio de casi 121.000 euros. Entre los conceptos que detalla, esa contabilidad da cuenta por ejemplo de que la red pagó a la presentadora del evento 6.010 euros, pero facturó al Ayuntamiento por este servicio concreto 12.020 euros; el coste real de los decorados fue 90.000 euros, pero facturaron por los mismos 120.202.

» El negocio de AENA. Francisco Correa, jefe de la red Gürtel, presumió ante el juez Baltasar Garzón, que había conseguido contratos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) gracias a su amistad con Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento entre 2000 y 2004. La documentación que la red guardaba en la nave de Alcorcón recoge muchos de los servicios prestados por las empresas de Correa a AENA, con porcentajes de beneficio próximos al 100%. Algunos ejemplos:

— El acto denominado “Inauguración terminal Barajas, entierro de la primera piedra”, celebrado el 20 de junio de 2000, fue organizado por la empresa Special Events, de la red Gürtel, que facturó por este evento a la Unión Temporal de Empresas que había conseguido la obra 26.772.000 pesetas, según figura en su propia documentación. En la contabilidad secreta sobre este acto, Special Events registra un coste real de 14.593.000 pesetas, un poco más de la mitad.

— El “Symposium ATM (Retiro-Madrid), organizado para AENA, tuvo un coste real de 15.136 euros, pero la trama le facturó al organismo estatal 29.449 euros, casi el doble.

Correa aseguró ante uno de sus colaboradores que le había llevado a Luis Bárcenas, extesorero del PP, hasta 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) por “adjudicaciones de obras de la época de [Francisco] Álvarez-Cascos”. Dos ex altos cargos de AENA están imputados en el caso Gürtel por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos a la trama corrupta.

"La Comisión estima que deben formularse objeciones respecto a la prórroga del plazo para el cumplimiento del valor límite anual y horario de NO2, ya que las autoridades españolas no han demostrado que dicho cumplimiento pueda alcanzarse en 2014", asegura el texto de la decisión, con fecha de 16 de mayo, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Madrid lleva desde 2010 incumpliendo los niveles máximos de este contaminante. La decisión, firmada por el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, recuerda que, además del límite anual, existe otro límite horario: solo se permiten 18 superaciones por año. Madrid lo rebasó en seis estaciones de vigilancia. En una de ellas, las superaciones fueron 76.

La Directiva Europea de Calidad del Aire (2008/50) prevé hasta cinco años de prórroga para los países que demuestren que hicieron todo lo posible para cumplir los límites de contaminación antes de 2010 y que hayan aprobado planes de calidad del aire eficaces y realistas, y con un calendario de aplicación de las medidas, para ser capaces de llegar a 2015 con los deberes hechos. Son las dos condiciones que exige la Comisión para dar luz verde a las prórrogas.

Bruselas denegó en julio pasado la prórroga que pidió Barcelona, que rondó los 50 microgramos en algunas estaciones en 2010. La Comisión Europea sostuvo que “sería necesario incluir medidas de reducción de la contaminación más estrictas para alcanzar el cumplimiento en 2015” en Barcelona y el Vallès-Baix Llobregat. Bruselas, afirmaba la resolución, “no considera demostrado que se alcanzará el cumplimiento” cuando acabe la prórroga solicitada. El rechazo comunitario afectaba también a Palma de Mallorca.

En enero pasado la Comisión Europea dio una buena noticia a la Comunidad de Madrid, que podrá seguir un año más superando los límites de contaminación que prevé la legislación europea sin tener que preocuparse por las sanciones que contempla la normativa. La Comisión Europea decidió aceptar la petición española para conceder una prórroga a las zonas llamadas Corredor del Henares y Urbana Sur, dos de las siete en las que se divide la región a efectos de medición de la calidad del aire. En realidad, son dos los municipios —Coslada y Leganés— con elevadas concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas irritante de las vías respiratorias que procede básicamente del tráfico.

"La irresponsabilidad del consistorio madrileño costará mucho no solo a la salud de la ciudadanía de Madrid sino también a las arcas del Estado, que previsiblemente tendrá que enfrentarse a multas millonarias por el incumplimiento", ha asegurado Juan Bárcena, de Ecologistas en Acción. "La notificación deja claro el papel del tráfico como fuente principaldel problema. Por ello, la Comunidad de Madrid debe asumir de una vez su corresponsabilidad y elaborar un plan de movilidad sostenible para la región, que reduzca el uso del coche y el elevado volumen de vehículos que entran a la ciudad cada día", ha añadido Samuel Martín-Sosa, otro portavoz de esta organización. 

En 2010, el 7 % de los europeos que viven en ciudades estuvo expuesto a niveles de NO2 superiores a los valores límite de la UE, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que en su informe sobre la calidad del aire de 2012 alertaba de que "las emisiones nacionales de óxidos de nitrógeno en muchos países europeos aún superan los techos de emisión establecidos por el Derecho de la UE y los acuerdos de las Naciones Unidas".

No ha respondido el titular de Justicia a los requerimientos concretos sobre la capacidad y el derecho de las mujeres para decidir si quieres ser madres, ni tampoco a las mujeres que "prefieren llorar un mes a no toda la vida", en relación a Mercedes Perales, que hace días contó en EL PAÍS cómo decidió interrumpir el embarazo al conocer las gravísimas malformaciones cerebrales detectadas en el feto. "Usted señora Valenciano tiene un problema con la Constitución que por tres veces ha defendido el derecho del no nacido".

No hay forma de llegar a un acuerdo porque los conceptos son claramente opuestos. Las leyes del aborto se hacen en todos los países para "evitar los abortos clandestinos y las legislaciones restrictivas aumentan los abortos inseguros", le ha respondido Valenciano que ha quedado en enviar al ministro todos los informes de Naciones Unidas que avalan esta tesis. "Nosotras damos la vida, cómo nos va a decir usted que no la defendemos, pero no tiene usted ni nadie ningún derecho a decir cuándo hay que ser madre", ha subrayado.

No soltó el ministro la Constitución y la solución que tiene que dar el legislador cuando se produce el choque entre los dos derechos; el de las mujeres a decidir y el del no nacido. "No se puede anular uno de los derechos", ha defendido Gallardón. Eso sí, el ministro ha garantizado que en ningún caso habrá delito si se produce un aborto. "No habrá reproche penal para la mujer que aborte porque la consideremos una víctima; y esto lo va a hacer por primera vez este Gobierno". Imposible el acuerdo porque el PSOE quiere mantener la ley tal cual está, sobre la que aún no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al que apeló el Grupo Popular en la pasada legislatura.

Los magistrados han convocado a Lagarde “con vistas a su imputación” por esos delitos, presuntamente cometidos cuando era ministra por su papel en el proceso de arbitraje que desembocó, en julio de 2008, en el pago de 403 millones de euros al empresario Bernard Tapie. Lagarde no recurrió aquella decisión y cerró así un largo litigio entre Tapie y el banco público Crédit Lyonnais por la venta de Adidas en 1993. 

Los jueces de la CJR (el tribunal competente para juzgar los delitos cometidos por los ministros en el ejercicio de sus funciones) pedirán aclaraciones a Lagarde sobre su negativa a elevar recurso contra el laudo, pese a que los consultores del ministerio advirtieron a la entonces ministra de que el laudo lesionaba gravemente los intereses del Estado.

El pliego de acusaciones de la fiscal Cécile Petit, revelado este miércoles por el semanario Le Canard Enchaîné, constituye una durísima requisitoria contra Lagarde. El documento afirma que la decisión de que el Estado mediara en el conflicto está “privada de fundamento jurídico”. Además, asegura que Lagarde no tuvo en cuenta que Tapie tenía muy pocas posibilidades de ganar el pleito judicial contra Crédit Lyonnais en los tribunales ordinarios, añade que la ministra desoyó la opinión de la Administración, que le advirtió del “enorme riesgo” que suponía el arbitraje, y concluye que la composición del órgano mediador era parcial porque “dos de los tres árbitros mantenían lazos con Tapie”. Lagarde, que tenía la potestad de recusar a los jueces, no lo hizo, recuerda la fiscalía.

Argumentos de Lagarde

El ministerio público considera además que las razones de ahorro esgrimidas por Lagarde para elegir el arbitraje frente al pleito son falsas, ya que “los honorarios pagados a los consejeros nombrados para defender el arbitraje equivalían a los que hubieran representado varios años de proceso judicial”.

El documento de la fiscalía concluye así: “Del conjunto de esas decisiones sistemáticamente desfavorables a los intereses (…) del Estado, resultan indicios graves y concordantes que hacen presumir que, bajo la apariencia de regularidad de un proceso de arbitraje, se disimuló en realidad una acción concertada para entregar a los esposos Tapie (…) las sumas que hasta ese momento no habían podido obtener” de la justicia.

Un problema añadido para Lagarde es que la ministra se encuentra sola ante los jueces. En 2008 aseguró, bajo juramento y ante la comisión parlamentaria que investigó el caso, que no recibió “instrucciones” de nadie y que la decisión obedeció a su “apreciación”; la frase trataba de exculpar al presidente Nicolas Sarkozy, que es un buen amigo de Bernard Tapie. El expresidente del Marsella, que fue ministro con el socialista François Mitterrand, apoyó públicamente la elección de Sarkozy en las presidenciales de 2007. El arbitraje fue decidido por Economía poco después.

Pero todo indica que Lagarde se inmolará antes de poner en tela de juicio a Sarkozy, a quien considera el artífice de su brillante carrera política. Le Monde informa de que, en la redada que la policía hizo en casa de Lagarde hace unos meses, se encontró el borrador de una carta a Sarkozy en la que la directora del FMI le declara su absoluta lealtad.

Continuidad en el FMI

La posible imputación de Lagarde, que hasta ahora ha recibido el apoyo sin fisuras del consejo del FMI y de sus colaboradores en Washington, abre un abanico de interrogantes sobre su futuro y pone en duda su continuidad al frente del fondo. Le Canard Enchaîné y Le Monde afirman que Françóis Hollande ha garantizado a Lagarde que París no pedirá que abandone la dirección del FMI porque considera que son asuntos distintos y para tratar de salvaguardar así el prestigio de Francia, ya bastante tocado por el anterior director del organismo, Dominique Strauss-Kahn, que tuvo que dejar el puesto tras ser acusado de violación.

Pero, al mismo tiempo, los ministerios de Economía y Hacienda, cuyos servicios jurídicos siempre fueron contrarios al arbitraje, planean constituirse como parte civil en el proceso contra Lagarde. “Si se demuestra que hubo un prejuicio a los intereses del Estado, Bercy se personará en la causa no ministerial del caso”, afirmó el ministro de Economía, Pierre Moscovici, en Le Monde.

Si se confirmara la imputación de Lagarde, Economía recurrirá además la sentencia del tribunal de arbitraje que condenó en su día al Estado a pagar los 403 millones de euros, y prescindirá de los servicios del despacho de abogados August & Debouzy, que puso en marcha la comisión de arbitraje y cobró 4,1 millones de euros por dos años de trabajo.

Moscovici ha confirmado también que Jean-François Rocchi, el presidente del CDR (banco malo) que gestionó los activos tóxicos de Crédit Lyonnais y que contrató al millonario bufé, ha sido relevado de su puesto a causa de su implicación en el escándalo.

Según los jueces, Rocchi ejerció de intermediario entre Tapie y Sarkozy, cuando este era todavía ministro del Interior, y consiguió así cortocircuitar la negativa de Bercy al arbitraje. El muñidor en la sombra de esa solución, según han declarado algunos testigos, fue Claude Guéant, mano derecha de Sarkozy y exministro del Interior, que hoy es objeto a su vez de varias investigaciones judiciales.

Según los datos que ha dado a conocer el INE, que se desprenden de la Encuesta de Población Activa de 2012, las personas desempleadas en 2012 procedían, en su mayoría, de situaciones previas de empleo. Así, de los 5.769.000 parados de media que había a cierre del pasado año —cifra que aumentó a 6,2 millones a lo largo del primer trimestre, el 27,16%—, 5,29 millones habían trabajado anteriormente. El principal motivo de haber dejado su empleo fue la finalización del contrato que afectó a 2.673.500 parados con empleo anterior (el 50,5% del total) frente a .390.700 de 2011 (el 52,1%).

Por el tamaño del establecimiento, en 2012 solo aumentó el número de ocupados en las empresas de 250 o más trabajadores, con cerca de 20.000 personas más que en 2011. De hecho, esta ha sido la categoría a la que más tarde afectó la caída del empleo iniciada en 2008 y la única que ha logrado elevar plantilla en 2012, aunque su peso en el conjunto del mercado de empleo es de apenas un 12%.

Por otra parte, el número de ocupados en empresas de 1 a 10 trabajadores retrocede un 4%, pese a la idea que publicita de forma persistente el Gobierno de que quienes crean puestos de trabajo en España son las pymes y autónomos. Este colectivo, que aporta el 13,5% de los empleos, no ha dejado de perder trabajadores desde el inicio de la crisis.

Además, la mayoría de los trabajadores españoles tenía jefe, pero no tenía ningún subordinado en el año 2012. Casi siete de cada 10 trabajadores se encontraban en esa situación, ya que ocupaban un puesto de trabajo de empleado (con jefe y sin subordinados). Del total de ocupados en 2012, un 10,6% era trabajador independiente (no tenía jefe ni subordinados); un 6,5% era encargado; un 7,1%, director de empresa pequeña departamento o sucursal; un 5,9% era mando intermedio y un 0,8% era director de empresa grande o media.

Más directivos hombres que mujeres

Por sexo, el porcentaje de hombres directores casi duplicó al de mujeres en las empresas de pequeño tamaño y lo triplicó en el caso de empresas grandes o medias. En el caso del puesto de empleado, el porcentaje de mujeres (76,5%) superó al de varones (62,5%) en 14 puntos.

Atendiendo a la forma de contratación, el porcentaje de asalariados que fue contratado a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) se mantuvo en el 2,7% del año anterior. Por su parte, un 1,6% obtuvo su empleo con la intermediación de una oficina de empleo pública (nueve décimas menos que en 2011).

Trabajar en domingo sigue siendo poco habitual, aunque el porcentaje de los que lo hicieron ha subido con respecto de 2011. Así, un 4,4% lo hizo un domingo al mes (una décima más que en el año anterior) y un 16,4% dos o más domingos (cinco décimas más).

Un total de 296.100 ocupados trabajaron a tiempo parcial con objeto de disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes en el año 2012, lo que supuso un 17,6% menos que en 2011. La práctica totalidad de quienes trabajaron a tiempo parcial para poder a la vez ejercer la labor de cuidadores fueron mujeres. El 59% de ellas consideran que no hay servicios adecuados para la atención a personas dependientes (niños, adultos, enfermos, discapacitados, etc.) o no pueden costearlos.

“Si queremos incitar a los ciudadanos a ser honestos con sus impuestos, es importante que persigamos el fraude fiscal”, ha dicho Angela Merkel, en la misma línea que el resto de jefes de Estado y de Gobierno que se verán las caras hoy en Bruselas.

Uno de los puntos fundamentales que abordarán los líderes europeos es el intercambio de información fiscal entre socios. “Tiene que haber por fin un intercambio de datos en la Unión Europea sobre información fiscal y debe haberlo con los terceros países”, ha añadido la canciller.

Además de avanzar en el intercambio de información, la UE quiere poner coto a las prácticas de las empresas para escapar de las garras del fisco. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha reiterado su fe en la importancia de gravar con bajos impuestos a las empresas como medio para “alentar la inversión y el empleo y permitir a Reino Unido ser un ganador en la carrera mundial”. Pero al mismo tiempo, el líder que cabalga sobre la ola de creciente euroescepticismo que rodea a las islas británicas, ha insistido en la necesidad de garantizar que las empresas paguen lo que les corresponda. “Eso significa colaboración internacional, compartir información fiscal”, ha añadido Cameron.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha negado haber dado un "trato especial" al gigante informático Apple y ha asegurado que su país lidera los esfuerzos internacionales para lograr más transparencia sobre la planificación fiscal de las multinacionales.

Kenny ha respondido así a la polémica provocada por un informe del Senado de Estados Unidos, que acusa a Apple de aprovechar lagunas en el código fiscal norteamericano y utilizar empresas en Irlanda para esquivar el pago de impuestos.

Pese a las declaraciones de buena voluntad, parece difícil que la UE salga de la reunión con reglas concretas para atajar estos problemas. “Espero que podamos tener algún progreso hoy”, se ha limitado a señalar el primer ministro.

Pero en la guerra contra los búnkeres fiscales y el secreto bancario, la UE no tiene que buscar a sus enemigos solo fuera. Algunos de sus socios siguen sin compartir hoy los datos de los clientes de la banca. Luxemburgo y Austria llevan bloqueando desde 2008 la directiva sobre fiscalidad de ahorro para no verse en desventaja frente a otros centros financieros.

Parece que esta postura empieza a cambiar. El primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker ha asegurado que su país está dispuesto a abandonar el secreto bancario si se negocia el intercambio de información con países como Suiza. “Vamos a abandonar el secreto bancario y avanzar hacia el cambio automático de información”, ha dicho el luxemburgués.

El objetivo es que ese paso se convierta en realidad el próximo 1 de enero de 2015. Pero Juncker insiste en la necesidad de que otros países como Suiza se comprometan también a hacerlo, ya que si no se verían en una situación de desventaja competitiva. Todo apunta a que los líderes europeos —espoleados por recientes escándalos como el del exministro de Finanzas francés, Jérôme Cahuzac o las revelaciones periodísticas de los papeles conocidos como Offshoreleaks— presionarán a los países díscolos que tienen dentro del club, para poder reclamar medidas similares a los de fuera de la UE.

La madre de la demandante trabajaba de criada en el cortijo de una rica familia de Sevilla y mantuvo una relación con el hijo de los terratenientes. "Duró cinco o seis años. Fue una relación bonita, con mucho amor", cuenta Sofía en declaraciones a EL PAÍS. Cuando su madre quedó embarazada, la familia de él la convenció para que se fuera a dar a luz a su pueblo, El Coronil, con la promesa de acogerla después de nuevo en la familia y dejar que la pareja se casara. Pero esto nunca ocurrió y la familia  acordó un enlace con otra mujer de su clase social, con quien el hombre tuvo otro hijo. El único heredero reconocido hasta ahora.

El hombre murió en 1970 con 47 años, pero la hija no empezó su batalla legal hasta 2008, cuando murió su madre. "Mi madre nunca me escondió nada, desde que tengo uso de razón sé que soy hija de él, que me venía  a ver al pueblo y a buscarme al colegio", cuenta Sofía. "Mi madre prefería no remover nada porque no querían que dijeran que lo hacía por dinero", añade. Un juez le ha dado ahora la razón al entender que  los testimonios, documentación y la prueba de ADN practicada al hijo del ganadero prueban que son hermanos.

El juzgado entiende que existen muchas pruebas de las que se extraen "vestigios inequívocos de la relación amorosa o sentimental", como son las fotografías que se hicieron a la hija, el nombre que se le puso, las declaraciones de testigos o que se incinerara el cadáver del hombre para evitar la prueba de ADN.

Ahora comenzará un segundo juicio para reclamar al hijo la parte que le corresponde de la herencia.

Además, la Consejería de Salud ha abierto expedientes disciplinarios a dos enfermeros y a una doctora del hospital; a esta por "caer en error de diagnóstico" y a los auxiliares por no abordar correctamente la situación del enfermo. La ministra de Sanidad, Ana Mato, interrogada por este escándalo en el Congreso asumió que pudieron existir errores en este caso y rechazó desatención sistemática a 'irregulares'. El PSOE de Baleares, por boca del diputado Vicenç Thomás, dijo que las responsabilidades políticas del asunto corresponden al consejero de Salud, Martí Sansaloni, y no a los funcionarios. "Alplha Pam ha muerto porque le retiraron la tarjeta", dijo Thomàs.

El Gobierno de Baleares, después de las denuncias políticas y de colectivos sociales, creó una comisión interna de investigación que ha detectado irregularidades en la aplicación de los reales decretos de 2012 sobre atención a inmigrantes irregulares y la retirada de la tarjeta. También se ven errores en la aplicación de los criterios concretos expresados por el IbSalut de Baleares. La consejería se desmarca de la práctica de presentación a los enfermos sin tarjeta de cartas de compromiso de pago, previas a la atención, una de los cuales fue firmada por la propia víctima Alpha Pam.

Alpha Pam vivía desde ocho años atrás en España. Acudió varias veces al centro de Salud de Can Picafort donde, fuera de su horario, por solidaridad, los profesionales le encaminaron al hospital para hacerse una prueba de tuberculosis y una radiografía que nunca se concretaron.

La recusación ha obligado a suspender el interrogatorio de los seis miembros del comité financiero de Caja Madrid bajo la presidencia de Blesa por la concesión de un crédito supuestamente irregular de 26,6 millones al Grupo Marsans. Los imputados son Matías Amat, Ildefonso Sánchez Barcoj, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Juan Bartolomé y Luis Crespo, que están llamados a comparecer a partir de las 9:00 horas.

Fuentes jurídicas han explicado que el fiscal del caso solicitó la semana pasada la suspensión de la declaración de Blesa por este mismo motivo, si bien el magistrado realizó el interrogatorio, tras el cual ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros, que abonó al día siguiente.

Hace dos días, la Guardia Civil interrogó a Bartolomé en calidad de testigo por la compra del City National Bank de Florida, por la que el magistrado envió el pasado 17 de mayo a la cárcel a Miguel Blesa bajo fianza de 2,5 millones de euros, que abonó un día después. Silva también tenía previsto tomar declaración este miércoles como testigo al empresario Gabriel Subías, exconsejero delegado de Orizonia. Otros testigos que han comparecido en la causa han asegurado que el crédito a Marsans estaba supeditado a que el grupo tuviera una oferta de compra, que llegó de la mano de Orizonia en agosto de 2009.

Además de la recusación, el juez se enfrenta a su posible expulsión de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por dos faltas muy graves y una grave, que no están, sin embargo, relacionadas con la causa del expresidente de Caja Madrid. Las faltas muy graves, de ser confirmadas, conllevan la suspensión del juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

La reacción del ministro ha sido la de restar importancia a lo sucedido, afirmar que durante el mandato de gobiernos socialistas también se han producido hechos similares y situar ese acto en un contexto de “reconciliación nacional”. Además, homenajes de estas características “se han celebrado en muchas ocasiones por lo que CiU debería pedir la dimisión de todos los delegados del Gobierno en Cataluña”. No le han servido a Xuclá estas alusiones al pasado que ciertamente son ciertas y cada vez que se ha conocido la presencia en actos oficiales de la División Azul ha habido quejas. Ocurrió el 12 de octubre de 2004 y se pidieron explicaciones desde la oposición al gobierno socialista. “Algunos abogan por la reconciliación y otros por la división y la discordia”, ha replicado el ministro.

El preacuerdo entre UGT, CC OO, CEOE y Cepyme se rebricó el martes por la tarde por los negociadores de las cuatro organizaciones y todavía tiene que ser ratificado por las direcciones. Pero si todo va según lo previsto se firmará el jueves 23 de mayo por la tarde, apuntan fuentes de la negociación.

La reforma laboral acabó con la prórroga indefinida de los convenios colectivos hasta que se pactaba uno nuevo. La limitó a un año una vez caducado. Y dio un plazo de 12 meses desde que se publicó en el BOE, el 7 de julio de 2012, para renovar los convenios que se negociaban entonces. Si llegado ese momento, no se rubrica uno nuevo, trabajadores y empresarios pasan a regirse por el pacto de ámbito superior (si desaparece un convenio de empresa, el nuevo marco será el del sector; y si no lo hay, el suelo será el Estatuto de los Trabajadores). Este complicado proceso, donde se produzca, se traducirá en un deterioro de las condiciones laborales: los convenios colectivos tienden a mejorar la ley y los pactos de empresa, lo que recogen los convenios sectoriales.

En concreto el pacto al que han llegado los agentes sociales recomienda a los negociadores de convenios en empresas y sectores no permitan que los convenios no prorrogados decaigan el próximo 7 de julio, al menos mientras las conversaciones estén abiertas y haya posibilidad de alcanzar un pacto. No obstante, el pacto también contempla la posibilidad de que las negociaciones lleguen a un callejón sin salida. En ese punto, lo que propone el pacto es acudir a los mecanismos de mediación y arbitraje existentes.

El principal reclamo es la rebaja de un 15% del Samsung Galaxy S4, el smartphone estrella dee la marca coreana, que pasa de 755 a 639 euros, un 15% menos (aunque en las tiendas libre y sin financiación vale 699 euros). El Galaxy Mini 2 se rebaja de 167 euros a 116 euros (-30%); el Samsung Galaxy S III Mini pasará de 327 a 275 euros (-16%); el Nokia Lumia 520, baja un 16% hasta 169 euros; el Sony Xperia U pasa de 218 a 179 euros (-18%), que supone una reducción del 17,88%.

La compañía aclara que se trata simplemente de trasladar a los clientes el ahorro de costes que supone la compra de terminales en grandes volúmenes a los principales fabricantes y, en ningún caso, volver a la política de subvenciones de teléfonos que abandonó hace más de un año.

La nueva promoción se produce un día después de que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones publicara las cifras de portabilidad del mes de marzo en el que Telefónica perdió 87.103 a manos de los operadores sin red (OMV) fundamentalmente. De acuerdo con las cifras de la CMT, la principal operadora móvil en España ha perdido en los primeros tres meses del año más de 700.000 clientes celulares y su cuota de mercado ha descendido al 35,6 por ciento, tres puntos por debajo del nivel registrado hace un año.

Estos nuevos precios, en estos dispositivos, estarán disponibles para nuevas altas, portabilidades al contrato Movistar Cero, Total o a cualquiera de las modalidades de la oferta convergente Movistar Fusión, incluida la nueva de Movistar Fusión Cero.

De igual forma, Telefónica ha lanzado una nueva promoción para los clientes de Movistar, que estará disponible hasta el próximo 31 de mayo, dentro de sus planes Renueva y Recicla. Así, según señaló la compañía, los usuarios podrán renovar y reciclar sus terminales a unos “precios más ventajosos” bajo estos programas.

De esta forma, el usuario podrá pagar hasta 190 euros menos por su nuevo smartphone si lleva su terminal anterior de cualquier marca, y de cualquier operador, que será valorado “convenientemente” para adquirir el nuevo.

La citada renovación de la oferta de terminales móviles se une a los recientes movimientos comerciales de la compañía destinados a simplificar su oferta de tarifas. Telefónica lanzó hace pocas semanas los nuevos contratos Movistar Cero y Movistar Total, además de la nueva oferta convergente Movistar Fusión Cero.

La operadora defendió que, con estas rebajas en los precios de los terminales, busca adaptar las ofertas a las necesidades de los clientes dentro del actual entorno económico.

El Banco Central Europeo (BCE) tiene mucho que ver en este sorpasso, ya que ya sido el gran financiador de las entidades españoles en 2012 y estas, para obtener esos créditos, dejan los bonos españoles en prenda. Además, las inyecciones de liquidez de finales de 2011 y primeros del año pasado también se destinaron en buena parte a deuda pública que paga una alta rentabilidad. Las facilidades monetarias, en cambio, no se traducen en crédito a empresas y familias.

Tampoco la demanda extranjera ha reforzado su apuesta por la deuda española en 2012 y ha reducido en 57.000 millones su cartera, hasta acabar el año en unos 224.000 millones, el 35% del total. Se trata aún del principal cliente, pero su peso se ha visto reducido en 10 puntos desde 2010.

Esta mayor liquidez ha permitido suavizar los tipos de interés que el Tesoro Público ha pagado en sus emisiones de deuda, en concreto, el tipo medio ha bajado en 50 puntos básicos (o 0,5 puntos porcentuales), que, traducido a euros contantes y sonantes, ha supuesto un ahorro de unos 1.000 millones de euros. La mejora ha continuado en los que va de 2013, que ha visto disminuir los tipos del 3,01% y 2,68% y ha permitido reducir el gasto en unos 300 millones.

Los datos proceden de la Memoria del Mercado de Deuda Pública que este miércoles ha presentado el Banco de España. El subdirector del Tesoro, Ignacio Fernández, ha explicado en la presentación que el organismo se plantea levar a cabo una nueva emisión sindicada aun plazo de 15 años, así como "seguir explorando alternativas como las emisiones en dólares", con una nueva operación antes de finales de año de entre 6.000 y 6.500 millones.

En global, la emisión neta del Estado (la diferencia entre la deuda que se emite y la que vence) subió un 13,7% el año pasado, hasta alcanzar los 60.945 millones, mientras que las colocaciones brutas aumentan un 6,6%, hasta los 212.854 millones. El mercado secundario, el de compraventa de títulos ya emitidos entre inversores, bajó un 23%.

En concreto, el colectivo de extranjeros realizó 8.457 transacciones entre los pasados meses de enero y marzo, un 5% más, lo que también supone el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento interanual. Por nacionalidades, los más activos han sido británicos, rusos y noruegos, especialmente en las zonas costeras de la Comunidad Valenciana.

La estadística no se ha visto condicionada por la decisión del Gobierno de conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda habitual. La razón es que esta medida sigue en estudio y el Ejecutivo ultima su aprobación, aunque aún no ha confirmado si establecerá un importe mínimo para acogerse a ella.

En el conjunto de los doce últimos meses (abril de 2012-marzo de 2013) se compraron y vendieron un total de 348.715 pisos, lo que arroja un leve aumento del 1,3% respecto al mismo periodo precedente gracias a la inercia alcanzada en los últimos meses de 2012.

Más viviendas de segunda mano

Por tipo de vivienda, la compraventa de las de segunda mano copó el 82,7% de las transacciones, con 45.098 pisos comprados o vendidos, de forma que las operaciones sobre nuevas residencias supusieron un 17,3% (9.414 unidades). De su lado, las viviendas protegidas representaron el 5,5% del total de pisos que se transaccionaron en el primer trimestre del año, con 2.974 unidades.

Por comunidades, la compraventa de pisos cae en todas ellas, con la excepción de Murcia, que aumentó las ventas un 10,3%. Los mayores retrocesos de los tres primeros meses del año se localizaron en Navarra, con una caída en las transacciones del 49,5%, Castilla y León (-40,9%), País Vasco (-40,4%) y Asturias (-38,3%).

Por municipios, los que registran un mayor número de compraventas son Madrid, con 3.350 pisos transaccionados, Barcelona (1.635 viviendas), Sevilla (1.219 unidades), Valencia (827 pisos) y Zaragoza (819 viviendas).

El ministerio público acusa a los cuatro imputados de un delito de estafa y un delito contra la Hacienda Pública, mientras que a tres de ellos -con la excepción de Luis Esteban- también les acusa de un delito continuado de falsificación de documento mercantil, según consta en la calificación provisional del llamado caso Terra Mítica.

Asimismo, junto a estas cuatro personas, la fiscal dirige su acusación contra otros 34 responsables de diferentes mercantiles, para que los que también solicita diferentes multas y penas de prisión.

El juez abrió en 2005, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, una investigación al parque temático de Benidorm y a una veintena de empresas más por un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros. 

Los hechos investigados sucedieron en los años 2000 y 2001, cuando el parque temático pagó supuestamente por servicios inexistentes mediante la fabricación de facturas falsas que, según el ministerio fiscal, alcanzaron los 4,4 millones de euros. 

El juez dio por concluida la causa con 37 imputados el mes pasado, cuando transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y dio un plazo a las partes personadas para que solicitaran la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación; pidieran el sobreseimiento de la causa; o solicitaran la práctica de diligencias complementarias.

Fuentes de la defensa de Rodríguez han explicado a Europa Press que el exregidor, según consta en la citación judicial, está citado a las 10.00 horas en los juzgados de Lugo junto a su pareja para declarar ambos ante la jueza instructora. La nueva citación se produce después de que el pasado 15 de mayo la titular del Juzgado ordenase practicar registros en la residencia del exalcalde y en propiedades a nombre de su pareja ubicadas en Verín y Castrelo do Val.

El pasado mes de septiembre, Francisco Rodríguez fue detenido en el marco de la 'Operación Pokémon' y, tras prestar declaración ante la jueza, salió en libertad bajo fianza de 6.000 euros y quedó imputado por cohecho y prevaricación, por lo que se vio forzado a dimitir por la cúpula del PSOE. Cuando se produjo la detención de Francisco Rodríguez no se había registrado su vivienda, ubicada en el ourensano barrio de A Ponte, pero ahora la jueza ha considerado que era necesaria una inspección para buscar documentación.

Pilar de Lara también había ordenado registros en propiedades ubicadas en Verín y Castrelo do Val que están a nombre de la pareja sentimental del exalcalde, quien es originaria de esa zona ourensana, donde cuenta con bienes familiares y quien ha sido citada a declarar en Lugo.Tras conocerse la nueva ampliación por un mes más del secreto de sumario, la defensa de Rodríguez, ejercida por el abogado Gerardo Viada, ha manifestado también su intención de volver a recurrirla, como el letrado del alcalde de Lugo, "porque no se puede mantener el secreto diez meses" y que los investigados continúen "sin saber los hechos que se les imputan". "Es una indefensión absoluta", ha aseverado el letrado, que ha explicado que desde que se ha hecho cargo de la defensa de Rodríguez no ha tenido "ni una sola información del juzgado" sobre qué hechos se le imputan al exalcalde de Ourense.

La ley de Consultas populares pasará hoy el primer trámite parlamentario y el Gobierno de CiU prevé que esté aprobada definitivamente en octubre. Regulará las consultas no refrendarias, sin carácter vinculante. La ley se basa en el artículo 122 del estatuto, que garantiza competencias exclusivas de la Generalitat en lo relativo a las consultas sobre su ámbito de competencias. El texto llega avalado en su primer trámite por CiU, el PSC, ERC, ICV y la CUP. 

Sánchez-Camacho ha negado en el Parlamento que la cámara autónoma tenga derecho a aprobar esta ley, algo que ha indignado al presidente catalán. “Ustedes creen que éste es un Parlamento de feria que no tiene nada que ver con la voluntad popular”, le ha reprochado Mas a Camacho. 

Antes, la líder del PP catalán ha asegurado que los catalanes “no merecen un gobierno que engañe y que lleve al Parlamento una ley de consultas”, y ha reclamado que el texto sirva también para preguntar sobre los recortes. “Olvídese de separar a los catalanes”, ha instado Sánchez-Camacho. 

El presidente catalán le ha respondido acusando a la dirigente regional del PP de pretender actuar más como ministra o delegada del Gobierno que como parlamentaria. “Cuando la escucho hablar con tanta vehemencia pienso que tiene aspiraciones de ser la delegada del Gobierno en Cataluña”, le ha espetado.

Más allá de la ley de consultas, la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert ha vuelto a centrar la sesión de control quincenal del Gobierno en el Parlamento catalán. Tanto Ciutadans como el PP han vuelto a reclamar una escuela catalana trilingüe, pero ambos han rehuido la defensa cerrada de la ley, que prevé escolarizar en castellano a los alumnos que así lo pidan. “La ley es una chapuza; lo mejor que podrían hacer es retirarla”, ha dicho Mas. 

Tanto el PSC como Iniciativa han vuelto a reclamar a Artur Mas que presente los Presupuestos, pues la Generalitat sigue sin cuentas aprobadas para 2013. Los socialistas han incidido también en los recortes educativas y han criticado que éstos no afecten por igual a la pública y a la concertada, algo que Mas ha rechazado de plano. El presidente catalán también ha respondido al líder de ICV, Joan Herrera, que en pocas semanas espera poder concretar la restitución del impuesto de Sucesiones.

La protesta estudiantil está instalada en el campus presencial más grande de España (con 85.000 alumnos), sus decanos han pedido soluciones para salvar a los alumnos que no puedan pagar las matrículas. El último en pronunciarse ha sido el rector, José Carrillo. Y lo ha hecho para dar una negativa. La universidad no rescatará a los que no tengan fondos. No habrá solución alternativa, ni fondo de emergencia de becas ni prórroga. Carrillo intenta, además, colocar la pelota en el tejado de las Administraciones: “Los verdaderos responsables están en la Puerta del Sol [sede del Gobierno regional madrileño]. Allí deberían ir los estudiantes a protestar”.

La deuda por tasas impagadas asciende a 4,9 millones de euros, según la UCM. Es un 50% más que la del curso pasado (tres millones). Deben más dinero y son más estudiantes. Han pasado de una media de 2.000 alumnos por curso a más de 3.000. La UCM afinó ayer el dato de los 3.500 que señaló inicialmente a 3.139 alumnos. El rector y la vicerrectora de Estudiantes, María Encina González, recibieron ayer a este periódico en el Rectorado, el mismo edificio donde un grupo de alumnos —hasta un centenar en algunos momentos— permanecen acampados desde el pasado jueves contra la “expulsión” y reclamando una solución a Carrillo.

El rector alude a dos razones para su negativa. En primer lugar, “no hay dinero” para un fondo de becas como han habilitado otros campus. Y, en caso de que lo tuvieran, señala Carrillo, no podrían aplicarlo este curso porque no está incluido en los presupuestos e incurrirían “en un delito contable”. Carrillo se comprometió ayer “en firme” a habilitar ese fondo el curso que viene, sin facilitar una cantidad. “Habrá que ver la magnitud del problema”, dijo el rector. “Lo que no puede asumir la universidad es todo el problema de la crisis”, añade la vicerrectora de Estudiantes.

La UCM sigue sin aclarar cuántos de los 3.139 afectados están en situación precaria. A finales de abril, se quedaron sin campus virtual y sin matrícula universitaria por no pagarla. La universidad asegura ahora que guardará esa matrícula, y el derecho a examen, hasta el 20 de septiembre. Ese es el plazo máximo que tienen para abonar lo que deben. Las deudas oscilan entre menos de 300 euros por alumno a 10.500, según los tramos establecidos por la UCM. El grupo más amplio (782) adeuda entre 1.250 y 1.500 euros. Si no pagan, dejarán de ser universitarios o tendrán que volver a inscribirse pero pagando hasta más del doble como segunda matrícula.

En el grupo de morosos existen alumnos que pidieron una beca que les ha sido denegada por el Ministerio, sin que ni Educación ni la Complutense indiquen cuántos son. Este curso ha habido 3.000 peticiones más de becas (de 13.589 a 16.579, según la UCM) y un millar de beneficiarios más (de 7.953 a 8.994). Y queda aún un centenar de estudiantes pendientes de que el ministerio responda a sus alegaciones, señalan en el campus. En Educación culpan al Rectorado de “enviar tarde” la documentación.

Los afectados disponen hasta el 7 de junio para avisar a la UCM si no pueden pagar en septiembre. “La Universidad contactará con ellos mediante el correo electrónico institucional para intentar hallar soluciones”, indicaba el comunicado oficial. Pero esas soluciones no serán económicas. La Complutense tiene una deuda de 142 millones y sufrió un recorte de otros 60 en su presupuesto de 2013. “La subida de tasas no cubre ni la mitad de esos recortes”, añade el rector para subrayar la asfixia. Se recaudarán unos 25 millones en tasas “en el mejor de los casos”, añade.

Ni el Ministerio de Educación ni la consejería madrileña prevén tampoco ninguna alternativa para los alumnos más precarios. El primero fijó una nueva horquilla de subida de tasas. Un portavoz apela a la “autonomía universitaria” para indicar que las soluciones deben venir de los campus. La Comunidad de Madrid fijó la media de subida en la parte alta de esa horquilla y, además, mantiene una deuda millonaria con la Complutense. Varias sentencias firmes le obligan a reembolsar hasta 79,3 millones de euros, según un portavoz de la consejería, de los que podría destinar 36 a ayudas. La Complutense lo eleva a 82 millones. El Ejecutivo madrileño añade que no tienen competencias en becas y que, además, nadie les ha pedido nada.

El propio Consejo de Estado, aún con la versión anterior, había advertido: “Quizá debería reconsiderarse” el plazo que se establece para implantar “una reforma tan profunda”, porque la “aplicación completa del nuevo modelo exige, además de aprobar los decretos básicos de desarrollo y los decretos de las comunidades autónomas de adaptación de los centros y de los libros, una inversión ingente a asumir en tres ejercicios presupuestarios”.

De esta forma, se evitaría lo que ocurrió con la anterior ley escolar que aprobó un Gobierno del PP, la LOCE, en diciembre de 2002. Esta solo entró en vigor en una pequeña parte, porque la paralizó el PSOE en 2004, en cuanto llegó al poder. Así, Educación apretará esta vez el paso, con lo que la norma ya estaría casi completamente en marcha cuando lleguen las siguientes elecciones generales, a finales de 2015. Un portavoz del ministerio que dirige José Ignacio Wert calculó que para los desarrollos de la ley hacen falta unos ocho meses.

“Es imposible que lleguemos con los desarrollos curriculares, a no ser que hagamos la chapuza correspondiente”, se queja, sin embargo, el consejero canario de Educación, José Miguel Pérez, del PSOE. A los decretos del Gobierno central (sobre currículos, el nuevo diseño con itinerarios de 3º y 4º de la ESO, la nueva FP Básica, el adelanto de los programas para alumnos con dificultades, las reválidas...), les han de seguir los autonómicos y la preparación de los colegios e institutos. El propio ministerio admitió la semana pasada que la LOMCE es la mayor transformación del sistema escolar desde la aprobación de la LOGSE en 1990. La diferencia es que aquella se desarrolló durante 10 años hasta su implantación completa en Bachillerato, en 2000.

Contexto de recortes

Pérez recuerda, además, que ahora hay que hacerlo en un contexto de recortes, con una memoria económica de la ley que despierta recelos incluso dentro del PP y con un modelo de reparto de competencias muy distinto: el Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachillerato (Ciencias, Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero...). Con ellas llenará, al menos, la mitad del horario. Para casi todas las demás, las “específicas” (Educación Física, Plástica, entre otras) fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías establecerán el temario concreto en este caso. Y hay un tercer grupo, de materias de libre configuración autonómica, donde se colocan las lenguas cooficiales y aquellas que quieran sumar las comunidades.

En medio de todo eso, las editoriales van avanzando como pueden, “planificando con agobio”, admite José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele). Moyano señala que el tiempo, si quieren poner en marcha la reforma en el curso 2014-2015, es muy justo, requiere un enorme esfuerzo organizativo y de dinero. El desarrollo de un temario les costó a las editoriales en el último cambio legal en torno a un millón de euros por asignatura y curso, según datos de Anele.

Los responsables de la asociación ya se han reunido y están en contacto con el Ministerio de Educación, y Moyano confía en que se irá trabajando en esos desarrollos de contenidos en paralelo a la tramitación de la ley. “El ministerio tiene que aprobar 18 decretos de desarrollo”, calcula Moyano, que explica que, normalmente, se tarda de 15 a 18 meses desde la aprobación de una ley en hacer lo que esta vez se quiere desplegar en un año. Y eso, contando desde ahora mismo, pues para que los libros se empiecen a usar en septiembre de 2014 las editoriales han de tenerlos preparados para mayo o junio, que es cuando los colegios e institutos diseñan el curso siguiente.

“Tenemos toda la maquinaria preparada, no es la primera vez que actuamos con rapidez, ya tenemos la experiencia del desarrollo de la LOE, que en algún momento fue muy rápido”, dice Rafael Carbonell, secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, que añade que ya han empezado a adelantar trabajo, informa Juan Manuel Játiva. Sin embargo, esta vez tendrían que ser mucho más rápidos. La LOE fue aprobada en abril de 2006, los reales decretos del ministerio para primaria y ESO llegaron en diciembre, y los desarrollos valencianos, en julio de 2007; esto es, 15 meses después de aprobada la ley.

“La legislación básica requiere un desarrollo reglamentario monumental. Y luego, las comunidades autónomas tendremos que tomar muchas decisiones, para establecer horarios, sobre las asignaturas específicas... Es un trabajo verdaderamente infernal”, dice la consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno (PSOE). La consejera cree que el ministerio no va a tener más remedio que posponer algunas partes del cambio. En todo caso, aunque su esperanza es que la LOMCE no se llegue a aprobar, la consejería andaluza va a poner en marcha ya un “plan B”, es decir, va a reunir a expertos y a la comunidad educativa para ir preparando los posibles desarrollos autonómicos de la ley.

La Guardia Civil encontró en la vivienda que ocupaba el presunto homicida en la localidad de Lorenzana, en el término municipal de Cuadros, a unos 6 kilómetros de la capital leonesa, el cuerpo sin vida de la mujer con la que presuntamente mantenía una relación sentimental. Según el Instituto Armado, no existían denuncias previas por malos tratos contra el agresor que responde a las iniciales de S.L.G.

Los vecinos de Lorenzana, una pequeña localidad de 900 habitantes, "no se explican" qué ha podido ocurrir. El alcalde de Cuadros, Marcos Martínez, lamentó ayer el suceso puesto que conoce a la familia del presunto homicida que "son del pueblo de toda la vida". Con este último asesinato son ya 20 víctimas mortales en lo que va de año por violencia de género.

Los vecinos de este pueblo de León se concentrarán hoy al mediodía en el centro de la localidad, convocados por el Ayuntamiento, que ha decretado un día de luto.

El suceso se ha producido alerededor de las 11 de este miércoles en una oficina bancaria de Caja Laboral, situada en el número 27 de la calle Madrid, cuando el atracador ha accedido al interior de la entidad armado con una pistola.

Aunque hasta ahora no se conocen detalles de lo ocurrido en el interior, si se sabe que el director ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos. La zona ha sido acordonada y rodeada por un fuerte dispositivo de policía nacional y local.

El presidente de EE UU, Barack Obama, se acordó ayer de las víctimas de la zona más afectada por tornado, un fenómeno que se ha dado con frecuencia en el centro de los EE UU en los últimos años: “Como nación ahora nos corresponde preocuparnos de los supervivientes y de la recuperación”.

Diego Torres sitúa el encuentro en el palacio de La Zarzuela, en la mañana del 29 de enero de 2004, día que tanto Camps como Barberá aprovecharon para viajar a Madrid y visitar el pabellón de su tierra en la feria de turismo Fitur. Aquella toma de contacto en La Zarzuela entre Torres, Urdangarin y los dirigentes del PP valenciano reportaría más tarde 3,5 millones de euros al Instituto Nóos, en forma de contratos, según la investigación judicial.

Urdangarin, según relata Torres al juez, le contó que la alcaldesa de Valencia le había emplazado para reunirse y fijar su colaboración. Tanto el yerno del Rey como el expresidente valenciano han negado la existencia de la reunión en el palacio de La Zarzuela. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin hace un detallado informe de las circunstancias previas y posteriores al encuentro.

Los dos socios de Nóos, según Torres, embarcaron a primera hora de la mañana desde la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona y usaron la de Madrid. Allí, según el relato, fue a recogerlos un coche de la Casa del Rey, acompañado por otro de escolta, y directamente se dirigieron hacia La Zarzuela, en cuyo recinto entraron sin detenerse en ningún control ni ser registrados por nadie. “Cosa lógica por lo demás”, apostilla Torres, dado que uno de los que entraban en el coche era el yerno del Rey. Al llegar a La Zarzuela, observa Torres, estaban esperándoles el presidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá en una sala de reuniones del palacio. El exsocio del yerno del Rey supone que les saludó el que fue jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza.

Torres remite al juez unos recortes del diario EL PAÍS con fotografías de Camps en la feria Fitur de Madrid de aquel día para demostrar que los dirigentes valencianos se encontraban de visita en la capital. Junto a la foto, Torres remite unas cartas previas enviadas por Urdangarin a la alcaldesa, en las que alude a colaboraciones y a una comida previa en el mismo mes de enero de 2004 y a un encuentro anterior, en Navidad.

En la residencia de los Reyes, el esposo de la infanta Cristina y su socio explicaron a sus futuros clientes qué era el Instituto Nóos (nacido meses atrás) y dibujaron cómo podría ser el evento mundial del deporte y el turismo en Valencia (Valencia Summit), una especie de lo que es Davos para el mundo de la economía global, según Torres. Las autoridades aceptaron su propuesta y se comprometieron, según el exsocio de Urdangarin, a facilitarles una lista de posibles patrocinadores.

Las cartas del yerno del Rey a la alcaldesa muestran su complicidad. “La alcaldesa estaba muy agradecida por la ayuda prestada”, tras un ofrecimiento de Urdangarin para cuestiones de la Copa América, señala el escrito del letrado de Torres, Manuel González Peeters. Es la respuesta del exsocio de Urdangarin a la petición del juez José Castro de que le facilitara todos los detalles posibles sobre el encuentro.

En la comunicación al juez hay varios correos electrónicos al secretario de las infantas y extesorero de Nóos, Carlos García Revenga, imputado en la causa, sobre una carta protocolaria del duque de Palma a Rita Barberá. Así, Torres reitera su teoría sobre el “absoluto control, inspección, aprobación y autorización” por parte del asesor “de todo cuanto se acometía” y su “férrea verificación”, que despeja toda duda de ilegalidad.

A partir de la supuesta cita de La Zarzuela, en todo caso, el Instituto Nóos se embolsó hasta 3,5 millones de euros públicos de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento para financiar tres ediciones del Valencia Summit y para preparar unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse. Las entidades valencianas contratantes fueron Fundación Turismo Convention Bureau y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).

Íñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor, miembros del comando Otazua de ETA, están acusados de un delito de atentado contra un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otro de estragos terroristas. Fueron detenidos en marzo de 2011. En los interrogatorios ante la Guardia Civil, Zapiraín y Etxebarría reconocieron que habían seguido al inspector Puelles, que habían colocado un artefacto que no llegó a explotar en los bajos de su coche y que, como no lo lograron entonces, volvieron a intentarlo. La cantidad de explosivo que dijeron haber utilizado -2 kilogramos de cloratita y 200 gramos de pentrita- coincide con la empleada en el atentado, y Etxebarría llegó incluso a dibujar "voluntariamente" -ha recalcado la fiscal- un croquis con sus posiciones y la del vehículo de Puelles en el momento de la explosión, que también concuerda con los informes elaborados por los agentes que acudieron al lugar de los hechos en el momento del atentado, que han sido ratificados esta mañana por una docena de peritos.

Según el relato de la fiscal Ana Noé, que ha sido corroborado por la acusación particular –la familia y viuda de Puelles- y por la acusación popular –integrada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el Sindicato Unificado de Policía-, la noche del 18 al 19 de junio de 2009, Etxebarría habría conducido el coche con el que los tres acusados se trasladaron al aparcamiento donde el inspector solía aparcar su coche, en la localidad vizcaína de Arrogorriaga, cercana a Bilbao. Etxebarría comprobó que el vehículo estaba donde preveían, en función al seguimiento realizado, y Pastor y Zapiraín colocaron la bomba lapa en los bajos del coche, en un hueco entre el depósito de combustible, el eje trasero y la rueda de repuesto. Pocos minutos después de las nueve de la mañana, el artefacto explotó y el agente falleció debido a un shock provocado por las quemaduras.

Las abogadas de la defensa han insistido en que este relato de los hechos no pueden comprobarse, puesto que las declaraciones inculpatorias realizadas por los presuntos autores del atentado han de ser impugnadas "ya que durante la detención hubo una absoluta falta de control jurisdiccional". En los domicilios de los tres acusados fueron encontrados, sin embargo, tanto explosivos coincidentes con los hallados en el vehículo de Puelles, como documentación que relacionaba a los presuntos asesinos con la banda terrorista ETA, en los que había información sobre “txakurras” [perro en euskera] y ertzaintzas.

Los tres acusados han asistido al juicio, que se ha desarrollado entre ayer y hoy, desde una cabina blindada que los separaba del resto de la sala y han rehusado prestar declaración, ya que, según han manifestado, no reconocen la legitimidad del tribunal. Lo único que Pastor ha querido dejar patente, al final de la vista de esta mañana, es que no conoce ni ha tenido trato con un familiar lejano vecino de Puelles que, en palabras de la fiscal, habría sido quien informó del lugar del domicilio del agente asesinado. Según las declaraciones en sede policial de Zapiraín y de Etxebarría –el tercer procesado no llegó a declarar porque se autolesionó y tuvo que ser atendido-, fue Pastor quien identificó la matrícula del inspector.

Además de los 45 años de cárcel para cada uno de los acusados, el ministerio fiscal solicita que se les prohíba vivir en Bilbao y acercarse a la familia de Puelles los diez años posteriores al cumplimiento de la condena y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 200.000 euros para la viuda y de 150.000 euros para cada uno de los dos hijos de la pareja, que eran adolescentes en el momento del atentado. La fiscal ha añadido, también, la petición de que se abone el valor del coche que conducía la víctima.

Ahmadineyad ha defendido a su protegido y tachado su descalificación como un acto de “opresión”, en un comentario colgado en su página web esta mañana. Anoche, el portavoz de la Oficina Electoral del Ministerio del Interior, Solad Mortazavi, oficializó la filtración que había circulado durante todo el día al confirmar que sólo ocho de los 686 aspirantes inscritos para las presidenciales del 14 de junio habían recibido la aprobación del Consejo de Guardianes. Mashaei no estaba entre ellos, lo que supone un revés para las ambiciones del presidente, que no puede presentarse a un tercer mandato y confiaba en colocar a su aliado.

Tanto Ahmadineyad como Mashaei han hecho saber que van a recurrir al líder supremo, quien tiene la última palabra en todos los asuntos políticos. Eso sí, a pesar de los rumores, el frustrado candidato ha dejado claro que intenta “resolver la cuestión con buena voluntad” y por “las vías legales”, según informa la agencia Fars. De antemano, y ante la posibilidad de esta situación, ya había declarado que no pensaba “armar barullo en la calle, porque con desórdenes callejeros no se consigue nada”.

Sus palabras parecen una referencia a las manifestaciones que desató la reelección de Ahmanineyad en 2009 y que es justamente lo que la nomenclatura iraní quiere evitar en esta nueva convocatoria restringiendo la participación a candidatos no sólo leales al régimen sino a su núcleo más duro. Rafsanyani se negó a condenar aquellas protestas, las mayores que ha vivido el país desde la revolución de 1979, e incluso fue acusado de alentarlas por algunos de los muchos enemigos que se ha buscado a lo largo de su dilatada carrera política. Ahora, a pesar que intentó recomponer su relación con el líder supremo, le tachaban de candidato encubierto de los reformistas.

Pero el veterano político es un pilar del régimen. Una hija de Jomeiní, Zahra Mostafavi, ha salido en su defensa y en una carta abierta al líder supremo, Ali Jamenei, le ha pedido que intervenga para “remediar ese error”. Sin duda, la decisión del Consejo de descartar la candidatura de Rafsanyani reduce la credibilidad del proceso electoral. Mientras la descalificación de Mashaei era generalmente esperada, la del veterano político, considerado uno de los pilares del régimen, ha supuesto un golpe para muchos iraníes. Y no porque no hubiera indicios de que tal era el objetivo de los tradicionalistas que monopolizan el poder.

La lista de los finalmente aprobados incluye al jefe negociador nuclear, Said Yalili; al alcalde de Teherán, Mohamed Qalibaf; al expresidente del Parlamento Gholam-Ali Haddad-Adel; al exministro de Exteriores Ali Akbar Velayati, y otros cuatro candidatos de relleno. Todos ellos figuras conservadoras de probada lealtad al líder supremo, Ali Jameneí, y al sistema de velayat-e-faqih que justifica la capacidad de veto de la máxima autoridad sobre las instituciones elegidas. Qalibaf, Velayati y Haddad-Adel, agrupados bajo la Coalición Principalista de los Tres, han dicho que se retirarían de la campaña si el Consejo aprobaba la candidatura de Yalili.

El domingo, en Husby, donde uno de cada cinco habitantes de entre 16 y 19 años son ni-nis, un grupo de entre 50 y 60 jóvenes quemó cerca de 100 coches. También prendieron fuego a un garaje, lo que obligó a desalojar un edificio entero de apartamentos y, cuando llegó la policía, se enfrentaron con los agentes lanzándoles piedras. En la noche del lunes, otros once vehículos fueron quemados y los enfrentamientos con las fuerzas del orden continuaron, y seis jóvenes de entre 15 y 19 años fueron detenidos, acusados de atentado a la autoridad. Pero no solo había adolescentes entre los causantes de los disturbios, según Diana Sundin, una portavoz policial. “Algunos tienen 12 y 13 años, otros son gente joven y el martes también reconocimos a personas adultas”, explicó a la agencia TT. Al parecer, la chispa que desató el incendio fue la muerte de un vecino de Husby de 69 años, tiroteado por la policía el pasado lunes 14 en su apartamento después de haber amenazado a los agentes con un machete.

Tras esas dos madrugadas calientes, los desórdenes se extendieron a otros distritos en la noche del martes. “Da la sensación de que la gente está aprovechando la oportunidad en otros sitios al ver la atención que se le ha dado a Husby”, aventuraba Kjell Lindgren, de la policía de Estocolmo, en declaraciones al diario Aftonbladet. Alrededor de 30 coches más ardieron, se destrozaron los escaparates de bancos y tiendas e incluso, en Husby, se destrozó una zona de parque donde los vecinos suelen pasar su tiempo libre. Los enfrentamientos con la policía y los servicios de emergencia se recrudecieron y otras tres personas fueron arrestadas.

Horas antes, el primer ministro conservador, Fredrik Reinfeldt, había salido a la palestra para pedir calma y condenar las acciones violentas. “Hay grupos de jóvenes que piensan que pueden y que deberían cambiar la sociedad por la fuerza. Seamos claros: eso no está bien. No podemos dejarnos gobernar por la violencia”. Este miércoles ha sido el ministro de Integración, Erik Ullenhag, el que ha intervenido. “Ahora mismo es una cuestión policial”, ha declarado, aunque, a preguntas de los periodistas, ha abordado la cuestión de fondo. Ullenhag ha reconocido que las zonas afectadas son áreas con malos resultados escolares, y altas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes. “Es uno de nuestros principales retos sociales. Lo he dicho en los últimos años”, ha explicado el ministro, que ha detallado algunas medidas a tomar en este tipo de zonas.

Pero la comparación es demasiado evidente como para obviarla. “Temo que esto vaya a peor. Será como en Francia”, augura Oscar, un joven de Kista de 23 años, en declaraciones al Aftonbladet . En 2005, la muerte de dos menores electrocutados cuando huían de la policía desató una oleada de disturbios en barrios periféricos de toda Francia que duraron 19 días y se saldaron con miles de detenidos y de coches quemados. El joven de Kista se queja de que llevan años sufriendo “acoso policial, desempleo y aislamiento”, y también alude a la muerte del hombre de 69 años a manos de la policía. “La próxima vez podría ser mi padre, o mi hermano”, señala.

Han pasado seis años desde el último intento similar, fracasado tras un amargo debate, y casi tres décadas desde que los políticos estadounidenses empezasen a estudiar medidas para reinventar un sistema migratorio obsoleto e injusto. “Ninguno de los miembros del Comité consiguió todo lo que quería, ni yo tampoco”, declaró el presidente Obama tras conocer la votación del Comité, con 13 votos a favor -entre ellos tres republicanos- y cinco en contra. “Pero todos tenemos la obligación hacia el pueblo americano de lograr el mejor resultado posible”.

Durante las últimas semanas, el Comité ha debatido y votado más de 100 propuestas para modificar el texto legislativo, redactado por el “Grupo de los Ocho”. Los cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos que negociaron el texto desde el pasado mes de enero representan un ejemplo de colaboración bipartidista poco común en Washington desde 2010 e impensable, especialmente en el ámbito de la inmigración, hace solo seis meses.

El proyecto de reforma del Senado incluye una vía de acceso a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, medidas para reforzar la seguridad en la frontera -aunque sin supeditar a ésta el proceso de regularización- cambios en las condiciones de internamiento de los ‘sin papeles’ que esperan a la deportación, la propuesta conocida como “Dream Act” para jóvenes indocumentados, nuevos permisos para trabajadores temporales o una importante renovación del programa de visados para profesionales especializados.

Los miembros del comité han rechazado, entre otras, una enmienda que negaba la la ciudadanía para indocumentados -uno de los pilares de la legislación y uno de los apartados imprescindibles para Obama- y han aprobado otras como la creación de un sistema en los aeropuertos para saber en qué momento abandonan los inmigrantes el país o aumentar las facilidades para contratar a extranjeros.

El partido del presidente quiere dejar claro a los hispanos, un electorado cada vez más determinante en cada convocatoria, que defenderán sus intereses. Por su parte, los republicanos quieren alejarse de leyes como la de Arizona, pero tampoco quieren verse obligados a defender en la campaña electoral de 2014 por qué votaron a favor de una ley propuesta por Obama.

La aprobación del texto por parte del Comité es una victoria para el presidente, que ya en 2008 se postuló como el candidato que reformaría el sistema de inmigración. La profunda crisis económica, dos guerras y la reforma del sistema sanitario consumieron todo su capital político, obligándole a romper aquella promesa. Dos años después, el Partido Republicano se instalaba en la Cámara de Representantes con una mayoría que cambió el panorama drásticamente. Obama sólo tendría otra oportunidad: 2012.

Para entonces el electorado hispano ya había aprendido la lección. El Partido Republicano sólo ofrecía propuestas antiinmigrantes. Un apoyo aplastante al candidato demócrata trasladaría un mensaje mucho más claro: siete de cada diez hispanos afirmaron con su papeleta electoral que en la reforma estaba el futuro político de cualquier aspirante a la Casa Blanca. Antes de que Obama hubiera acabado de celebrar su victoria, los republicanos ya le habían ofrecido recorrer juntos el camino para modificar, como nadie lo ha conseguido en tres décadas, un sistema ineficiente e injusto.

Este martes celebraban la votación del Comité. “Tenemos una oportunidad histórica para modernizar nuestro sistema migratorio para que responda a las necesidades del siglo XXI”, declaró el senador republicano Marco Rubio, uno de los ocho negociadores de la propuesta, en un comunicado. “Me mantengo optimista ante la posibilidad de que el Senado, al mejorar una ley a través de un debate abierto y decidido, aproveche esta oportunidad”.

Rubio, respaldado por el Tea Party, es el eje que acerca a los conservadores a una propuesta mucho más popular, tradicionalmente, entre los demócratas. Rubio debe convencer a éstos de que algunas de las exigencias de los republicanos son imprescindibles para aprobar la legislación. Si la ley fracasa, Rubio será responsable. Si la ley sale adelante, pero no incluye sus principales reivindicaciones, el Partido Republicano no le perdonará que Obama logre poner su sello a otra reforma histórica.

El texto legislativo ha logrado salir exitoso del Comité sin enfrentarse a un debate que muchos anticiparon, recordando las amargas discusiones que en 2007 derribaron la coalición de los senadores John McCain y Ted Kennedy. Los demócratas confían en que tendrán 70 votos en el Senado para sacar adelante la reforma y enviar el texto directamente a la Cámara de Representantes -que trabaja en su propia propuesta. Allí es donde los republicanos presentarán el verdadero pulso.

El texto de la Cámara, todavía por definir, podría ser mucho más conservador, poniendo en duda incluso el nivel de beneficios públicos a los que pueden acceder los indocumentados, una vez que comiencen su proceso de regularización. Varios republicanos ya han manifestado que se opondrán simplemente a cualquier texto, independientemente de lo que proponga, que aspire a reformar el sistema en su totalidad, no por partes.

El portavoz de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha anunciado que propondrá la legislación a voto tan pronto como la primera semana de junio. Si la ley sale adelante, deberá ser sometida a votación entonces por la Cámara de Representantes.

El gran vacío que ha dejado el Estado en cuanto al tratamiento a drogodependientes ha hecho que proliferen este tipo de centros, situados sobre todo en las zonas más pobres. Hay más de 50.000 por todo el país. El doctor Fernando Cano Valle, comisionado nacional contra las adicciones (Conacid), es la persona encargada de llevar a cabo este ambicioso proyecto. “Me preocupa que existan y nos toca por ley inspeccionarlos y cerrarlos. Muchos de estos centros los gestionan exadictos que atienden a adictos, y vamos a pensar que es de buena fe. Si vamos a pensar que es de mala, esto no es más que una fuente de negocio inadecuada y una forma de explotar al ser humano”, señala Cano Valle en entrevista con EL PAÍS.

El comisionado quiere reemplazar estos lugares por áreas habilitadas en los 25.000 centros de salud que hoy día no tienen ningún espacio dedicado a las adicciones. En ese caso habrá que capacitar a médicos y enfermeras de todo el país para que aprendan a atender a este tipo de pacientes. Existen otros 370 centros gubernamentales, antes llamados Nueva Vida y ahora CAPAs, donde se atiende a adictos pero no tienen instalaciones adecuadas ni personal preparado. “Aun cuando triplicásemos su número no podríamos dar asistencia a los drogadictos. Los hospitales públicos son los que tienen que cubrir las adicciones”, añade el doctor.

Los anexos, como en el que está Bisbi en Ecatepec, la zona conurbada de la Ciudad de México, tienen la entrada por el garaje. “Buscando mi dignidad perdida”, se lee en un toldo. Tras pasar dos rejas y subir unas escaleras se abre una sala en la que los internos representan un teatrillo con las 12 tradiciones copiadas a la organización Alcohólicos Anónimos. Las risas que levantan las cómicas representaciones dejan entrever dientes picados y algunas miradas perdidas. En un cuartucho de al lado se amontonan los pacientes psiquiátricos. Alguno lleva encerrado ahí más de 10 años. El personal del centro, compuesto mayoritariamente por antiguos pacientes que se quedaron para apoyar la causa, se encarga de medicarlos y colocarles la camisa de fuerza en caso de que la cosa se desmadre. Un esquizofrénico, en medio de la función, comienza a poner caras extrañas. De inmediato unos asistentes lo sacan de allí y lo recluyen en una habitación.

-¿Viste fantasmas?

-No

-¿Por qué lloras entonces?

-No lo sé.

Tras pasar el interrogatorio, le piden que se eche un rato en la cama hasta que se le pase la crisis. El hombre que le da órdenes reconocerá después que también está bajo tratamiento psiquiátrico. Este grupo lo fundó hace 20 años el padrino Ray, el dueño de varios tabledance (clubs de noche) que decidió cambiar radicalmente de vida y ayudar a yonkis y alcohólicos que no tenían para pagarse un tratamiento en una clínica privada. “Se supone que por los tres meses de internamiento nos tienen que pagar 10.000 pesos (750 dólares) pero nadie lo hace. La gente no tiene ese dinero. Lo nuestro es un bien social. Nos financiamos con pequeñas aportaciones de las familias, de grupos cristianos y la comida que nos dan en el mercado”, explica el padrino Marcos, hijo del fundador, una figura muy respetada entre los adictos.

Se ocupan de un sector de la población hasta ahora olvidado. “Esta situación describe la debilidad del sistema de salud mental de México, y eso es una realidad. Han sido desatendidos los mexicanos con enfermedades mentales. Las familias que tienen una persona que cae en la esquizofrenia o en la depresión van a donde les ofrecen ayuda y en ocasiones los explotan. Esto cae en el capítulo de la violencia y tenemos que trabajar mucho para erradicarlo. En estos años de abandono se han estructurado estos espacios y centritos”, resume Cano Valle. Los llama también changarros, que es como se conoce a los comercios callejeros.

La última encuesta sobre adicciones en el país data de 2011. Significa que hay dos años de vacío. El comisionado echa de menos un observatorio que retrate con certeza cuáles son las tendencias actuales de drogadicción. En las últimas fechas se ha observado, por ejemplo, como los inhalantes, muy baratos y usados por los niños de la calle que se sacan unas monedas limpiando parabrisas en los semáforos, están siendo utilizados por estudiantes en los colegios. “Ese tipo de cosas debemos saberlas para poder prevenirlas”, resume Cano Valle.

El hueco que pretende tapar el Gobierno es casi tan grande como el que siente Bisbi en el cerebro cuando se levanta después de una noche de farra. “Mi miedo es despertarme una mañana y no recordar quién soy”, cuenta. Por si acaso lleva un tatuaje en el brazo izquierdo que disiparía todas las dudas: “Bisbi”.

Parte de ese pasado está en el reciente libro del periodista venezolano Roger Santodomingo, De verde a Maduro (Debate), una biografía no autorizada del jefe de Estado que aún no está a la venta en Venezuela. Su autor lo atribuye a “decisiones administrativas”. Fuentes próximas al negocio editorial local informaron hace unas semanas este diario que los libros, que fueron impresos en Colombia, llegaron a Caracas a finales de abril, poco antes de la celebración del V Festival de la Lectura de Chacao, uno de los eventos anuales más importantes del sector. Los textos nunca salieron de sus cajas porque Random House Mondadori no sabía qué precio colocarle para su venta. “Al libro lo está afectando el desorden del Gobierno, que no entrega de forma oportuna las divisas a los importadores”, explica el autor.

El estricto control de cambios de este país ha liquidado la posibilidad de repatriar a tiempo las utilidades que las compañías transnacionales como Random House Mondadori, propietaria de Debate, generan en Venezuela, así como de fijar precios de venta al público a los libros importados. Para finales de abril Cadivi, el órgano estatal que administra los pagos en divisas extranjeras, no había cancelado la deuda acumulada con el sector editorial desde mediados de 2012, que ascendía a 10 millones de dólares acuerdo con los cálculos de Iván Diéguez, presidente de la Cámara Venezolana del Libro. El retardo en la entrega de la moneda estadounidense fue la causa de la falta de novedades literarias extranjeras en el pasado festival. Solo los libros impresos en Venezuela y las ofertas de viejos éxitos destacaban en los mesones.

Cuando el Gobierno de Hugo Chávez comenzó a exigir a las editoriales que querían importar textos un Certificado de No Producción Nacional para otorgar divisas al cambio oficial, cuya tramitación no tarda menos de un mes, Venezuela dejó de lanzar novedades en simultáneo con otros países de la región. “Los libros llegan, sí, pero con cuatro o cinco meses de retraso”, admite Diéguez. Esta posibilidad por ahora no satisface a Roger Santodomingo. Aunque la biografía de Maduro ya se vende desde hace un mes en Colombia y Ecuador con buena acogida del público, el mandatario es por ahora un personaje con un pasado desconocido para los venezolanos. “¿Qué precio se le puede poner a mi biografía si la editorial desconoce a qué precio le van a liquidar los dólares que utilizó para importar?”, se pregunta el periodista. En el extranjero su texto costaría 20 dólares. Si se vendiera al precio controlado de la moneda local -6.30 bolívares por dólar- no pasaría de los 130 bolívares. Al valor del dólar en el mercado negro –bolívares 30 por dólar- llegaría a 600. “Sería impagable”, reconoce el autor.

Es posible, no obstante, que en las próximas semanas la biografía del presidente pueda estar en las librerías locales. Un milagro lo ha hecho posible: el acercamiento del Gobierno al sector privado -que según el ministro Nelson Merentes representa el 70% del motor de la economía nacional- y el compromiso de pagar el 88,45% de la deuda acumulada con el sector. Los agremiados a la Cámara Venezolana del Libro –editoriales, librerías y distribuidoras- han comenzado a recibir pagos atrasados, dice Diéguez. Random House Mondadori está entre las beneficiadas, según Víctor García, representante del grupo en Venezuela.

Pero De verde a Maduro todavía deberá salvar otro escollo. Como Random House Mondadori se fue de Venezuela debido a los problemas para trabajar en medio de tan rígido control de cambios, no tiene forma de ingresarlo a su contabilidad siguiendo las especificaciones del Seniat, el organismo recaudador de impuestos. “El texto se imprimió aquí en el país y en lo que solucionemos ese inconveniente saldrá a la calle. No es un asunto de censura. El libro es súper liviano. Los perfiles publicados en la prensa han sido mucho más duros”, afirma García, como para descartar de plano un asunto de censura.

Tantos obstáculos, propios de una economía enrevesada como la venezolana, también alientan la sospecha entre el gremio periodístico de que el Gobierno pudiera estar interesado en prohibir la circulación de la biografía. La complejidad de la burocracia local es un argumento que contrarresta esa versión con cierta solvencia, así que de momento hay que conformarse con la descripción del biografiado que hace el autor. El Nicolás Maduro que yace en las páginas de su trabajo no destaca por sus aportes o liderazgo. Se trata de un hombre que supo acercarse al comandante presidente en la soledad del poder. Un funcionario sin ideas propias y hecho para obedecer más que para proponer. Un hombre que se siente cómodo guarecido bajo la sombra que proyecta el recuerdo de Hugo Chávez.

El viernes, Orbán dijo en una radio pública húngara: “los alemanes ya enviaron una vez la caballería, en forma de tanques; nuestro deseo es que no lo vuelvan a hacer, porque entonces ya fue una mala idea que no funcionó”. Se refería a la ocupación de Hungría en 1944 por parte de la Alemania de Hitler. Con la calma política del puente de Pentecostés, la frase de Orbán hizo fortuna como piedra de escándalo en Alemania.

Merkel había dicho el jueves en un debate público que Europa hará “lo posible por llevar a Hungría por el buen camino, pero no se trata de mandarles ahora la caballería”. Además de una crítica a Orbán, la frase contiene una pulla a Steinbrück. Éste había indicado poco antes la posibilidad de expulsar legalmente a Hungría de la UE si Orbán sigue su deriva “claramente antidemocrática”. La expresión “enviar la caballería” es célebre en Alemania desde que Steinbrück la utilizó, cuando era ministro de Hacienda en la Gran Coalición que presidió la democristiana Merkel (CDU) hasta 2009, para amonestar a Suiza por las facilidades que ofrecen sus bancos a los evasores fiscales alemanes. Si Orbán conoce esta historia, podría ser cierto que estaba aplaudiendo los paños calientes de Merkel y no comparándola con los nazis. Un comunicado oficial dice que Orbán está “completamente de acuerdo” con la canciller. Hungría, señalan sus diplomáticos, “no acepta que los partidos alemanes la utilicen en su campaña electoral” para las generales de septiembre.

Un artículo en la web Spiegel Online titulado “Orbán achaca a Merkel métodos nazis” hizo la proverbial montaña del grano de arena. Heridas las susceptibilidades alemanas con el nazismo, la tensión creció con la intervención del ministro de Exteriores alemán, el liberal Guido Westerwelle. Westerwelle es muy escrupuloso con sus palabras desde que su propensión a soltar la lengua acabó, hace más de dos años, con su propio liderazgo en el partido liberal. Pero el muy conservador Orbán es tan impopular en Alemania que Westerwelle cedió a los tonos ásperos para descalificar “el lamentable despropósito” de Orbán, que Alemania “rechaza con claridad”.

La formación política de Orbán, Fidesz, pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), como la CDU que preside Merkel. La polémica reforma constitucional impulsada por Orbán en Hungría inquieta a muchos observadores europeos, que identifican acentos autoritarios en la Ley Fundamental y otras normas aprobadas con la aplastante mayoría de dos tercios que tiene el Fidesz en la Cámara legislativa de Budapest.

El socialdemócrata húngaro László Kovács, antiguo ministro de Exteriores y excomisario europeo, calificó las palabras de Orbán de “chiste burdo”. En Alemania, el diputado democristiano Ruprecht Polenz dijo a Spiegel Online que Orbán “perjudica cada vez más las buenas relaciones entre ambos países; esta indigna comparación con los nazis, hasta ahora cosa de manifestantes en Grecia, demuestra que ha perdido el sentido de la realidad”.

La oposición alemana subió al carro de las críticas al derechista Orbán. El jefe del grupo parlamentario de Los Verdes, Jürgen Trittin, abundó en las críticas del democristiano Polenz, pero las extendió a Merkel. La jefa del Gobierno “debe admitir que su política de diplomacia silenciosa ha fracasado ante la marcha de Orbán en dirección a la autocracia”. Su compañero de partido en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit, pidió una reacción por parte del PPE en Estrasburgo: “Me pregunto por cuánto tiempo van a contemplar las gestiones de Orbán sin hacer nada”. Fidesz cuenta con 14 diputados en el PPE en Estrasburgo, donde el centroderecha tiene mayoría.

El vicepresidente del grupo parlamentario socialdemócrata en el Bundestag, Axel Schäfer, cree que “va siendo hora de que alguien le diga las cosas claras a Orbán”. Si quiere, Merkel tendrá la oportunidad este miércoles en la cumbre europea de Bruselas.

Una pista importante ha salido a la luz ahora con el descubrimiento y análisis anatómico de los pequeños huesos del oído de un par de homínidos africanos de hace dos millones de años, el Paranthropus robustus y el Australopithecus africanus. Son dos géneros hermanos del ancestro de la humanidad Homo habilis, también africano, explica el paleontólogo Ignacio Martínez. Resulta que en esos dos homínidos, uno de los tres huesecillos del oído, el martillo, es ya claramente parecido al humano actual, aunque el yunque y el estribo siguen siendo primitivos. “Por su tamaño y forma, el martillo se distingue claramente de los de nuestros parientes actuales, es decir, chimpancés, gorilas y orangutanes, siendo uno de los pocos rasgos de esos homínidos similar a nuestra especie”, afirman los científicos, incluido Martínez, que han presentado el descubrimiento en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de EE UU. La conclusión es que la capacidad auditiva de los P.robustus y A.fricanus sería ya algo diferente de la de los chimpancés, pero aquellos homínidos seguramente todavía eran algo duros de oído.

El martillo, el yunque y el estribo, que exclusivamente tienen los mamíferos, son las tres piezas óseas más pequeñas del esqueleto humano (el tamaño del estribo es la mitad del de una mosca común). Y esos tres huesecillos son los que se encargan de transmitir la vibración del tímpano al oído interno, al receptor sensorial, permitiendo la audición. El gran parecido del martillo del humano actual con el de los P.robustus y los A.africanus —no así el yunque y el estribo—, indica que ese cambio anatómico debió surgir muy pronto en la historia evolutiva. “El bipedalismo \[caminar con dos pies\] y la reducción del tamaño de los caninos se consideran, desde hace tiempo, los hitos de la humanidad ya que parecen estar presentes en los fósiles humanos más antiguos recuperados hasta ahora; pero nuestro estudio sugiere que esa lista tal vez debe ser puesta al día para incluir también los cambios en el martillo”, comenta el científico Rolf M.Quam (State University, Nueva York), líder de la investigación.

Juan Luis Arsuaga, otro de los científicos autores del hallazgo y análisis de estos pequeños huesos de los dos homínidos africanos, no se esperaba esa modernidad del martillo: “Yo habría apostado porque sería como el de los chimpancés, y que esos homínidos tendrían también una capacidad de vocalización similar”. Pero esto no significa, advierte, que el camino del habla humana comenzase hace dos millones de años. “Los mamíferos, con el oído, cubrimos una banda de frecuencias muy ancha y los humanos somos especialmente sensibles en la banda en que nos comunicamos”, explica este catedrático de la Universidad Complutense. Para él, la capacidad de comunicación surge en el último millón de años y en el último medio millón el proceso se acelera drásticamente. Los fósiles de Atapuerca (sobre todo del yacimiento de la Sima de los Huesos) dicen mucho al respecto.

“Hace ya 10 años lanzamos una estrategia de investigación del oído por la relación que tiene la agudeza acústica con el lenguaje”, explica Martínez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y también paleontólogo de Atapuerca. Han analizado ya los huesecillos del oído de los neandertales y su conclusión es que podrían tener una capacidad auditiva muy parecida a la nuestra. “En cuando a los hombres de la Sima de los Huesos, de hace casi medio millón de años, aunque su oído era algo diferente todavía, estaba ya muy cerca de nuestra banda ancha”, señala Martínez, recalcando que en ese yacimiento de Atapuerca han recuperado ya 30 huesos del oído, algo insólito teniendo en cuenta lo raras que son estas piezas en el registro fósil por su fragilidad.

Las piezas del oído de los P.robustus y A.africanus ahora rescatadas son una auténtica rareza que estos investigadores, bien entrenados en la materia gracias a su trabajo en el yacimiento burgalés, han descubierto en cráneos fósiles hallados en los años sesenta en yacimientos de Suráfrica y que habían pasado desapercibidas.

Los A.africanus eran primates plenamente bípedos, de baja estatura (entre 1,20 y 1,40 metros) y tendrían un cerebro de uno 500 centímetros cúbicos, frente a los 400 escasos de los chimpancés. Los P.robustus eran unos auténticos especialistas en la masticación intensa, con potentes mandíbulas y dientes. Según la mayoría de los paleoantropólogos, ambos tenían, junto con el antepasado humano de la época, el H.habilis, un ancestro común, que sería el Australopithecus afarensis, cuyo representante más famoso es el esqueleto de una hembra de hace unos 3,2 millones de años apodado Lucy.

La investigación del oído como parte del sistema de lenguaje no ha concluido, pero los científicos se van haciendo una idea del proceso evolutivo. “Nuestra impresión es que la capacidad del habla aparece con el género Homo y no estaría ni en P.robustus ni en A.africanus”, señala Martínez. De Homo habilis no se han encontrado martillos, yunques ni estribos.

Son estudios muy sutiles porque el sistema emisor “está formado por tejidos blandos que no fosilizan y no podemos reconstruirlo fielmente, aunque tenemos alguna pista por el hueso hioides”, continúa Arsuaga. “Sobre el receptor avanzamos con estos huesos del oído”. Aún así, determinar científicamente cuándo aparece en la evolución la capacidad plena de la comunicación compleja, consciente, es muy difícil, comenta este experto.