Los ciudadanos (50 millones de electores están convocados) acuden a las urnas para decidir quién quieren que sea su presidente y de alguna manera también qué modelo de Estado quieren. Los que se inclinen por un Egipto en el que rijan las leyes del islam votarán probablemente a los candidatos islamistas. Los que quieran una mayor separación entre religión y Estado elegirán a alguno de los candidatos más laicistas.

Además del papel del islam, la seguridad en las calles y sobre todo la galopante crisis económica han sido los grandes temas de campaña. El poder que ostentará la Junta Militar que hasta ahora gobierna el país ha sido un tema que la mayoría de los candidatos ha pasado de puntillas tal vez por ser el más espinoso. Las funciones del presidente que salga elegido de las urnas las definirá una Constitución aún por escribir. De cómo se solucionen estas dos cuestiones fundamentales dependerá en buena medida el éxito o el fracaso de la transición egipcia.

La carrera presidencial está muy abierta. A estas alturas no hay un claro favorito y en la calle todos hacen cábalas. “¿Será [Amro] Musa presidente?”, “Yo creo que ganará y pactará con los islamistas para primer ministro…”. La política ha salido a la calle y eso también es toda una novedad.

A las ocho de la noche (las nueve, hora peninsular española) se cerrarán los colegios, que volverán a abrir sus puertas el jueves por la mañana. La idea es que nadie que quiera votar se quede sin hacerlo. Está previsto que días más tarde, el martes, se conozca el nombre del ganador, aunque algunos sondeos a pie de urna oficiosos podrían dar ya buenas pistas antes. Si alguno de los 12 candidatos que se presenta obtiene al menos el 50% de los votos será declarado presidente en primera vuelta. De lo contrario, habrá segunda vuelta a mediados de junio.

Las últimas encuestas hablan de cerca de cuatro favoritos. Dos laicos y dos islamistas. Amro Musa, el que fuera secretario general de la Liga Árabe y ministro de Exteriores con Mubarak sería el que más apoyos recabaría según los sondeos, que sin embargo resultaron poquísimo fiables en las parlamentarias de hace tres meses. Le seguirían los otros tres candidatos: Abdel Abdulfutú, un antiguo Hermano Musulmán que ha sabido conquistar a liberales y salafistas; Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Mubarak, que promete pacificar las calles y sacar al país de la ruina y Mohamed Morsi, el candidato oficial de los Hermanos Musulmanes, una maquinaria bien engrasada, que cuenta con muchos apoyos entre la población.

Una de las grandes incógnitas de las elecciones, y objeto de todo tipo de rumores, es quién está financiando las costosas campañas de los principales aspirantes a la presidencia. "Mi campaña se ha financiado a través de una aportación de mi patrimonio personal, y de donaciones de la ciudadanía. Ninguna gran empresa está detrás de nuestro proyecto. Escogieron otros candidatos", declaró a El PAIS Amro Musa en una entrevista en su bus de campaña.

El resto de candidatos ha hecho declaraciones parecidas, asegurando haber respetado estrictamente la normativa establecida por la Junta Electoral, que fija en un máximo de 2.500 libras (320 euros) la donación que puede hacer un ciudadano. Ahora bien, sus respectivos equipos han denunciado por la violación de la normativa a sus competidores. Por ejemplo, en el cuartel de Musa se acusa al islamista Abdel Moneim Abulfutú de haberse financiado gracias al Gobierno de Catar.

"Dudo mucho que los candidatos favoritos hayan respetado el límite de 10 millones de libras. Basta con saber que alquilar un gran panel cuesta en El Cairo 100.000 libras, y la ciudad está llena de propaganda", sostiene Mustafá Kamel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de El Cairo. "Está claro que Musa y [Ahmed] Shafiq se han beneficiado del apoyo de grandes empresas. Ellos son quienes más han gastado. Pero los candidatos islamistas no se han quedado cortos gracias al envío de transferencias de los emigrantes egipcios en el Golfo".

El presidente de la Junta Electoral, el magistrado Farouk Sultan, declaró que no se limitarían a analizar la relación de gastos e ingresos presentada por los candidatos. "Un comité especializado supervisará esta cuestión", aseguró Sultan. Sawfat Alem, el presidente de dicho comité, dijo al periódico Al Masry al Youm que existían sólidas sospechas de que varios candidatos habían sobrepasado el límite permitido y que, si se podía demostrar, actuarían con contundencia.

Las campañas están obligadas a presentar un informe detallado sobre sus gastos durante las dos semanas siguientes a la presentación de los resultados. En caso de que sea necesaria una segunda vuelta, como apuntan todos los pronósticos, los dos finalistas podrán gastar dos millones de libras adicionales (unos 260.000 euros).

No se esperan grandes acuerdos; no se trata de una reunión ejecutiva. Pero la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno abre una nueva etapa en la Unión, con el continente metiéndose en una complicada recesión, con 25 millones de parados muy concentrados en la periferia y con los mercados, que el martes dieron un ligero respiro, apostando a una ruptura del euro por abajo (Grecia) o por el flanco financiero (la banca española).

Pese a que la crisis exige medidas a la desesperada, lo que se dirime en Bruselas es si Europa cambia de rumbo: se trata de medir la relación de fuerzas, de examinar si de verdad Hollande puede discutir el liderazgo alemán en su primera gran cita europea. “Espero ser juzgado en los próximos meses por haber reorientado la política europea”. Eso dijo Hollande al abandonar la cumbre de la OTAN en Chicago y cerrar su primera y delicada misión internacional, en la que logró mantener la promesa de retirar las tropas de Afganistán a finales de este año y a la vez se las arregló para forjar una alianza política con Barack Obama que le ayude a impulsar sus ideas de cambio para la UE. Con ese primer éxito en la maleta, Hollande acude a su primera cita en Bruselas con toda la artillería y un objetivo idéntico: respetar su programa electoral, impulsar medidas concretas para el crecimiento y el empleo, pero sobre todo lograr que Francia vuelva a hablar con voz propia ante el hasta ahora indiscutido jefe de la manada, Alemania, con una idea básica: torpedear el liderazgo alemán rompiendo el directorio Berlín-París que ha gobernado con mano de hierro la UE desde 2007, y en el que París oficiaba apenas como portavoz.

En el frente favorable a Berlín, Austria, Finlandia y en menor medida Holanda —el club de la Triple A, los países que mantienen la máxima nota de las agencias de calificación— suelen ser fieles socios de Alemania: la ministra austriaca de Finanzas, Maria Fekter, ha adelantado hoy para abrir boca que las propuestas procrecimiento de Hollande “no tienen ningún sentido”. Italia lleva meses negociando medidas de impulso al crecimiento con Alemania —las tradicionales políticas liberales de oferta—, pero ha tratado de jugar en todo momento un papel de bisagra y apoya sin ambages el apetito francés por los eurobonos. España le disputa ese mismo papel: a pesar de la profunda recesión y del récord mundial en la tasa de paro, Madrid se ha colocado con claridad al lado de Berlín en su negativa a mutualizar la deuda y en defensa del discurso ortodoxo de la austeridad. “Con eso persigue que Alemania abra la mano para que el BCE relaje la insoportable presión en los mercados”, indicaron fuentes diplomáticas.

La novedad es Hollande. “En Bruselas pondremos encima de la mesa todos los temas”, ha prometido el nuevo presidente francés, que trata así de integrar en su plan a las sensibilidades expresadas por los líderes europeos y a la vez de abrir el juego a unas instituciones que han vivido asfixiadas bajo el omnímodo poder de Merkozy.

Hollande mira más allá de la agenda del crecimiento, porque quiere dotar a la UE de una estructura de Gobierno más solidaria y democrática, menos dependiente del duopolio que ha cortocircuitado a la Comisión y al Parlamento y ha relegado a los socios casi a la condición de súbditos bajo la excusa y la tempestad de la crisis. Fuentes europeas explicaron que Francia “hará una apuesta de máximos como estrategia negociadora para lograr algunas de sus bazas: financiación para los grandes proyectos de infraestructuras y reutilización de los fondos estructurales en planes de estímulo al crecimiento y el empleo”.

Los símbolos de esa nueva política francesa que trata de reventar el estatus quo son variados. Uno es el bloqueo del nombramiento del ministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, como nuevo presidente del Eurogrupo. Su homólogo francés, Pierre Moscovici, le dijo en Berlín el lunes que eso también formará parte del debate global, cosa que hubiera sido primera página hace solo dos meses. Otro icono evidente es la reivindicación de una hoja de ruta para los eurobonos, idea conflictiva y herética a la que se han sumado aliados de toda condición —el último, la OCDE— aunque todos saben que es una solución a largo plazo y muy mal vista por Merkel. Para Hollande, los eurobonos son el comodín que le permite envidar el resto sin arriesgarlo todo a una carta. Así muestra autoridad e independencia de criterio, se erige en el líder intelectual del grupo, abre grietas en el dominio de Berlín y obliga a Merkel a discutir de todo, especialmente de lo que no quiere.

La apuesta de Hollande es casi más política que económica. No se trata solamente de buscar soluciones de emergencia para tapar tal o cual agujero y para empezar a crear empleo, que también, sino de “reorientar la construcción europea”. Todos deben tomar partido, hablar de política común y mirar a lo lejos. El Consejo Europeo aspira a poner en marcha un debate “sin tabúes”, sobre las cosas muy molestas, sin electoralismo y cobardías a las que agarrarse para seguir aplazando las decisiones: a explorar los límites de algunos de los proyectos clave de la construcción europea para ver qué se puede aprobar en la cumbre de finales de junio.

Los aliados de Hollande en este camino son cambiantes y caprichosos, y hasta junio las cosas pueden dar muchas vueltas. El más afín a día de hoy, quitando a Obama, es Mario Monti, jefe del Gobierno italiano, que apoya el refuerzo del capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el debate de los eurobonos y la emisión de deuda para infraestructuras. El español Mariano Rajoy, que visita el miércoles el Elíseo, espera que Hollande le ayude a conseguir que el BCE anuncie que está dispuesto a dar liquidez al sistema bancario. Y Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, y José Manuel Durão Barroso, líder de la Comisión, condenados a la irrelevancia hasta ahora, parecen defender al menos la apertura de esa caja de Pandora que supondría mutualizar la deuda, pese a que las fuentes consultadas en Bruselas advierten que no habrá decisiones a corto plazo sobre eurobonos.

Tras todo ese cambio de retórica la crisis apremia por dos flancos: Grecia y España estarán también en el menú de la cena de los líderes europeos. Tras haber movido las líneas del bloque conservador abriendo el debate sobre el crecimiento, Hollande quiere obligar a Alemania a debatir incluso sobre el papel del BCE. España aspira a algo parecido al ponerse del lado de Berlín en todo lo demás. Alemania debe decidir si quiere limitarse a capear el temporal una vez más o si piensa liderar sin prejuicios una verdadera unidad política y monetaria de la UE. El reto es en ese sentido inmenso, definitivo. Amenazar a Grecia con echarle de la zona euro como se ha hecho hasta ahora es jugar a la ruleta rusa: la relación entre Grecia y el resto de la eurozona recuerda cada vez más a la Guerra Fría, con esa política de amenazas por ambos lados y el miedo a que una salida del euro desencadenara un peligrosísimo efecto dominó. Hollande ha seguido en eso la guía de Merkel y se ha unido al coro que pide a Grecia que respete sus compromisos. Ese es el fantasma que asusta a todos. Pero si Alexis Tsipras gana las elecciones el 17 de junio, Hollande debería jugar un papel inesperado y tratar de impedir la ruptura, si desea de verdad que la izquierda vuelva a significar algo en Europa.

El otro punto del orden del día es España, sus problemas con los bancos y la posibilidad de que requiera ayudas europeas para recapitalizar las entidades, muy castigadas por el pinchazo de la burbuja. El fondo de rescate permanente europeo permite inyecciones de capital en los bancos, pero siempre que el Gobierno lo pida: el equipo económico de Rajoy quiere evitar a toda costa el estigma asociado a una intervención. Hay una posibilidad sobre la mesa: un cambio legal que permita que sean los bancos quienes piden directamente esas ayudas. "Ese tratado está firmado e incluso ratificado por unos pocos países. No hay que esperar ni un solo cambio", ha explicado un portavoz del Ejecutivo alemán. Ese nein es extensible a los eurobonos, a las políticas de estímulo keynesianas (que requieran endeudamiento) y, por supuesto, a un papel más activo del BCE. Al menos por ahora.

Mientras, en la deuda, la situación del enfermo —España— empeoraba ligeramente y el diferencial entre sus bonos a 10 años y los alemanes, el indicador conocido como prima de riesgo y que mejor refleja la confianza en las finanzas de un país, subía tras bajar con fuerza el martes, que fue su mejor jornada en un mes.

A media mañana, el sobreprecio exigido a la deuda española frente a la alemana subía en siete puntos básicos, hasta los 467. A esa hora, la rentabilidad de los títulos del Tesoro a 10 años volvia a situarse sobre el 6,1% (10.25) mientras los de Alemania cotizaban con un interés del 1,43%. La prima de riesgo de Italia también subía y alcanzaba los 420 puntos básicos, unos 10 más que la víspera. El interés de sus títulos a 10 años se iba al 5,64%.

En las Bolsas, el selectivo español Ibex 35 aumentaba las caídas de primera hora a medida que avanzaba la sesión y ha llegado a bajar más de un 2%, hasta los 6.524 puntos. Con este descenso repetía los mínimos al los que cayó al cierre del lunes y que, de hecho, es su peor nivel desde 2003.

Todos sus valores registraban pérdidas. Las más destacadas eran para Gamesa, Arcelor y Abengoa, las tres con recortes superiores al 3%. También la banca volvía a caer víctima de las dudas que despierta el sector y la situación real de sus balances entre los inversores.

En el resto de Bolsas de Europa, Milán era la que más caía con un descenso del 2,4%. Mientras, el Dax de Fráncfort se depreciaba un 1,36% y el Cac parisino otro 1,3%, en línea con el descenso que registraba el FTSE 100 de Londres.

Los invesores volvieron a poner los pies en la tierra tras los avances del martes a raíz de unas declaraciones del anterior primer ministro griego, Lucas Papademos, quien advirtió a última hora de la jornada de que el país no tiene más opciones que afrontan el doloroso plan de austeridad impuesto por la troika o hacer frente a una peligrosa salida de la eurozona. En su opinión, aunque esta posibilidad extrema no es la más probable, sí es real. “Los comentarios (de Papademos) han sido como un fuerte veneno, y los mercados se han desinflado con ellos”, ha comentado de madrugada a Reuters Satoshi Okagawa, de la firma de análisis Sumitomo Mitsui, desde Singapur.

En las divisias, el ambiente de nervios e incertidumbre generado por la crisis y, por extensión, sobre el futuro del euro se traducía en un acelerón en la caída de la divisa europea frente al dólar. Así, la divisa europea ha vuelto a marcar mínimos anuales al cambiarse por 1,261 unidades del billete verde.

"La mejor descripción del escenario actual de los mercados (hoy...no ayer, veremos mañana) es agitado, nervioso, tenso", resumía José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citigroup en España. "Quizás la caída del euro de hoy tras los intentos de subida de los últimos días es el mejor reflejo de la titubeante situación actual", ha añadido.

Todo ello después de una de las semanas más negras de la economía española de los últimos años, con la prima de riesgo disparada, la nacionalización de Bankia, y la constatación de que sus propias comunidades guardaban déficit en el cajón, algo que le ha obligado a corregir un dato que ya daba por cerrado. 

El presidente del Gobierno acude a ese importante examen con la intención de defender que los bancos españoles no necesitan acudir al rescate, una postura en la que coincidió ayer, durante la conversación de 20 minutos, con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sin embargo,  más allá de esto, las posturas están muy distantes tanto en política europea como en la forma de abordar los problemas del país.

El mensaje que Rajoy llevará, primero a París y después a Bruselas es que no hay tiempo que perder para tomar medidas que garanticen la estabilidad financiera de la UE. Según fuentes gubernamentales, el presidente español va a reclamar que el Banco Central Europeo adopte medidas para relajar la deuda de los países, especialmente aquellos más acosados por los mercados.

La primera escala se producirá en la capital francesa, donde le espera una cita nada sencilla, después de que el recién elegido presidente francés haya apostado por un rescate de los bancos españoles. "No creo que el señor Hollande haya dicho eso porque, lógicamente, no sabe cómo están los bancos españoles", manifestó molesto Rajoy a esas declaraciones. Con el presidente francés almorzará a la una de la tarde en el palacio del Elíseo. 

Mariano Rajoy es el primer jefe de Gobierno que recibe Hollande, que tomó posesión de su cargo el pasado 15 de mayo. Está previsto que ambos ofrezcan una rueda de prensa conjunta al término de su encuentro.

El jefe del Ejecutivo español hará hincapié en el "falso debate" que contrapone las necesarias políticas de austeridad con las de crecimiento, por entender que ambas son complementarias y ninguna consigue por separado que la maquinaria funcione.

Ambos podrán comprobar que el Gobierno francés y el español defienden algunas propuestas coincidentes, como la de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) haga un esfuerzo mayor del que ha venido haciendo en los últimos años.

Tras su estancia en París, Rajoy viajará a Bruselas para participar en una cumbre informal de la UE, preparatoria del Consejo Europeo de finales de junio. En la agenda figuran temas como el debate sobre las políticas nacionales que está realizando cada país; un informe de la Comisión Europea sobre los programas de estabilidad; la Carta de los 11 que suscribió España a favor de reformas estructurales para el crecimiento económico; o la situación de Grecia.

Rajoy defenderá en esa cena con los líderes de la UE el control del déficit público, las reformas estructurales que ha puesto en marcha y la estabilidad financiera. Además, hará hincapié en la necesidad de que los líderes europeos expresen con claridad su voluntad decidida de defender el euro.

Según el Gobierno, eso implica que el BCE reaccione comprando deuda de aquellos países sometidos a ataques especulativos, más aún si esos países están cumpliendo con las reformas que sus socios esperan de ellos.

Ante la petición del líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que el Gobierno defienda en la cumbre de Bruselas la creación de eurobonos, Rajoy ya ha asegurado que los eurobonos necesitarán "un debate" y "un tiempo". Pero en su opinión, lo más urgente es resolver los problemas de estabilidad financiera, de forma que cuando un país tenga un vencimiento de deuda pueda refinanciarlo, algo que se puede hacer en 24 horas y sin grandes debates.

Rubalcaba viaja hoy también a Bruselas para asistir a su primera cumbre de líderes socialistas de la UE y allí abogará por esa creación de eurobonos y por la combinación de políticas de austeridad y crecimiento.

Pero la realidad presenta un panorama diferente, más crudo, para las comunidades autónomas, que deben afrontar antes de que termine el año, vencimientos de deuda por importe de 35.782 millones, según se desprende de los planes de equilibrio financiero (PEF) presentados por las comunidades ante el Ministerio de Hacienda. Este importe incluye tanto vencimientos a largo plazo como a corto, créditos, préstamos y emisiones de valores. Están incluidos, también, el endeudamiento de las universidades públicas y el resto de entes.

A esta cantidad hay que añadir otros 15.000 millones correspondientes a la financiación del déficit previsto para este año, el 1,5% del PIB para la comunidades. Según esto, la necesidad de financiación de las administraciones regionales para este año podría superar los 45.000 millones. Para hacerse idea del volumen de la deuda regional, los vencimientos de deuda hace seis años eran de unos 5.000 millones. Un volumen fenomenal que elevará la ya descomunal deuda de las comunidades en 140.083 millones.

Ante esta situación, los Gobiernos autonómicos necesitan mucho dinero para devolver sus préstamos. El problema es que los mercados están cerrados. Apenas quedan unas grietas de confianza para las regiones más austeras. Entre ellas, ayer Madrid emitió 400 millones, y logró hacerlo a un tipo inferior a la media. La deuda de Cataluña, Murcia, Castilla La-Mancha o la Comunidad Valenciana tienen la calificación de bono basura, según la última valoración realizada por Moody´s la semana pasada. El Ejecutivo valenciano, el segundo con más deuda de España y que debe afrontar vencimientos por 8.120 millones en 2012, tuvo que ofrecer un tipo de interés del 7% a los mercados para colocar 500 millones en letras a seis meses. Esta operación, ejecutada a principios de mes, obligó a la Comunidad Valenciana a pagar un tipo superior al que los mercados piden a paises intervenidos como Grecia o Portugal.

Existe una gran concentración en los vencimientos. Cinco comunidades acumulan casi el 90% de estos (Cataluña, que tiene pagos por 13.476 millones; Comunidad Valenciana, 8.120 millones; Madrid, 2.694 millones; Andalucía, 2.440 millones y Castilla La-Mancha, 2.337 millones). Aunque su situación financiera no es igual.

“Hay mucha deuda a corto plazo. Es difícil determinar hasta qué punto es desfase de tesorería. Por eso es díficil determinar qué parte de la deuda a corto plazo se renueva”, advierte César Cantalapiedra, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI). No obstante, precisa que gran parte de los vencimientos de la deuda a largo plazo se acumula en el último semestre del año. Según los cálculos de este experto los vencimientos de valores y de préstamos a largo plazo de las comunidades asciende a unos 20.000 millones de euros aproximadamente. Por ejemplo, La Rioja ha incluido créditos con vencimientos mensuales de 150 millones. O Madrid, con una línea de crédito de 1.100 en préstamos a un año.

El problema de que los Gobiernos regionales acumulen mucha deuda a corto plazo provoca que aumente la ansiedad para buscar fórmulas de financiación. Por eso, casi todas presionan para que el Ministerio de Economía ponga en marcha los hispanobonos, emisiones conjuntas de las comunidades avaladas por el Tesoro. “Existe la percepción general [en el mercado y en las comunidades] de que va a haber un modelo diferente de financiación. Eso influye para que el mercado no responda en este momento porque espera un nuevo mecanismo”, explica Cantalapiedra. El Ejecutivo está reformulando este mecanismo para evitar que se diluya la responsabilidad de las regiones manirrotas y estudia otros mecanismos para asistirlas.

El problema no es nuevo. El año pasado algunas comunidades pidieron al anterior Gobierno socialista que avalara su deuda con la garantía del Estado para evitar la quiebra. Castilla y León y la Comunidad Valenciana fueron las más beligerantes con este asunto que revelaba la delicada situación financiera de las autonomías.

Así vista, la situación es como la describió el citado consejero de Hacienda: “La realidad es como una de las criaturas de la célebre obra de Goya, El sueño de la razón produce monstruos”.

El plan de Mas dio ayer un significativo paso adelante con la incorporación del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a esta estrategia. Paradojas de la política catalana, no fue Mas quien convenció al PSC para sumarse a la reivindicación, sino su socio de federación, Josep Antoni Duran i Lleida, quien se reunió con el líder del PSC, Pere Navarro. Al término del encuentro, este admitió que su partido tiene “voluntad de llegar a un acuerdo sincero”.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, se mostró mucho más optimista que hace tres semanas, cuando Navarro y Mas se reunieron sin llegar a acuerdo alguno. “Las cosas van madurando”, dijo.

La estrategia que Mas y Convergència i Unió han mantenido en los últimos tiempos para sumar el apoyo de los socialistas ha sido la de repetir una y otra vez que en el País Vasco ningún partido cuestiona su sistema de financiación singular que limita la solidaridad interterritorial. “Solo le pido al PSC y al PP que defiendan en Cataluña lo mismo que defienden en el País Vasco”, suele repetir Mas. La estrategia parece estar funcionando con los socialistas.

En cambio, no hay un acercamiento claro con el PP, que podría ser el único gran partido en quedarse fuera de la estrategia de Mas. Si esto ocurre, las ya de por sí escasas posibilidades de éxito de las demandas nacionalistas pueden reducirse a cero. Todos en Cataluña recuerdan lo que ocurrió con el Estatuto y el precio que se pagó al dejar al PP fuera del acuerdo.

Ayer fue precisamente Josep Piqué, exlíder del PP en esta comunidad y actual presidente del Círculo de Economía, quien advirtió en un desayuno informativo organizado por Abc que el pacto fiscal no prosperará sin un acuerdo previo con el PP catalán. Lo que en otro momento habría sido descalificado por CiU ayer recibió una respuesta exquisita. “El Círculo de Economía merece todos nuestros respetos”, dijo Francesc Homs, quien rehusó emitir un juicio.

Los socialistas catalanes, por su parte, volvieron a escenificar ayer que están dispuestos a reconsiderar su rechazo inicial y que podrían acabar sumándose al acuerdo que lleve Mas al Parlamento autónomo a finales de julio. Navarro y Duran coincidieron plenamente en que “el escenario de romper con España no es deseable” y que la propuesta de pacto fiscal ha de tener el máximo consenso. El PSC está utilizando a Duran estos días para rebajar los planteamientos iniciales de un sector de Convergència y del Gobierno catalán. Y el líder democristiano parece encantado de tener un protagonismo que se le niega desde el partido de Mas. Otra cosa será que el PSOE secunde la propuesta de pacto fiscal en caso de que llegue al Congreso. Dirigentes socialistas catalanes admiten que ya están trabajando para que, por lo menos, el PSOE no vote en contra.

El PSC admite ya que Cataluña se pueda salir de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. También acepta que Cataluña tenga la llave de la caja (en un consorcio tributario con el Estado en el que decida el voto de calidad de la Generalitat) y propone ir disminuyendo la solidaridad interterritorial. Navarro y Duran volverán a hablar en los próximos días, antes de la cumbre de partidos que ha convocado Mas para el próximo día 30 y a la que no se sabe si acudirá el líder de Unió.

También ha habido gran afluencia en otras marchas convocadas en las principales ciudades del país. En Andalucía, las ocho capitales han vivido grandes manifestaciones con una afluencia total, según las cifras de los sindicatos, de unas 200.000 personas, con lo que, admiten, se han superado sus expectativas más optimistas. La más numerosa ha sido la de Sevilla, donde según la policía se han congregado alrededor de 10.000 manifestantes, entre profesores, empleados de centros y universidades, alumnos y ciudadanos contrarios a los recortes del Gobierno.

En la Comunidad Valenciana, las más numerosas han sido en Valencia y Alicante. En Valencia, los participantes han golpeado cacerolas, han hecho sonar pitos y han exhibido carteles en los que se leía "por una educación pública y de calidad" y "Mi futuro depende de la enseñanza, no me lo quites". Según los organizadores, han acudido a la protesta unas 60.000 personas, mientras que fuentes policiales reducen la cifra a 10.000. En Alicante, la manifestación también ha estado muy animada, con entre 25.000 y 30.000 participantes, según los sindicatos, y 20.000 según la policía.

En Barcelona, que convocó la manifestación por la mañana, decenas de miles de estudiantes y profesores marcharon por el centro de Barcelona rodeados de un amplio despliegue policial. Los manifestantes han gritado contra los recortes y la subida de tasas impulsados tanto por la Generalitat como por el Gobierno central.

El seguimiento de la jornada de huelga, convocada en todos los niveles educativos por profesores, alumnos y padres contra los recortes del Gobierno, ha sido desigual. Los sindicatos hablan de un 80% entre los profesores, que en la universidad habría sido casi total. Y reiteran que "se trata de una huelga social, no laboral, aunque también haya razones para ello". Las protestas, dicen, van a continuar en junio y a la vuelta del verano. El Ministerio de Educación cifra el seguimiento global en un 22,7%; ha incluido a la concertada, que solo estaba convocada por un sindicato, se queja UGT.

"Hay muchos menos alumnos que otros días", decían esta mañana en la consejería del instituto Lope de Vega de Madrid. Entraban casi con cuentagotas. En el colegio de infantil y primaria Pi i Margall, en la madrileña plaza del Dos de Mayo, Esperanza, una de las madres, aseguraba haber visto muy pocos niños a la entrada, menos que en otras huelgas. Lo mismo ha ocurrido en otros muchos centros españoles de todo el país. Los padres católicos no se han sumado, aunque algún sindicato había convocado también en la escuela concertada. Solo tres comunidades (Baleares, La Rioja y País Vasco) han optado por otro tipo de protesta.

El seguimiento ha sido especialmente desigual en Madrid, donde los profesores ya acumulan varias huelgas en los últimos meses. A las familias les pasa parecido: en el colegio de infantil y primaria Pi y Margall, por ejemplo, una de las madres, Esperanza, decía que había llevado a su hijo de cuatro años porque no le "queda más remedio".

En general, el profesorado ha secundado más la huelga en la universidad (en torno al 90%, según los sincidatos), algo menos en secundaria y un poco menos en infantil y primaria (de media en torno al 70%, de nuevo, según las centrales CCOO, UGT, ANPE, STES y CSIF, convocatntes todos ellos).  Por comunidades, el mayor apoyo se ha registrado en Aragón (con más de un 73% y una manifestación de unas 30.000 personas en las calles de Zaragoza), Asturias (80% en escuelas e institutos y 90% en los campus) y Murcia (75% y 98%). Donde se ha registrado menos seguimiento en la enseñanza no universitaria es en Galicia y canarias (30%). Los sindicatos destacan el desgaste de algunas comunidades donde, como en Madrid, ya ha habido muchas huelgas (hasta una decena).  

El apoyo de buena parte de los alumnos en el impacto de la protesta en los institutos y universidades, teniendo en cuenta, en todo caso, que en muchas facultades ya han terminado las clases.

En la universidad, la jornada de protesta empezó esta mañana con cortes de carreteras y avenidas. En Barcelona,  varias decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma han cortado la autopista AP-7 a la altura del campus. Los alumnos han colocado barricadas en los accesos por carretera y cerca de 500 estudiantes han irrumpido en la Diagonal de Barcelona custodiada por un fuerte dispositivo policial. Parecido paisaje se ha vivido en Madrid a primera hora de la mañana, cuando decenas de personas en la Universidad Complutense han cortado la avenida principal. La marcha la encabeza un camión forrado con carteles de la huelga. Al inicio de esta marcha los convocados pedían con megáfono a los estudiantes que iban saliendo por la boca del metro hacia el campus que secundaran el paro educativo. Problemas de tráfico en Valencia: un grupo de estudiantes bloquea los accesos a la Universidad Politécnica en el Camino de Vera con pancartas alusivas a la huelga; la concentración causa una larga cola de coches y atascos.

Aunque todo está transcurriendo sin incidentes de gravedad, dos personas han sido detenidas en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense esta mañana. Un portavoz policial confirma la detención de dos participantes de las protestas, aunque las versiones de lo ocurrido difieren con lo que cuentan desde el colectivo Toma la Facultad. Según una portavoz policial, los dos detenidos han impedido que un coche BMW que trasladaba a una mujer discapacitada circulara por el campus. Los agentes antidisturbios se han llevado a los dos participantes a la comisaría de Pozuelo de Alarcón. Según un portavoz del colectivo Toma la Facultad, los detenidos son estudiantes de dicha facultad: "No había ocurrido nada, han cargado y se los han llevado", asegura. En el campus de Somosaguas había barricadas a primera hora. Ya no quedan y el recinto está prácticamente vacío.

La protesta universitaria arrancó anoche con vigilias en algunos campus, como el madrileño de la Complutense, donde los estudiantes pidieron permiso para acampar y donde esta mañana han escenificado de forma carnavalesca el entierro de la educación pública española. Disfrazados simulando la muerte con su guadaña han creado un pequeño cementerio con lápidas donde pueden leerse las siguientes inscripciones: "Asesinada, 2012" o "Becas RIP". En Andalucía, cientos de estudiantes secundan este día de huelga, un paro que se prolongará más días en varias de las universidades. También en esta región la protesta se inició por la noche en el campus de Puerto Real (Cádiz) con un encierro de unos 90 estudiantes. En las dos universidades de la capital, la de Sevilla y la Pablo de Olavide han empezado los 10 días de paro con una marcha y en Huelva los estudiantes han participado en un consejo fúnebre como el de la Complutense.

Aunque en Baleares las centrales sindicales autonómicas han decidido apearse de la convocatoria estatal, habrá protestas. Por ejemplo, han hecho sonar caceroladas y ha habido concentraciones dispersas esta mañana a la entrada de algunos centros. En distintos puntos de Galicia y Andalucía, la protesta, promovida por los principales sindicatos de la educación pública (CC OO, ANPE, CSIF, STES y UGT), apoyados por las organizaciones estudiantiles y la Ceapa (asociación de padres y madres mayoritaria en la escuela pública), arrancó anoche. La escuela concertada (privada subvencionada) solo está llamada a la huelga en Cataluña, mientras la patronal de centros privados CECE ha criticado la huelga y la asociación católica de padres Concapa la ha tachado de “irresponsable” en el actual contexto.

También los institutos de enseñanzas medias están llamados al paro. En el Margerit, en el barrio madrileño de Vallecas la mitad de los docentes ha secundado la huelga y los alumnos sin profesor permanecen en la biblioteca. El Instituto de Secundaria Luis Vives, de Valencia, que se convirtió en el emblema de las protestas estudiantiles por los recortes en Educación, está viviendo un seguimiento "absoluto", según ha constatado el jefe de estudios, Josep Lluis Navarro, que ha explicado a Efe que incluso los alumnos de los primeros ciclos de la ESO se han quedado en sus casas porque sus padres "son conscientes de que es un día histórico para la Educación". En esta comunidad, la Consejería de Educación ha cifrado ya el seguimiento de la huelga en un 9,5% mientras que los sindicatos lo elevan al 65%.

 El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha opinado esta mañana sobre el conflicto educativo que "invertir más" no supone una reforma en la calidad de la enseñanza, que precisa reformas "mucho más profundas". En declaraciones a Telecinco, Cañete ha recordado que cuando se observan los informes internacionales "se pone de manifiesto que hay problemas de abandono escolar, universitario y que las universidades españolas no están entre las primeras del mundo".

Las declaraciones de los sindicatos son muy diferentes. Jesús Escribano, de CC OO, reflexiona durante la marcha de la Complutense: "Con el aumento de carga lectiva en la universidad pasará como en secundaria. Habrá menos contrataciones y se resentirá la calidad". Y Manuel Lozano, de UGT, dice que temen por las nóminas del personal de esta universidad madrileña. "Además, pagando más, los estudiantes van a recibir menos", añade.

Las actuales medidas del Gobierno, que caen sobre recortes ya producidos en los últimos años, auguran un conflicto prolongado porque se reducirá en un lustro la inversión pública en enseñanza del 4,9% al 3,9% del PIB, es decir, más de 10.000 millones de euros. 

Con información de J. A. Aunión, Pilar Álavarez, Ivanna Vallespín, Andreu  Manresa, María Centeno y  Ferrán Bono.

En Cataluña los recortes en educación ya empezaron el año pasado (se amplió una hora lectiva a los docentes y se recortó las transferencias destinadas a gastos corrientes de las escuelas), así que sus efectos ya se están notando en este curso.

Pregunta. ¿Cómo están afectando actualmente los ajustes impulsados por la Generalitat en 2011?

Resupuesta. En mi colegio este año contamos este curso con un profesor de refuerzo menos, además no se están cubriendo las sustituciones de los maestros que realizan, por ejemplo, refuerzos en P-3 [primero de infantil, con tres años]. Además contamos con menos recursos económicos en la escuela.

P. ¿Lo están notando los alumnos?

R. Sí, claro, porque al contar con menos personas, se resiente la atención personalizada que puedes hacer a los alumnos.

P. ¿Qué efectos tendrán los nuevos recortes anunciados por el Gobierno, como el aumento de las ratios o el de horas lectivas?

R. Buf, de hecho tememos que las consecuencias de los recortes sean peores el próximo curso. Lo peor será el aumento de niños por clase. Si ahora con 24 ya no llegamos, ¡imagínese con 30! Además, ya se ha empezado a aplicar la restricción en las sustituciones y no nos envían a nadie hasta pasados 10 días.

P. ¿Estos recortes afectarán en la calidad de la educación?

R. Claro, de hecho ya lo está haciendo. Tenemos menos dinero para invertir en material y en P-3 la gran parte de las clases son actividades manuales y no podemos comprar material. Además, el curso que viene no tendremos horas para atender de forma individualizada a los niños que más lo necesitan.

La última vez que se vieron oficialmente —en medio hubo un encuentro secreto que desveló Rajoy— fue el 15 de febrero, hace más de tres meses. La cita fue en principio bien, y duró casi cuatro horas, algo muy inusual. Pero después la relación entre ambos se fue tensando hasta que dejaron incluso de hablar por teléfono. Rubalcaba ha llegado a admitir que no tiene el móvil de Rajoy. En todo este tiempo de silencio entre el presidente y el jefe de la oposición España ha vivido varios momentos de pánico en las bolsas y sobre todo una prolongada crisis de la deuda que, pese a la bajada de las últimas horas, sigue en niveles insoportables.

El presidente quiere en todo momento minimizar el perfil político de sus relaciones con Rubalcaba, y de hecho ha decidido convocar en el mismo día a Josep Antoni Duran, portavoz de CiU, que también le había llamado para intentar buscar ese gran acuerdo.

Sin embargo, fuentes del Gobierno y de la oposición coinciden en que la conversación fue correcta, sin reproches. Eso se deja para los debates públicos. El asunto central era la posición española en la cumbre informal de la Unión Europea de hoy. Aunque hay algunas coincidencias, las posiciones del Gobierno y del PSOE están muy alejadas no solo en política europea, también, y especialmente, en la política española. El PSOE se queja de que el Gobierno ni siquiera les llama —ha sido Rubalcaba quien ha tomado la iniciativa— mientras el Ejecutivo recuerda que los socialistas están votando en contra de todas las medidas duras de recortes. El esquema se repite al que ya protagonizó Rajoy cuando estaba en la oposición y rechazó todos los recortes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Rubalcaba ofrece acuerdos en política europea, pero no parece ni mucho menos dispuesto a aceptar una negociación sobre la política de recortes de Rajoy, a la que el PSOE se opone frontalmente hasta el punto de que ayer mismo varios de sus dirigentes acudieron a las manifestaciones contra los recortes educativos.

Rubalcaba quería hablar con Rajoy para ofrecerle su ayuda. El líder del PSOE, que también viajará a Bruselas para reunirse con los dirigentes socialistas europeos, recuerda que ahora, tras las elecciones francesas, su corriente política tiene mucho más peso en Europa y cree que sus posiciones podrían favorecer a España al ejercer como contrapeso de Angela Merkel, la gran defensora de las políticas de austeridad. Rajoy, por el contrario, no tiene ninguna intención de romper el pacto de hierro que parece haber forjado con Angela Merkel.

En esa conversación de 20 minutos, ambos coincidieron en algunas cosas, como el rechazo a que Grecia abandone el euro, la necesidad de descartar un rescate europeo de los bancos españoles —Moncloa está muy molesta con François Hollande por haber sacado este asunto—, la urgencia de que actúe el Banco Central Europeo para estabilizar los mercados de deuda o la idea de combinar políticas de austeridad con otras de crecimiento.

Hasta ahí los puntos de encuentro. Pero mucho más relevantes parecen las discrepancias. Rubalcaba reclama a Rajoy que defienda en Bruselas dos cuestiones clave: primero, los eurobonos, que va a plantear Hollande. Merkel no los quiere y Rajoy insiste en que lo urgente en este momento es “solucionar los problemas de liquidez y garantizar la estabilidad financiera de la zona euro”, esto es, en otras palabras, que el BCE siga prestando dinero barato a los bancos españoles y diga que va a seguir haciéndolo.

El otro punto de discrepancia es el cumplimiento del objetivo de déficit. Ya son varios los organismos internacionales que prevén que España no cumplirá. Otros dicen que intentar cumplir a toda costa profundizará la depresión. Rubalcaba pidió expresamente a Rajoy que defienda un retraso en el objetivo de déficit para no tener que llegar al 3% en 2013, lo que implicará dos años de políticas de recortes durísimas. Rajoy no está por la labor y mantiene que cumplirá.

La discrepancia fundamental está en las políticas de crecimiento. Rajoy insiste en que el debate austeridad-crecimiento, que recorre el mundo y divide a economistas y políticos, no tiene sentido porque son compatibles. Para el presidente, políticas de crecimiento son las reformas estructurales que él hace en España, incluida la polémica reforma laboral que el PSOE rechaza de plano.

Es evidente que los socialistas, y la mayoría de los economistas que participan en este debate mundial, entienden otra cosa por políticas de crecimiento. Se refieren a políticas de inversiones públicas para animar la economía, en especial con dinero europeo.

“Los dos han hablado de crecimiento, cada uno con sus matices”, precisaron fuentes del PSOE. “Han hablado de combinar políticas de austeridad y crecimiento pero Rajoy ha insistido en que lo más urgente ahora es solucionar los problemas de liquidez”, remata el Gobierno.

El viernes se verá el resultado de este acercamiento, aunque los reproches siguen encima de la mesa. Y el ambiente entre los dos partidos no para de empeorar. Ayer mismo los dos portavoces parlamentarios se culparon mutuamente del bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional, y el PP acaba de aprobar una ley para poder elegir solo con su mayoría absoluta y sin consenso al nuevo presidente de RTVE.

La esperanza ahora está en la reunión que mantendrán el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y que, además, de la situación del sistema financiero se aborde la renovación de los órganos constitucionales pendientes. Como anticipo sus dos representantes parlamentarios, Alfonso Alonso, del PP, y Soraya Rodríguez del PSOE, se mostraron comprensivos con la nota doliente del Tribunal Constitucional, para enseguida enzarzarse entre ellos y proclamar que la culpa era del otro.

Lo cierto es que por segunda vez en algo más de un año los magistrados del Tribunal emplazan a los grupos parlamentarios a que cumplan con su obligación constitucional de elegir a sus miembros. El presidente del Congreso, Jesús Posada, solicitó anoche a los partidos que atiendan la petición del Constitucional. La historia se repite en poco tiempo ya que el anterior presidente de la Cámara Baja, José Bono, con más énfasis y más dramatismo, instó a los grupos políticos a que hicieran un esfuerzo por superar sus diferencias.

Se les pedía hace un año y se les pide hoy que se pongan de acuerdo para renovar a los tres magistrados cuyo mandato cumplió en 2010: Eugenio Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera. Los tres presentaron su dimisión ante el presidente, Pascual Sala, pero éste no se la aceptó con el argumento de la responsabilidad. Además de renovar a esos tres magistrados está pendiente de proveer la vacante del magistrado Roberto García Calvo que falleció en 2008. A todos ellos les debe elegir el Congreso ya que los electos por el Senado vieron la luz, por fin, el verano pasado después de tres años de bloqueo.

La cronología muestra a las claras que no ha habido posibilidad de renovar los órganos constitucionales durante el tiempo de Gobierno del PSOE. “Dejen de utilizar la minoría de bloqueo para que se pueda proceder a la renovación”, pedía ayer al PSOE el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso. Exactamente el mismo requerimiento que el representante del Grupo Socialista, en el Gobierno, hacía el año pasado, y el anterior, y así hasta un trienio, al Grupo Popular, entonces en la oposición.

Durante muchos meses el bloqueo se produjo por el veto del PSOE a Enrique López, magistrado al que no reconocían el tiempo necesario para acceder al Tribunal. Ahora ni siquiera se ha empezado a hablar pero sí hay un compromiso entre Rajoy y Rubalcaba para proveer las vacantes de éste y otros órganos pendientes antes de que termine el mes de junio.”El PSOE debe dejar de bloquear la elección de miembros”, reconvino ayer el popular Alfonso Alonso. "¿Nosotros?”, se preguntaba la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.

Esta dirigente trata de escribir la Historia de otra manera y empieza por recordar que Rubalcaba le ofreció a Rajoy en sus entrevistas del mes de marzo —una pública y otra secreta —su voluntad de negociar las vacantes pendientes, “después del bloqueo sistemático del PP” de los años anteriores. “Lo siguiente que nos encontramos es un decreto-ley por el que se cambian las reglas de juego para elegir al presidente de RTVE y se elimina la necesidad de contar con la oposición”, se dolió la portavoz socialista. Conocedores de esa reunión entre Rubalcaba y Rajoy también cuentan que el dirigente del PSOE reprochó al presidente que los desbloqueos y los pactos solo se producen cuando los socialistas están en la oposición. Al parecer ese desahogo no le agradó al presidente del Gobierno.

El mal ambiente que dejó esa reunión se ha traducido en que sigue sin haber reuniones entre ambos grupos políticos. Esta es la razón por la cual los magistrados no han visto más camino que amenazar con “medidas drásticas”, si no abordan su renovación. “No hay nada más efectivo que su dimisión”, aconseja la dirigente de UPyD, Rosa Díez, que dice en alto lo que piensan muchos parlamentarios. “Es una advertencia razonable pero tardía”, señalaba Josep Antoni Duran Lleida. En los dos grupos concernidos, PP y PSOE, reconocen que ellos empezarán a negociar cuando les digan sus jefes, Rajoy y Rubalcaba.

La intención de Jaume Matas de extender la investigación no se ciñe a los dirigentes valencianos sino que pretende que llegue al Ayuntamiento de Madrid. El expresidente balear alega haber tenido conocimiento de que una de las fundaciones que regentaba el duque de Palma suscribió un convenio con la “Fundación Madrid 16”, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, de la que recibió 144.000 euros “lo cual vendría a avalar lo habitual en el tráfico jurídico de que las administraciones publicas concierten convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro como era la Fundación Instituto Noos, no estimándose necesaria la convocatoria de concursos públicos”, expone el escrito remitido al juez. Así, reclama también que se interrogue a la exconsejera de la Fundación madrileña, la ahora directora General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghe.

En el escrito remitido al juez, el abogado de Matas describe cómo Francisco Camps era el responsable de la Generalitat Valenciana cuando esta administración firmó los contratos con Nóos (que cobró un total de 3,7 millones de euros por sus trabajos en Valencia). Además señala que Esteban González Pons (que estuvo citado a declarar como testigo y cuya declaración fue “luego extrañadamente suspendida sine die”) fue quien suscribió “de su propio puño y letra” el convenio para la celebración de dichos juegos europeos que nunca tuvieron lugar pero por el que Nóos cobró más de 380.000 euros.

El hecho es que si el juez imputara a González Pons o a Camps debería inhibirse del caso, ya que, por sus cargos, diputado en el Congreso y diputado autonómico, pasarían a ser jurisdicción de la Audiencia Nacional, en el caso de Gonzaléz Pons, o del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el caso de Camps.

La decisión se conocerá poco después de las 18.30 en Quebec (0.30 del 24 de mayo en Madrid), que se unirá a la lista de ciudades vinculadas a la historia olímpica de la capital como Lausana (Suiza) y Atenas, escenario de los cortes para 2012 y 2016. Los responsables del proyecto de la capital, liderados por el presidente Alejandro Blanco, la alcaldesa Ana Botella, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, el consejero-delegado de Madrid 2020, Víctor Sánchez, y el exsecretario de Estado para el Deporte y actual portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, han viajado a Canadá para presenciar el acto.

Ninguno de ellos tiene dudas de que el proyecto madrileño, con la experiencia acumulada en 2012 y 2016, pasará el corte olímpico y tan solo esperan a conocer el resultado del examen de la Ejecutiva del COI, cuyos miembros deberán decidir qué ciudades lo superan. "La única duda es si entra Doha o no, con lo que, incluso, podrían superar el corte los cinco, para justificar que entra Doha también", ha indicado un experto en asuntos olímpicos.

A diferencia de ediciones anteriores, el COI ha incluido más temas, hasta 11, entre ellos sanidad y tecnología, en el cuestionario de candidatura, más extenso y detallado, para hacer un análisis técnico de las aspirantes y una videoconferencia en la que los responsables de los cinco proyectos tuvieron que responder a las dudas del COI. "Ahora lo que se analiza es la cualificación de una ciudad en 2012 para organizar los Juegos. El orden no importa porque ciudad que pasa, ciudad que puede organizar los Juegos", asegura el experto, en alusión a Londres y Río de Janeiro, que organizarán los dos próximos Juegos pese a estar en la cola en las puntuaciones del corte.

Madrid fue la segunda candidatura más valorada en esos procesos previos similares al de hoy, que acogieron Lausana (Suiza) en mayo de 2004 y Atenas en junio de 2008. La opción española solo fue superada por París y Tokio, respectivamente, mientras que las ciudades que finalmente resultaron elegidas, Londres y Río, quedaron en tercer y quinto puesto.

Estambul, principal rival

En 2020, Madrid debería ser segunda únicamente superada, como ya ocurrió en el proceso de selección similar en 2008, por Tokio, indica el experto, que presenta de nuevo un proyecto técnico "impecable", aunque con el lastre de la cercanía de los juegos de invierno de Pyongyang y el miedo al riesgo de radioactividad por el tsunami de 2011. Aunque el principal rival de Madrid es Estambul, que ha recogido el mensaje de Río de Janeiro y utiliza el reclamo de los "primeros [juegos] en dos continentes: Asia y Europa" y el poder emergente de su economía, pero que ha complicado sus opciones en las últimas semanas al anunciar su intención de albergar la Eurocopa también en 2020.

El COI deberá decidir si Doha pasa la línea del corte pese a que las fechas que propone, del 2 al 18 de octubre de 2020, crearían un importante conflicto con el calendario de las principales competiciones europeas. "Creo que algunos miembros piensan que la credibilidad del COI se pondría en entredicho sin los llevan allí", señala el analista olímpico. Esta es la principal en el corte de hoy, si los petrodólares de Catar pugnarán frente al proyecto de Madrid 2020, que, a pesar de su principal hándicap, la confianza de la economía española, lejos de tener la mirada puesta en Quebec la enfoca hacia la Asamblea del 7 de septiembre en Buenos Aires. En la capital argentina conocerá si, al tercer intento consecutivo, cumple su sueño de ser olímpica 20 años después de Barcelona.

No prosperarán ni la enmienda presentada por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que exige igualar la asignación de la Casa del Rey a la del presidente del Gobierno (fijado este año en 78.185 euros), ni la presentada por UPyD, que aboga por un 15% de reducción de la asignación.

El diputado de ERC Joan Tardá, en relación con polémico episodio del Rey en Botsuana, ha explicado que es "insultante" que el monarca se ausente de sus responsabilidades para cazar elefantes y que luego pida perdón sin dan explicaciones. Tardá ha defendido que la futura Ley de transparencia incluya la fiscalización de la Casa del Rey, al tiempo que ha criticado que el monarca cobre "cien veces más" que el presidente del Gobierno y gane en un solo día lo mismo que un mileurista en todo un año. 

En su respuesta, el portavoz popular ha pasado casi por encima de la enmienda y apreciaciones de ERC al considerar su petición un "clásico parlamentario". Albendea ha sido más crítico con UPyD, al que ha acusado de buscar "protagonismo". "La Corona, además de los impagables servicios que ha prestado a España, es la más barata de Europa", ha dicho.

La propuesta de Rosa Díez incluye quitar 1.275.000 euros del presupuesto de la Casa del Rey para destinarlo a investigación en universidades públicas, de manera que el recorte presupuestario de la Jefatura del Estado alcance la media del 15% de recorte aplicado al conjunto del Gobierno. Sin cuestionar la institución monárquica, Díez ha dicho que se le hace un "flaco favor" dándole un trato diferente en estos momentos de crisis económica y en los que se trata de dar ejemplo de austeridad.

También ha habido otra enmienda similar de Izquierda Plural que, según ha argumentado el diputado de este grupo, Joan Josep Nuet, pretende reducir un 20% la partida destinada a esta institución que, a su juicio, es "completamente anacrónica".

Desde el PSOE, su portavoz presupuestario, Joan Rangel, se ha limitado a respaldar la partida de la Casa del Rey recalcando que se trata de una partida institucional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta mañana la resolución de la Delegación del Gobierno por la cual trasladaba al lunes 28 la manifestación convocada por grupos de ultraderecha para el viernes bajo el lema Contra el separatismo, una bandera. El TSJM considera que prima el derecho de libertad de expresión y que no queda probado que la concentración, en Alonso Martínez cuatro horas antes del partido, encierre una amenaza pública, a pesar de que la policía considere que la situación sería “difícilmente controlable” si ultras de cualquier bando asumieran una actitud agresiva. El tribunal no ha ofrecido más razonamientos al respecto, aplazando estos para mañana.

Delegación tomó la decisión de posponer la marcha, convocada por Falange y Nudo Patriota Español, apoyándose en un informe de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que alertaba sobre la posibilidad de que grupos violentos de extrema derecha se acerquen después de la manifestación hasta el estadio Vicente Calderón (sede de la final) o a las zonas en las que se reúnen los hinchas del Athletic y del Barça para intentar provocar una confrontación.

La delegada del Gobierno Cifuentes, que intentó trasladar la marcha política al lunes sustentándose en un informe policial que avisaba de su peligrosidad, ha lamentado la resolución del TSJM. “Lamento, aunque por descontado la acato, la sentencia del TSJM, permitiendo la manifestación de Falange del próximo día 25”, ha escrito Cifuentes en su cuenta de Twitter.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, también ha mostrado su discrepancia, pero ha garantizado que “no va a pasar nada” y que los aficionados del Athletic y del Barcelona pueden estar “tranquilos”. Portavoces de los dos clubes han confiado en que no haya problemas. “Si la manifestación está autorizada imagino que es porque la policía asegura la protección”, reflexionaba ayer un representante del F. C. Barcelona.

La cifra de aficionados que acudirán a Madrid es incierta. Cada uno de los dos clubes ha vendido entre sus socios alrededor de 20.000 entradas, pero un portavoz del Athletic ha confirmado a este diario que acompañarán al equipo al menos 20.000 aficionados más. El F. C. Barcelona informa de que ha organizado el flete de más de 20 autobuses desde Cataluña y que hay una cuarentena más que saldrán de distintos puntos de España para transportar a miembros de unas 1.200 peñas.

Áreas para las hinchadas

Los clubes han habilitado dos áreas para que se reúnan los aficionados, las dos a orillas del río Manzanares. La Fan Zone del F. C. Barcelona se ubicará en el Parque del Matadero, y una gran carpa del Athletic se está ya levantando en la explanada del Puente del Rey. En un principio estaba pensado que la carpa del Athletic de Bilbao funcionara ya desde el jueves, pero finalmente abrirá solo el viernes. Delegación de Gobierno ha confirmado que, dentro del dispositivo de seguridad que anunciará mañana con la intervención de Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil se contempla una protección específica para estos dos puntos.

No han contribuido a extender la calma y la cordura las declaraciones de Esperanza Aguirre de que la final debería de suspenderse y disputarse "a puerta cerrada en otro lugar" en el caso de que, como ocurrió hace tres años en la final que jugaron los mismos equipos en Valencia, se produjera una pitada contra el Príncipe o durante la reproducción del himno de España. Políticos de todas las formaciones han reaccionado adversamente a las palabras de la presidenta por considerar que solo han servido para sembrar resquemores. Ningún representante de los dos clubes de fútbol ha querido posicionarse. “Nosotros vamos allí a jugar un partido, y ya está”, ha explicado un portavoz bilbaíno.

Grupos de aficionados de ambos clubes ya habían anunciado que querían aprovechar el partido para reivindicar la presencia en competiciones oficiales de las selecciones catalana y vasca. El informe de la Policía Nacional en el que Delegación de Gobierno se apoyaba para pedir la anulación de la manifestación ultraderechista incide en la “evidente confrontación ideológica entre los convocantes de la manifestación y determinados grupos de seguidores de los equipos finalistas de la Copa". Según la policía, desde que se anunció la manifestación "han sido numerosos los comentarios y vídeos en foros y redes sociales que se han divulgado respecto a la marcha en los que se incluyen claras connotaciones violentas y xenófobas hacia los aficionados de ambos equipos".

En los últimos días también se habían extendido rumores como que el músico Fermin Muguruza, muy connotado por sus posiciones políticas independentistas, actuaría en la fiesta del Athletic. En la programación final que ha presentado el club, su nombre no se incluye, aunque sí el de otra banda de rock radical vasco que no se considera precisamente del gusto de los falangistas: Me Cago en Dios (M.C.D.), autora de una versión del himno del Athletic.

El incidente motivó una reunión de urgencia tras el archivo de la Fiscalía. Dívar convocó el pasado lunes a los 20 vocales. No estuvieron todos: faltaron Félix Azón, Ramón Camp, Antonio Monserrat y Margarita Uría. La cuestión a tratar era la denuncia contra Dívar, su archivo por la fiscalía, y el uso de fondos públicos por parte del presidente.

Lo que sigue es la reconstrucción de esa cita basada en el relato de algunos de los miembros del Poder Judicial que participaron en la reunión.

Carlos Dívar, presidente del Consejo. Me enteré por EL PAÍS de la denuncia. El vocal no me avisó, aunque no tengo ninguna animadversión hacia él. Creo que cuando se pertenece a un órgano colegiado, lo mínimo, por lealtad, es llevar a pleno este asunto, que me ha supuesto un quebranto personal e institucional. Doy traslado del decreto del fiscal para que lo estudien. Y estoy dispuesto a explicar lo que deseéis en el próximo pleno [del 31 de mayo]. Tengo que desmentir que yo haya pedido la relación de gastos de todos los vocales del Consejo. Creo que estamos dando una imagen poco transparente en materia de gastos y hay que ajustarse más para actuar con más transparencia. Yo apoyé la propuesta de Gómez [Benítez] de austeridad.

José Manuel Gómez Benítez (vocal y denunciante). Yo tampoco guardo animadversión al presidente, propondré al pleno que en los desplazamientos se haga constar la actividad y las personas que provocan los actos protocolarios. Yo también voy a trabajar por la transparencia. Dicho esto, diga lo que diga la fiscalía, tanto viaje a Marbella no tienen justificación ni ética ni estética desde el punto de vista legal, y debilita la imagen del Consejo y del Supremo y nuestra legitimidad. La decisión de presentar la denuncia es que había una nota anónima que luego se retiró del expediente.

Gemma Gallego. ¿Y después del archivo, José Manuel, qué piensas hacer, vas a dimitir?

Margarita Robles. Nos ha convocado para informar y no nos ha informado de nada, solo se ha limitado a hacer valoraciones. La fiscalía tenía dudas sobre sus viajes, en el decreto de archivo hay dudas. Y además, esos 20 viajes no le han gustado a la opinión pública. Desde un punto de vista ético y político no se entiende. Son unos viajes que hasta la propia fiscalía dice que tiene dudas.

Carlos Dívar. La fiscalía ha sido clara y contundente. Y los gastos están justificados, aunque esa verdad no se la pueda imponer a otros. Yo no he tenido relación con la fiscalía para nada.

Fernando de Rosa (vicepresidente). No es necesario esperar al día 31 de mayo [fecha del pleno al que se remitió el presidente para explicar sus viajes] para hablar de este asunto, debe hacerse antes.

Pío Aguirre. No es muy respetuoso haber obviado al pleno del Consejo e interponer una denuncia directa ante la Fiscalía sin un debate previo en el pleno.

José Manuel Gómez Benítez. Es que no me fío del pleno.

Dívar salió de la reunión sin despejar si adelantaría la fecha para dar las explicaciones que le pedían algunos vocales. Pero momentos más tarde, su jefe de gabinete, Eduardo Menéndez, pidió al secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, que trasladase a todos los vocales que el presidente había decidido convocar un pleno extraordinario el jueves 24 de mayo con un tema único, sus viajes.

Todos los consejeros saben cómo empezará el pleno del Poder Judicial del jueves (con su presidente muy tocado y la imagen de la institución por los suelos), pero no vislumbran su final. “Hay una gran preocupación”, señala un vocal. Les queda algo más de un año de mandato y no quieren que este Consejo sea recordado “como el Consejo de la corrupción”, coinciden en señalar otros. “Individual y colectivamente se han hecho muchas cosas positivas y sería injusto que caigamos todos en el mismo saco”, reflexionan.

En el asunto de los larguísimos viajes de Dívar no ha habido políticas de grupo, conservadores o progresistas. En medio del escándalo, de ambos lados han salido voces críticas hacía Benítez, por su deslealtad e individualismo, y contra Dívar, partidarias, al menos en privado, de que dimitiera. Pero ha habido miedo de forzarle a dimitir. Saben que el cese de Dívar habría desatado una caza de brujas hurgando facturas de unos y otros.

Y con vistas al pleno de mañana no hay, de momento, una posición común. Solo hay consensos de corrillos que pasan por modificar cuantas normas sean precisas (por ejemplo, el acuerdo plenario de 1996 que permite al presidente y consejeros no tener que dar explicaciones de sus viajes) para evitar episodios parecidos y aumentar la transparencia del Consejo.

En respuesta a un cuestionario de este diario, la RAH explicó ayer que la adenda que se editará al finalizar la impresión de la obra (50 volúmenes) contemplará únicamente “referencias cruzadas, en los casos en que se considere pertinente, para ampliar y enriquecer el contenido de determinadas biografías”. También habrá “alguna redacción complementaria, siempre con la anuencia de los autores”.

Esta información también fue transmitida a los académicos que acudieron a la junta del pasado viernes 18, donde se anunció que se remitirían al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y al Congreso las conclusiones de la comisión encargada de revisar y proponer correcciones a la obra.

La adenda contendrá una fe de erratas con fallos cronológicos o de denominación, un “recordatorio con las denominaciones homologadas en las biografías relacionadas con la Guerra Civil”, notas críticas para aclarar conceptos o expresiones e información bibliográfica importante, según ha explicado la institución.

Tras el bochorno y la indignación que suscitaron algunas reseñas de los primeros 25 tomos (una minoría entre 43.000 entradas, pero significativas por tratarse de protagonistas de las décadas más convulsas del siglo XX), se constituyó una comisión —cuya composición ha cambiado a lo largo del año— para buscar una salida. Con esta comisión no solo se trataba de apaciguar el torrente de críticas, sino de dar respuesta a una iniciativa parlamentaria que cerraba el grifo económico para el Diccionario, que había recibido 6,4 millones de euros de fondos públicos (de Educación e Industria).

En julio el Congreso ordenó la congelación de la subvención anual para la obra, decidida por una mayoría de diputados, con el rechazo del PP. Sus señorías condicionaron la reactivación de la ayuda pública a la revisión y corrección de los fallos del Diccionario, donde coexisten las reseñas impecables con los errores históricos, la abierta adulación (Esperanza Aguirre es retratada casi como un ser providencial), la chapucería (algunas biografías están firmadas por una web o institución) y el sesgo franquista en voces contemporáneas, empezando por Franco y siguiendo por militares que se sumaron en 1936 al golpe de estado, identificado en ocasiones como Alzamiento Nacional. Sin tener noticia de posibles revisiones o correcciones, el Gobierno decidió festejar el primer cumpleaños de la publicación de los primeros tomos con un regalo inesperado: la inclusión en los Presupuestos Generales de 2012 de 193.300 euros para contribuir al empujón final de la colección.

La decisión se tomó antes de que el informe de la comisión llegase a manos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes —que está analizando su contenido antes de evaluarlo, según un portavoz—, a pesar de que descafeinaba por completo la proposición no de ley aprobada el año pasado en la Cámara, cuando el PP todavía estaba en la oposición. “Se han burlado de los parlamentarios. Una proposición no de ley no supone una obligación legal, pero sí política. Dar la subvención sin haber hecho la revisión no es ilegal, pero sí irregular y merece una reprobación política clara”, señala Mario Bedera, portavoz socialista en la comisión de Educación del Congreso.

Al menos tres partidos de la oposición (PSOE, Izquierda Plural y Esquerra Republicana) han reclamado el informe de la comisión y, en algún caso, han pedido la comparecencia del ministro José Ignacio Wert. Tampoco dentro de la Academia sobra la información. Distintos académicos aseguran que no han visto el informe, del que se dio cuenta vagamente en la última junta de abril. En aquella reunión se planteó que se incluiría una adenda con 10 biografías complementarias sobre las voces “estratégicas” que habían suscitado más quejas. Franco era una de ellas, lo que significaba en la práctica que la obra cumbre de la RAH incluiría versiones a la carta sobre el dictador. Una, escrita por Luis Suárez, y otra, por no se sabía quién. A juicio de los historiadores, un desatino. “Ofrecer dos biografías de Franco es un disparate científico y profesional de una magnitud extraordinaria. Hasta nuestros alumnos saben que hay un conocimiento histórico establecido por encima de las ideologías”, afirmó entonces el presidente de la Asociación de Historia Contemporánea, Carlos Forcadell.

Al final ha tenido que pasar un año para que todo siga casi igual. La supervisión de la comisión ha facilitado la corrección de biografías de los tomos inéditos —algunas reseñas fueron encargadas de nuevo, como la del general Miaja—, pero en la versión impresa poco cambiará, a la vista de lo anunciado ahora por la RAH. En la on-line, que se desarrollará después de la publicación de los 50 tomos, “se recogerán los datos que se publiquen en la adenda”, según la institución.

Sin embargo, el partido de Antonio Basagoiti arremetió ayer, lo mismo que UPyD, contra el proyecto. Su portavoz parlamentario, Antón Damborenea, advirtió de que si no se corrige, algo que los populares intentarán a través de sus enmiendas, su grupo se opondrá a un órgano que “lo mezcle todo” y que, a su juicio, sirve para justificar de forma indirecta el terrorismo. El PP no quiere “un cajón de sastre”, una iniciativa de “memoria inclusiva”, como proclaman sus impulsores, sino algo centrado exclusivamente en el terrorismo, de cualquier signo, pero solo terrorismo. La nueva entidad reabre así el recurrente conflicto político entre los partidos a cuenta de la violencia y las víctimas.

Para EA, en el bando opuesto, “la iniciativa nace viciada” porque no ha contado “con todas las sensibilidades”, en referencia a la antigua Batasuna.

El PNV, el PSE, Ezker Anitza y tres de los cuatro parlamentarios del grupo de Aralar dieron ayer el primer paso para la creación del Instituto registrando en la Cámara una proposición de ley conjunta. La fórmula asegura una rápida tramitación que permitirá que quede constituida esta misma legislatura. El debate de su toma en consideración, que propiciará pronunciamientos sobre el fondo de la cuestión, se celebrará antes del fin de junio con toda probabilidad.

El Instituto será un órgano de gestión del Gobierno para todas las políticas de memoria, convivencia y derechos humanos, hasta el punto de que queda abierta la posibilidad de que sustituya a las actuales direcciones de Víctimas del Terrorismo y de Derechos Humanos. Pese a su adscripción al departamento del Ejecutivo que tengan la responsabilidad de las políticas citadas, en su Consejo de Dirección figurarán representantes del Parlamento (cuatro), las Diputaciones (tres), los Ayuntamientos (tres) y otras tantas personalidades independientes, junto a 14 altos cargos del Ejecutivo.

Pese al apoyo mayoritario con el que llega al Parlamento, la presentación de la proposición de ley se vio mediatizada ayer no solo por el rechazo popular, sino también por el conflicto que al PP y al Gobierno central les planteó la sorpresiva dimisión de Teresa Díaz Bada, representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy en la comisión bilateral que debe alumbrar en paralelo el Centro Memorial para las víctimas del terrorismo. Su constitución y ubicación en Euskadi son sendos mandatos de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada en el Congreso en 2011.

Díaz Bada, hija del jefe de la Ertzaintza Carlos Díaz Arcocha, asesinado en 1984 por ETA, consideró que los trabajos de la comisión suponen una “concesión política a Batasuna”.

Su nuevo papel como partido de gobierno está suponiendo para el PP un cambio en sus relaciones con parte de las víctimas del terrorismo, que ya han convocado para el 9 de junio la primera manifestación en su contra, con motivo del plan de reinserción de etarras. En la legitimación de las posiciones del partido y la acción del Gobierno central está jugando, entre otros, un importante papel Mari Mar Blanco, parlamentaria popular y hermana del asesinado concejal Miguel Ángel Blanco. Ayer mismo fue designada por el ministro de Interior, Jorge Díez Fernández, para sustituir a Díaz Bada.

“El Gobierno y el Estado de Derecho apuestan por la impunidad”, dijo esta última, quien consideró que el Memorial será “una chapuza” y que el Instituto de la Memoria realiza “una equiparación de víctimas inmoral”. “Ahora resulta que aquí ha habido sufrimiento por todas partes, todas las violencias son equiparables”, sostuvo. Y personalizó sus críticas tanto en Loza como en otro miembro de la comisión, el también parlamentario del PP, Carlos Olazábal, además de censurar al ministro de Interior su presencia en la clausura del Congreso sobre Memoria y Convivencia celebrado toda la semana pasada en Bilbao.

Olazábal replicó que las acusaciones de Díaz Bada “nada que ver con la realidad de lo que se está trabajando” en la comisión. Esta se reunió ayer en Bilbao y acordó constituir un Real Patronato, adscrito al Ministerio del Interior, que dirigirá el Memorial. El Rey será presidente de honor, la presidencia la ocupará el jefe del Ejecutivo y la vicepresidencia, el lehendakari.

En los centros penitenciarios de EE UU hay 2,3 millones de presos, de los que 216.000 sufrieron abusos sexuales en 2011, según datos del Departamento de Justicia. “La violación en las prisiones es mucho más que una estadística para los que tenemos que vivir con ese estigma. Es un tipo de violencia que debe terminar”, explica un antiguo preso por correo electrónico cuyo testimonio ha sido facilitado por la organización Just Detention International.

Las cifras evidencian el grave problema que se vive en las cárceles de EE UU y la necesidad de adoptar medidas para prevenir y proteger a los reclusos. “En la cultura popular las violaciones en las cárceles son objeto de broma y se considera algo inevitable e incluso merecido”, indica la Exposición de Motivos de los Parámetros Nacionales parea Prevenir, Detectar y Responder a las Violaciones en las Prisiones, unas indicaciones que desarrollan el contenido de la PREA, cuya entrada en vigor estaba prevista en 2010.

La implementación de la PREA, la semana pasada, ha sido recibida con entusiasmo por parte de las asociaciones de derechos civiles que durante estos años han colaborado con el Departamento de Justicia y con algunos centros penitenciarios para desarrollar el contenido de la norma. “Hemos trabajado duro para conseguir una ley que recorte de manera radical el número de violaciones en las prisiones”, explica en un correo electrónico Lovisa Stannow, la directora ejecutiva de Just Detention International, una asociación fundada en 1980 por un exconvicto víctima de violación.

Entre las medidas que recoge la ley se encuentra la obligación de confinar en celdas seguras a los “reclusos vulnerables” -gais, lesbianas, bisexuales o transexuales, según especifica la norma-; formar a los funcionarios y al equipo médico para que puedan detectar y prevenir posibles casos de abusos sexuales entre los internos; facilitar a las víctimas acceso a asesores; impedir que los menores compartan celda con presos mayores de edad, así como prohibir los cacheos a mujeres y transexuales por parte de personal masculino.

La norma facilitará a los reclusos la posibilidad de denunciar los abusos sexuales sufridos a manos de los funcionarios de prisiones. Hasta ahora, éstos prácticamente gozaban de inmunidad ante las acusaciones de los internos, gracias a la Reforma de la Ley de Litigios en las Prisiones. Esta norma, aprobada en 1996, únicamente otorgaba a los presos víctimas de violación 20 días para denunciar y completar el farragoso proceso de pasar por todas las instancias carcelarias –algunas incluso frente al propio abusador- antes de llegar al juez. En varias ocasiones, según denuncia ACLU, los magistrados han rechazado una demanda simplemente por no haber sido presentada a tiempo.

La PREA elimina el límite de 20 días y, además, autoriza a los familiares y abogados de los reclusos a iniciar los trámites de denuncia e impone a los centros penitenciarios una supervisión trimestral, realizada por entidades independientes, para garantizar que los internos no estén siendo coaccionados u obligados a cumplimentar las instancias a las que obligaba la Reforma de la Ley de Litigios en las Prisiones para formular las demandas por abuso sexual.

El Departamento de Justicia publicó este lunes los Parámetros Nacionales parea Prevenir, Detectar y Responder a las Violaciones en las Prisiones, justo el mismo día en que se dio a conocer la primera encuesta sobre exconvictos elaborada por la Oficina de Estadística Judicial. Según ese estudio, uno de cada diez reclusos sufrió abusos sexuales durante su estancia en la cárcel, el 5,4% a manos de otros presos y el 5,3% a manos de los funcionarios, una cifra que se multiplica por cuatro en el caso de los homosexuales, las víctimas más vulnerables, de acuerdo con el informe.

El detonante que ha puesto en marcha una cadena de manifestaciones -la próxima este miércoles- estalló el pasado día 11, cuando el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, acudió a un acto de campaña en la Universidad Iberoamericana, fundada por los jesuitas y situada en una de las zonas más exclusivas de la capital mexicana. Los estudiantes pronto se cansaron de las vaguedades del político y comenzaron a reprocharle su gestión como gobernador del Estado de México. Sin posibilidad de réplica, Peña Nieto acabó huyendo entre gritos de “¡fuera, fuera!” y “¡asesino!”. El PRI reaccionó acusando a los universitarios de dejarse manipular por un grupo de provocadores e infiltrados. Televisa, la cadena con mayor audiencia y a la que se acusa de apoyar al líder priísta, solo dio una versión de los hechos favorable al viejo partido hegemónico.

La chispa se convirtió en explosión cuando los estudiantes se movilizaron en las redes sociales. Grabaron un vídeo en el que 131 de ellos mostraban su carné universitario y desmentían las descalificaciones. El vídeo motivó la simpatía de muchos más jóvenes que crearon la página Yo soy 132, invitando a otros a unirse a la protesta. A la velocidad de un clic, el enojo se convirtió en trending topic, revolucionando la campaña electoral y sorprendiendo a toda la clase política.

Una semana después del incidente con Peña Nieto, a los estudiantes de la Ibero se unieron otros del Tecnológico de Monterrey del campus del Distrito Federal, la Anáhuac (universidad fundada por los Legionarios de Cristo), La Salle y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en una protesta contra Televisa y el sábado, miles de jóvenes se manifestaron en el DF y otras ciudades coreando consignas como “¡Ni un voto al PRI!” o “¡No somos uno, no somos cien, prensa vendida, cuéntanos bien!”

José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), da la bienvenida a “esta expresión de rechazo, de distancia crítica” hacia el establishment, y espera “que se traduzca en las urnas”. “En una campaña electoral aburrida y sin novedades, ha pasado algo que no estaba en el guion”, apunta. Pero Woldenberg hace dos salvedades: “Lo que ocurre en los centros de educación superior no es extrapolable al resto de jóvenes y el DF no es representativo del país”.

“Es algo nuevo. La clase media alta solo se había expresado públicamente hasta ahora por causas universales como la seguridad o la paz”, comenta el sociólogo y periodista Jorge Zepeda, quien se muestra sorprendido “por los errores cometidos por el PRI en la contención de daños”. “Los priístas han sido muy hábiles en la campaña en términos convencionales, pero las redes sociales son un terreno muy nuevo que no saben procesar y al que llegaron tarde. La izquierda está mucho mejor posicionada en ellas debido en parte a la desconfianza de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia los medios tradicionales”. En su opinión, el incipiente movimiento juvenil está tomando más partido que el 15M español y, de continuar, restará votos a Peña Nieto, pero no provocará un vuelco electoral.

Para el escritor y politólogo Federico Reyes Heroles, la protesta es “un arma política del Partido de la Revolución Democrática (PRD)”. “Se está cumpliendo la profecía que advertía que si AMLO no remontaba con su república del amor se radicalizaría”, y añade con sorna: “La confusión política no es privativa de las universidades públicas”. Sin embargo, celebra que el movimiento suponga “un tirón de orejas para los priístas” y critica la actitud de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, quién ha llamado a las movilizaciones contra Peña Nieto: “Parece un rugido de desesperación”.

Roy Campos, director de la consultora electoral Mitofsky, una de las más respetadas, apunta que la queja estudiantil podrá traducirse en una mayor participación, pero que ésta “dependerá, más que del movimiento en sí mismo, de cómo reaccionen y lo gestionen los políticos. Quien lo sepa leer mejor subirá en los sondeos”.

Los jóvenes han entrado en la campaña y reclaman un cambio, convirtiéndose en una suerte de quinto poder. Y de momento van ganando. Televisa emitió por primera vez en la mañana del lunes, diez días después de los incidentes, nueve minutos sobre lo que ocurrió en la Universidad Iberoamericana.

Tras la charla, estaba previsto que el expresidente de Colombia participara en un cóctel con altas personalidades organizado en el mismo edificio. Un acto al que también estaba invitado el director de relaciones externas del FC Barcelona, Manel Estiarte.

Horas después del hallazgo la policía relativizó el peligro que suponía el artefacto. El comisario Néstor Rodríguez, portavoz de la policía, aseguró que estaba diseñado solo para producir estruendo o conmoción entre los asistentes.

Hay dos versiones sobre la localización del artefacto; que una llamada anónima avisó al mediodía sobre la existencia de la bomba, y la otra que fue detectada durante un operativo de seguridad de rutina para la revisión de la sede antes del inicio del encuentro internacional sobre liderazgo. En todo caso, la bomba fue localizada en una caja eléctrica situada en el techo del segundo piso del teatro. Mientras los expertos antiexplosivos examinaban el edificio la policía cortó el tráfico en la céntrica avenida Corrientes, famosa por sus teatros y librerías.

La agencia de noticias DyN indicó que la bomba consistía en "una caja de cartón con un teléfono celular adentro conectado a una batería adosada a un ignitor (detonador) que permite activar un artefacto, con dos recipientes con pólvora". Un funcionario judicial informó al diario Clarín de que la bomba podría haberse activado mediante una llamada telefónica.

Diversas organizaciones habían convocado una marcha en la capital para protestar por la presencia del expresidente colombiano, quien había sido invitado por la sociedad Wom Leadership para disertar sobre la transformación de Colombia.

En su página web, esta organización indica que quienes asistan, previo pago e inscripción, a la charla del expresidente, podrán aprender sobre “cómo provocar cambios para generar oportunidades, cómo la imaginación y la emoción generan la inspiración para reinventarse, cómo reclutar, seleccionar y desarrollar a los mejores buscando las cualidades óptimas para el grupo y cómo construir una fábrica de talentos y gestionar la diversidad”.

Este hallazgo se produce días después del atentado contra el exministro del Interior de Uribe, Fernando Londoño, en Bogotá, en el que murieron dos personas y se registraron decenas de heridos, entre ellos el mismo Londoño, quien fuera el hombre fuerte de Uribe.

En su discurso, Mejía acusó al presidente dominicano, Leonel Fernández, de "intromisión descarada" en la campaña electoral y de influir en decisiones del Tribunal Superior Electoral que anularon la concertación de alianzas a su favor.

El expresidente (2000-2004) se dirigió al país por televisión en un discurso en el que llamó a la unidad de los dominicanos y, aunque nunca dijo aceptar los resultados de los comicios, pareció resignarse al hecho consumado.

"Asumo mi rol de líder de la oposición en aras del interés nacional y la preservación de la paz y la tranquilidad de la familia dominicana. Hago un llamado a la unidad de todos para que trabajemos por el fortalecimiento del sistema democrático" exclamó.

Según los resultados ofrecidos por la Junta Central Electoral (JCE), el candidato oficialista Danilo Medina, del liberal Partido de la Liberación Dominicana (PLD), obtuvo la victoria de las elecciones presidenciales del domingo con el 51,21% de los sufragios, mientras que Mejía, del socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano (PRD), alcanzó el 46,95%.

Rodeado de su esposa, dirigentes del PRD y de varias formaciones minoritarias que le apoyan, Mejía también acusó al presidente de la JCE, Roberto Rosario, de actuar con "parcialidad" en favor del oficialismo.

"Los resultados ofrecidos por la Junta Central Electoral son el producto de la manipulación y el abuso de poder y no a la expresión libérrima del pueblo, lo que es inaceptable para un demócrata como yo", afirmó el candidato opositor, en medio de gritos de "fraude, fraude", que lanzaban los presentes.

Mejía terminó su discurso llamando a los ciudadanos a la unidad para fortalecer el sistema democrático, por la aprobación de la ley de partidos políticos y una nueva ley electoral para "que sea la última vez que se vulnere la voluntad del pueblo dominicano".

Se conoce a muchas comunidades de organismos que se desarrollan a temperaturas altísimas, en medios hipersalinos, alcalinos o de alta acidez, que resisten alta radiación, bajas presiones, etcétera. Recientemente, un equipo hispano-chileno ha descubierto un auténtico oasis microbiano en un sustrato hipersalino a dos metros bajo el suelo en el desierto de Atacama (Chile).

Ahora, Hans Hans Roy (Universidad de Aarhus, Dinamarca) y sus colegas, han analizado sedimentos en el fondo del Pacífico y, en concreto en unas arcillas de hace 86 millones de años, han encontrados el rastro, según explican en la revista Science, de una comunidad de microorganismos que utilizan oxígeno en cantidades mínimas y viviendo extremadamente despacio. Esas arcillas son de cuando todavía señoreaban los dinosaurios en la Tierra y están a una treintena de metros bajo el fondo oceánico. 

Es como si esos microorganismos vivieran en otra escala de tiempo, profundamente aletargados, en esas “condiciones extremas de alta presión, mínimo oxígeno y un lentísimo suministro de nutrientes y energía, que los científicos consideraban no aptas para ninguna forma de vida”, señala Leigh Phillips en la revista Nature al hacerse eco del descubrimiento.

“Los microbios necesitan energía para mantener un potencial eléctrico en sus membranas y para que funcionen sus encimas y su ADN”, explica Science. Y advierte: “Roy y sus colegas sospechan que estas comunidades microbianas pueden estar viviendo con el mínimo de energía requerido para subsistir, pero no tienen aún una evidencia específica”.

Durante la campaña, a bordo del buque RV Knorr, los investigadores han hecho sondeos en varios puntos en el ecuador para dirigirse luego hacia el llamado giro del Pacífico Norte, una zona oceánica prácticamente aislada de influencia externa por las corrientes y extremadamente pobres en nutrientes. Allí es donde han encontrado el rastro de esas colonias microbianas. Estos científicos han medido el oxígeno en los sedimentos y han calculado la velocidad de metabolismo de estos microorganismos, que respiran oxígeno 10.000 veces más despacio que las bacterias de los cultivos de laboratorio.

“Las pruebas de existencia de estos microorganismos son indirectas, por lo que hay que ser un poco cautos hasta que se excluyan otras explicaciones alternativas”, comenta el científico español Miguel Vicente, del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC). Ya en 1976, este biólogo publicó en Nature un trabajo (con William Donachie) en el que se demostró que las bacterias que crecen muy lentamente son mucho más pequeñas que las que lo hacen a velocidad mayor, por lo que esos microorganismos del subsuelo del Pacífico, “completamente aletargadas, estarían reducidas a la mínima expresión en todos sus parámetros, tanto metabólicos como de tamaño”, añade Vicente.

Los límites de la vida y de la demanda biológica de energía interesan a los científicos “y están mucho más allá de lo que habíamos imaginado”, comenta en Nature Bo Jorgensen, uno de los organizadores del congreso celebrado este mes en Aarhus precisamente sobre microenergía.

Si hay organismos capaces de vivir en la Tierra en entornos extremadamente pobres en nutrientes, sin apenas oxígeno... ¿No podrían igualmente proliferar formas de vida en las inhóspitas condiciones similares que ofrecen otros lugares del universo?

Marte es el mejor candidato entre los lugares accesibles para estudiar el asunto y la posibilidad de vivir protegido bajo el suelo allí resulta especialmente atractiva. En el planeta rojo la atmósfera, mucho más tenue que la terrestre, apenas ofrece protección frente a la nociva radiación solar, por lo que cualquier forma de vida buscaría refugio en el subsuelo. Además, si hubo agua en el pasado en Marte y ahora no la hay en la superficie (excepto en forma de hielo en los casquetes polares), podría conservarse algo bajo el suelo. El entorno marciano, para los estándares de vida terrestres, es extremo, así que los descubrimientos en los últimos años de organismos extremófilos aquí han expandido las hipótesis de formas de vida en Marte.

Un nuevo vehículo robot de la NASA, el Curiosity, se acerca al planeta rojo; llegará el próximo agosto y su objetivo es precisamente averiguar si aquel entorno ofrece o pudo ofrecer en el pasado, condiciones aptas para alguna forma de vida.

Obama cerró la Cumbre de la OTAN en Chicago teniendo que hacer declaraciones y justificar su posición respecto a Bain Capital. En días anteriores, el presidente recurrió a Bain para poner en cuestión la experiencia del candidato republicano que promete ser un “creador de empleo”. Obama informó de que la misión de empresas como Bain es “maximizar beneficios” para los directivos y los inversores. Apostillando que no era contrario a semejante acto de capitalismo -ya han surgido quienes le critican por atacar a la libre empresa, Romney entre otros-, el presidente declaró que maximizar los beneficios “no siempre es bueno para las comunidades, los negocios o los trabajadores”. “La razón por la que esto es relevante para la campaña es porque mi contrincante, el Gobernador Romney, cita su experiencia en los negocios como la principal baza por la que debería de ser presidente”, dijo Obama.

La reacción de Romney no se hizo esperar y definió las declaraciones de Obama como “un ataque al sistema de libre empresa”. “Estas elecciones tienen que ver con que hay 23 millones de norteamericanos que todavía tienen problemas para encontrar un trabajo y de los millones que han perdido su hogar y han caído en la pobreza”, dijo Romney. “El presidente Obama rechaza aceptar la responsabilidad moral que conllevan sus políticas fallidas”. “Mi campaña ofrece una agenda positiva para ayudar a los americanos a volver al trabajo”, finalizó.

Romney comenzó a dirigir la compañía basada en Boston a finales de los ochenta. Para el empresario mormón esa experiencia, junto a su firme liderazgo a la hora de organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah), le dan el capital necesario y suficiente para revivir la economía estadounidense y lograr la creación de empleo. Para sus críticos, compañías como Bain son precisamente las que han creado las graves bolsas de paro que existen en el país.

“Este asunto no es una distracción”, quiso puntualizar Obama en Chicago. “Esto es parte del debate que vamos a tener en este campaña electoral sobre cómo creamos una economía donde todo el mundo, desde abajo a arriba, desde los tipos de Wall Street hasta la gente corriente, tenga una oportunidad de éxito”.

La polémica entre Obama y Romney respecto a Bain creció en importancia cuando el pasado domingo el alcalde de Newark, Cory Booker, declaró en un programa de televisión de análisis político que las campaña publicitarias negativas de los dos bandos le provocaban “nauseas”. Booker es un demócrata que dio su apoyo a Obama en 2008 y que ya ayer quiso distanciarse de la utilización que el Partido Republicano estaba haciendo de sus comentarios. “Es nauseabundo para el público americano. Ya basta. Que se acaben los ataques”, dijo Booker. “Esto tiene que parar porque es una distracción de los problemas que de verdad importan”

Tras sus comentarios en ‘Meet The Press’ y la posterior tormenta de usos partidistas, Booker utilizó Twitter para aclarar sus declaraciones. “Lucharé duro para que gane Obama”, escribió el alcalde. “Pero como sucedió en su campaña de 2008, nosotros debemos de elevar y no de denigrar. Ese es el Obama que conozco”, finalizó en su mensaje Booker.