“Vamos a tener que cortar inversiones, hacer ajustes y apretarnos el cinturón”, señaló Geraldo Alckmin, del centrista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). “Es un gesto de aproximación, de apertura”, añadió Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), sin aportar más detalles.

El anuncio llega solo un día después de que la presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, admitiera en un discurso público que había escuchado el mensaje de la calle. Sin embargo, Rousseff se reunió el martes en São Paulo con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y con Fernando Haddad y el alcalde había insistido tras ese encuentro que el aumento se mantendría vigente.

La medida supone una victoria rotunda para el Movimiento por el Pase Libre, que convocó el 7 de junio la primera manifestación, a la que sólo acudieron unas 1.500 personas. El pasado lunes las protestas se habían extendido ya a las principales ciudades del país y lograron sacar a la calle unas 250.000 personas cifra que no se recordaba desde hacía al menos dos décadas.

Las manifestaciones fueron en su inmensa mayoría pacíficas. Pero en ocasiones, los violentos ocuparon también las portadas. El martes por la noche en São Paulo 50.000 personas se manifestaron pacíficamente en la avenida Paulista. Mientras, varias decenas asediaron el Ayuntamiento, forzaron a cien agentes municipales a encerrarse dentro junto a unos 200 funcionarios, los mantuvieron cercados durante unas tres horas, incendiaron el camión de un canal de televisión evangélico que se encontraba a las puertas del Ayuntamiento, saquearon 29 tiendas y varias sucursales bancarias… Y todo eso, ante la sola presencia de varios helicópteros de la Policía Militar del Estado de São Paulo que observaban la escena allá en lo alto.

El resultado fueron 63 detenidos y el desvío de la atención mediática hacia las escenas de violencia. Varias decenas de vándalos consiguieron desviar la atención de las 50.000 personas que por segundo día consecutivo se habían manifestado en São Paulo contra las subidas en las tarifas del transporte.

Las protestas estaban tomando una repercusión internacional enorme, dado que en estos días se celebra en Brasi la Copa Confederaciones de fútbol. En la ciudad de Fortaleza, donde se celebró el partido entre las selecciones de Brasil y México, la policía tuvo que reprimir con gases lacrimógenos y balas de gomas, una manifestación de unas 15.000 personas que protestaban contra el gasto público destinado al mundial.

Cinco de las seis ciudades en las que se celebra la Copa solicitaron al Gobierno el envío de policías de la Fuerza Nacional. Y el Ejecutivo accedió de forma inmediata a enviar refuerzos al Distrito Federal, Belo Horizonte, Salvador de Bahia, Río de Janeiro y Fortaleza. Todas, menos Recife.

Millones de ojos están examinando ahora mismo la actuación de la Policía Militar, después de que el pasado jueves en São Paulo reprimieran una manifestación de apenas 5.000 personas con el saldo de más de 100 heridos y 230 detenidos. Aquella acción marcó un antes y un después en el desarrollo de la protesta. A partir de ahí, las adhesiones a la protesta se expandieron como nadie había previsto. La manifestación de la siguiente jornada, la del lunes 17, logró convocar a 230.000 personas en todo el país, cifra que no se recordaba en varias décadas. Desde entonces, las autoridades se cuidaron de recurrir a la policía de choque solo en casos de extrema necesidad.

El martes por la noche en São Paulo 50.000 personas se manifestaron pacíficamente en la Avenida Paulista. Mientras, varias decenas asediaron el ayuntamiento, forzaron a cien agentes municipales a encerrarse dentro junto a unos 200 funcionarios, los mantuvieron cercados durante unas tres horas, incendiaron el camión de un canal de televisión evangélico que se encontraba a las puertas del Ayuntamiento, saquearon 29 tiendas y varias sucursales bancarias… Y todo eso, ante la sola presencia de varios helicópteros de la Policía Militar del Estado de São Paulo que observaban la escena allá en lo alto.

Este cronista, al que le tocó vivir el episodio desde el interior del edificio, pudo comprobar cómo fue cambiando el ánimo entre algunos de los empleados municipales. Lo que al principio se veía con humor se transformó en preocupación y después en miedo indisimulado para algunos. Varios manifestantes intentaron aplacar a los violentos, volvieron a colocar las vallas de protección del edificio en su sitio y crearon un cordón de seguridad. Pero los más radicales terminaron imponiéndose. Y la policía de choque no aparecía.

Los funcionarios llamaban a sus familiares para tranquilizarlos, pero la tranquilidad no llegó hasta que aparecieron los antidisturbios de la Policía Militar y los helicópteros descendieron varios metros para iluminar las escenas de vandalismo entre el humo del fuego y los gases lacrimógenos. El resultado fue la detención de 63 personas y el desvío de la atención mediática hacia las escenas de violencia.

Al día siguiente, el alcalde, Fernando Haddad, quien había criticado a la policía tras los más de cien heridos registrados en la manifestación del jueves, justificó ahora su manera de proceder. Indicó que los agentes actuaron con “mucha parsimonia” porque trataron de preservar la integridad de las personas y evitar que los inocentes paguen por los actos de otras personas que no están preparadas para la vida democrática”.

Desde el pasado jueves, no ha faltado ni un día en que las autoridades políticas no se vean obligadas a elegir entre la parsimonia y la acción efectiva de choque. Horas antes de que se anunciara la derogación de las subidas en Río de Janeiro y São Paulo, la policía se enfrentó a cientos de manifestantes cuando intentaban aproximarse al estadio de Castelão, en la ciudad de Fortaleza, donde jugaron las selecciones de Brasil y México.

Cinco de las seis ciudades en las que se celebra la Copa solicitaron al Gobierno el envío de policías de la Fuerza Nacional. El Distrito Federal, Belo Horizonte, Salvador de Bahia, Río de Janeiro y Fortaleza fueron inmediatamente reforzadas. Las autoridades prefieren tener a las fuerzas de choque bien cerca. Por si acaso.

Un menos que tiene un enorme valor simbólico, porque había sido la mecha que hizo prender el fuego. Tanto, que trajo de cabeza estos días a las autoridades de Brasil, temerosas de ceder a una protesta sin líderes que podría ponerlos de rodillas ante los gritos de la calle.

Primero aseguraron que no era posible volver atrás. Después, que el Congreso debía aprobar una ley para exonerar de no sé qué impuestos. Al final, la rendición.

Ganaron los 20 céntimos. La protesta forjará ahora un camino para que todas las demás ciudades sigan el ejemplo, aunque es solo el primer paso. Una pancarta decía ayer: “País desarrollado no es aquel donde los pobres tienen coche, sino donde los ricos usan los transportes públicos”.

Ahora exigirán la calidad de los medios de transportes, la seguridad de los que los usan, la puntualidad de sus horarios y el respeto a la dignidad de los ciudadanos que los emplean, ya que a veces parecen transportar ganado y no personas.

Varios expertos en movimientos de masas están afirmando que las reivindicaciones de un movimiento de protesta sin nombre, ambulante, con un rosario de exigencias en sus manos, va a seguir y está llamado a crecer.

Llegarán otras peticiones, que irán desde lo que los pobres sin seguro privado sufren en los hospitales o la precariedad de las escuelas públicas al cáncer de la impunidad que solo lleva a la cárcel y con rapidez a los ciudadanos de a pie y deja libres a los que les sobra nombre y poder para burlar la ley.

Será importante ahora observar la reacción de esas masas a su primera victoria, así como la de los dirigentes políticos ante lo que algunos considerarán una debilidad.

Ni el movimiento podrá querer acortar etapas ni embriagarse con su primera pequeña gran victoria, ni los administradores públicos pueden ahora sentarse tranquilos a beber una cerveza convencidos de que con ese regalo han saciado el hambre del monstruo.

Paradójicamente, esa victoria podría tanto fortalecer el movimiento como debilitarlo. Es un banco de pruebas para los responsables políticos, que deberán saber demostrar cuándo pueden y deben escuchar esas reivindicaciones y cuándo no.

De ese difícil equilibrio del que camina por encima de un hilo tenso dependerá que lo que aún no tiene nombre como fenómeno de protesta, y que es típicamente brasileño, sea capaz o no de ofrecer algo nuevo e inédito: si será una nueva primavera o si todo acabará en agua de borrajas en las que acaben ahogándose los pobres (y a la vez ricos) 20 céntimos de la discordia.

Alaya hizo estas consideraciones en el auto que dictó el martes para encarcelar al dueño de la consultora Uniter, José González Mata, al que le impuso una fianza de 600.000 euros para obtener la libertad.

En su interrogatorio a González Mata, la magistrada abordó el asunto de las comisiones que percibían las centrales. El dueño de Uniter defendió estos pagos por las tareas que hacen los sindicatos en la tramitación de los ERE, sobre todo por la realización de los cálculos actuariales. Sin embargo, Alaya sostiene “indiciariamente” que los sindicatos habrían impuesto “de manera arbitraria e ilegítima” los pagos como “facilitadores” de los procesos de reestructuración empresarial. Ahí es donde la instructora ubica esa supuesta “financiación irregular” de los dos principales sindicatos de clase.

Alaya ha interrogado este miércoles al también imputado Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, la otra consultora que pagaba comisiones a los sindicatos. La magistrada también le ha preguntado sobre las comisiones a UGT y CC OO. Albarracín ha explicado a la magistrada que las dos centrales se encargaban de los “costes actuariales de contraste” en las tramitaciones de los ERE. Ese servicio, según el imputado, “tenía un coste de un 0,5% para UGT” y otro “0,5% para Comisiones”, algo que tenía que asumir la mediadora. “Esto no solo ocurría en Andalucía, sino en toda España y los que tenían que soportar las comisiones eran las mediadoras”, relata Albarracín.

Sin embargo, el exdirectivo de Vitalia también ha relatado que, en su opinión, el pago a los sindicatos “en concepto de comisión es una auténtica medida de presión”. Según ha dicho, si no se realizan “los sindicatos se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración”. Además, este imputado ha afirmado que “ha visto una relación enormemente fluida” entre los sindicatos y los directores generales de Trabajo de la Junta. “En Andalucía he leído declaraciones relacionadas con este tema donde se dice que las pólizas se hacían con quien decían los sindicatos y en otros sitios de España esto resulta impensable”, añade Albarracín.

Francisco Carbonero, secretario general de CC OO en Andalucía, ha negado hoy que su sindicato haya cobrado “un solo euro por algo ilegal” y “mucho menos en relación a cualquier factura” de los ERE irregulares. Carbonero ha asegurado que las “federaciones estatales de CC OO que hayan facturado algún servicio por alguna actuación, lo han hecho desde la legalidad y lo han declarado en el impuesto de sociedades”. “Si se le llama conseguidor a buscar que los trabajadores salgan de las empresas en las mejores condiciones, lo mejor que se puede hacer es ilegalizar a los sindicatos”, añade Carbonero.

UGT también ha reaccionado. Ha rechazado que exista una “trama sindical”. “El papel de UGT Andalucía en relación a los procesos de regulación de empleo ha sido siempre el que nos corresponde como sindicato: exigir soluciones ante la crisis de las empresas, preservar el mayor empleo posible, la búsqueda de salidas menos traumáticas y conseguir las mayores indemnizaciones posibles si no queda otro remedio y, en su caso, el mejor sistema de prejubilación posible”, defiende esta central a través de un comunicado. “Nunca hemos formado parte de ningún proceso de negociación de un ERE porque, según los estatutos de UGT y nuestro organigrama interno, esa responsabilidad corresponde a las federaciones estatales”, añade.

“Aquí no hay ninguna trama sindical para conseguir ERE o dinero en provecho de UGT, no somos conseguidores ni intermediarios ni formamos parte de un grupo cuyo objetivo era lucrarse”, sostiene el sindicato. “No podemos permitir que nadie manche o emborrone el buen nombre de una organización con 125 años de historia”, zanja UGT.

Según la juez, González Mata provocaba “la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas” financiadas por la Junta. Alaya afirma que las empresas de González Mata (Uniter, Ingotor y la sociedad patrimonial Cureña) percibieron 32,9 millones de fondos de la Junta en comisiones por sus tareas de mediación, de los que 20 millones podrían ser considerados sobrecomisiones. En su declaración del martes ante Alaya, González Mata aseguró que trabajaba “con mucha presión ya que se exigía que las pólizas en muchos casos se hicieran antes de las elecciones”.

Por otro lado, la juez ha tomado declaración este miércoles al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín y a su esposa. La magistrada imputa a ambos un delito de blanqueo de capitales, “por la posesión, utilización y en su caso adquisición de bienes procedentes de la actividad ilícita desarrollada por Albarracín como director de Vitalia, fundamentalmente de las sobrecomisiones que percibía procedentes de fondos públicos”. Esa actividad ilicita se haría a través de la sociedad Permar 21. Tras la declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que fije una fianza de 200.000 euros para Permar 21, que se mantenga el bloqueo de las cuentas corrientes y la prohibición de disponer de “todos y cada uno” de sus bienes inmuebles. También ha reclamado el embargo de dos vehículos que están puestos a nombre de Permar 21.

En palabras del ministro, en la reunión de ayer con los consejeros, se produjo una “discusión muy viva, profunda y con puntos de vista dispares en los que entendían que algunas de las condiciones [del sistema de becas] eran demasiado exigentes”. Y en ella no contó con aliados como reconoció a la salida: “Una parte significativa (de los consejeros) al margen del color político” han mostrado sus discrepancias… Pero el ministro dejó claro que aunque haya cambios en su decreto seguirá premiándose de alguna manera la “cultura del esfuerzo” que en su opinión se estimula subiendo la nota media mínima exigida. “Es necesario alinear las ayudas con los principios de reforma y de equidad. No queremos que nadie tenga que abandonar los estudios por razones socioeconómicas”.

Las comunidades de su partido, sin ganas de avivar la polémica, incidían en la necesidad de buscar esta “excelencia”, pero apostaron por que esta sea gradual en sus exigencias. Desde el plante de la consejera catalana, Irene Rigau, el pasado diciembre, todas las partes han hecho un esfuerzo por suavizar el enfrentamiento.

Wert prefirió no hablar de los requisitos para las becas de los que van a entrar en la universidad aunque varios consejeros lo mencionaron. “Ese tema se tratará mañana en el Consejo de Universidades”, arguyó el ministro, quien pareció más proclive a rebajar la nota del bachillerato pero no la de FP, a la que no se refirió.

Hablaron las regiones socialistas de Andalucía, Asturias y las populares de Castilla-La Mancha y Castilla y León y no hizo falta más para que el ministro reculase. “Era un sentir general. No hacía falta que nos repitiéramos. Somos gente educada”, afirmó a la salida el castellanoleonés Juan José Mateos. Ellos no quieren que las notas sean un criterio tan determinante porque podría dejar fuera a alumnos con grandes dificultades económicas.

No queda claro cómo se va a concretar esta modificación de su proyecto. “Tras los escasos apoyos y la fuerte contestación social, el ministro va a revisar los requisitos y se ha comprometido a enviar un nuevo borrador”, aseguró la consejera andaluza Mar Moreno. Juan José Mateos, de Castilla y León, no fue tan preciso al respecto: “No sabemos en qué consiste la flexibilidad de lo que nos ha dicho”. En agosto, el real reglamento tiene que estár aprobado para que puedan efectuarse las solicitudes de beca. Apenas quedan cinco semanas y el real decreto tiene que pasar aún el trámite del Consejo de Estado. “Hay tiempo”, dijo Wert tranquilo.

“Queremos volver a la casilla de salida. Que un chico sin dinero con un cinco pueda seguir estudiando, como le ocurre al de una familia adinerada”, argumentó Mar Moreno. ¿Por qué si un cinco sirve para certificar un título no va a servir para obtener una beca?, planteo la consejera andaluza al ministro. “Se ha conseguido que abuelas analfabetas abracen hoy a nietas que son abogadas o médicas y eso ha sido posible porque se ha sembrado antes con una política de becas que no puede desaparecer”, dijo Moreno. Desde Extremadura, se ahondaba en lo mismo. Trinidad Nogales, su consejera, pidió que se “rebajen las exigencias académicas de forma transitoria” para conceder una beca, teniendo en cuenta el alto nivel de paro juvenil y de abandono escolar temprano que sufre su región.

Irene Rigau, la consejera catalana, dijo que uno de cada dos alumnos catalanes puede perder la beca en bachillerato con estos requisitos. “Si queremos que el cien por cien de los jóvenes llegue a FP o Bachillerato no podemos ponerles barreras”.

Wert asegura que ningún consejero puso en duda la modalidad que propone de una beca fija (de 1.500 euros frente a los 2.004 actuales) y otra variable que depende de la renta familiar y los méritos académicos de los alumnos y que se calculará con el resto de la parte fija. Sin embargo, varios de los consejeros mostraron sus dudas sobre la forma de calcularse estas ayudas. Reprocharon su opacidad.

El Consejo Europeo considera que “el principal objetivo de la cooperación entre las autoridades de educación a nivel europeo” es la lucha contra el bajo rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura. Las escuelas e institutos españoles ven que el modelo tradicional de aulas homogéneas se queda obsoleto en algunos casos y buscan prácticas alternativas que se adapten a las nuevas necesidades y realidades de las aulas, muy diversificadas con la llegada de inmigración durante la última década.

Expertos e instituciones españolas y europeas marcan unas líneas rojas sobre estas técnicas de separación y alertan de que aplicarlas de forma sistemática y a discreción puede aumentar las desigualdades sociales o derivar claramente en segregación. La realidad de las escuelas abre el abanico a múltiples opciones. “Una medida educativa puede ser inclusiva o segregadora. Todo depende de cómo se aplique”, resume Enric Roca, profesor de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cataluña fue la última en sacar a la palestra el debate sobre la separación de alumnos según su rendimiento. Hace tres semanas, la Generalitat anunció que a partir del próximo curso pondrá en marcha el Programa Intensivo de Mejora (PIM) para separar a los alumnos de primero de ESO (12 años) que arrastren dificultades en matemáticas y lengua. Estos estudiantes rezagados recibirán clases en pequeños grupos, mientras el resto de compañeros seguirán en el aula normal.

El anuncio despertó críticas entre distintos expertos, que dudan de su eficacia. Uno de los puntos más delicados es la edad elegida para separar a los alumnos. Antes de los 13 años es “completamente desaconsejable” abrir itinerarios distintos para los estudiantes, según el informe Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, elaborado en 2011 por el Ministerio de Educación con la colaboración de universidades de 14 países europeos. “Cuanto más temprano se lleva a cabo esta segregación, mayores son las desigualdades que se generan entre el alumnado”, señala el documento, que alerta de que la separación aumenta las posibilidades de exclusión para los que tienen menor nivel académico y reducen sus oportunidades laborales de futuro.

La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, intentó eludir las críticas a su iniciativa. “No es una segregación, es un grupo que se desdobla para trabajar mejor”, dijo al presentar el nuevo programa que, en realidad, oficializa una vieja práctica. De hecho, un 30% de los institutos públicos catalanes ya crea grupos diferentes según el nivel del alumno, según las estimaciones de la Fundación Jaume Bofill, especializada en cuestiones educativas. Uno de ellos es el instituto Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona) que practica agrupamientos flexibles desde hace unos 15 años. Funcionan con tres grupos diferentes: el avanzado (con una treintena de alumnos), el estándar (entre 20 y 25) y el básico (6-8 alumnos con problemas de aprendizaje). Se le añade el epíteto de flexible porque a mitad del curso se evalúa a los alumnos y, en función de sus resultados, pueden moverse de grupo. La fórmula es similar a la que aplican otros centros españoles. “Cambian según su actitud y su aptitud. Por ejemplo, un alumno del grupo avanzado, aunque sea un gandul, se queda allí porque tiene que trabajar y tiene la capacidad para hacerlo”, explican desde la dirección del centro. “Con este sistema conseguimos que los que van muy bien no se paren y no se aburran. A los que van más lentos se les da una atención más personalizada, se está más encima de ellos, así que también mejoran”, añaden.

La experiencia también se practica en centros de primaria. Hace casi cuatro décadas que la escuela barcelonesa Font d'en Fargas divide a los chicos en tres grupos según su nivel. La directora Lluïsa Terrades niega que su modelo pueda ser excluyente. “Depende de cómo lo plantea la escuela y cómo haga sentir el maestro al alumno. Nunca se identifica al niño con el grupo bajo, es una cuestión de lenguaje. Los alumnos son conscientes de la separación, pero cuando están en el grupo clase también se sabe quién va más mal”, justifica Terrades. La directora admite que incluso entre su profesorado hay opiniones divergentes, pero defiende estos agrupamientos en las asignaturas instrumentales por los buenos resultados que producen. “En el resto de materias aprenden todos juntos. Cuando están separados avanzan y les damos las bases para tener las competencias, y ello les permiter bien en las otras asignaturas”, remacha.

Distintos estudios europeos alertan, sin embargo, de que la separación de alumnos por niveles académicos puede afectar a su sociabilidad y a su autoestima. “Cuando uno segrega manda un mensaje de que existe un conjunto de alumnado por el que no vale la pena preocuparse y eso conduce a trayectorias de las que es difícil salir”, explica José Saturnino, profesor de Sociología de la Universidad de la Laguna. Juan Antonio Planas, presidente de la Confederación de Psicopedagogía y Orientación de España, refuerza esta idea: “Los alumnos que ven que están en grupos más atrasados tienden a bajar expectativas y a fracasar. Es la profecía autocumplida: si ya esperan de mí que fracase, voy a fracasar”.

El mapa europeo en esta materia es muy diverso. En el estudio Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, ya mencionado, las distintas experiencias del continente se dividen en cuatro grandes grupos. Lo países germánicos utilizan el llamado modelo de separación, seleccionan al alumnado y crean itinerarios diversificados según sus capacidades ya desde la primaria. El segundo es la escuela comprensiva anglosajona, que en los últimos años se ha extendido en España. En síntesis, se trata de que los alumnos compartan la mayor parte del currículo escolar, pero permite la creación de grupos dentro del aula o clases de diferente nivel para atender a la diversidad. La integración uniforme es el propio de los países latinos, como Francia y Portugal. Aquí el currículum es común para todos y se recurre a la repetición de curso como forma de nivelar a los alumnos. Y por último está la integración individualizada, propia de los países nórdicos, donde buscan soluciones pedagógicas a medida de las necesidades de cada estudiante. España sigue a grandes rasgos el modelo latino pero en los últimos años está experimentando con otras fórmulas.

Se ha escrito mucha literatura sobre los métodos de separación de los alumnos, pero algunos expertos apuntan a que, pese al volumen de publicaciones, no existe una experiencia de campo fiable que indique qué sistema es el mejor. Joaquim Prats, catedrático en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona y experto en el análisis de los sistemas educativos, explica que dos modelos educativos muy diferentes, como el finlandés y el alemán, pueden obtener resultados muy buenos en PISA mientras que otros similares pueden dar lugar a notas dispares. “Lo importante es la implicación del profesorado, su formación y el método de selección”, incide este experto. “En Finlandia y los países con mejores resultados los requisitos para ser profesor son más exigentes que aquí”, añade.

La clasificación en cuatro grupos puede resultar encorsetada, ya que la realidad de las aulas muestra cómo los profesores experimentan con prácticas pedagógicas. En el instituto Lluís Vives de Barcelona han desplegado hasta cuatro tipos de agrupamientos diferentes de los escolares para dar respuesta a la amplia variedad de alumnos, ya sea por nacionalidad como por procedencia socioeconómica. En las asignaturas instrumentales se clasifican los alumnos, pero en las más prácticas se mezclan para que compartan vivencias. En las optativas, se dirige al estudiante según sus capacidades y potencialidades. Si les cuesta hablar en público, se les recomienda teatro, por ejemplo. El último agrupamiento se produce en el trabajo de síntesis, donde los estudiantes se unen según gustos y formas de trabajar.

El resultado de este mosaico de modelos es que el índice de éxito escolar del instituto se sitúa en el 95%. “No pensamos en los dogmas a la hora de agrupar a los alumnos, pensamos en sus necesidades. Si están encerrados en un mismo grupo siempre no se enriquecen. Tenemos alumnos de una escuela superbrillante, lo fácil hubiera sido separarlos por nivel, pero no lo hicimos. Así aprenden unos de otros y cuando salen de aquí saben convivir con todo tipo de personas”, arguye Sabater.

Cuando se habla de mejorar la calidad educativa es inevitable que aparezca la referencia a Finlandia, a la cabeza de los resultados académicos de PISA. “La equidad es lo más esencial en la política educativa finlandesa, un valor nacional”, explica el profesor Jari Lavonen, jefe del Departamento de Formación Docente de la universidad de Helsinki. Allí, explica, las escuelas disfrutan de una amplia autonomía para decidir cómo agrupar a los estudiantes. “Si, por ejemplo, hay dos alumnos con necesidades especiales en una clase tiene que haber dos profesores o un profesor y un asistente”, dice Lavonen. En el país nórdico hay una apuesta clara por los refuerzos en el sistema y un respaldo decidido a los profesores, que disponen de un amplio margen de autonomía y de prestigio.

Los recortes y las reducciones de plantilla —que se han visto mermadas en decenas de miles de profesores este curso tras el decreto aprobado el año pasado que aumenta las ratios de alumnos y las horas de clase, aunque aún no existe estadísticas estatales oficiales— reducen las opciones de los centros españoles, que alertan de que esas reducciones van justo en dirección contraria a la apuesta por estas agrupaciones flexibles. En el instituto Icaria de Barcelona prevén cerrar uno de estos grupos el próximo curso por la falta de profesores. En esto centro crean pequeños grupos para los alumnos con más dificultades de aprendizaje en cinco asignaturas, pero en cuarto de ESO ya lo separan según el itinerario que vayan a seguir (bachillerato o FP). Este sistema les está dando buenos resultados. “Incluso los alumnos de los grupos de refuerzo sacan notas por encima de la media catalana en las evaluaciones externas”, defiende Marta Pérez, la jefa de estudios del centro.

En este centro también defienden que la clave para que las separaciones funcionen es convertirlas en un traje a medida para cada alumno. “Es el eterno dilema, si separar o no. He trabajado con los dos modelos y puedo concluir que no hay una fórmula válida que se pueda aplicar a todo los alumnos por igual. A algunos les sienta bien el hecho de sacarlos del grupo clase. Pero también he tenido algún caso de un niño que se sentía segregado en el grupo reducido y lo devolvimos al grupo clase. En el caso de este niño pesaba más el reconocimiento social y resultó que trabajaba mejor con un grupo de 30 que con uno de 10 alumnos”, ejemplifica Marta Pérez.

La reforma euducativa que impulsa el ministro de Educación José Ignacio Wert también ha echado más leña al fuego a este acalorado debate no resuelto y que despierta opiniones encontradas. La LOMCE adelanta a tercero de ESO la elección de itinerarios, es decir, si seguirán los estudios en bachillerato o los ciclos formativos.

La noticia tuvo ayer un gran impacto en la sesión del Parlamento catalán, donde todos los partidos —menos CiU— exigieron la comparecencia de Boi Ruiz y del propio Padrosa, y avanzaron que solicitarán la destitución del máximo dirigente del CatSalut si sus explicaciones no son satisfactorias. Mientras, la Corporación Fisiogestión empezó a retirar a Padrosa los poderes en sus sociedades —dedicadas a rehabilitación, fisioterapia y logopedia—, según confirmó el administrador del holding, Carlos Núñez.

Boi Ruiz es el expresidente de la patronal sanitaria —la Unión Catalana de Hospitales— y fue nombrado en diciembre de 2010 consejero de Salud por el presidente catalán, Artur Mas, tras la victoria electoral de CiU. Ruiz se llevó consigo al Departamento de Salud a la cúpula de la Unión y eligió a Padrosa para el cargo más importante de la sanidad catalana: la de director del CatSalut, organismo que financia toda la red asistencial —hospitales, centros de salud, servicios sanitarios, ambulancias...— y maneja el 97,9% de los 8.685 millones de presupuesto que Salud tuvo en 2012.

La doble posición de Padrosa cuestiona también la aplicación de los recortes sanitarios, que mientras en los grandes hospitales públicos alcanzan casi el 20% desde 2011, en las empresas de Corporación Fisiogestión apenas ascienden al 9%.

La apertura de la investigación por la Oficina Antifraude está recogida en un documento al que ha tenido acceso este diario, que establece “la posible existencia de incompatibilidades en la actuación del director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Padrosa”. La nota considera que estas “posibles irregularidades” tienen el calado suficiente para que la OAC “acuerde iniciar actuaciones de evaluación” del caso.

El grupo Corporación Fisiogestión, por su parte, emitió un comunicado en el que admite que Padrosa ha mantenido durante más de dos años los poderes en sus empresas mientras era director del CatSalut. Pese a ello, el grupo asegura que tanto su “actuación como la del doctor Padrosa han sido totalmente correctas” y defiende que ha obtenido adjudicaciones públicas con “total transparencia” y “sin ningún tipo de favoritismo”. La nota también niega que Corporación Fisiogestión haya sufrido los recortes en menor medida que el conjunto del sistema sanitario.

En el Parlamento catalán la oposición en pleno pidió explicaciones al director del CatSalut y a Boi Ruiz. A Padrosa, por sus presuntas incompatibilidades y al consejero, como responsable de su nombramiento, conocedor como era de su relación con el sector privado. Este es el primer paso que exige la oposición, y si las explicaciones no satisfacen a los partidos, la mayoría de grupos avanzaron que reclamarán la dimisión de Padrosa.

El PSC registró una petición de comparecencia en la cámara de Ruiz y Padrosa. La portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Marina Geli, enfatizó la responsabilidad del consejero. Conocedora de las obligaciones del cargo —fue la predecesora de Ruiz al frente del departamento—, pidió conocer “si se hizo el informe de compatibilidad que debe realizarse para nombrar cada alto cargo”. Geli no anticipó si los socialistas pedirán la dimisión de Padrosa, pero lo dejó entrever: “Escuchadas las explicaciones decidiremos y actuaremos en consecuencia”.

La comparecencia de ambos altos cargos, Ruiz y Padrosa, parece segura porque generó un clamor prácticamente unánime en la oposición. Incluso Esquerra, aliada del Gobierno de CiU esta legislatura, abrió la puerta a forzar las explicaciones de los dos dirigentes en la Cámara. “Haremos lo que debemos hacer: pediremos las explicaciones correspondientes, que se expliquen sobre todo esto. Podría ser en una comparecencia”, avisó Alba Vergés, portavoz de Sanidad de ERC, que no alberga dudas: “La Ley de Incompatibilidades es clara”.

El resto de grupos fueron más contundentes todavía. El partido Popular alertó de que exigirá “la dimisión inmediata” de Padrosa si se constata la incompatibilidad. “En tres años, las empresas que representa han facturado más de 40 millones de euros. Todo, en un momento en la que más que nunca hay que utilizar eficientemente los recursos públicos”, denunció el portavoz del PP, Enric Millo.

El ecosocialista Josep Vendrell abundó en la misma tesis: “Las instituciones deben garantizar más que nunca su credibilidad en época de recortes”, remachó Vendrell. La portavoz de ICV subrayó “la gravedad” de los hechos y lamentó los sucesivos embrollos de la sanidad desde que Ruiz es su responsable en Cataluña: “Desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados a que haya una puerta giratoria entre el sector público y el sector privado”. Un diagnóstico similar hizo David Fernández, de la CUP, que no dudó en pedir la dimisión de Padrosa y describir su déjà vu con el escándalo.

Ciutadans resumó la situación de la sanidad pública catalana: “Está saqueada, troceada entre grupos de interés y expoliada”, describió Jordi Cañas, que pidió incluir el caso Padrosa en el orden del día de la comisión de investigación de los escándalos de la sanidad catalana.

“Vengo hoy aquí, Berlín, para decir que la complacencia no es el carácter de las grandes naciones”, ha dicho, en medio de enormes medidas de seguridad y ante un público seleccionado. “Hoy las amenazas no son tan espantosas como eran hace medio siglo, pero la lucha por la libertad, la seguridad y la dignidad humana, esa lucha, continúa. Vengo hoy aquí, a esta ciudad de esperanza, porque las pruebas a las que nos somete nuestro tiempo exigen el mismo espíritu de lucha que definió a Berlín hace medio siglo”.

Berlín ha alcanzado tal categoría como símbolo de la voluntad del ser humano de decidir su propio destino, que la presencia de un líder de Estados Unidos constituye por sí misma un mensaje. Hablarle al mundo desde Berlín significa que se comprenden los dramas de los que esta ciudad ha sido testigo y víctima durante casi todo el siglo pasado y que se asume la necesidad de defender aquello en lo que se cree.

John Kennedy es en gran parte responsable del valor testimonial de Berlín con un memorable discurso, del que se cumplen ahora 50 años, en el que reclamó la ciudadanía berlinesa para cualquier amante de la libertad, y Ronald Reagan convirtió su paso por la Puerta de Brandeburgo en uno de los hitos de su cruzada anticomunista. Bill Clinton y los dos presidentes Bush cumplieron también con el rito de observar el mundo desde ese mismo punto.

Obama ha acudido a su cita con Berlín disminuido, sobre todo en comparación con aquel muchacho espigado que cautivó a la ciudad y al mundo en 2008. Maltratado por quienes nunca lo quisieron y por quienes le estaban esperando a la vuelta de la esquina, criticado por quienes antes le adulaban, impotente o contemplativo ante los problemas que se le acumulan, empequeñecido por sus propia indecisión y falta de arrojo, Obama ha llegado a esta oportunidad histórica rodeado de dudas y sospechas.

Poco antes de subirse al podio, instalado esta vez en la cara Este de la Puerta, sumada desde hace dos décadas a la prosperidad y los valores del Oeste, Obama estaba ya a la defensiva para responder a preguntas dolorosas sobre por qué no ha cerrado Guantánamo –porque no me dejan los republicanos-, por qué su Ejército mata con drones –no son ataques indiscriminados- y por qué sus servicios de inteligencia espían masivamente –sólo espiamos a los terroristas-. Ese es el tono de su presidencia en los últimos meses, siempre al albur de las circunstancias, al rebufo de la última crisis.

En ese estado, Obama agarró el micrófono, se quitó la chaqueta –medida más que humanitaria a la vista del calor sevillano con el que le recibió Berlín- y trató de sacar lo mejor de sí mismo. No lo consiguió. O sí lo consiguió y este fue un discurso correcto de un presidente correcto, y lo de antes era un espejismo.

Como quiera que sea, Obama apeló al “espíritu de Berlín” para señalar nuevas y grandes empresas: “Podemos disfrutar niveles de vida que son la envidia del mundo, pero mientras siga habiendo cientos de millones de personas con el estómago vacío o bajo la angustia del desempleo, no seremos realmente prósperos”. “Sabemos por nuestra historia que la intolerancia genera injusticia. Ya esté basada en la raza, la religión o la orientación sexual, somos más fuertes cuando todo nuestro pueblo, sin importar quiénes son o qué aspecto tienen, disponen de las mismas oportunidades”.

Hoy el reto para Occidente, dijo Obama, no es conseguir su libertad, sino conservarla haciendo a todos los ciudadanos, también a los del resto del mundo, partícipes del éxito obtenido. “Somos más libres cuando todos pueden aspirar a su propia felicidad… Tenemos que tener economías que funcionen para todos los ciudadanos, no solo para los que están en lo alto”.

Muchas de estas aspiraciones, aún nobles, encuentran a diario el obstáculo de la competencia entre naciones por la supremacía, de la que EE UU no está ausente, así como de las rivalidades ideológicas y políticas de corto plazo, en las que Obama es uno más. Pero cuenta a favor de Obama el hecho de que, a estas alturas de su presidencia, cuando ya es menos el tiempo que le queda en la Casa Blanca que el que ha permanecido en ella, el presidente norteamericano empieza a pensar en su legado más que en su agenda de mañana.

Con ese propósito, Obama quiso dejar en Berlín su huella hacia un mundo sin armas nucleares. “Después de una profunda revisión, he decidido que podemos garantizar la seguridad de EE UU y de nuestros aliados, y mantener una fuerte y creíble estrategia de disuasión, al mismo tiempo que reducimos nuestros misiles nucleares estratégicos (de largo alcance) en un tercio”. “Voy a negociar con Rusia para dejar atrás las posturas de la Guerra Fría”, aseguró.

Si esa negociación tiene éxito, que no será fácil, EE UU, podría quedarse con poco más un millar de misiles nucleares estratégicos y reducir igualmente los que actualmente están desplegados en Europa. Obama informó que en 2016 se celebrará en EE UU una conferencia sobre seguridad nuclear en la que confía en que se pueda certificar el nacimiento de una era libre de la amenaza atómica.

Cinco años atrás, el público regresaba a sus casas eufórico tras escuchar promesas similares. Este miércoles, la gente desfilaba tranquilamente por el pasillo abierto entre las vallas protectoras como los espectadores de la segunda versión de una película inolvidable pero irrepetible.

“Se trata de un programa muy reducido, circunscrito únicamente a perseguir los movimientos terroristas y las pistas de armas de destrucción masiva”, ha declarado el presidente norteamericano en Berlín en una conferencia de prensa junto a la canciller alemana, pocas horas antes de su discurso ante la Puerta de Brandenburgo.

“No estamos mirando los correos electrónicos de nadie en Alemania, en Francia o en cualquier otro sitio, no estamos entrando en Internet y revisando lo que nos da la gana”, ha asegurado Obama, quien defendió esta actividad de vigilancia como “un arma que ha ayudado a salvar vidas”, no solo en EE UU, sino también en otros países.

Merkel ha reconocido que el conocimiento de los programas de vigilancia de EE UU había despertado “preocupación” entre la población por el alcance y el grado de observación a que pueden estar sometidos de parte de EE UU. La canciller alemana ha señalado que el asunto había sido abordado en su conversación con el presidente y que éste le había dado más detalles sobre la actividad de espionaje.

Merkel ha añadido que Alemania valora mucho su colaboración con EE UU para aumentar la seguridad y recordó que las autoridades norteamericanas habían facilitado en ocasiones a su país información muy valiosa para la seguridad de sus propios ciudadanos.

Tanto Merkel como Obama coincidieron en que es necesario buscar un equilibrio entre la seguridad y la privacidad que tenga en cuenta la obligada protección de las personas con las demandas de las sociedades libres. La jefa del Gobierno alemán explicó que, en el mundo actual, va a ser necesario que los países discutan reglas sobre la actividad en Internet, “un espacio de nuevas posibilidades, pero también de nuevos riesgos”.

Las revelaciones hechas por Edward Snowden sobre programas secretos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) han tenido un fuerte impacto en Alemania, un país especialmente exigente con el derecho a la privacidad, y han contribuido a deteriorar la imagen de Obama entre la población.

Intentando aplacar las inquietudes sobre ese asunto y otros que han enturbiado su presidencia, Obama ha manifestado que está dispuesto, en la medida en que existan suficientes garantías de seguridad, a tratar de hacer público lo más que se pueda de esos programas secretos. Recordó, igualmente, que sigue intentando el cierre de la prisión de Guantánamo y que redoblará sus esfuerzos para conseguirlo en los años que le quedan en la Casa Blanca.

Obama y Merkel hablaron también de la situación económica en Europa y de los caminos para remontar la crisis. Merkel sostuvo que su propósito al defender la consolidación fiscal es el de hacer a Europa más competitiva, “porque Alemania será más competitiva si toda Europa es más competitiva”. Obama, que ha aplicado en su país una política diferente -estímulo económico a través de mayor gasto público-, dijo que “no existe una fórmula perfecta” para salir de la crisis, pero que era necesario “enfocarse en el crecimiento, sin olvidar la consolidación fiscal”.

“No se ha encontrado ningún resto del cuerpo”, dijo el responsable del FBI en Detroit, Robert Foley, horas después de que un equipo de excavadoras y antropólogos forenses reanudaran la búsqueda por tercer día consecutivo.

Hoffa, expresidente de uno de los tres sindicatos de camioneros más poderosos de Estados Unidos, los Teamsters, fue secuestrado el 30 de julio de 1975 y visto por última vez en el aparcamiento del restaurante Machus Red Fox, situado en Bloomfield Township (Michigan). Según informó el propio Hoffa, que tenía entonces 62 años, se iba a reunir con un presunto miembro de la mafia de esa ciudad y el jefe del sindicato de Nueva Jersey. El sindicalista fue declarado muerto en 1982.

Las labores de excavación comenzaron el pasado lunes en un terreno cerca de una granja situada al norte de Oakland Township, a unos 20 kilómetros del restaurante en el que secuestraron a Hoffa, después de que el líder de la mafia en Detroit en la década de los sesenta, Anthony Zerilli, de 85 años y familiar del dueño de la propiedad e hijo del reputado exjefe de la mafia, Joseph Zerilli, declarara, en un manuscrito de 21 páginas, que Hoffa estaba enterrado allí. El texto fue divulgado el pasado enero.

“Hoffa fue sacado de un coche amordazado, golpeado con una pala y enterrado con vida bajo un bloque de cemento en uno de los establos de la propiedad”, explicaba Zerilli. Su abogado, David Chasnick, aseguró el lunes que el FBI llevaba siete u ocho meses hablando con su cliente y que creía “al 100%” que esta vez sí iban a encontrar sus restos. No fue así.

Hoffa, padre del actual presidente del sindicato de camioneros, James Hoffa —elegido en el año 1998—, dirigió el gremio desde 1957 hasta 1971, cuando fue encarcelado por fraude y soborno.

Fue liberado a finales de ese mismo año cuando el presidente Richard Nixon conmutó su sentencia. Las autoridades siempre creyeron que fueron dirigentes del crimen organizado los que ordenaron su asesinato para evitar que retomara el control de la organización, tras su puesta en libertad. Cuando Hoffa dejó la presidencia, el sindicato contaba con 2,4 millones de afiliados.

En estos años la búsqueda de los restos del exsindicalista ha dado lugar a muchas teorías. La primera pista oficial se tuvo 17 años después de su desaparición, cuando un anciano de 70 años aseguró que la mafia les había pagado a él y a otros dos hombres 25.000 dólares por “deshacerse” de Hoffa. Aunque el FBI estudió la pista, nunca la confirmó.

Desde entonces, distintas hipótesis señalaron diferentes puntos del territorio de Estados Unidos como lugares donde pudieran estar enterrados sus restos, entre otras la zona del marcador del estadio de Los Gigantes, en Nueva Jersey, o la sede principal de General Motors, en Detroit.

El caso sin resolver de Hoffa se convirtió en uno de los más famosos de la historia de Estados Unidos y despertó la curiosidad de escritores y directores de cine. En 1992 el caso fue llevado al cine, con Jack Nicholson en el papel del sindicalista, y Danny DeVito como actor y director.

Los requerimientos son enviados directamente a sucesores de los fallecidos. En los escritos se explica que con la información que obra en poder de la Administración “se pone de manifiesto que el contribuyente identificado en la cabecera ha percibido rendimientos derivados de pensiones satisfechas en el extranjero y no consta que haya cumplido con la obligación de presentar la declaración anual” del impuesto sobre la renta. La Agencia Tributaria se encarga de recordar al familiar del emigrante que su pariente “ha fallecido por lo que de acuerdo con la Ley General tributaria y el Real Decreto 1065/2007, se le comunica que está obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes”. Hacienda aclara que si existen otros sucesores, deberá ser este familiar el encargado de identificar y detallar la proporción que aportará cada uno de ellos.

Emilia, una vecina de Barbadás (Ourense), deberá pagar algo más de 1.000 euros por la pensión extranjera que su marido, Eulogio, ya fallecido, percibió en 2008. Y también tendrá que abonar la multa administrativa de 200 euros impuesta por no haber declarado esos ingresos durante la campaña de la renta de 2009. Los pagos que ahora debe afrontar en solitario se extienden a ejercicios fiscales posteriores. Su caso no es único. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) detectó más de 400 afectados en la comarca pontevedresa de O Morrazo y vecinos de Lalín, O Carballiño, Silleda o Celanova también han recibido reclamaciones de la Agencia Tributaria. Decenas de ellas han sido dirigidas a familiares de difuntos que tienen un plazo de 10 días para presentar la documentación requerida a través de Internet o en la delegación de Hacienda más próxima. De no hacerlo en plazo y forma, la Administración advierte de que iniciará un proceso por una “infracción grave sancionable con una multa pecuniaria”.

Los nacionalistas recuerdan que los “emigrantes que tuvieron ingresos inferiores a 11.200 euros anuales no están obligados a someterse a este atraco a mano armada”, algo que Hacienda olvida aclarar en esos escritos. “Es un atraco, porque además en muchos casos los afectados también lo son por el timo de las preferentes”, explica la diputada Tareixa Paz. El BNG anuncia que en próximos días convocará actos de protesta. “Estamos ante un nuevo engaño masivo. El Gobierno organiza amnistías fiscales a la carta para grandes evasores fiscales que campan a sus anchas, pero a las personas del común se las machaca”, denuncia Paz.

En declaraciones públicas, Zazou aseguró que tras conocer el nombramiento de al-Jayat “no podía continuar en su cargo de ministro de Turismo”. Además, advirtió que la decisión del presidente “tendrá graves y nefastas consecuencias para la industria turística en su conjunto”. El turismo representa uno de los pilares de la economía egipcia, si bien aún no se ha recuperado del descenso en el número de visitantes que sufrió después de la revolución que depuso a Mubarak.

La Gamá Islamiya fue un grupo terrorista de ideología islamista que cometió brutales atentados durante los años 80 y 90. Su acción más espectacular y sangrienta fue precisamente en Luxor, en el templo de Hatshepsut, donde sus militantes asesinaron con machetes y armas automáticas a 62 personas, la mayoría turistas extranjeros. Asimismo, varios de sus activistas fueron condenados por el asesinato del presidente Anuar al-Sadat en 1981.

“Luxor está abierto turistas de todo el mundo. Ellos son mi principal preocupación y el Estado vela por su seguridad y bienestar”, declaró a Reuters al-Jayat. El nuevo gobernador sostiene que ingresó en la Gamá Islamiya en 1975, cuando era un movimiento político en los campus universitarios, y niega haber participado en cualquier acto violento. Su activismo se limitaría a ofrecer charlas.

Además, al-Jayat se esforzó en calmar las dudas sobre su compromiso con el mantenimiento de los restos faraónicos, calificados de “falsos ídolos” por parte de algunos movimientos ultraconservadores egipcios. “Trabajaremos para proteger los templos, para que ofrezcan su mejor imagen y nadie pueda dañarlos. Son unos grandes monumentos”, añadió.

Los líderes de la Gamá renunciaron la violencia desde la cárcel hace unos diez años, y después de la revolución fundaron el Partido de la Construcción y el Desarrollo. Esta fuerza política es uno de los más fieles aliados de los Hermanos Musulmanes y contaba con varios diputados en el parlamento disuelto. En una entrevista con El Pais, su dirigente más carismático, Tarek Zomor, se desvinculó de los atentados más brutales, y los atribuyó a “jóvenes alienados que actuaban por libre”.

Junto con al-Jayat, el presidente Morsi designó el domingo a otros 16 gobernadores provinciales, entre los que se cuentan siete miembros de los Hermanos Musulmanes y seis responsables de las fuerzas de seguridad, que se encargarán de las zonas fronterizas. El resto son figuras independientes.

Además de la ciudad de Luxor, los nombramientos han sido acogidos con manifestaciones de protesta en varias de las provincias que tendrán un gobernador de la Hermandad. Los manifestantes se quejan de la voluntad del grupo islamista de controlar todos los resortes de poder del Estado. Para el próximo 30 de junio, el primer aniversario de la investidura de Morsi, la oposición laica está preparando grandes movilizaciones con el objetivo de forzar la celebración de elecciones presidenciales anticipadas.

El acuerdo se dirige a Bruselas para reclamar el fin de la premiosidad en la aplicación de los planes, el impulso de la Unión Económica y Monetaria, el fin de la fragmentación del mercado financiero europeo, el desarrollo de las inversiones en la UE, el fomento del empleo juvenil y el incremento de fondos del Banco Europeo de Inversiones destinados a las pequeñas y medianas empresas, entre otras. Son medidas que se estudiarán en el consejo europeo del día 27 y sobre las que España se juega su ritmo de recuperación porque suponen, según Gobierno y oposición, inyectar fondos para favorecer el crecimiento y poner fin a la política basada exclusivamente en la austeridad.

Se trata de la primera reunión formal de los dos políticos en el Palacio de la Moncloa desde el 25 de mayo del año pasado, si bien ambos han mantenido a lo largo de los últimos meses encuentros discretos y conversaciones telefónicas. La cita de este jueves en La Moncloa servirá para escenificar el acuerdo que ambos cerraron el pasado miércoles antes la cumbre europea. Ese pacto tiene como ejes básicos acelerar al máximo posible el plan de empleo juvenil europeo, facilitar el crédito a las pymes a través del Banco Europeo de Inversiones, estimular inversiones con fondos europeos, avanzar en la unión bancaria, y dar pasos en la arquitectura del mercado interior europeo.

Sobre la reunión entre ambos dirigentes, Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha dicho: "Estamos convencidos de que hay una posibilidad de que la política económica de la UE empiece a girar en el sentido en el que nosotros hemos defendido que debía hacerlo, es decir, favoreciendo la creación de empleo, el crédito a las pymes, permitiendo inversiones en los países como España que las necesitan. Y, en la medida en que hay una opción de que gire la política económica de la UE en ese sentido, hemos pensado que era muy buena idea acompañar al Gobierno en esta tarea que tiene que hacer el presidente del Gobierno en el próximo Consejo Europeo". ¿Hablarán de otras cosas?, le preguntaron a Valenciano: "No descartamos nada, pero vamos fundamentalmente a hablar de la UE".

El Grupo Popular y el Grupo Socialista registraron el pasado jueves una proposición no de ley con ocho objetivos para esa cumbre europea. La iniciativa se votará el próximo 25 de junio en el Pleno del Congreso. Tanto el Gobierno como el PSOE han expresado su deseo de que más grupos parlamentarios apoyen ese texto, después de que tanto los nacionalistas de CiU y PNV como UPyD se desmarcaran de un texto ya 'cocinado'. Esta semana, tanto Coalición Canaria como Unión del Pueblo Navarro (UPN) han manifestado su voluntad de sumarse a ese acuerdo.

Cada semana hay paros masivos, de una jornada o de varias; regionales o nacionales. Algunos no causan excesivos trastornos, otros paralizan el país. El de la semana pasada no se notó demasiado en Dacca, una megaurbe de 15 millones de habitantes, pero a medida que avanza el quinto año de legislatura se endurece el enfrentamiento callejero entre la Liga Awami, de la actual primera ministra, Hasina, y el BNP (Partido Nacionalista de Bangladesh), de la opositora Zia. Son los dos grandes partidos que dominan la política local desde la fundación del Estado, en 1971.

Como es frecuente en la región, una es hija de y la otra viuda de. Hasina, que ya dirigió el Gobierno de 1996 a 2001, es la primogénita de el asesinado Mujibur Rahman, padre de la patria; Jaleda Zia, primera ministra de 1991 a 1996 y de 2001 a 2006, es la viuda del asesinado Ziaur Rahman. Ambos hombres no son parientes pese a apellidarse igual.

“Si analizas sus programas, al margen de la retórica, son prácticamente lo mismo”, explica Nurul Kabir, de 51 años, director de New Age, uno de los diarios en inglés de la capital. “Básicamente unos luchan por llegar al poder, y los otros por retenerlo”. Otra fuente local recuerda que cada vez que sus compatriotas han acudido a las urnas han optado por la alternancia. Ninguna ha tenido un segundo mandato consecutivo. “La única competición seria entre ambos partidos es a ver quién es más corrupto. El resto de los bangladesíes son víctimas de esa corrupción”, asegura el periodista.

Los hartales son un castigo político tradicional de la oposición al Gobierno en vísperas electorales. Desde enero ha habido más de medio centenar de días de paro masivo, pocos si se comparan con los 176 convocados por la Liga Awami contra el BNP el último año de la pasada legislatura. Ahora los papeles están cambiados. Pero esta vez, al paro total de fábricas y comercios, se suman las tensiones generadas por el tribunal creado en 2010 para juzgar los crímenes de la guerra en el actual Bangladesh se separó de Pakistán, hace más de cuatro décadas. Era una vieja reivindicación de movimientos sociales que la primera ministra Hasina hizo suya para dañar a la oposición y como baza electoral ante los jóvenes, según coinciden las fuentes. La juventud dio el triunfo a Hasina en 2008. Durante el bienio previo hubo un Gobierno tecnócrata colocado por el ejército.

El tribunal es considerado un arma política de la Liga Awami, aunque este lo niega, contra el BNP porque la mayoría de los que se sientan en el banquillo son líderes históricos del partido islamista Jamaat e Islami, aliado clave del principal partido opositor. Aquella guerra fue breve y cruenta: en solo nueve meses causó medio millón de muertos, según investigadores independientes aunque Bangladesh los cifra en tres millones de muertos; unas 200.000 mujeres violadas y millones de refugiados. Los islamistas combatieron junto a Pakistán para evitar que Pakistán del Este se independizara.

El goteo de condenas –por asesinatos masivos, violación, tortura y secuestros-- de los últimos meses ha sido recibido con violentas protestas de los islamistas, que han causado un centenar de muertos. Los jóvenes piden mano dura para los condenados. Cientos de miles tomaron una plaza de Dacca en febrero para exigir que un veterano líder de Jammat, Abdul Qader Mullah, fuera ahorcado. El director del periódico New Age sostiene que “el juicio debe ser más transparente”. También Human Rights Watch tiene peros: alaba el objetivo declarado de juzgar las atrocidades de la guerra, pero critica el sesgo del tribunal además de denunciar el secuestro de un testigo de la defensa a las mismas puertas de la sala.

El juicio ha incrementado en los últimos meses las tensiones entre laicos y religiosos en este país de mayoría musulmana con tradición de tolerancia y donde el hiyab, los almuédanos y el rezo están mucho menos presentes en la vida cotidiana que en los países árabes.

Un movimiento vinculado a los islamistas y escudado en reivindicaciones antiblasfemia, Hefazat e Islami, ha encendido más los ánimos. Su llamamiento a “asediar Dacca” el 5 de mayo pasado derivó en violentos enfrentamientos con la policía. La policía aseguró que no hubo ni un muerto; la oposición los cifró en un millar, pero una fuente local sostiene que rondarían la veintena.

La inquina entre las dos principales líderes políticas del país es legendaria. Ni siquiera se ven en el Parlamento porque el BNP lo ha boicoteado durante prácticamente toda la legislatura. El único gesto mutuo que tienen cada año es felicitarse el Eid, la gran fiesta de los musulmanes. El odio es tal que la primera ministra rebautizó el aeropuerto internacional , antes llamado Zia en honor al padre de su adversaria.

Una fuente que conoce a ambas hace décadas describe a Hasina como “laica, habladora, con un buen conocimiento de la Administración pero con mentalidad dictatorial. No acepta consejos de asesores. La gente la llaman Apa (hermana)”. A Zia la define como alguien “más reservado, que sí acepta consejos”. La gobernante Liga Awami acusa al BNP de echarse en brazos de los islamistas.

Ambas mujeres preparan a sus hijos, salpicados los dos por acusaciones de corruptelas varias, como herederos políticos. El de Zia, Tarik Rahman, de 45 años, vive en Londres, con la venia del Tribunal Supremo, para ser tratado de una brutal paliza que recibió tras ser detenido en 2007, cuenta el periodista Kabir. El hijo de Hasina, Sajib, de 41 años, no parece personalmente muy interesado en política. Se especula sobre sus corruptelas pero no hay nada documentado, añade el director del New Age.

Esta causa, cuya anulación había sido solicitada tanto por la Fiscalía como por las defensas de Blesa y Díaz Ferrán, es la pieza principal del llamado caso Blesa. Sin embargo, no es la pieza por la que el magistrado mantiene encarcelado al banquero, que es la compra de un banco de Florida. Formalmente el ejecutivo debería seguir en prisión hasta que se analicen los otros autos, pero este miércoles se daba por hecho que o bien el abogado defensor de Blesa, Carlos Aguilar, o el propio juez, podrían solicitar su inmediata excarcelación porque el caso ha quedado anulado.

Fuentes judiciales calculan que podrían transcurrir quince días hasta que se resuelva el primero de estos recursos. Blesa lleva en prisión desde el 5 de junio. Silva afirmó, en rueda de prensa, que no consideraría un fracaso la desautorización de la Audiencia.

La resolución de este miércoles no conlleva automáticamente la excarcelación de Blesa. No obstante, la dureza de la respuesta de la Audiencia podría interpretarse, según fuentes judiciales, como una desautorización absoluta de la causa general, que podrían conllevar que el propio juez que metió en la cárcel al banquero, ordenara su excarcelación aunque continuara investigando el caso de la adquisición del City National Bank of Florida.

De todas formas, la peculiaridad en la forma de actuar del juez Silva hace muy difícil predecir los acontecimientos. Este magistrado se basó en la similitud en la forma de gestionar (con grandes errores, en su opinión) el préstamo al empresario con la mala manera de planificar de la compra del  banco de Florida y de un solo caso originó hasta tres diferentes. Fuentes judiciales apuntan que esta estrategia de desgajar casos buscaba evitar que si la Audiencia anulara el caso del crédito, se hundiera toda la causa contra Blesa.

De momento, el tribunal ha acordado la nulidad del procedimiento y, en el auto en el que ha hecho pública su decisión, la ponente Rosa María Quintana advierte de las "desproporcionadas" medidas que se adoptaron durante su tramitación. De esta forma, ha retrotraído la causa al momento en el que fue sobreseída inicialmente en 2010 y ha revocado las diligencias adoptadas, como es la retirada del pasaporte de Blesa. La Audiencia le acusa de convertir la causa del crédito a Díaz Ferrán en una "causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo".

En el documento, la ponente denuncia que la reapertura del caso "ha vulnerado el derecho a la defensa". “No había nuevas pruebas”, asegura antes de destacar que “desde el inicio era patente y manifiesto para el instructor que no obraba soporte acreditativo del único y exclusivo hecho denunciado, el crédito”.

En la misma línea, la magistrada denuncia que no se aporta la denuncia que dio origen a la causa en 2010. Es decir, recuerda que Elpidio José primero reabre la causa "al objeto de citar al denunciante, Miguel Bernad, en nombre del sindicato Manos Limpias" para después "oírle en declaración por si tiene conocimiento de tal denuncia y en su caso pudiera tener relación con la que ahora se rehabre (literal)".

La Audiencia denuncia este procedimiento en el que "no se aporta a la causa ni siquiera la denuncia o querella que dio origen a esta causa. Así pues, no se alcanza a comprender, salvo facultades adivinatorias inusuales, cómo se puede concluir la existencia de una conexidad entre los hechos que nos ocupan y los que se dice se seguían en el Juzgado de Instrucción 21 pues se desconocen hecho, sujetos intervinientes e ilícitos denunciados”. En este punto, advierte, “no cabe derivar y presuponer esta conexidad en base a noticias de prensa, de pasillo, conocimientos extrajudiciales o sospechas”.

La Audiencia concluye que "los hechos delictivos denunciados, huérfanos de cualquier refrendo, confirman la ausencia del mínimo juicio de proporcionalidad y razonabilidad de las medidas de investigación adoptadas pues además de las indicadas se adoptan otras medidas limitadoras de derechos fundamentales", señala uno de los seis autos del caso Blesa. Silva dedica varios folios a explicar la crisis financiera en Estados Unidos y la crisis de Bankia a partir de junio de 2010.

El juez Silva acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Imputa a ambos delitos societarios y falsedad documental.

Manos Limpias acusa al que fuera presidente de Caja Madrid de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un 'holding' empresarial que se encontraba en quiebra".

El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de este asunto argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación "de una forma muy genérica y sin ninguna concreción", pretendiendo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".

Así, la ponente denuncia en el auto que la reapertura del caso vulnera el derecho a la defensa. “No había nuevas pruebas”, asegura antes de destacar que “desde el inicio era patente y manifiesto para el instructor que no obraba soporte acreditativo del único y exclusivo hecho denunciado, el crédito”.

En la misma línea, la magistrada afirma que no se aporta la denuncia que dio origen a la causa en 2010, “así pues, no se alcanza a comprender, salvo facultades adivinatorias inusuales, cómo se puede concluir la existencia de una conexidad entre los hechos que nos ocupan y los que se dice se seguían en el Juzgado de Instrucción 21 pues se desconocen hecho, sujetos intervinientes e ilícitos denunciados”, añade. En este punto, advierte, “no cabe derivar y presuponer esta conexidad en base a noticias de prensa, de pasillo, conocimientos extrajudiciales o sospechas”.

La magistrada insiste, por los mismos motivos, que “no se alcanza a comprender, salvo facultades adivinatorias inusuales, cómo se puede concluir la existencia de una conexidad entre los hechos que nos ocupan y los que se dice se seguían en el Juzgado de Instrucción 21 pues se desconocen hecho, sujetos intervinientes e ilícitos denunciados”. Además, continúa, “no cabe derivar y presuponer esta conexidad en base a noticias de prensa, de pasillo, conocimientos extrajudiciales o sospechas”.

Asimismo, el auto arremete con dureza contra los argumentos que empleó Silva para ligar la gestión de Blesa con el posterior rescate de la entidad. “En modo alguno, ni la crisis en los Estados Unidos, con las subprime a las que se refiere el instructor, ni la que desde principios del año 2010 indica que vienen padeciendo los Estados de la Eurozona, ni una gestión bancaria que el instructor califica de nefasta pueden servir de base a la reapertura en la que se denuncia la concesión de un crédito de 26,5 millones”, sostiene Quintana.

Por estos motivos y tras dejar en evidencia que Silva recurrió a la Wikipedia para explicar el cambio en las condiciones económicas generales, el auto publicado este miércoles denuncia que “lo menos relevante en la causa es el concreto hecho denunciado” del préstamo. Es más, continúa, “parece ser que el objeto del proceso se ha convertido en una causa general en busca de responsables –al parecer Miguel Blesa y Díaz Ferrán- de la crisis económica que atravesamos”.

Pero también emplaza al Banco Central Europeo (BCE), para que adopte nuevas medidas para frenar la fragmentación de los mercados financieros en Europa (por los cuales los países con problemas pagan altos intereses financiarse mientras a los fuertes puede resultarles prácticamente gratis) y que Bruselas avance en la unión bancaria. “Se debería hacer más a nivel europeo para facilitar el ajuste de España”, destaca. “Para ayudar a cimentar la confianza del mercado y reducir los tipos de interés”, añade el informe, “España y el área euro deberían mantener abierta la posibilidad de poder solicitar el programa OMT [de comrpa de bonos] del BCE”. En cuanto al rescate europeo a la banca, el FMI considera que hasta ahora está funcionando bien y que su prórroga debería plantearse con calma a finales de año.

El FMI sigue defendiendo un proceso de ajuste lo bastante paulatino como para que no perjudique el crecimiento. James Daniel, el jefe de la misión para España, recalcó que, “aunque hay que continuar la consolidación, el ritmo debe ser gradual”. El Fondo advierte de que “un ajuste demasiado rápido dañaría el crecimiento”, de modo que “la consolidación fiscal requerida ha de ser tan gradual y favorable al crecimiento como sea posible”. Eso sí, “el déficit sigue siendo muy alto y se necesita continuar reduciéndolo para asegurar la sostenibilidad de la deuda”. Daniel advirtió de que también se puede actuar del lado de los ingresos.

Para los inspectores, cuanto al ritmo de reducción del déficit, “los nuevos objetivos del Gobierno de reducción del déficit estructural a medio plazo logran un equilibrio razonable” y “dada la necesidad de estabilizar la economía y, suponiendo que se logra la consolidación estructural en marcha para 2013, no resultan deseables medidas adicionales para este año”, concluye al respecto.

El organismo señala en el documento presentado el miércoles que, en su escenario base, espera que el crecimiento “empiece a ser positivo más adelante en el año y se recupere gradualmente hasta el entorno del 1% en el medio plazo”, sin más concreción. Los inspectores reconocen el avance de las reformas emprendidas por el Gobierno, pero lamentan las “mejoras limitadas en términos de empleo”. Y, aunque “el sector exterior seguramente continúe siendo el punto fuerte” alertan de que “probablemente no baste para generar un crecimiento suficientemente pujante dada la débil demanda interna”. El Fondo pide la creación de una “comisión de crecimiento” independiente para impulsar las reformas.

Los hombres de negro —expresión que el ministro Cristóbal Montoro hizo célebre al hablar de los inspectores de la troika que debían inspeccionar el país como consecuencia del rescate de la banca— se presentaron este miércoles en Madrid para presentar las conclusiones de su misión en España. El informe resalta que “los desequilibrios exterior y fiscal se están corrigiendo rápidamente”, pero echa un jarro de agua fría a la campaña emprendida por el Gobierno en las últimas semanas por transmitir una imagen de optimismo y la idea de que ya hay luces de salida de la crisis.

El FMI se limita a señalar que “aunque hay signos de que la contracción de la economía podría terminar pronto, las perspectivas siguen siendo difíciles”. Las previsiones del organismo son más negativas que las del Gobierno. Admite que “un escenario más positivo similar al previsto por el Gobierno es ciertamente posible, especialmente a medio plazo si se llevan a cabo las reformas previstas”, pero que también hay riesgos a la baja. Y, eso sí, llamó a “evitar que se utilice la esperada mejora económica como argumento para ralentizar el esfuerzo de reformas”.

James Daniel, el jefe de la misión para España, señaló que, en efecto, la cuarta economía europea atisba algunos signos de recuperación —habrá crecimiento en el segundo semestre—, pero “ese no es el tema”, sino “si esa reactivación es suficiente para crear empleo”. Y España, recordó, históricamente solo ha creado empleo con crecimientos del 1,5%.

Según últimas previsiones del FMI, de abril, el desempleo solo bajará al 26,5% en 2014 y en 2018 aún seguirá en el 23%. Daniel lamentó que para frenar la crisis España ha reducido más el número de empleos que los salarios, a diferencia de otros países, pero los sueldos españoles “son los mismos que en 2007”.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que las rentas del trabajo en el PIB se reduce en favor de los beneficios empresariales.

El Fondo pide más medidas por el empleo, propone que “se alineen los costes de despido para los contratos indefinidos con la media de la UE y que se incrementen de forma más gradual con la antigüedad”, además de “reducir el número de contratos, ampliar el uso del nuevo contrato permanente”, lo que abona a los defensores del contrato único.

Plantea además una mayor precisión de las causas objetivas de despidos, dado que reclama “reducir el margen de interpretación judicial de los despidos objetivos”. La actual reforma ha multiplicado los casos en los tribunales para determinar si, en efecto, la empresa tenía causas objetivas para despidos procedentes.

Y los sueldos tienen margen para seguir bajando, según el organismo. Propone “el compromiso de los empresarios de generar incrementos significativos en el empleo a cambio de la aceptación por los sindicatos de una significativa moderación salarial”, además de otras vías para fomentar la contratación como “algunos incentivos fiscales a través de reducciones inmediatas en las cotizaciones a la Seguridad Social compensadas por incrementos en la recaudación por imposición indirecta en el medio plazo”.

Y también cree que, a no ser que la situación cambie en los próximos meses, son necesarias “reformas más profundas en la negociación colectiva” con el fin de facilitar que las empresas con problemas puedan aplicar rebajas salariales por debajo del convenio colectivo que las rigen, es decir, las llamadas “cláusulas de descuelgue”. También deja abierta la puerta a rebajas de cotizaciones y otros costes laborales para la contratación de jóvenes o parados de baja cualificación. Dio visto bueno al plan de pensiones propuesto por el comité de expertos y que ahora se debe debatir en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Es la creación de empleo lo que fomentará el consumo interno, recalcó Ranjit Teja, subdirector del departamento para Europa. Estas medidas complementarían la reforma aprobada en 2012. El Gobierno respondió de forma poco receptiva el miércoles a través de la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, quien señaló que el Ejecutivo respeta las opiniones del FMI “pero la reforma laboral es equilibrada, de envergadura y está hecha”.

Pero el otro gran obstáculo para la reactivación española, la sequía crediticia, tampoco se ha solventado con las últimas reformas financieras, ni siquiera con el rescate a la banca. El FMI defiende un proceso de desapalancamiento “más gradual” que sea compatible con que el crédito llegue a las empresas. A los bancos les pide reforzar el capital y prudencia en el reparto de dividendos, entre otras medidas. Valora la iniciativa de “clarificar” la clasificación de los préstamos refinanciados y que el Banco de España continúe con las pruebas de resistencia.

El Fondo cree que España puede hacer por “mejorar sus ingresos públicos, sobre todo en el ámbito de los impuestos indirectos”, en los que es menos eficiente que otros países de su entorno, dijo Daniel, si bien dejó claro que no piden una subida de los tipos del IVA. Abogó por que “se aumenten los ingresos sin necesidad de tocar los tipos”. Es decir, por aumentar la base impositiva (incrementado los productos que pagan las tasas más elevadas), en línea con las recomendaciones de Bruselas.

La mujer se mostró entera casi en todo momento. Solicitó declarar tras un biombo que ocultara a José Bretón. Este permaneció sentado, esposado por primera vez en la sala. La voz de ella solo se quebró en algún instante, cuando rememoró la última vez que vio a los niños, de dos y seis años, en el otoño de 2011, y cuando explicó que tomó la decisión de permitir que su exmarido pasase fines de semana alternos con ellos. “Ahora me doy cuenta de que vivía con un asesino en potencia”, dijo.

La declaración de Ruth Ortiz desbarató ayer la imagen que el día anterior ofreció Bretón de un hombre amante de su familia. “Él nunca era cariñoso con sus hijos. Recuerdo uno de los últimos días de El Portil [donde vivió la pareja en Huelva antes de la separación] en el que él rechazó con desprecio a su hija y la bajó bruscamente de sus rodillas. Otra vez, le dio una torta en la boca a José por no comer. Yo le dije que no lo hiciera más”, recordó Ruth. “En El Portil empecé a tener miedo real de él. Sabía que era vengativo. Le tenía miedo, no sabía a qué, pero empecé a intuir la maldad que tenía”.

Mientras la relación de la pareja se deterioraba, Bretón se volvió completamente “rígido, obsesivo y controlador con los niños”, contó la madre. “Los niños, al final, le temían. No les dejaba comportarse como niños. Les veía como una carga en nuestra relación”. Ortiz tampoco contempla —“jamás, eso jamás”— que el hombre perdiera a los niños, dado el control y la rigidez con que se conducía con ellos. Un testigo declaró que a los pequeños “no los cogía de la mano, los cogía por las muñecas”.

Ortiz recordó una de las pocas visitas que hizo a Bretón en la cárcel para tratar de arrancarle la verdad, uno de los episodios más dolorosos para ella. “Me dijo que con quien sea que estuviesen los niños, no iban a estar como con él o conmigo. Pero que, desde luego, con quien mejor estarían los niños era con él”, relató la madre. Bretón se mantenía terriblemente tranquilo en esos encuentros. Igual que cuando la llamó, en la madrugada del 9 de octubre, para confirmarle que sus hijos habían desaparecido. “Qué quieres que te diga, se me han perdido los niños. Me ha tocado a mí”, le dijo. “Estaba supertranquilo”, apuntó ayer la madre. La única obsesión de Bretón parecía ser que Ruth se reuniera con él. “Ahora tendrás que venir a Córdoba”, me dijo. “Yo era incapaz de pensar en nada, solo pensaba que no volvería a ver a mis hijos”. La pareja mantuvo fugaces conversaciones más adelante. En ellas, Ruth le rogó, le gritó a Bretón que le devolviese a sus hijos. “Pero él solo me decía que por qué no dábamos una rueda de prensa juntos, o por qué no íbamos juntos a una manifestación. O por qué no pegábamos juntos carteles de los niños”.

Sin cifras de ahorro comunicadas, el presidente quiso darle hoy toda la solemnidad al anuncio. Es, según Rajoy, la radiografía "más minuciosa que se ha hecho de nuestro sector público en la historia de la democracia". Los cambios propuestos esta mañana por el presidente, sin embargo, no van más allá de recomendaciones que las Comunidades Autónomas podrán adoptar o no.

"Quisiera acabar con un mito muy extendido sobre el tamaño de la administración pública: España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público, un 43%, seis puntos menos que nuestro entorno", explicó. "Nuestro mayor problema es el desplome brutal de los ingresos", resumió Rajoy. "La reforma de las administraciones públicas dio arranque en nuestro primer día de Gobierno", se defendió Rajoy, frente a las críticas de que el Ejecutivo ha tardado demasiado en presentar los grandes cambios prometidos en su programa electoral.

Estas son algunas de las 217 medidas, 120 relativas a duplicidades, contenidas en el estudio de 200 páginas que ha sido elaborado bajo la supervisión directa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En este proceso los ciudadanos han remitido al Ministerio de Hacienda más de 2.000 propuestas para eliminar burocracia.

Inmuebles. Aunque el momento es, a todas luces, muy complicado para hacer ventas en el sector inmobiliario, el Gobierno quiere enajenar 15.000 inmuebles y reordenar los alquileres de sedes institucionales. Para ello se ha realizado un estudio de ocupación y se han reducido ya arrendamientos a través de la supresión de 356 contratos con un importe de 40 millones de euros. Se intentará que ningún edificio público esté vacío. Las ventas de inmuebles han reportado hasta ahora al Gobierno 88 millones de euros.

Funcionarios. Las nóminas de los funcionarios se generan según unas pautas adoptadas en el año 1974. Cinco días antes del pago de las nóminas, el Estado hace una provisión del dinero que va a entregar a sus empleados. Un cambio en esta práctica, unido a la eliminación de las 132 cuentas bancarias desde las que la Administración realiza los pagos podría ahorrar, según el Gobierno, seis millones de euros.

Supresión de puestos de trabajo y servicios. El Ejecutivo insiste en que ya se han eliminado 377.000 puestos públicos y que las nuevas medidas no incidirán en este capítulo, sino en la extinción de la burocracia. También insiste en que "ningún servicio esencial", se dejará de prestar. Entre las medidas a adoptar en materia de función pública está la creación de una bolsa de empleo que fomente "la movilidad laboral".

Ahorro ¿millonario? El presidente no ha dado cifras sobre el ahorro que supondrán estas medidas. Las únicas pistas las da el Plan Nacional de Reformas remitido a Bruselas, que cuantifica en 8.000 millones la eliminación de duplicidades administrativas junto a la reforma de los Ayuntamientos. Sin embargo muchos expertos han cuestionado que realmente se pueda llegar a alcanzar esta cifra. Es, además, dudoso que las Comunidades Autónomas vayan a aceptar de buen grado algunas de ellas, como la pérdida del control sobre las compras de suministros. La capacidad para que Madrid  las imponga es muy limitada y está sujeta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Centralizar contratos y cuentas. "¿Qué sentido tiene comprar por separado?" se preguntó esta mañana Rajoy. El Estado tiene abiertas 4.823 cuentas bancarias y menos del 10% corresponden al Banco de España. Se creará una plataforma de compras centralizada y se controlará la deuda comercial del sector público para "que se pague a los proveedores, en buena parte pequeñas y medianas empresas". También habrá un registro único de empresas licitadoras.

Coto a los "chiringuitos" autonómicos. El Gobierno quiere continuar con la supresión de organismos autonómicos como agencias meteorología, energía, o para la defensa competencia. "Desde el Estado se presta el mismo servicio", dijo Rajoy.  El mensaje fue claro para las autonomías, sobre las que el Estado tiene poca capacidad de imponer estas reformas. "Si se aplicasen las 120 propuestas de reducción de duplicidades se aumentaría el ahorro de las Comunidades Autónomas", explicó el presidente.

Menos "ventanitas". "Una notificación postal cuesta 2,5 euros, una electrónica 0,19 euros".  Rajoy puso este ejemplo para abordar la necesidad de que se avance en la administración electrónica. "No es un ahorro menor", recalcó, en su idea de que "menos ventanitas", ofrecen "menos coste y más ahorro". 

Parque móvil. En el último año el Estado ha pasado de tener 1002 conductores para 930 vehículos a 852 chóferes para 630 vehículos. En Madrid, el recinto que ocupan los coches oficiales alcanza los 26.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad. El Gobierno trasladará el aparcamiento a zonas donde el suelo sea más barato. 

Sueldo de los directivos. Los políticos han dejado de ocupar, según el Gobierno, 268 puestos en consejos de administración de empresas públicas y han dejado de cobrar por ello. El ahorro que se ha conseguido con esta y otras medidas similares alcanza los 30 millones. Se han suprimido empresas públicicas, agencias y fundaciones. 

Exteriores abandonó este palacete, que antes perteneció al INI (Instituto Nacional de Industria) en 2004, tras detectarse emanaciones de gas naftaleno, supuestamente procedentes de la cubierta. Desde entonces, sus servicios han estado repartidos por varios edificios; como Torres Ágora, junto a la M-30, donde pagaba un alquiler de ocho millones al año, recientemente reducido a 6,5; y en el de la calle de Ruiz de Alarcón 5, cuya renta asciende a 900.000 euros anuales.

Para poder volver a Marqués de Salamanca, el edificio, que ya ha sido saneado, necesita unas obras cuyo coste se estima entre 40 y 60 millones; y esa es la cantidad que Exteriores espera obtener de la venta de un solar de 15.800 metros cuadrados en la calle del Padre Damián, donde un día se pensó construir la nueva sede. La enajenación del solar —previa recalificación urbanística del ayuntamiento— serviría así para sufragar la remodelación del antiguo palacete del INI, que se iniciará el año próximo y debe estar concluida en 2017.

Rajoy es consciente de que la ley no le permite imponer prácticamente nada a los barones. Y tal vez por eso y para disipar ese malestar de varios de ellos que La Moncloa ya conocía, el presidente les lanzó un mensaje negociador. “Este documento es una propuesta; nos gustaría acordarla con todos. Aquí no hay ideología, hay un intento de ser más eficaces”, explicó el presidente, buscando su lado más amable.

Sin embargo, detrás de estas buenas palabras, algunos dirigentes consultados veían un claro intento por imponer de forma indirecta más recortes. De hecho, el propio presidente aseguró que las 120 medidas que suponen eliminar duplicidades y que afectan a las autonomías se discutirán en un próximo Consejo de Política Fiscal. Eso generó suspicacias, porque en ese órgano también se tiene que discutir el nuevo reparto del déficit asimétrico, que dará más margen a los barones. Y algunos temen que esa flexibilidad se utilice como contrapartida a cambio de que se cumpla lo que plantea el Gobierno.

Rajoy reivindicó lo que en su opinión es “la radiografía más minuciosa de la Administración realizada en toda nuestra democracia”, y apuntó algunas cosas que según él son prescindibles, como los servicios de meteorología autonómicos o los organismos de defensa de la competencia, pero no dio más detalles. De hecho, el discurso de Rajoy tuvo poca concreción, ni siquiera dijo cuánto dinero se pretende ahorrar o cuántos organismos se van a suprimir. Esos datos llegarán el viernes, cuando el informe llegue al Consejo de Ministros, según La Moncloa. El Gobierno insiste en que estas reformas no supondrán destrucción de empleo público y Rajoy recordó que ya se han recortado 375.000 puestos de trabajo de la Administración desde que él llegó a La Moncloa.

Uno de los barones más influyentes en el PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, marcó enseguida su territorio. Afirmó que la reforma le parece “una propuesta necesaria y valiente” pero aclaró que “cuando tocan las competencias de las comunidades autónomas”, esas iniciativas “se tienen que negociar”. Para entender la complejidad de esta negociación basta ver que Rajoy citó a los organismos de defensa de la competencia autonómicos como algo a extinguir y Feijóo acaba de crear uno que es fusión de otros dos y que no tiene ninguna intención de eliminar. El ambiente político que se ha creado con la fórmula secretista del Gobierno, que no ha querido compartir con nadie sus propuestas, augura muchos conflictos. Rajoy ya vio hace un mes cómo sus barones se le descontrolaban por la batalla sobre el déficit asimétrico, aún no resuelta.

Esa idea de la negociación con las autonomías diluye mucho la gran reforma que Rajoy ha tardado 18 meses en presentar, pese a que era una de sus grandes promesas en la campaña electoral. Aunque el Ejecutivo asegura que tiene fórmulas para forzar que las autonomías le hagan caso.

El Gobierno, en este momento, ya tiene una influencia sobre varias autonomías mayor de la que ha tenido ningún Ejecutivo anterior, porque nueve de ellas, como es el caso de algunas muy importantes, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, sobreviven financieramente gracias al ingreso mensual que les hace Hacienda a través del fondo de rescate autonómico, el llamado FLA. Eso le da a Cristóbal Montoro y a su equipo una gran capacidad de supervisión e influencia sobre los ajustes que está haciendo cada autonomía.

Bernanke, que evitó hablar sobre si piensa dejar su cargo en enero, dejó claro que esperará un tiempo antes de proceder a subir tipos de interés. En cualquier caso, dejó claro que todo depende de la evolución económica. "La compra de activos variará conforme a la marcha de la economía", señaló. Afirmó que los riesgos para la economía y el empleo "disminuyeron" desde el pasado otoño. Pero pese a esta mejora, considera que la política actual es la apropiada.

Wall Street cerró con una caída del 1,35% del Dow Jones, después de las palabras de Ben Bernanke sobre los estímulos. Se escucha desde hace semanas que pronto podría llegar el tapering, el término que utiliza Wall Street para referirse al inicio del fin de la compra de activos. En otras palabras, sería empezar a atenuar la expansión del balance de la Fed, para que no crezca tan rápido. A lo largo de la crisis la autoridad monetaria acumuló 3,4 billones, frente a tener 925.000 millones al estallar Lehman Brothers.

La compra de deuda permite a Bernanke mantener bajos los tipos a largo plazo a la vez que tiene la inflación bajo control. Pero incluso si la Reserva Federal decide reducir el ritmo de compra de activos tras el verano, los analistas tienen claro que un alza de tipos de interés está aún muy lejos en EE UU. Y esa es precisamente la distinción que el presidente hace tras dos días de reunión.

Las palabras están muy medidas. En el análisis de la economía, repite que la expansión avanza a un ritmo “moderado” y que las condiciones del mercado laboral “mejoran”. Pero el paro está un punto por encima del 6,5% que usa de guía. La previsión es que EE UU crezca un 2,3% este año y que el desempleo ronde el 7,25%. Para el próximo rondará el 2,9% y el 6,65% respectivamente. Si esta previsión fuera cierta, significaría que el desempleo se acercaría al 6,5% ya en 2014. Ese era uno de los indicadores (que el paro baje del 6,5%) que se nombró como límite a los estímulos.

A partir de esta situación, la Fed deja todas las opciones abiertas al reiterar que está lista para “incrementar o reducir” el volumen con el que compra deuda y vincula su intensidad a una mejora “sustancial” del empleo. Es decir, la política actual se justifica hasta que se tengan pruebas claras de que la recuperación toma fuerza y la economía puede avanzar sola.

El mercado espera cambios

Si hace unas semanas el mercado anticipaba que el ritmo de compra de deuda se mantendría hasta comienzos de 2014, ahora empieza a dominar la idea de que la Fed marcará el inicio del proceso de salida reduciendo la adquisición de activos a 65.000 millones ya en septiembre. Las compras podrían así pararse por completo en la segunda mitad del año próximo.

Otra cosa diferente será su efecto en el mercado. La retirada de los estímulos no afectará a los resultados de las empresas. Pero en el parqué se interpreta como un alza indirecta del precio del dinero. De hecho, las rondas de compra de deuda se ven como un factor que permitió al S&P 500 estar por encima del nivel previo a la crisis (subió un 4% desde la reunión de mayo).

El futuro de la política monetaria dependerá también de quién esté al frente de la Reserva Federal. Está cada vez más claro que Ben Bernanke no quiere un tercer mandato, cuando el actual caduque a final de enero de 2014. Como dijo el lunes el presidente Barack Obama en una entrevista, “se ha quedado mucho más tiempo del que quería o se suponía que debía”. Sin embargo, Bernanke ha decidido esquivar la pregunta, y ante los periodistas, ha señalado que no era el día para tratar ese tema.

El sucesor podría conocerse en agosto, con el Congreso en receso. La pista más clara en este sentido es que el jefe de la Fed no estará en la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole por un “conflicto” de agenda. Cambio que crea incertidumbre, aunque entre las opciones suenen nombres conocidos como Janet Yellen, Larry Summers, Roger Ferguson o Tim Geithner.

En un breve comunicado difundido por su oficina, el presidente afgano desvela su malestar con “la contradicción entre los hechos y las declaraciones emitidas por Estados Unidos respecto al proceso de paz”. En consecuencia, ha anunciado la suspensión de las negociaciones, actualmente en marcha, entre Kabul y Washington para alcanzar un acuerdo bilateral de seguridad. También ha descartado hablar con los talibanes hasta que el proceso de paz “sea dirigido por los afganos”.

Karzai ya venía mostrándose renuente a firmar el tratado, que permitiría a las tropas estadounidenses quedarse en Afganistán más allá de 2014, por temor a que comprometa la soberanía de su país y afecte a sus posibilidades de reelección el año que viene.

Además, aunque hace tiempo que tendió la mano a los talibanes para que renuncien a las armas y participen en el proceso político, Karzai también había manifestado su recelo a que las conversaciones de paz se celebraran fuera de Afganistán desde que el año pasado se anunció que el grupo aceptaba la invitación qatarí para abrir una oficina en Doha. Pero EEUU, que necesita reducir significativamente la violencia antes de la retirada de sus tropas, ha seguido trabajando en ese sentido.

Washington no ha exigido que al grupo insurgente que renuncie a la violencia, se distancie de Al Qaeda, acepte la Constitución afgana y se comprometa a respetar los derechos de las mujeres y las minorías, antes de sentarse a negociar. El martes, apenas unas horas antes de anunciarse las conversaciones, un ataque talibán mató a cuatro soldados norteamericanos en la base aérea de Bagram, a medio centenar de kilómetros de Kabul.

"No hay un alto el fuego por ahora. (Las fuerzas estadounidenses) nos atacan y nosotros les atacamos a ellos", admitió el portavoz talibán en Doha, Sohail Shaheen, en una entrevista con Al Jazeera.

Durante la inauguración de su oficina, otro representante, Mohamed Naeem, aseguró que no iban a permitir que el suelo afgano se utilizara para atacar a otros países, pero no mencionó a Al Qaeda. Funcionarios afganos esperaban que hubiera incluido el compromiso de hablar directamente con el Gobierno de Karzai y un reconocimiento de la Constitución.

El diálogo con los talibanes resulta controvertido dentro de Afganistán. Grupos de defensa de los derechos humanos, mujeres, ONG y periodistas afganos han expresado su temor a que ese grupo pueda ganar peso político. Durante su Gobierno (desde que tomaron Kabul en 1996 hasta que los bombardeos estadounidenses les desalojaron a finales de 2001), esos islamistas radicales prohibieron trabajar a las mujeres, a quienes confinaron a sus casas, y aplicaron una brutal versión de la ley islámica (Sharía), que incluía ejecuciones públicas, lapidaciones, amputación de extremidades y latigazos, entre otros castigos.

“Se está haciendo sin consultar a los afganos. No sólo es un asunto preocupante sino una clara violación de la Constitución”, ha declarado la diputada Shekiba Hashemi a la BBC. Sin embargo, otros como el analista político Kamal Sadat, consideran que la apertura de la oficina y las conversaciones son “un paso adelante en el proceso de paz”.

Resulta difícil ver cómo puede avanzar ese proceso sin la participación del Gobierno afgano. No obstante, tanto Estados Unidos, que estará representado por su representante espacial para Afganistán y Pakistán, el embajador James Dobbind, como los talibanes han confirmado que van a reunirse hoy [mañana para la web] jueves en Doha.

Menos de 24 horas después de su inauguración, la embajada talibán está inusitadamente tranquila. “Ahora no hay nadie”, asegura un funcionario a pesar de que en la habitación contigua al vestíbulo se oye el runrún de una conversación. “Aún no sabemos dónde van a celebrarse las negociaciones pero deje su teléfono y le llamaremos si hay alguna novedad”, añade mientras acompaña a la periodista a la salida.

Si es así, si la cruenta guerra civil en Siria tiró de los números de ACNUR al alza durante 2012, las perspectivas para este año, 2013, son sin duda peores. Porque la crisis siria ha pasado de la reticencia de sus huidos a dejar el país, como ocurrió en los primeros meses del levantamiento popular y posterior represión violenta, a la necesidad de dejar atrás las fronteras hacia el norte turco, para elegir ahora, sobre todo, los campos de acogida de Jordania y Líbano. Los datos actualizados de la ONU indican que más de 1,6 millones de sirios han abandonado ya su país. Cada día son 8.000 los que cruzan los porosos pasos fronterizos. El aluvión crece como crece la violencia en el terreno, hasta el punto de desbordar la capacidad de la ONU que, con el permiso de los países receptores, organiza la asistencia de los refugiados.

“Siria nos está desbordando”, ha manifestado esta mañana en Madrid Maricela Daniel, representante de ACNUR en España. “A ellos se les acaban los recursos y huyen”, ha señalado en la presentación del informe, “y a nosotros nos sobrepasa, no nos alcanza para una atención ni remotamente adecuada”. Esto es, tienen dificultades para atender a los que ya llegaron y grandes problemas para digerir a los que están de camino. La agencia de la ONU cuenta con entre el 30 y 40% de los recursos que tenía el año pasado. Sirva de ejemplo para afinar el cálculo que el campo de Zaatari (Jordania), a unos 15 kilómetros de la frontera siria, supone unos gastos diarios para la ONU y sus agencias de un millón de dólares.

Pero Siria es solo el puntal de la crisis de refugiados que, sobre todo por la guerra, ha alcanzado cotas no vistas en los últimos 18 años. A finales de 2012, 45,2 millones de personas, casi tres millones más que en al año precedente, habían huido de sus casas para cruzar la frontera (15,4 millones) o encontrar protección en otro lugar de su país (28,8 millones). A estas dos últimas categorías hay que unir a 937.000 solicitantes de asilo, pendientes de resolución. El 55% de los refugiados salieron de cinco países. Por orden de cantidad: Afganistán –primero en el ranking desde hace 32 años-, Somalia, Irak, Siria y Sudán.

La radiografía de ACNUR lanza también una pequeña alerta sobre el destino de los que huyen de sus hogares: el 81% de los refugiados van a parar a países en desarrollo (hace una década, era el 70%). Por ejemplo, el 95% de los que dejan Afganistán, que no conoció la paz en os últimos 40 años, están en Pakistán (principal receptor de refugiados de todo el mundo) e Irán.

Se ruega, de nuevo y para escapar de los datos, que se imaginen a una chica negra, de ojos grandes y rasgados, pelo rizado largo y recogido con una coleta; guapa, sonriente, con un vestido bien ceñido blanco, azul y amarillo. Kebene, de 28 años, llegó en julio de 2012 a España. Es de Etiopía y cuenta, en un esforzado español, que dejó su hogar después de que hombres uniformados se llevaran a su padre, vinculado a una organización política. Que de ahí marchó a Sudán, dejando en el camino a cuatro compañeros muertos; luego a Libia, donde la guerra y la amenaza racista contra los que venían del sur africano más negro le obligaron a partir hacia los campos de refugiados de Túnez. Y desde ahí voló hacia España.

“Quiero demostrar a todos que puedo trabajar”, ha leído Kebene de su puño y letra, esta mañana, durante el acto de ACNUR. “Sé que es difícil y más para una extranjera, de raza negra y refugiada. Pero no puedo volver a mi país”. Como ya más de 45 millones de personas.

A España llegaron el año pasado 55 solicitantes de asilo por cada millón de habitantes, una de las proporciones más bajas de la Unión Europea. La situación solo es peor en Portugal, mientras que en Suecia las solicitudes por millón de habitantes llegaron a 4.625 y en Bélgica, a 2.535. Siria es el primer país de origen, seguido de Nigeria, Argelia y Camerún.

CEAR alerta de que la caída de demandantes es un problema que comparten los tres grandes países del sur de Europa: España, Grecia e Italia, que sufrió el año pasado una caída del 54% de las solicitudes de asilo. “Se han convertido en gendarmes de cara a Europa y han asumido el rol de blindar las fronteras”, ha declarado la secretaria general de la ONG, Estrella Galán, en la presentación del informe. La entidad relaciona la bajada de solicitudes con las políticas de externacionalización de fronteras de la UE, que permite a los países vecinos a controlar los flujos migratorios antes de que alcen el territorio comunitario.

“Los acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito; el control cada vez más alejado de nuestro territorio de Frontex [la agencia europea de vigilancia de fronteras]; los regímenes de visados, etc. provocan la caída de las solicitudes, un efecto disuasorio y que se elijan cada vez rutas más peligrosas para llegar”, ha desglosado José Antonio Rubio, portavoz de CEAR. Precisamente ayer, el Gobierno fortaleció la seguridad en la frontera con Melilla para impedir los asaltos a la valla. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anunció en el Congreso que los puestos de vigilancia actuales serán reforzados con un helicóptero con cámara térmica y dos módulos de intervención rápida de la agrupación rural de seguridad.

La ley de 2009 dejó, según la asesora jurídica de CEAR, Pilar Palomo, muchos flecos y ha incidido en que falta por desarrollar un reglamento sobre el tratamiento especial que deben recibir las personas más vulnerables, como las víctimas de la trata, la tortura o las mujeres que llegan solas. Además, pese a que recuperaba "la posibilidad" de pedir asilo en embajadas y consulados, este derecho "solo se ha utilizado en casos de extensiones familiares", según Palomo, es decir, para familiares de refugiados en España. Especialmente preocupante para la organización es la solicitud en puntos fronterizos o Centros de Internamiento de Extranjeros, donde solo se admiten a trámite el 44% de las peticiones, frente al 95% de las que se presentan en territorio nacional.

La sentencia condenatoria de su agresor, Amado Rodríguez Borja, fue un hito para los defensores de los derechos de los transexuales en Honduras. Una de las únicas en la última década, según Human Rights Watch. “Mi país es tan machista que con solo verte, te discriminan. Allí no respetan nuestra intimidad”, lamenta ahora, cinco años después, con el carné de refugiada política en España en las manos. Lleva casi tres años en este país con un permiso de residencia temporal. “Cuando salí del hospital tenía mucho miedo a denunciar. Pensaba que como era policía no me iban a coger declaración y que me rechazarían la denuncia. Pero al final, una amiga investigadora del Ministerio Fiscal me convenció para que lo hiciera y me aseguró que me protegería”, explica.

A medida que avanzaba el juicio, Cadenas estaba cada vez más asustada porque, según relata, los investigadores del caso descubrieron que se trataba de uno de los narcotraficantes que gestionaba el tráfico de droga de Tegucigalpa y que alrededor de su caso, unos 25 fiscales, abogados y testigos recibieron amenazas. Uno de ellos fue asesinado: “Era mi amiga que declaró cuando me secuestraron. Íbamos a comprar ropa para yo venirme a España. Ese día estaba asustada y me vestí de chico, pero se pensaban que me habían matado a mí”.

Ya desde Madrid, donde vive en el centro de refugiados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Getafe, se enteró de que el juez del Tribunal Supremo de Justicia de Honduras había desestimado el 70% de las declaraciones de su testigo, que también se encuentra en España y está a la espera de conseguir asilo desde hace un año. “Cuando vi que mi agresor [que fue condenado a entre 10 y 13 años de cárcel] podía quedar en libertad, me dio mucho miedo quedarme sin la documentación en España, por si me repatriaban”, aclara. Fue entonces, en noviembre del año pasado, cuando pidió refugio internacional por persecución política. Presentó informes médicos, la denuncia, la sentencia y páginas de periódicos sobre su secuestro, la agresión y la persecución de los transexuales en su país. “Solo le pido al presidente de la República que investigue estos casos para que acabe la impunidad”, declara.

Cadenas empezó a vestirse de mujer a los 12 años, y automáticamente, compañeros, profesores y la dirección del colegio comenzaron a discriminarla. “Cada día me llamaban al despacho para decirme que tenía que vestirme de chico”, señala. Luego empezó a conocer a gente “del ambiente” y a trabajar para una asociación que suministraba material a las prostitutas, sobre todo, preservativos: “De ahí empecé a ejercer con el resto de transexuales”.

El juicio por la demanda civil estaba previsto para el próximo 16 de julio. Pero no se celebrará. Sánchez-Camacho retiró la demanda que había presentado contra la agencia de detectives Método 3 por haberla espiado en 2010 durante la comida con Álvarez. Según un comunicado del Partido Popular, la empresa de detectives ha reconocido en el acuerdo previo que fueron dos de sus extrabajadores quienes pusieron un micrófono oculto en la mesa donde comía la senadora Sánchez-Camacho y se compromete a mantener en secreto las conversaciones registradas frente a terceros.

Según el acuerdo, Método 3 reconoce que dos exempleados “grabaron y difundieron” la conversación entre ambas mujeres, lo que ha motivado que la agencia emprenda acciones legales contra esos extrabajadores. El pacto también establece que la difusión de la grabación ha causado a Sánchez-Camacho una indemnización de 80.000 euros. Método 3 también admite que su falta de diligencia en la custodia de documentos “ha afectado” a la líder del PP catalán “en su labor como dirigente política”. La agencia asume que pondrá todos los medios a su alcance para extremar las medidas de seguridad y que cese de forma inmediata la difusión de la “grabación ilegítima”.

Tras hacerse público el escándalo, la dirección del PP catalán denunció el caso en la Jefatura Superior de Policía, que lo trasladó al juzgado y la senadora se personó como acusación particular.La causa penal sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona. La dirigente popular, sin embargo, también ha renunciado a esa vía: ha otorgado lo que jurídicamente se conoce como “el perdón del ofendido”, y su abogado pidió ayer el archivo de la causa en el juzgado de instrucción, según fuentes judiciales. Para esas mismas fuentes, la senadora se da por satisfecha con las disculpas de dos exempleados. La petición no significa en modo alguno que la causa vaya a cerrarse automáticamente. La fiscalía deberá pronunciarse sobre esa decisión, y el juez, resolverá después. Al tratarse de un delito semipúblico, el procedimiento penal debe iniciarse con una denuncia del perjudicado. Pero el hecho de que este otorgue el perdón y se aparte del caso no extingue la responsabilidad penal y la investigación, por tanto, seguirá abierta, según fuentes judiciales.

El caso del espionaje de la senadora estalló el pasado mes de febrero, cuando trascendió que había sido grabada la conversación que mantuvo durante un almuerzo con Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol, investigado por evasión de capitales. El caso que afectó a la popular fue tan solo la punta del iceberg de una trama de espionaje que ha afectado a numerosos dirigentes políticos y que se saldó con la detención de cuatro de detectives. La investigación ha afectado a más partidos, y Xavier Martorell (CiU) tuvo que dimitir como director general de Instituciones Penitenciarias por haber espiado supuestamente a miembros de su partido.

El caso del espionaje contribuyó de forma mayúscula a deteriorar las relaciones, ya de por sí sumamente tensas, entre la dirección de CiU y la senadora popular, que incluso renunció a su escolta de los Mossos. Durante estos meses, la senadora insistió en que quería llegar hasta el final para saber los nombres y apellidos de quienes encargaron su espionaje y quienes pidieron que se difundieran las conversaciones privadas con Álvarez, porque siempre pensó que no se trataba de las mismas personas. Fuentes del PP señalaron que, pese a que Sánchez-Camacho haya desistido, la investigación sigue abierta y que las pesquisas aclararán si fueron los autores materiales del espionaje o no los últimos y únicos o no responsables del encargo y de la difusión de las grabaciones.

“No estoy en condiciones de darles explicaciones sobre hechos concretos... El resultado de una investigación determinará el origen del error. Espérense a la investigación”. Esta fue la respuesta del titular de Hacienda, que dio la cara a los cinco días de que su departamento entregara al juez un informe basado en la información de cuatro registros de la propiedad y de notarios.

“Lo ocurrido sencillamente es un error de procedimiento administrativo. Es lamentable que se produzca y en ese sentido me corresponde pedir disculpas en primer lugar a la Casa del Rey”, admitió. No obstante, Montoro limitó sus explicaciones a la teoría del fallo con el DNI de la hija del Rey: “Se produce un error en la carga de los datos y, a partir de ahí, en el traslado a la vía judicial”.

El ministro tampoco logró apuntar alguna hipótesis. “Técnicamente, no sé cómo se ha producido”, reconoció antes de enfatizar: “No vean fantasmas volando; son errores puramente administrativos. Decir que no se producen esos errores es no estar en ese mundo”. Por esta razón, mantuvo, “existe el encargo de que no se vuelva a repetir”, y para ello se ha puesto en marcha una investigación interna que, en su opinión, arrojará luz sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, las palabras de Montoro no avanzaron, en lo sustancial con respecto al comunicado que el martes emitió su departamento. En esa nota, el ministerio ya admitía oficialmente el fallo y se escudaba en que los técnicos del ministerio manejan “un volumen de información ingente”. Un día después de esquivar a los periodistas en el Senado, Montoro volvió a esgrimir esos “millones y millones de datos” y la complejidad de su gestión. Además, trató de transmitir una imagen positiva de la Agencia Tributaria, “una de las mejores del mundo y de las más eficientes”, lo que refleja preocupación por el menoscabo en la imagen de esa institución.

Desazón, malestar y desconcierto por la mera posibilidad de que se produjera ese error, de forma reiterada, son precisamente algunos de los sentimientos que cunden en las filas del PP y entre algunos miembros del Gobierno. Montoro, uno de los ministros más locuaces, estuvo desaparecido durante días, como si quisiera desentenderse de este asunto. Esta circunstancia sorprendió a varios dirigentes populares y el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, le exigió aclaraciones al considerar que era “evidente” que su departamento no ha había ofrecido “suficientes explicaciones”. Y este miércoles el propio Mariano Rajoy se dirigió a Montoro, ya en el hemiciclo, en una breve pero llamativa conversación antes del control al Gobierno.

Durante la sesión, el titular de Hacienda aprovechó su respuesta a la diputada socialista Carmen Sánchez para asegurar que “no hay política” en el informe de la Agencia Tributaria. Más tarde, insistió en rechazar este tipo de lectura. No lo ve así el PSOE, que exigió “explicaciones” y “responsabilidades políticas” por “una situación esperpéntica digna de una república bananera”. Para el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Pedro Saura, el ministro debe comparecer en sede parlamentaria para dar “explicaciones a todos los contribuyentes españoles”. “Nunca se ha puesto más a los pies de los caballos a la Agencia Tributaria”, lo que en su opinión genera “una merma de la credibilidad pública preocupante para el Estado”. El diputado de IU Ricardo Sixto afirmó que “ve muchos fantasmas en las respuestas de Montoro”, mientras que CiU, a través de Josep Sánchez Llibre, se limitó a pedirle un informe “exhaustivo” de la Agencia Tributaria sobre todos sus errores y sus consecuencias para los contribuyentes.

La necesidad de escenificar sosiego y la independencia que claman sus magistrados llevó a un acuerdo que se cerró el pasado jueves, por el que todos los magistrados se comprometieron a apoyar a los dos candidatos (uno del sector conservador y otro del progresista) de consenso. “No ha sido fácil”, han relatado fuentes del tribunal para significar la distancia de la que partieron los magistrados, tanto en uno como en otro lado ideológico.

Entre el sector conservador, el magistrado Francisco Hernando, el de más edad del Constitucional, había mostrado cierta voluntad para ocupar la presidencia, lo que había sido visto con buenos ojos por algunos de sus compañeros. Finalmente, optó por no presentar batalla y asumir el acuerdo para votar a quien contaba con menos reticencias entre los progresistas, Pérez de los Cobos. En el sector opuesto, conscientes de su minoría, la propuesta de Adela Asúa tampoco fue aceptada desde el principio. Pero, ante el compromiso de los conservadores de votar esta candidatura, el pacto acabó fraguándose. Con la elección de Pérez de los Cobos y Asúa, además, no se ha roto la norma no escrita por la que presidencia y vicepresidencia deben recaer en magistrados del tercio más veterano del tribunal.

Así el pleno ha durado, aproximadamente, 15 minutos. Los encargados de plantear la propuesta acordada han sido los magistrados más jóvenes, Juan Antonio Xiol Rios por la parte progresista y Enrique López, por la conservadora.

La designación del polémico López por parte del Gobierno, el rechazo de la mitad del pleno a su idoneidad como miembro del Constitucional y el inicio de su mandato, con una actitud pública distinta de la que acostumbra el resto de magistrados (hizo declaraciones nada más tomar posesión), ha sido otro de los motivos por los que el consenso para la elección del presidente, como una muestra de unidad, se hacía necesario.

Ya con nuevo presidente, el Constitucional cierra su etapa de renovación, iniciada a principios de junio con la designación de los cuatro magistrados (Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol y Enrique López) que relevaron a Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps. Con estos cambios se produce, además, un giro conservador en el Constitucional en un momento en el que tiene importantes temas sobre los que deliberar.

Entre los asuntos que este pleno y el nuevo presidente deberán dilucidar se encuentra la declaración soberanista de Cataluña, después de la impugnación del Gobierno que el Constitucional ya admitió y dejó en suspenso. También la decisión sobre el amparo solicitado por el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, tras la condena por desobediencia que el Supremo les impuso en enero de 2008 por no disolver Sozialista Abertzaleak (SA), y el también recurso de amparo de Arnaldo Otegi por el caso Bateragune.

La reforma laboral y la amnistía fiscal aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, ambas recurridas por el PSOE, son otros de los temas que el alto tribunal tiene entre sus asuntos pendientes de resolución. Este tribunal de corte conservador también deberá decidir sobre la no actualización de las pensiones que fue recurrida, en un acto sin precedentes, por todos los grupos de la oposición en el Congreso.

Con el Gobierno como recurrente, en la sede del alto tribunal se acumulan también asuntos como el euro por receta aprobado por los Gobiernos autónomos de Madrid y Cataluña. En ambos casos, el tribunal ya suspendió su aplicación pero en unos meses ha de ser revisada.

El juez ha analizado esta mañana tres contratos celebrados con la empresa MQM, vinculada a Francisco Correa y pagados por Arpegio. El secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias, ha admitido que pagaban los actos de la consejería pese a que la empresa pública no había contratado los servicios, que además no tenían que ver su campo de actividad. Uno de los contratos consistía en un acto del servicio de emergencias 112 y otro del desarrollo urbanístico de Arroyo Culebro. “No era tanto el importe de los actos [13.000 y 6.000 euros] como asumir el coste de un servicio que no habían contratado”, ha afirmado un letrado presente en los interrogatorios.

Tras tomar declaración a estos testigos, el juez Ruz interrogará este jueves a cuatro imputados por las adjudicaciones que la Comunidad de Madrid concedió de forma presuntamente irregular a las empresas de la trama Gürtel’. Supuestamente, Francisco Correa recurrió a ellos para poder amañar las adjudicaciones investigadas. Se trata de Juan Ignacio Hernández Rodríguez (Grupo Elba), Antonio Martín Sánchez (Marketing Quality Management), y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno (Grupo Rafael).

El instructor de la Audiencia Nacional les imputó en un auto en el que acusó a la Comunidad de “ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos” a sociedades de Correa, así como de “facilitar el fraccionamiento de los contratos y simular una concurrencia entre distintas sociedades realmente vinculadas con el mismo grupo”.

El magistrado realizó esta acusación tras estudiar el informe realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre 686 adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por un importe total de 6,48 millones de euros. El informe determinó que en 104 casos se realizó un fraccionamiento de los contratos para que no superasen los 12.020 euros –límite legal- y no tener que sacarlos a concurso. Entre las adjudicaciones investigadas se encuentra contratos para actos como el primer aniversario del 11-M, la visita de Bill Gates en noviembre de 2004, la firma de un convenio con el Real Madrid, la realización de un vídeo de Esperanza Aguirre y un cuadro de Alberto Ruiz-Gallardón.

El juez sitúa en el centro de esta trama de contratos irregulares al imputado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

La resolución dictada por Ruz señalaba que desde el entorno de Correa “se habrían efectuado cuantiosos pagos” a López Viejo “como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid”. Ruz detallaba que las comisiones por las adjudicaciones iban desde el 5% al 11,5% de la cuantía del contrato.

A López Viejo se le imputan delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraudea la Administración y contra la Hacienda Pública.

La regidora, que forma parte del grupo de nueve diputados del PP en las Cortes Valencianas que están imputados por un supuesto caso de corrupción, negó que se sintiera incómoda en el acto celebrado el lunes y aseguró que el protocolo se desarrolló con “absoluta normalidad”. Castedo confesó que “no podía colgarme del cuello de Rajoy”.

La alcaldesa de Alicante, en sus primeras declaraciones a los periodistas tras la inauguración (el martes suspendió su agenda publica), reconoció que no pretendía “atacar” a los medios de comunicación, pero se lamentó de que todos los periodistas “estaban muy pendientes de si iba a ir o no al acto”. “De si Rajoy me miraba o si el beso que nos dábamos era más o menos amoroso, y yo me limité a saludarle respetuosamente”, refirió ayer.

Castedo se mostró sorprendida por la polémica desastada en todos los medios por su baja visualización en el acto del AVE y por la censura de su imagen en las fotos que enviaron tanto el Gobierno como la Generalitat. “Viví el evento en primera persona y con naturalidad, pero como todos los medios dicen lo mismo, al final será verdad”, se preguntó.

La regidora aseguró que saludó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a los ministros García-Margallo y Pastor, a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y comió con el presidente valenciano, Alberto Fabra. “Os juro que llega un momento en el que he llegado a dudar si he vivido otra situación, porque no es un medio de comunicación, son todos”, en referencia a las crónicas que coinciden en que el PP restó protagonismo a la alcaldesa debido a su situación judicial. “Me llama la atención incluso que algunos periodistas se sorprendieron de que fuera al acto, y os prometo que si me hubiera sentido incómoda, hubiera aguantado, pero os lo diría, pero no fue así y me sorprende muchísimo”.

La alcaldesa quiso sacar rédito político a toda la polémica suscitada durante estos días y aseguró: “Si con todo esto he conseguido que en mi partido salgan defendiéndome, pues bienvenido sea”.

Por otro lado, la alcaldesa calificó de “tremendos” los incidentes que se produjeron el lunes en las inmediaciones de la estación ferroviaria de la ciudad minutos después de la inauguración oficial del AVE. Varios miembros de la Policía Nacional recibieron el impacto de pequeñas piedras lanzadas por algunos de los manifestantes, y un agente recibió golpes y patadas. “Me parece tremendo que algunas personas cojan autobuses desde Murcia y Albacete para venir a tirar piedras e insultar”, criticó la alcaldesa quien aseguró entender las protestas, debido a la situación económica y de empleo, “pero no de esa forma”, matizó.

Castedo arremetió contra Esquerra Unida por “formar parte de lo que se provocó el lunes” y ridiculizó a sus integrantes como “gente que tira canicas, grita, escupe e insulta”. La alcaldesa del PP pidió a los militantes de EU que “cuanto más lejos estén” de ella, “mucho mejor”.

 Y por qué, vino a preguntar el ministerio público ante el tribunal, no recurrir con toda legitimidad a esta estrategia jurídica en la mayor causa jamás instruida en España por un delito ambiental, cuando la naviera, la armadora y la compañía de seguros se confabularon desde el principio para no responder por los daños. Desarrollaron, acusó el fiscal, Álvaro García Ortiz, “estrategias perfectamente planificadas para eludir responsabilidades patrimoniales”. Y acusó a la mutua londinense de “comportamiento desleal con la Administración y la gestión de la catástrofe” cuando envío sus abogados a Galicia, tras el accidente, para asesorar a la armadora y recabar documentos del barco a fin de “ocultarlos” a las autoridades. The London Steam-Ship Owners’ Mutual intervino, recordó el fiscal, desde el primer momento del siniestro como representante a la vez de Mare Shipping, la naviera liberiana del viejo petrolero —que cuenta con dos abogados en el juicio— y del armador con sede en Atenas pero en paradero desconocido para la justicia española, Universe Maritime. La solvente compañía de Londres jugó deliberadamente a la “confusión patrimonial”, es decir nunca dejó claro quiénes eran los responsables legales del Prestige.

El fiscal se extendió en apoyar sus acusaciones en documentos del gigantesco sumario. ¿Por qué la mutua pagó a través del armador griego la fianza obligatoria de la naviera, a los dos días del accidente, nada menos que 22,77 millones de euros? ¿Por qué abonó los tres millones para que Mangouras saliera en libertad provisional? The London lleva una década asumiendo los elevados gastos de defensa tanto del capitán como de la naviera. “Mangouras es el último eslabón de una cadena de personas” y responsables jurídicos del petrolero, incidió García Ortiz. Consciente del embrollo jurídico que plantea el juicio, dado el tratado internacional que establece las responsabilidades en caso de derrame de crudo y al que están sometidos tanto España como la aseguradora, el fiscal propuso dos vías para que en la sentencia se superen los límites de ese convenio y se encajen con la ley española. García Ortiz acusó a la mutua de Londres de incurrir en “fraude de ley” con el convenio internacional para cubrir los daños de mareas negras “al usarlo con un fin distinto para el que fue creado”, es decir resarcir a los damnificados. Es el meollo del asunto para decidir quién paga la factura del 'Prestige'. La póliza tiene un tope de 1.000 millones de dólares (750,58 millones de euros). La fiscalía cifra en 4.438 millones los daños totales.

García Ortiz insistió en las pruebas sobre el mal estado del buque. “Tenía los permisos, pero no se correspondían con la realidad, estaba en un pésimo estado y el capitán lo sabía”. Y defendió al exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors, uno de los cuatro acusados: “Su tragedia fue tener que tomar una decisión dramática sobre si alejar o no el barco. Diez años después, nadie lo ve claro. Se pudo equivocar, pero no infringió ninguna norma”.

Hoy ha sido un día para el trabajo a destajo de los operarios, camiones y excavadoras. El día después de la riada ha dejado un paisaje devastador a lo largo del recorrido del río, con mucho barro acumulado y “severos daños estructurales” en propiedades privadas e infraestructuras que requerirán, a juicio del consejero de Interior, “muchos recursos económicos y tiempo”.

Espadaler ha señalado que la mayor preocupación en estos momentos es restablecer las comunicaciones y el suministro de agua potable a la población. En total, hay 3.500 personas afectadas en la capital Vielha y otras 1.000 en los municipios de Betrem, Bossòst, Arties y Salardú.

Los técnicos de la compañía Endesa han restablecido por completo el suministro eléctrico a sus abonados en el Vall d'Aran causados por el desbordamiento de los ríos Garona y Noguera Pallaresa y han comenzado los trabajos de reparación y reconstrucción  de la red y los postes arrastrados por el agua.

Según ha informado la compañía eléctrica, la instalación de doce grupos electrógenos, algunos de ellos transportados por helicópteros militares, ha permitido volver a dar suministro a los abonados que aún estaban a oscuras.

La riada se ha llevado captaciones, depósitos, tuberías, redes de distribución y depuradoras. “La reparación de los desperfectos no será fácil”, ha advertido el consejero. El suministro en estos municipios se hará con camiones cisterna, un sistema que ha permitido esta mañana resolver el problema de falta de agua en el hospital de Vielha. El responsable de Interior ha indicado que todavía es pronto para cuantificar económicamente los daños causados por el desbordamiento del Garona porque algunas infraestructuras están todavía anegadas y no se puede calcular el grado de afectación.

Por esta razón, Espadaler no cree que sea el momento de plantearse la posibilidad de solicitar la declaración de zona catastrófica, pero que en todo caso la Generalitat apoyará cualquier decisión que tome en este sentido el Conselh Generau d’Aran, máxima institución de autogobierno en el valle.

Otro aspecto preocupante es el de la movilidad, ya que siguen cortadas las carreteras N-230 y C-28 que comunican Vielha con los principales municipios del valle. Esta tarde está previsto abrir el paso hacia la frontera francesa, pero sólo hasta Bossòst, ya que la vía está hundida antes de entrar en Les. También se intentará restablecer el tráfico hacia Arties y Salardú.

La mejoría de la situación del Garona permitirá que las 300 personas evacuadas por la crecida del rio puedan volver gradualmente a sus casas, pero siempre bajo la tutela de los bomberos, que antes revisarán si las viviendas han sufrido algún tipo de daño estructural.