Las carpetas incautadas por la policía hace más de dos años en la nave de Alcorcón, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestran los desproporcionados beneficios que la red obtenía de contratos públicos en AENA (organismo aeroportuario dependiente del Ministerio de Fomento) o en numerosos Ayuntamientos dirigidos por alcaldes populares.

Esa misma documentación también recoge las pérdidas que la trama corrupta se anotaba en determinados actos del PP, dado que o bien los hacía gratis, como el que protagonizó José María Aznar en Marbella para presentar a la nueva candidata a la alcaldía a finales de 2002, o bien aplicaba rebajas excepcionales, como en la convención del PP valenciano de junio de 2002.

La red Gürtel dejó constancia documental de todos sus manejos. Lo que sigue tan sólo es una pequeña muestra.

» Actos gratis o rebajados. El 26 de noviembre de 2002, a menos de seis meses de las elecciones municipales, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, se desplazó a Marbella para apoyar a la candidata electoral del PP a la alcaldía de esa localidad. Special Events, la empresa de la red Gürtel que organizaba todos los actos del PP, se encargó del montaje y decoración del pabellón que albergó la cena donde Aznar arropó a su candidata. El coste de esos servicios, según la contabilidad secreta, fue de 5.245 euros, que el contable de la trama registró como pérdidas con un apunte en el que se podía leer: “Regalo Sr. Correa”. El jefe de la trama decidió regalar al PP el coste del montaje del acto preelectoral, en el que participó el entonces jefe del Ejecutivo. No fue el único. En la documentación también se pueden ver facturas de otros actos con un signo negativo en el capítulo de beneficios, como el que tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia el 8 de junio de 2002. Según la contabilidad secreta de la red Gürtel, el acto tuvo un coste real de 20.067 euros, pero por “orden dada por Álvaro [Pérez]”, jefe de la trama en Valencia, tan solo se facturaron al partido 6.010 euros. Las pérdidas para la red por este acto se elevaron a 14.057 euros.

» Contratos municipales. Entre la documentación aportada al sumario, figuran cientos de contratos con Ayuntamientos gobernados por el PP, con márgenes de beneficio para la red que superan en muchos casos el 100%. Uno de los ejemplos más significativos es el recogido por la trama en la contabilidad particular de los premios de periodismo Luis del Olmo a la libertad que se celebraron el 16 de junio de 2002 en la plaza mayor de La Nucia, un municipio alicantino gobernado por el PP.

La red Gürtel, que se encargó de organizar todo el acto, facturó por el mismo 305.662 euros. Siempre según su contabilidad, la trama apuntó un coste real de 184.708 euros y un beneficio de casi 121.000 euros. Entre los conceptos que detalla, esa contabilidad da cuenta por ejemplo de que la red pagó a la presentadora del evento 6.010 euros, pero facturó al Ayuntamiento por este servicio concreto 12.020 euros; el coste real de los decorados fue 90.000 euros, pero facturaron por los mismos 120.202.

» El negocio de AENA. Francisco Correa, jefe de la red Gürtel, presumió ante el juez Baltasar Garzón, que había conseguido contratos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) gracias a su amistad con Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento entre 2000 y 2004. La documentación que la red guardaba en la nave de Alcorcón recoge muchos de los servicios prestados por las empresas de Correa a AENA, con porcentajes de beneficio próximos al 100%. Algunos ejemplos:

— El acto denominado “Inauguración terminal Barajas, entierro de la primera piedra”, celebrado el 20 de junio de 2000, fue organizado por la empresa Special Events, de la red Gürtel, que facturó por este evento a la Unión Temporal de Empresas que había conseguido la obra 26.772.000 pesetas, según figura en su propia documentación. En la contabilidad secreta sobre este acto, Special Events registra un coste real de 14.593.000 pesetas, un poco más de la mitad.

— El “Symposium ATM (Retiro-Madrid), organizado para AENA, tuvo un coste real de 15.136 euros, pero la trama le facturó al organismo estatal 29.449 euros, casi el doble.

Correa aseguró ante uno de sus colaboradores que le había llevado a Luis Bárcenas, extesorero del PP, hasta 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) por “adjudicaciones de obras de la época de [Francisco] Álvarez-Cascos”. Dos ex altos cargos de AENA están imputados en el caso Gürtel por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos a la trama corrupta.

El expresidente negó rotundamente haber recibido ningún dinero en sobres o en negro —sí admitió la doble retribución del Congreso y del PP cuando estaba en la oposición—, y aseguró que cuando gobernó daba un 10% de su sueldo para financiar los gastos de su estancia en La Moncloa.

El ataque a PRISA empezó en cuanto le plantearon esa idea de los sobres en metálico que algunos dirigentes de su partido han admitido ante el juez Ruz. Primero atacó al PSOE: “Los únicos sobres que he conocido son los que entraban de fondos reservados en La Moncloa hasta que yo llegué. Había 300.000 pesetas diarias que se iban reponiendo”.

Después le preguntaron por la información de EL PAÍS de que la trama Gürtel pagó 32.452 euros en la iluminación de la boda de su hija: “Es una mala información, cuyo origen está bastante localizado. Parece bastante normal que los invitados a una boda hagan regalos. Y algunos hacen regalos relacionados con su actividad. [Correa] era un invitado personal del novio. Nadie conocía otras actividades suyas. ¿Cómo se puede decir que se han recibido regalos de una trama delictiva?”, arrancó el presidente. En 2002, y según diversos informes policiales y autos judiciales, la trama Gürtel ya estaba en pleno apogeo en el PP y entregaba y cobraba todo tipo de comisiones y contratos.

Aznar siguió el ataque: “El grupo PRISA me distingue con su odio. Ya intentó impedir que ganáramos las elecciones, luego intentó impedir que se gobernara. Publica mentiras sobre mí. Y lo dice un medio en una situación cuasi de bancarrota, un medio que ha vendido una cadena, Cuatro, a Berlusconi, que está procesado, cuando se vendió ya estaba procesado, y tiene como accionista de Sogecable al mismo grupo propiedad de la persona procesada”, insistió. El expresidente italiano acudió como testigo del novio a la boda de la hija de Aznar.

Aznar remachó: “Como no se puede destruir lo que hicimos se trata de destruir el honor de una familia. Lo que más me preocupa es que ese grupo pueda llegar a ser insolvente y no pueda pagar las condenas a las que cuales va a tener que hacer frente”.

Un portavoz de PRISA declaró: “Prisa no es un medio de comunicación y como grupo de empresas no emite juicios editoriales. Posee o participa en diversos medios, periódicos, radios y televisiones, en más de diez países de Europa y América Latina. Es además una compañía cotizada en España y Estados Unidos y publica trimestralmente sus cuentas. Las conductas y declaraciones encaminadas a distorsionar o manipular la realidad económica de la empresa son susceptibles de causar graves daños económicos a la compañía y a sus accionistas. La compañía ha instruido a sus abogados para que inicien cuantas acciones jurídicas correspondan en defensa de sus intereses, dada la gravedad de las declaraciones del ex presidente Aznar toda vez que fueron hechas públicamente en un medio de gran audiencia y habida cuenta de la relevancia de quien las profirió”.

Cuando llegaron los asuntos más concretos, Aznar los esquivó. “Jaime Ignacio del Burgo dice que recibió dinero en mano para Calixto Ayesa entre 1992 y 1995. Asegura que recogió 600.000 pesetas en el despacho de Bárcenas. ¿Usted no se enteraba de nada o alguien le ha engañado, señor Aznar?”, le preguntaron. “Solo voy a hablar de lo que a mí se refiere. No voy a adornar las declaraciones judiciales de nadie”, contestó.

Al final llegó a decir que él nunca conoció ninguna irregularidad: “Siempre que he tenido conocimiento de estas cuestiones he actuado con contundencia, lo hice con el caso Naseiro, si hubiese tenido otra noticia habría actuado. No he tenido ningún conocimiento en ningún momento nada más que el PP se financió conforme a la legalidad”.

Aznar se centró sobre todo en la clarísima exigencia, más contundente incluso que la de Esperanza Aguirre, para que Rajoy baje ya los impuestos a las clases medias. Una enmienda en toda regla a la política de su sucesor. Tanto que le preguntaron si se arrepentía de haberlo elegido —dijo que nunca se arrepiente de sus decisiones—. “Hay que ofrecer esperanza, no una lánguida resignación”, arrancó para dar enseguida cinco puntos de lo que él haría si estuviese en la presidencia del Gobierno. Y entre ellos, el más destacado es una reforma fiscal para bajar impuestos de inmediato, mientras el Gobierno ha dicho que no lo hará hasta 2015.

“España necesita una profunda reforma fiscal. El proceso de castigo a las clases medias está siendo muy fuerte. Necesitamos recuperar el impulso económico”, empezó. “Espero que nadie dude de que nosotros hicimos en 1998 una gran reforma fiscal y bajamos los impuestos. Lo digo porque algunos de los que lo hicieron entonces ahora lo dudan”, añadió en referencia a Montoro y su polémica con Esperanza Aguirre. “Hace falta bajar los impuestos en España ya, es urgente, tenemos un sistema fiscal que ha sido superado”, exigió de nuevo.

¿Está usted reprochando al Gobierno su política?, le preguntaron. “Estoy defendiendo lo que yo haría. Mis criterios y mis ideas. Y creo que esto entra dentro del mandato del PP. Espero que sea desarrollado. Se heredó una situación terrible para España pero también algunas buenas cosas: una gran mayoría, un gran partido muy disciplinado dispuesto a seguir a un Gobierno que renueve los objetivos. Dispuesto a aplicar un proyecto político renovado. Uno de los problemas de España es que cualquier partido que no tenga proyecto nacional está condenado a ser diluido. El PP está obligado a no contagiarse”.

¿Pero usted cree que no hay proyecto, qué está reclamando?, le interrogaron. Y ahí Aznar, presidente de honor del PP y mentor de Rajoy, del que ahora está muy distanciado, fue directo al cuello de su sucesor: “Reclamo que actúe el Gobierno, que tiene que actuar todos los días. Si creyese que andamos sobrados de proyecto político lo diría. Me encuentro como la mayoría de los votantes del PP, a los que les gustaría ver un proyecto político muy claro y una acción política definida”.

Ante este golpe, le preguntaron cómo es su relación con Rajoy. Fue diplomático, pero dejó claro que es fría: “El presidente tiene mi mayor respeto y consideración por la responsabilidad que ocupa y por ser quien es. Mi deseo es que tenga el mayor éxito. El presidente decide si quiere hablar y escuchar opiniones”. ¿Hablan poco?, insistieron. Y replicó: “Solo he hablado largamente con él una vez desde que es presidente”. En esa línea de exigir a Rajoy que utilice su mayoría absoluta para actuar, Aznar también se mostró contrario a pactos de Estado: “Un pacto sustitutorio de la actual mayoría es un error garrafal. El PP tiene la obligación de preservar esta mayoría, hay que exigir de esa mayoría decisiones cada vez más relevantes”.

Y al final llegó el momento que más comentarios internos generará: dejó en el aire, más que nunca, la posibilidad de volver a la política activa, aunque sin decirlo. Le preguntaron si ve a España desesperada y podría volver, como le dijo al embajador de EE UU en 2008, según los cables de Wikileaks. Y soltó: “De los cables no voy a hacer ningún comentario. Pero le digo: cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido, con mi país”. ¿Eso qué quiere decir?, le remacharon. “Lo que he dicho, no saque más conclusiones”. ¿Pero si se dan las circunstancias volvería a la política? “Voy a cumplir mis responsabilidades. Nunca las he eludido”, insistió. El debate interno en el PP y con Rajoy está servido.

Así que en esta ocasión, en ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asiste a una cumbre europea, la primera parte de la sesión de control ha versado sobre la herencia que dejaron los socialistas y “la conculcación de derechos” de la mayoría de la sociedad, como ha señalado la vicepresidenta. “Ustedes los socialistas piden explicaciones a todos, expliquen ustedes por qué tres altos cargos de Extremadura fueron detenidos por malversación de fondos y si ese interés general de los detenidos es el que defienden también los socialistas con los ERE en Andalucía”, ha continuado la vicepresidenta.

La inmensa mayoría de los diputados no sabía nada sobre esas detenciones que ha llevado a cabo la policía la pasada noche. Ni palabra sobre eso ha respondido la dirigente socialista que ha hecho un resumen de la visión de la oposición, desde luego del PSOE, sobre el gobierno. .”Ustedes gobiernan para una minoría, pero además, su Gobierno está cada vez más desorientado y aislado, no escuchan ni a la oposición, ni a la sociedad ni a su propio partido. Su presidente de honor, José María Aznar dice que no ve proyecto político en su gobierno; los alcaldes rechazan su reforma local, y ustedes no escuchan a nadie. Pidan ayuda, el país se les va de las manos”, ha sugerido Sáenz de Santamaría.

Porque ese es uno de los grandes males de Europa, por encima de muchos otros. Hoy, por ejemplo, los Estados asisten impasibles al aprovechamiento abusivo que hacen las grandes empresas de la ley para reducir al mínimo su factura fiscal. La Comisión instará a los socios a que informen antes de final de año sobre qué medidas “concretas y visibles” han adoptado para evitar que esos beneficios empresariales escapen a la tributación. A su vez, Bruselas se compromete a revisar la normativa que regula las relaciones entre las empresas matrices y sus filiales, de forma que se restrinjan las operaciones destinadas a eludir al fisco. El último caso flagrante es el del gigante informático Apple de Estados Unidos, que entre 2009 y 2012 ha conseguido evitar el pago de impuestos por importe de 74.000 millones de dólares (57.500 millones de euros), según un informe del Senado norteamericano. “Apple buscó el cáliz sagrado de la evasión de impuestos”, concluye el Senado estadounidense.

La otra laguna que los Estados deberían cubrir este miércoles se refiere al intercambio de información fiscal entre países. Hasta ahora Austria y Luxemburgo han bloqueado la directiva que debería permitir que un Estado miembro reciba datos de las cuentas de sus contribuyentes en el extranjero. La ventaja competitiva que explotan estos países como captadores de capitales los ha hecho hasta ahora alérgicos a la transparencia. La presión que ha emergido en las últimas semanas del resto de Estados miembros podría vencer esas resistencias, según fuentes comunitarias. Los líderes europeos quieren tener atados los cabos a final de año, aunque está por ver con qué grado de compromiso.

Ese intercambio automático de información fiscal es clave para que Europa pueda negociar con legitimidad un canal de comunicación similar con terceros países. La Comisión Europea entiende que es muy difícil exigir a Suiza, Mónaco u otros territorios opacos ese flujo de datos, como le han pedido los Veintisiete, si la UE “no tiene la casa en orden”. Además, los países miembros deben aprobar que ese intercambio de información abarque, además de los intereses de las cuentas, otros rendimientos del capital como los dividendos.

Más sencillo, en teoría, será el acuerdo en otro de los principales focos de fraude fiscal: el IVA. Los Estados se comprometen a aprobar antes de julio mecanismos de reacción rápida para hacer frente a las tramas relacionadas con este impuesto. Se trata de impedir las devoluciones de IVA a las empresas que lo soliciten cuando haya evidencias de que son operaciones cuyo único objetivo es cobrar esas cantidades en un país sin que se ingresen en otro.

Lejos del dramatismo de otras cumbres, la reunión de líderes pasará de puntillas por varios de los puntos calientes de la crisis: el paro juvenil, la unión bancaria, el órdago de Reino Unido o las propuestas francesas de gobierno económico. Todo eso se deja para más adelante. El panorama está más despejado que otras veces, y además de los aspectos relacionados con la lucha contra el fraude fiscal, los Veintisiete apenas tienen previsto abordar la estrategia de política energética europea, que brilla, de momento, por su ausencia a pesar de los desafíos que quedan por delante en ese ámbito. En medio aún de la Gran Recesión, la Unión solo tiene ojos para la crisis. Y como mucho, para el fraude, a la vista de las telarañas que presentan las arcas públicas.

Diego Torres sitúa el encuentro en el palacio de La Zarzuela, en la mañana del 29 de enero de 2004, día que tanto Camps como Barberá aprovecharon para viajar a Madrid y visitar el pabellón de su tierra en la feria de turismo Fitur. Aquella toma de contacto en La Zarzuela entre Torres, Urdangarin y los dirigentes del PP valenciano reportaría más tarde 3,5 millones de euros al Instituto Nóos, en forma de contratos, según la investigación judicial.

Urdangarin, según relata Torres al juez, le contó que la alcaldesa de Valencia le había emplazado para reunirse y fijar su colaboración. Tanto el yerno del Rey como el expresidente valenciano han negado la existencia de la reunión en el palacio de La Zarzuela. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin hace un detallado informe de las circunstancias previas y posteriores al encuentro.

Los dos socios de Nóos, según Torres, embarcaron a primera hora de la mañana desde la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona y usaron la de Madrid. Allí, según el relato, fue a recogerlos un coche de la Casa del Rey, acompañado por otro de escolta, y directamente se dirigieron hacia La Zarzuela, en cuyo recinto entraron sin detenerse en ningún control ni ser registrados por nadie. “Cosa lógica por lo demás”, apostilla Torres, dado que uno de los que entraban en el coche era el yerno del Rey. Al llegar a La Zarzuela, observa Torres, estaban esperándoles el presidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá en una sala de reuniones del palacio. El exsocio del yerno del Rey supone que les saludó el que fue jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza.

Torres remite al juez unos recortes del diario EL PAÍS con fotografías de Camps en la feria Fitur de Madrid de aquel día para demostrar que los dirigentes valencianos se encontraban de visita en la capital. Junto a la foto, Torres remite unas cartas previas enviadas por Urdangarin a la alcaldesa, en las que alude a colaboraciones y a una comida previa en el mismo mes de enero de 2004 y a un encuentro anterior, en Navidad.

En la residencia de los Reyes, el esposo de la infanta Cristina y su socio explicaron a sus futuros clientes qué era el Instituto Nóos (nacido meses atrás) y dibujaron cómo podría ser el evento mundial del deporte y el turismo en Valencia (Valencia Summit), una especie de lo que es Davos para el mundo de la economía global, según Torres. Las autoridades aceptaron su propuesta y se comprometieron, según el exsocio de Urdangarin, a facilitarles una lista de posibles patrocinadores.

Las cartas del yerno del Rey a la alcaldesa muestran su complicidad. “La alcaldesa estaba muy agradecida por la ayuda prestada”, tras un ofrecimiento de Urdangarin para cuestiones de la Copa América, señala el escrito del letrado de Torres, Manuel González Peeters. Es la respuesta del exsocio de Urdangarin a la petición del juez José Castro de que le facilitara todos los detalles posibles sobre el encuentro.

En la comunicación al juez hay varios correos electrónicos al secretario de las infantas y extesorero de Nóos, Carlos García Revenga, imputado en la causa, sobre una carta protocolaria del duque de Palma a Rita Barberá. Así, Torres reitera su teoría sobre el “absoluto control, inspección, aprobación y autorización” por parte del asesor “de todo cuanto se acometía” y su “férrea verificación”, que despeja toda duda de ilegalidad.

A partir de la supuesta cita de La Zarzuela, en todo caso, el Instituto Nóos se embolsó hasta 3,5 millones de euros públicos de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento para financiar tres ediciones del Valencia Summit y para preparar unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse. Las entidades valencianas contratantes fueron Fundación Turismo Convention Bureau y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ya había solicitado una reunión con el ministro, encuentro al que Gallardón había accedido y que fue finalmente pospuesto por un problema de agendas. Los magistrados, previsiblemente, pedirán al presidente Gonzalo Moliner que se fije una nueva cita a la que acudirán ahora con el apoyo del parecer de los integrantes de la Sala Tercera. No se votó nada ayer, pero, según fuentes del alto tribunal, por asentimiento se decidió tratar de frenar estas dos nuevas cuestiones antes de la aprobación final de la ley y, sobre todo, trasladar al ministro su malestar por estos puntos incluidos a última hora en el Congreso.

¿Por qué tanto revuelo con dos asuntos que a primera vista pueden parecer meramente técnicos? Dentro del nuevo órgano de gobierno de los jueces aparece una figura que ahora no existe: la del vicepresidente tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial —en estos momentos, en ausencia del presidente ejerce sus labores en el alto tribunal el magistrado más antiguo—. Este vicepresidente será uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (es decir, alguien que ha sido elegido por el Congreso o el Senado) que sea a su vez magistrado del Supremo y que “reúna los requisitos para ser presidente de Sala del mismo”. En virtud de todos estos requisitos, temen los que critican la medida, podría ser fácil para cualquier Ejecutivo tener en mente a quién quiere nombrar como vicepresidente cuando se lleve a cabo la elección de los vocales.

Se trata, según la norma en trámite, de un cargo que “auxiliará” y “sustituirá” en algunos casos al presidente. Será nombrado por el pleno del Consejo a propuesta del presidente, según consta en el proyecto de ley, pero este último podrá destituirlo en cualquier momento, algo que, según los críticos del proyecto, priva además a esta figura de la mínima independencia. “La permanencia en el cargo de vicepresidente depende de la sola voluntad del presidente”, indica el texto.

Las funciones del vicepresidente no son menores. Sustituirá al presidente “en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo”; formará parte de la Sala de Gobierno; podrá dirigir, por delegación del presidente, el gabinete técnico del Supremo; presidirá el tribunal de conflictos de jurisdicción entre los juzgados y la Administración, la sala de conflictos de jurisdicción entre los juzgados ordinarios y los órganos judiciales militares y la sala de conflictos de competencia entre juzgados y tribunales de distinto orden jurisdiccional; y presidirá la comisión de asuntos económicos y la comisión de igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un amplísimo abanico competencial que incluye decisiones sobre quién debe juzgar un caso determinado que ha preocupado a los magistrados del Supremo por la posible intervención política en asuntos jurisdiccionales.

Finalmente, los jueces del alto tribunal tampoco han visto clara la creación de una sección específica dentro de la Sala de lo Contencioso, formada por el presidente de la Sala Tercera junto a los presidentes de sus siete secciones, para tratar los recursos presentados sobre actos del Consejo. Medida que también ha sido interpretada como excepcional, innecesaria y que puede suponer un riesgo de control de las decisiones que emanan del órgano de gobierno de los jueces.

El proyecto de ley del Gobierno —que en el Congreso solo recibió el apoyo del PP— ha sido duramente criticado no solo por el resto de los partidos políticos, sino también por casi todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto conservadoras como progresistas, y casi todos los vocales del actual Consejo. Los múltiples detractores de la norma defienden que politizará aún más el órgano de gobierno de los jueces, que se podrá renovar parcialmente al final de su mandato con una mayoría de tres quintos en alguna de sus Cámaras (el PP la supera en el Senado, por lo que podría nombrar a 10 de 20 vocales sin negociar con nadie) y que tendrá solo una parte de sus vocales con dedicación exclusiva.

La protesta estudiantil está instalada en el campus presencial más grande de España (con 85.000 alumnos), sus decanos han pedido soluciones para salvar a los alumnos que no puedan pagar las matrículas. El último en pronunciarse ha sido el rector, José Carrillo. Y lo ha hecho para dar una negativa. La universidad no rescatará a los que no tengan fondos. No habrá solución alternativa, ni fondo de emergencia de becas ni prórroga. Carrillo intenta, además, colocar la pelota en el tejado de las Administraciones: “Los verdaderos responsables están en la Puerta del Sol [sede del Gobierno regional madrileño]. Allí deberían ir los estudiantes a protestar”.

La deuda por tasas impagadas asciende a 4,9 millones de euros, según la UCM. Es un 50% más que la del curso pasado (tres millones). Deben más dinero y son más estudiantes. Han pasado de una media de 2.000 alumnos por curso a más de 3.000. La UCM afinó ayer el dato de los 3.500 que señaló inicialmente a 3.139 alumnos. El rector y la vicerrectora de Estudiantes, María Encina González, recibieron ayer a este periódico en el Rectorado, el mismo edificio donde un grupo de alumnos —hasta un centenar en algunos momentos— permanecen acampados desde el pasado jueves contra la “expulsión” y reclamando una solución a Carrillo.

El rector alude a dos razones para su negativa. En primer lugar, “no hay dinero” para un fondo de becas como han habilitado otros campus. Y, en caso de que lo tuvieran, señala Carrillo, no podrían aplicarlo este curso porque no está incluido en los presupuestos e incurrirían “en un delito contable”. Carrillo se comprometió ayer “en firme” a habilitar ese fondo el curso que viene, sin facilitar una cantidad. “Habrá que ver la magnitud del problema”, dijo el rector. “Lo que no puede asumir la universidad es todo el problema de la crisis”, añade la vicerrectora de Estudiantes.

La UCM sigue sin aclarar cuántos de los 3.139 afectados están en situación precaria. A finales de abril, se quedaron sin campus virtual y sin matrícula universitaria por no pagarla. La universidad asegura ahora que guardará esa matrícula, y el derecho a examen, hasta el 20 de septiembre. Ese es el plazo máximo que tienen para abonar lo que deben. Las deudas oscilan entre menos de 300 euros por alumno a 10.500, según los tramos establecidos por la UCM. El grupo más amplio (782) adeuda entre 1.250 y 1.500 euros. Si no pagan, dejarán de ser universitarios o tendrán que volver a inscribirse pero pagando hasta más del doble como segunda matrícula.

En el grupo de morosos existen alumnos que pidieron una beca que les ha sido denegada por el Ministerio, sin que ni Educación ni la Complutense indiquen cuántos son. Este curso ha habido 3.000 peticiones más de becas (de 13.589 a 16.579, según la UCM) y un millar de beneficiarios más (de 7.953 a 8.994). Y queda aún un centenar de estudiantes pendientes de que el ministerio responda a sus alegaciones, señalan en el campus. En Educación culpan al Rectorado de “enviar tarde” la documentación.

Los afectados disponen hasta el 7 de junio para avisar a la UCM si no pueden pagar en septiembre. “La Universidad contactará con ellos mediante el correo electrónico institucional para intentar hallar soluciones”, indicaba el comunicado oficial. Pero esas soluciones no serán económicas. La Complutense tiene una deuda de 142 millones y sufrió un recorte de otros 60 en su presupuesto de 2013. “La subida de tasas no cubre ni la mitad de esos recortes”, añade el rector para subrayar la asfixia. Se recaudarán unos 25 millones en tasas “en el mejor de los casos”, añade.

Ni el Ministerio de Educación ni la consejería madrileña prevén tampoco ninguna alternativa para los alumnos más precarios. El primero fijó una nueva horquilla de subida de tasas. Un portavoz apela a la “autonomía universitaria” para indicar que las soluciones deben venir de los campus. La Comunidad de Madrid fijó la media de subida en la parte alta de esa horquilla y, además, mantiene una deuda millonaria con la Complutense. Varias sentencias firmes le obligan a reembolsar hasta 79,3 millones de euros, según un portavoz de la consejería, de los que podría destinar 36 a ayudas. La Complutense lo eleva a 82 millones. El Ejecutivo madrileño añade que no tienen competencias en becas y que, además, nadie les ha pedido nada.

El propio Consejo de Estado, aún con la versión anterior, había advertido: “Quizá debería reconsiderarse” el plazo que se establece para implantar “una reforma tan profunda”, porque la “aplicación completa del nuevo modelo exige, además de aprobar los decretos básicos de desarrollo y los decretos de las comunidades autónomas de adaptación de los centros y de los libros, una inversión ingente a asumir en tres ejercicios presupuestarios”.

De esta forma, se evitaría lo que ocurrió con la anterior ley escolar que aprobó un Gobierno del PP, la LOCE, en diciembre de 2002. Esta solo entró en vigor en una pequeña parte, porque la paralizó el PSOE en 2004, en cuanto llegó al poder. Así, Educación apretará esta vez el paso, con lo que la norma ya estaría casi completamente en marcha cuando lleguen las siguientes elecciones generales, a finales de 2015. Un portavoz del ministerio que dirige José Ignacio Wert calculó que para los desarrollos de la ley hacen falta unos ocho meses.

“Es imposible que lleguemos con los desarrollos curriculares, a no ser que hagamos la chapuza correspondiente”, se queja, sin embargo, el consejero canario de Educación, José Miguel Pérez, del PSOE. A los decretos del Gobierno central (sobre currículos, el nuevo diseño con itinerarios de 3º y 4º de la ESO, la nueva FP Básica, el adelanto de los programas para alumnos con dificultades, las reválidas...), les han de seguir los autonómicos y la preparación de los colegios e institutos. El propio ministerio admitió la semana pasada que la LOMCE es la mayor transformación del sistema escolar desde la aprobación de la LOGSE en 1990. La diferencia es que aquella se desarrolló durante 10 años hasta su implantación completa en Bachillerato, en 2000.

Contexto de recortes

Pérez recuerda, además, que ahora hay que hacerlo en un contexto de recortes, con una memoria económica de la ley que despierta recelos incluso dentro del PP y con un modelo de reparto de competencias muy distinto: el Gobierno central fijará los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachillerato (Ciencias, Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero...). Con ellas llenará, al menos, la mitad del horario. Para casi todas las demás, las “específicas” (Educación Física, Plástica, entre otras) fijará objetivos y criterios de evaluación; las autonomías establecerán el temario concreto en este caso. Y hay un tercer grupo, de materias de libre configuración autonómica, donde se colocan las lenguas cooficiales y aquellas que quieran sumar las comunidades.

En medio de todo eso, las editoriales van avanzando como pueden, “planificando con agobio”, admite José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele). Moyano señala que el tiempo, si quieren poner en marcha la reforma en el curso 2014-2015, es muy justo, requiere un enorme esfuerzo organizativo y de dinero. El desarrollo de un temario les costó a las editoriales en el último cambio legal en torno a un millón de euros por asignatura y curso, según datos de Anele.

Los responsables de la asociación ya se han reunido y están en contacto con el Ministerio de Educación, y Moyano confía en que se irá trabajando en esos desarrollos de contenidos en paralelo a la tramitación de la ley. “El ministerio tiene que aprobar 18 decretos de desarrollo”, calcula Moyano, que explica que, normalmente, se tarda de 15 a 18 meses desde la aprobación de una ley en hacer lo que esta vez se quiere desplegar en un año. Y eso, contando desde ahora mismo, pues para que los libros se empiecen a usar en septiembre de 2014 las editoriales han de tenerlos preparados para mayo o junio, que es cuando los colegios e institutos diseñan el curso siguiente.

“Tenemos toda la maquinaria preparada, no es la primera vez que actuamos con rapidez, ya tenemos la experiencia del desarrollo de la LOE, que en algún momento fue muy rápido”, dice Rafael Carbonell, secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, que añade que ya han empezado a adelantar trabajo, informa Juan Manuel Játiva. Sin embargo, esta vez tendrían que ser mucho más rápidos. La LOE fue aprobada en abril de 2006, los reales decretos del ministerio para primaria y ESO llegaron en diciembre, y los desarrollos valencianos, en julio de 2007; esto es, 15 meses después de aprobada la ley.

“La legislación básica requiere un desarrollo reglamentario monumental. Y luego, las comunidades autónomas tendremos que tomar muchas decisiones, para establecer horarios, sobre las asignaturas específicas... Es un trabajo verdaderamente infernal”, dice la consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno (PSOE). La consejera cree que el ministerio no va a tener más remedio que posponer algunas partes del cambio. En todo caso, aunque su esperanza es que la LOMCE no se llegue a aprobar, la consejería andaluza va a poner en marcha ya un “plan B”, es decir, va a reunir a expertos y a la comunidad educativa para ir preparando los posibles desarrollos autonómicos de la ley.

El programa Periodismo Para Todos, presentado por el periodista Jorge Lanata en el canal TN, del Grupo Clarín, se difundió en la noche del pasado domingo 5 de mayo.

-¿Vos viste alguna vez tipos con guita en efectivo, en Gobierno o en Olivos, que entraran o salieran o algo? –preguntó Lanata.

-Yo lo que vi… son los bolsos – contestó Quiroga-. Vi personas, vi movimientos y después un compañero mío de trabajo me dijo: “agarrá. Tomá el peso. ¿Cuánto hay acá?”. No tengo ni idea, mucha plata. Se pesa. Es más, le dije: “pasame alguno para mí”. “Están contados”. “Están muy bien contados”, fue lo que dijo. Lo vi en manos de Daniel Muñoz.

-Ah – dijo Lanata--. El que era secretario de…

-¿Cuál era el cargo de Daniel Muñoz exactamente?

-(…) Era el secretario privado número uno. Después tenía otros. Era su sombra.

-¿Dónde fue?

-Bueno, como habías mencionado, yo el despacho lo tengo frente al despacho del expresidente. Obviamente que ahí pasaban todos los movimientos. Había gente que entraba, que pasaba a otra instancia donde hablaba con el expresidente… Y bueno, luego venía Daniel Muñoz; en algunas ocasiones, no siempre, con un bolso que, bueno, muy jocosamente a veces me decía: “Tomá, sentí, pesá. ¿Cuánto puede haber acá? Ése era el movimiento que yo veía.

Catorce días después de aquella emisión que se situó entre los puestos más altos de audiencia en la televisión argentina, un fiscal federal ha decidido imputar a Daniel Muñoz. Hasta el momento, ni él ni la presidenta, Cristina Fernández, no han efectuado ninguna declaración sobre el asunto. Muñoz, de 56 años, ejerce en la actualidad servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresaria, según publicó el diario La Nación la semana pasada. Pocas semanas después de concluir el mandato presidencial de Kirchner, en febrero de 2008, Daniel Muñoz registró sus dos primeras empresas: DS Mayer y Proxi-SRL junto a Gregorio Sebastián Ludman. La primera se dedica al transporte y la actividad inmobiliaria, y la segunda a la actividad petrolera y a prestar servicios financieros, según el citado artículo.

Los rumores sobre el lavado de dinero desde la Casa Rosada durante el mandato de Néstor Kirchner nunca dejaron de apagarse en Argentina. Pero el caso dio un giro radical cuando el pasado 14 de abril, Jorge Lanata difundió el testimonio de dos personas que involucraban a Kirchner y a su amigo el constructor y máximo adjudicatario de obras públicas en Santa Cruz, Lázaro Báez, con el lavado de 55 millones de euros distribuidos en paraísos fiscales. Leonardo Fariña y Federico Elaskar, los dos gestores que involucraron a Lázaro Báez, se desdijeron de sus acusaciones. Y la justicia no tomó cartas en el asunto. Has que el 3 de mayo el fiscal Guillermo Marijuan, tras volver de unas vacaciones, imputó a Báez por lavado de dinero. Dos días después, Lanata emitió la entrevista en la que Miriam Quiroga habló de los bolsos y del secretario privado número uno de Kirchner. Ahora, serán los jueces quienes tomen declaración a la sombra de Néstor Kirchner.

El texto regula el régimen jurídico, las modalidades y el procedimiento para convocar consultas populares sin carácter vinculante. En ellas podrían votar los ciudadanos mayores de 16 años y las podría convocar el presidente de la Generalitat, los Ayuntamientos y a instancia de los ciudadanos. Para este último supuesto sería necesario reunir 50.000 firmas si la consulta es de ámbito catalán. La proposición de ley desarrolla el artículo 122 del Estatuto, que garantiza competencias exclusivas para la Generalitat en lo referente a consultas de su competencia. Este punto lo recordó ayer el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, para dejar claro que esta ley debe ser la herramienta para poder convocar la consulta de autodeterminación de Cataluña.

No se espera la aprobación del texto hasta otoño. El Gobierno catalán ya da por descontado que el Gobierno recurrirá la ley, por esta razón Artur Mas ya ha hablado de que la alternativa a la consulta soberanista podrían ser unas elecciones plebiscitarias.

Homs evitó decir ayer si medidas como la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert acelerarán el proceso soberanista. Sí afirmó que ello hace peligrar el escenario de debate y cierta colaboración que el Gobierno central y la Generalitat han construido los últimos meses. El portavoz del Gobierno aseguró que la nueva ley no será “neutra” con vistas a estas relaciones.

La Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces inició el expediente contra Silva Pacheco por su retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y por falta de motivación de sus resoluciones —lo que constituyen motivos de falta muy grave— así como por desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado —que se encuadra en falta grave—. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instruye el expediente contra el juez, y tendrá que presentar en el plazo de seis meses una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria del Consejo. La decisión que tome después la comisión es recurrible al pleno del Consejo del Poder Judicial y ante la sala tercera del Tribunal Supremo.

El juez, con un extenso historial de problemas disciplinarios, está siendo investigado también por la Fiscalía de Madrid. El Ministerio Público abrió hace un par de meses diligencias a raíz de una denuncia por “comportamiento poco adecuado” durante sus actuaciones judiciales, según ha confirmado a EL PAÍS el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía tendrá que decidir si concede verosimilitud a la denuncia y presenta una querella contra el juez, si la archiva o bien la remite al Consejo porque entiende que no hay delito pero sí posible sanción disciplinaria. También tiene seis meses de plazo para hacerlo.

Elpidio José Silva, de 54 años, es uno de los magistrados más conflictivos de la carrera judicial, según admiten fuentes del Consejo. Acumula sanciones e incluso un intento del Consejo de jubilarle por incapacidad. El órgano de gobierno de los jueces trató de incapacitarle en 2008 porque entendía que no estaba en condiciones para seguir ejerciendo la función judicial, debido a las múltiples denuncias y sospechas de irregularidades en su actuación con la toga. El expediente—insólito, que se ha aplicado solo a media docena de jueces en la historia—,  no prosperó, porque el servicio médico dictaminó en contra.

En junio de 1994 el Consejo le impuso su primera sanción, por falta muy grave: le suspendió durante tres meses por desatención de su órgano jurisdiccional, que entonces era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque (Cádiz).

En abril de 2009 le fue impuesta una sanción de 6.000 euros de multa por falta grave, por “incumplimiento o desatención” a los requerimientos de sus superiores y “obstaculización de sus funciones inspectoras". El juez recurrió al Supremo y el tribunal estimó su recurso, dejando sin efecto la sanción. En febrero de 2010 volvió a ser sancionado por la misma falta grave, pero el Supremo la dejó otra vez sin efecto, aunque por un motivo distinto: había caducado. Las faltas graves prescriben al transcurso de un año desde que fueron cometidas, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Silva Pacheco es además un atípico juez desahuciado. En 2009 fue condenado por una colega a pagar 7.115 euros por las rentas que debía —más intereses y costas— a la inmobiliaria familiar que le alquilaba el piso. El proceso, de desahucio por falta de pago, terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía.

Parte de ese pasado está en el reciente libro del periodista venezolano Roger Santodomingo, De verde a Maduro (Debate), una biografía no autorizada del jefe de Estado que aún no está a la venta en Venezuela. Su autor lo atribuye a “decisiones administrativas”. Fuentes próximas al negocio editorial local informaron hace unas semanas este diario que los libros, que fueron impresos en Colombia, llegaron a Caracas a finales de abril, poco antes de la celebración del V Festival de la Lectura de Chacao, uno de los eventos anuales más importantes del sector. Los textos nunca salieron de sus cajas porque Random House Mondadori no sabía qué precio colocarle para su venta. “Al libro lo está afectando el desorden del Gobierno, que no entrega de forma oportuna las divisas a los importadores”, explica el autor.

El estricto control de cambios de este país ha liquidado la posibilidad de repatriar a tiempo las utilidades que las compañías transnacionales como Random House Mondadori, propietaria de Debate, generan en Venezuela, así como de fijar precios de venta al público a los libros importados. Para finales de abril Cadivi, el órgano estatal que administra los pagos en divisas extranjeras, no había cancelado la deuda acumulada con el sector editorial desde mediados de 2012, que ascendía a 10 millones de dólares acuerdo con los cálculos de Iván Diéguez, presidente de la Cámara Venezolana del Libro. El retardo en la entrega de la moneda estadounidense fue la causa de la falta de novedades literarias extranjeras en el pasado festival. Solo los libros impresos en Venezuela y las ofertas de viejos éxitos destacaban en los mesones.

Cuando el Gobierno de Hugo Chávez comenzó a exigir a las editoriales que querían importar textos un Certificado de No Producción Nacional para otorgar divisas al cambio oficial, cuya tramitación no tarda menos de un mes, Venezuela dejó de lanzar novedades en simultáneo con otros países de la región. “Los libros llegan, sí, pero con cuatro o cinco meses de retraso”, admite Diéguez. Esta posibilidad por ahora no satisface a Roger Santodomingo. Aunque la biografía de Maduro ya se vende desde hace un mes en Colombia y Ecuador con buena acogida del público, el mandatario es por ahora un personaje con un pasado desconocido para los venezolanos. “¿Qué precio se le puede poner a mi biografía si la editorial desconoce a qué precio le van a liquidar los dólares que utilizó para importar?”, se pregunta el periodista. En el extranjero su texto costaría 20 dólares. Si se vendiera al precio controlado de la moneda local -6.30 bolívares por dólar- no pasaría de los 130 bolívares. Al valor del dólar en el mercado negro –bolívares 30 por dólar- llegaría a 600. “Sería impagable”, reconoce el autor.

Es posible, no obstante, que en las próximas semanas la biografía del presidente pueda estar en las librerías locales. Un milagro lo ha hecho posible: el acercamiento del Gobierno al sector privado -que según el ministro Nelson Merentes representa el 70% del motor de la economía nacional- y el compromiso de pagar el 88,45% de la deuda acumulada con el sector. Los agremiados a la Cámara Venezolana del Libro –editoriales, librerías y distribuidoras- han comenzado a recibir pagos atrasados, dice Diéguez. Random House Mondadori está entre las beneficiadas, según Víctor García, representante del grupo en Venezuela.

Pero De verde a Maduro todavía deberá salvar otro escollo. Como Random House Mondadori se fue de Venezuela debido a los problemas para trabajar en medio de tan rígido control de cambios, no tiene forma de ingresarlo a su contabilidad siguiendo las especificaciones del Seniat, el organismo recaudador de impuestos. “El texto se imprimió aquí en el país y en lo que solucionemos ese inconveniente saldrá a la calle. No es un asunto de censura. El libro es súper liviano. Los perfiles publicados en la prensa han sido mucho más duros”, afirma García, como para descartar de plano un asunto de censura.

Tantos obstáculos, propios de una economía enrevesada como la venezolana, también alientan la sospecha entre el gremio periodístico de que el Gobierno pudiera estar interesado en prohibir la circulación de la biografía. La complejidad de la burocracia local es un argumento que contrarresta esa versión con cierta solvencia, así que de momento hay que conformarse con la descripción del biografiado que hace el autor. El Nicolás Maduro que yace en las páginas de su trabajo no destaca por sus aportes o liderazgo. Se trata de un hombre que supo acercarse al comandante presidente en la soledad del poder. Un funcionario sin ideas propias y hecho para obedecer más que para proponer. Un hombre que se siente cómodo guarecido bajo la sombra que proyecta el recuerdo de Hugo Chávez.

En el plano institucional, el Gobierno sí ha conservado su espíritu de cuerpo monolítico haciendo suya quizá la petición de unidad hecha por Hugo Chávez en su última proclama pública. La mayoría chavista en la Asamblea Nacional, que este martes se reunió después de 21 días sin sesiones, tras una reyerta entre diputados, ha negado cualquier posibilidad de referirse el audio dado a conocer el lunes al mediodía. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que el Parlamento no investigará "chismes". Y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que su despacho tampoco indagará sobre la grabación.

Mario Silva luce entonces como el gran damnificado. Fue una salida elegante a un escándalo de proporciones que aún están por establecerse, que ha pegado hondo y duro dentro del chavismo, acaso porque revela lo que hasta ahora eran meras especulaciones de analistas y periodistas, y refiere hechos puntuales de corrupción. Silva fue hasta la noche del lunes el presentador estrella de la televisora estatal, un hombre que tenía licencia para asesinar moralmente a los dirigentes políticos, periodistas y activistas opuestos a la llamada Revolución Bolivariana. Las groserías más gruesas jamás dichas en la televisión venezolana se le escucharon a este personaje, un matón en imagen de alta resolución con privilegiados contactos en los servicios de inteligencia venezolanos y cubanos que le permitían presumir de una habilidad de investigador.

La Hojilla era el programa favorito del presidente Hugo Chávez. A menudo el comandante presidente solía llamar para dar alguna noticia, o para aupar a Silva en su labor de destructor de credibilidades ajenas. A cada ataque o queja de la oposición Chávez respondía con un “Mario, siga investigando”. Ese espacio, que comenzó criticando la cobertura de los medios privados, se convirtió en la arena donde se linchaba sin piedad: por allí pasaron Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, a quien llamó “hijo de puta”; el excandidato Henrique Capriles Radonski al que calificó de “asesino” por las muertes ocurridas después del anuncio de los estrechos resultados de las elecciones del 14 de abril; la diputada María Corina Machado, cuya conversación con su madre fue editada para hacer ver que el atentado que sufrió en el 23 de enero durante las primarias de la oposición fue una mentira orquestada por su equipo; o el exdirector de Globovisión, Alberto Federico Ravell, presentado a la audiencia como un narcotraficante.

La oposición, que solía descalificar todo lo dicho por Silva, ha pedido ahora que el Gobierno investigue lo que se escuchó en el audio. El diputado Ismael García aseguró que al margen de creer o no al conductor, el Ejecutivo estaba obligado a comprobar cuán ciertas son esas revelaciones, hechas a un presunto oficial cubano del servicio de contrainteligencia llamado Aramis Palacios. Entretanto, Capriles dijo que al escuchar todo lo que se decía, se persignó. “¿En manos de quién está este país?”, se preguntó. “Es un botín que se están repartiendo. Esto no es solo un problema económico, sino una profunda crisis moral”, comentó.

La noche del lunes Silva estaba iracundo. Calificó “como un montaje” el audio presentado por la opositora Mesa de la Unidad, dijo estar a disposición de las autoridades locales para cualquier investigación y reiteró su apego al gobierno de Maduro. “Verdugo no pide clemencia y si tengo que inmolarme por la Revolución Bolivariana lo haré con mucho gusto, Si algo me enseñó mi comandante eterno Chávez fue a no ser cobarde”.

Contra su costumbre, Silva prefirió leer su comunicado. Sus últimas palabras en el plató fueron el preludio de una despedida que se antoja definitiva. “Hoy más que nunca siempre con Chávez y Maduro. Hasta la victoria siempre, patria socialista o muerte. Venceremos.

“Este acuerdo permitirá promover el empleo juvenil y la movilidad profesional de los jóvenes, permitiendo el acceso al empleo a entorno a 5.000 jóvenes al año a través de la formación profesional dual alemana o del acceso a un puesto de trabajo para personal cualificado en Alemania”, afirma el comunicado del Ministerio de Empleo, en el que se ha dado a conocer el acuerdo sin más detalles. No obstante, el Departamento que dirige Báñez no aclara si las plazas están reservadas solo a jóvenes españoles o si son en competencia con aspirantes de otros países ni cómo se llega a la cifra de los 5.000 puestos.

La fuga de profesionales a Alemania no es nueva, pero se ha agravado con la crisis: la emigración desde España creció un 45%, según la oficina de estadísticas alemana, lo que supuso la llegada de 29.910 nuevos inmigrantes al país germano, la cifra más alta desde 1973. Hay un dato clave para entenderlo: la tasa de paro española, del 27%, queda a años luz de la alemana, del 5,6%.

Tras el encuentro, Báñez ha agradecido la “sensibilidad y compromiso” de Alemania con los jóvenes españoles y ha asegurado que el acuerdo es “un espacio de muchas oportunidades para muchos jóvenes españoles que hoy, por la crisis, no las tienen en nuestro país y, sin embargo, pueden tenerlas temporalmente en otro país de la UE”.

Formación dual

La llamada formación profesional dual se puede definir como la combinación del FP de toda la vida con prácticas remuneradas y vinculadas a un contrato. Es un invento alemán, pero en cierto modo, en una fábrica española como la de Seat (perteneciente a Volkswagen desde los ochenta) lleva haciéndose desde los años 50 en la Escuela de Aprendices de la factoría. Desde este curso escolar, cuando entró en vigor la FP dual, la compañía automovilística adaptó su formación a este sistema y ha sido la primera empresa en ponerlo en práctica.

El paro juvenil en Europa se ha convertido en un foco de inquietud para Berlín, que junto al Ejecutivo de París quieren poner en marcha un plan que lo incentive facilitando créditos blandos para las empresas que apuesten por incorporar a jóvenes. El pasado marzo, Angela Merkel, expresó en una reunión en Berlín con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, su “preocupación” por el alto paro juvenil (afecta al 57% de la población activa) y señaló la necesidad de “establecer mecanismos” para combatirlo.

En un momento en el que 43.548 trabajadores españoles se encuentran dados de alta en la Seguridad Social alemana, el acuerdo persigue que los españoles que deseen desplazarse a trabajar o formarse a Alemania “lo hagan con todas las garantías”. El acuerdo es además de dos direcciones, pues está basado en el impulso del intercambio y la cooperación en materia laboral, con el objetivo también de servir de cauce para que los jóvenes alemanes vengan a trabajar a España. De hecho, ya hay 37.797 trabajadores germanos dados de alta en la Seguridad Social española.La ministra alemana de Trabajo trató de transmitir esperanza a España y señaló que “Alemania hace 10 años era el enfermo de Europa, con una alta tasa de desempleo”, por lo que “saben cuáles son las medidas que funcionan”.

El gran vacío que ha dejado el Estado en cuanto al tratamiento a drogodependientes ha hecho que proliferen este tipo de centros, situados sobre todo en las zonas más pobres. Hay más de 50.000 por todo el país. El doctor Fernando Cano Valle, comisionado nacional contra las adicciones (Conacid), es la persona encargada de llevar a cabo este ambicioso proyecto. “Me preocupa que existan y nos toca por ley inspeccionarlos y cerrarlos. Muchos de estos centros los gestionan exadictos que atienden a adictos, y vamos a pensar que es de buena fe. Si vamos a pensar que es de mala, esto no es más que una fuente de negocio inadecuada y una forma de explotar al ser humano”, señala Cano Valle en entrevista con EL PAÍS.

El comisionado quiere reemplazar estos lugares por áreas habilitadas en los 25.000 centros de salud que hoy día no tienen ningún espacio dedicado a las adicciones. En ese caso habrá que capacitar a médicos y enfermeras de todo el país para que aprendan a atender a este tipo de pacientes. Existen otros 370 centros gubernamentales, antes llamados Nueva Vida y ahora CAPAs, donde se atiende a adictos pero no tienen instalaciones adecuadas ni personal preparado. “Aun cuando triplicásemos su número no podríamos dar asistencia a los drogadictos. Los hospitales públicos son los que tienen que cubrir las adicciones”, añade el doctor.

Los anexos, como en el que está Bisbi en Ecatepec, la zona conurbada de la Ciudad de México, tienen la entrada por el garaje. “Buscando mi dignidad perdida”, se lee en un toldo. Tras pasar dos rejas y subir unas escaleras se abre una sala en la que los internos representan un teatrillo con las 12 tradiciones copiadas a la organización Alcohólicos Anónimos. Las risas que levantan las cómicas representaciones dejan entrever dientes picados y algunas miradas perdidas. En un cuartucho de al lado se amontonan los pacientes psiquiátricos. Alguno lleva encerrado ahí más de 10 años. El personal del centro, compuesto mayoritariamente por antiguos pacientes que se quedaron para apoyar la causa, se encarga de medicarlos y colocarles la camisa de fuerza en caso de que la cosa se desmadre. Un esquizofrénico, en medio de la función, comienza a poner caras extrañas. De inmediato unos asistentes lo sacan de allí y lo recluyen en una habitación.

-¿Viste fantasmas?

-No

-¿Por qué lloras entonces?

-No lo sé.

Tras pasar el interrogatorio, le piden que se eche un rato en la cama hasta que se le pase la crisis. El hombre que le da órdenes reconocerá después que también está bajo tratamiento psiquiátrico. Este grupo lo fundó hace 20 años el padrino Ray, el dueño de varios tabledance (clubs de noche) que decidió cambiar radicalmente de vida y ayudar a yonkis y alcohólicos que no tenían para pagarse un tratamiento en una clínica privada. “Se supone que por los tres meses de internamiento nos tienen que pagar 10.000 pesos (750 dólares) pero nadie lo hace. La gente no tiene ese dinero. Lo nuestro es un bien social. Nos financiamos con pequeñas aportaciones de las familias, de grupos cristianos y la comida que nos dan en el mercado”, explica el padrino Marcos, hijo del fundador, una figura muy respetada entre los adictos.

Se ocupan de un sector de la población hasta ahora olvidado. “Esta situación describe la debilidad del sistema de salud mental de México, y eso es una realidad. Han sido desatendidos los mexicanos con enfermedades mentales. Las familias que tienen una persona que cae en la esquizofrenia o en la depresión van a donde les ofrecen ayuda y en ocasiones los explotan. Esto cae en el capítulo de la violencia y tenemos que trabajar mucho para erradicarlo. En estos años de abandono se han estructurado estos espacios y centritos”, resume Cano Valle. Los llama también changarros, que es como se conoce a los comercios callejeros.

La última encuesta sobre adicciones en el país data de 2011. Significa que hay dos años de vacío. El comisionado echa de menos un observatorio que retrate con certeza cuáles son las tendencias actuales de drogadicción. En las últimas fechas se ha observado, por ejemplo, como los inhalantes, muy baratos y usados por los niños de la calle que se sacan unas monedas limpiando parabrisas en los semáforos, están siendo utilizados por estudiantes en los colegios. “Ese tipo de cosas debemos saberlas para poder prevenirlas”, resume Cano Valle.

El hueco que pretende tapar el Gobierno es casi tan grande como el que siente Bisbi en el cerebro cuando se levanta después de una noche de farra. “Mi miedo es despertarme una mañana y no recordar quién soy”, cuenta. Por si acaso lleva un tatuaje en el brazo izquierdo que disiparía todas las dudas: “Bisbi”.

Han pasado seis años desde el último intento similar, fracasado tras un amargo debate, y casi tres décadas desde que los políticos estadounidenses empezasen a estudiar medidas para reinventar un sistema migratorio obsoleto e injusto. “Ninguno de los miembros del Comité consiguió todo lo que quería, ni yo tampoco”, declaró el presidente Obama tras conocer la votación del Comité, con 13 votos a favor -entre ellos tres republicanos- y cinco en contra. “Pero todos tenemos la obligación hacia el pueblo americano de lograr el mejor resultado posible”.

Durante las últimas semanas, el Comité ha debatido y votado más de 100 propuestas para modificar el texto legislativo, redactado por el “Grupo de los Ocho”. Los cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos que negociaron el texto desde el pasado mes de enero representan un ejemplo de colaboración bipartidista poco común en Washington desde 2010 e impensable, especialmente en el ámbito de la inmigración, hace solo seis meses.

El proyecto de reforma del Senado incluye una vía de acceso a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, medidas para reforzar la seguridad en la frontera -aunque sin supeditar a ésta el proceso de regularización- cambios en las condiciones de internamiento de los ‘sin papeles’ que esperan a la deportación, la propuesta conocida como “Dream Act” para jóvenes indocumentados, nuevos permisos para trabajadores temporales o una importante renovación del programa de visados para profesionales especializados.

Los miembros del comité han rechazado, entre otras, una enmienda que negaba la la ciudadanía para indocumentados -uno de los pilares de la legislación y uno de los apartados imprescindibles para Obama- y han aprobado otras como la creación de un sistema en los aeropuertos para saber en qué momento abandonan los inmigrantes el país o aumentar las facilidades para contratar a extranjeros.

El partido del presidente quiere dejar claro a los hispanos, un electorado cada vez más determinante en cada convocatoria, que defenderán sus intereses. Por su parte, los republicanos quieren alejarse de leyes como la de Arizona, pero tampoco quieren verse obligados a defender en la campaña electoral de 2014 por qué votaron a favor de una ley propuesta por Obama.

La aprobación del texto por parte del Comité es una victoria para el presidente, que ya en 2008 se postuló como el candidato que reformaría el sistema de inmigración. La profunda crisis económica, dos guerras y la reforma del sistema sanitario consumieron todo su capital político, obligándole a romper aquella promesa. Dos años después, el Partido Republicano se instalaba en la Cámara de Representantes con una mayoría que cambió el panorama drásticamente. Obama sólo tendría otra oportunidad: 2012.

Para entonces el electorado hispano ya había aprendido la lección. El Partido Republicano sólo ofrecía propuestas antiinmigrantes. Un apoyo aplastante al candidato demócrata trasladaría un mensaje mucho más claro: siete de cada diez hispanos afirmaron con su papeleta electoral que en la reforma estaba el futuro político de cualquier aspirante a la Casa Blanca. Antes de que Obama hubiera acabado de celebrar su victoria, los republicanos ya le habían ofrecido recorrer juntos el camino para modificar, como nadie lo ha conseguido en tres décadas, un sistema ineficiente e injusto.

Este martes celebraban la votación del Comité. “Tenemos una oportunidad histórica para modernizar nuestro sistema migratorio para que responda a las necesidades del siglo XXI”, declaró el senador republicano Marco Rubio, uno de los ocho negociadores de la propuesta, en un comunicado. “Me mantengo optimista ante la posibilidad de que el Senado, al mejorar una ley a través de un debate abierto y decidido, aproveche esta oportunidad”.

Rubio, respaldado por el Tea Party, es el eje que acerca a los conservadores a una propuesta mucho más popular, tradicionalmente, entre los demócratas. Rubio debe convencer a éstos de que algunas de las exigencias de los republicanos son imprescindibles para aprobar la legislación. Si la ley fracasa, Rubio será responsable. Si la ley sale adelante, pero no incluye sus principales reivindicaciones, el Partido Republicano no le perdonará que Obama logre poner su sello a otra reforma histórica.

El texto legislativo ha logrado salir exitoso del Comité sin enfrentarse a un debate que muchos anticiparon, recordando las amargas discusiones que en 2007 derribaron la coalición de los senadores John McCain y Ted Kennedy. Los demócratas confían en que tendrán 70 votos en el Senado para sacar adelante la reforma y enviar el texto directamente a la Cámara de Representantes -que trabaja en su propia propuesta. Allí es donde los republicanos presentarán el verdadero pulso.

El texto de la Cámara, todavía por definir, podría ser mucho más conservador, poniendo en duda incluso el nivel de beneficios públicos a los que pueden acceder los indocumentados, una vez que comiencen su proceso de regularización. Varios republicanos ya han manifestado que se opondrán simplemente a cualquier texto, independientemente de lo que proponga, que aspire a reformar el sistema en su totalidad, no por partes.

El portavoz de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha anunciado que propondrá la legislación a voto tan pronto como la primera semana de junio. Si la ley sale adelante, deberá ser sometida a votación entonces por la Cámara de Representantes.

El alto tribunal ordenó repetir el juicio contra el antiguo dictador a partir del estado en que se encontraba el proceso el 19 de abril, cuando la vista fue suspendida. El proceso se reanudó después sin tener en cuenta testigos propuestos por la defensa de Ríos Montt que supuestamente le habrían sido favorables.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Roberto Molina Barreto, dijo este martes en rueda de prensa que la decisión de anular la condena al exdictador tiene "un carácter preventivo". Justificó la decisión en que el tribunal de sentencia, presidido por la juez Jazmín Barrios, "no acató una orden de la Sala Tercera de apelaciones, por lo que cayó en desacato". En consecuencia, añadió, la continuación del proceso y la sentencia condenatoria son "ilegales". Concluyó afirmando que "No puede haber justicia si no se respeta el debido proceso".

El fallo echó por tierra un juicio que despertó grandes expectativas tanto a nivel nacional como internacional ya que, por primera vez en la historia, se sentaba en el banquillo de los acusados a un militar que, en su momento, encarnó el poder absoluto, mientras daba voz a los sectores indígenas secularmente marginados, que pudieron hacerse oír y denunciar las gravísimas violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos durante el llamado “quinquenio negro”, ocurrido entre 1978 y 1983, cuando la represión militar alcanzó sus más altas cotas de salvajismo en el combate a las guerrillas de inspiración marxista.

La anulación de la condena por genocidio constituye, a criterio de la Oficina de Derechos humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), una burla a las víctimas, a la comunidad internacional y al sistema de justicia. “Es un retroceso para la justicia”, aseguró el director de la oficina, Nery Rodenas. “Sin lugar a dudas, es una bofetada para una comunidad, la ixil, que esperó más de 30 años para llegar a un debate que pretendía recobrar la confianza en un sistema legal y la condena parecía ser un paso adelante”.

Rodenas recuerda que fue evidente, a lo largo de todo el juicio, que el objetivo principal de la defensa fue obstruir el proceso. “Su meta ha sido separar a un tribunal objetivo, lo cual han logrado, toda vez que un nuevo debate obliga al cambio del tribunal”, añade.

Para la ODHAG, la anulación de la sentencia dictada la noche del lunes “es una burla al sistema de justicia, al pueblo ixil, a la comunidad internacional, a la vez que manda un mensaje muy claro: en Guatemala hay sectores que no pueden ser tocados, extremo que debilita y pone en alto riesgo el proceso de paz inaugurado en 1996”. Para el analista Héctor Rosada Granados, negociador del proceso de paz durante el periodo presidencial de Ramiro de León Carpio (1993-1996), el dictamen del Constitucional es consecuencia de la presión de un sistema que no asume su papel histórico. “La sentencia viene determinada por un sistema dominante incapaz de aceptar el genocidio”, afirma, y subraya que esos sectores “tienen tan sucia el alma que no soportan enfrentarse al pasado, y cuyo bienestar actual es producto del despojo que hicieron sus padres y sus abuelos”.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, dijo estar preocupado porque este tipo de soluciones jurídicas abra paso a que todo tipo de delincuentes los utilicen para burlar la justicia. Califica la sentencia como una decisión política y no jurídica.

En cualquier caso, la sentencia del Constitucional deja más interrogantes que respuestas. Entre ellas, cuál es la situación jurídica de Ríos Montt, pues el fallo de los magistrados no define nada al respecto. El viejo general se encuentra hospitalizado y sufre los achaques propios de su edad, 87 años, como problemas de próstata y arritmia cardíaca. Anoche se ignoraba si podrá irse a casa o continuará encarcelado hasta que un nuevo juicio dé el veredicto final. Al respecto, sus defensores pidieron ayer su puesta en libertad ante una sala de apelaciones.

El fallo del Constitucional no separa del proceso a los integrantes del tribunal que condenó a Ríos. En consecuencia, serán ellos, bajo la presidencia de Jazmín Barrios, quienes deberán darle trámite a la recusación de la defensa. El abogado Francisco García Gudiel ha recusado al tribunal con argumentos contradictorios. Mientras argumenta que mantiene una “enemistad grave” con la juez Barrios, pide la separación de otro miembro del tribunal, Pablo Xitumul, porque este habría afirmado públicamente que les une una amistad de años.

Los abogados de Ríos Montt pretenden que sea un nuevo tribunal el que retome el proceso. En consecuencia, elevaron una petición a una sala de apelaciones para que “mediante un acto para mejor fallar” se retire al tribunal presidido por Barrios, lo que abre interrogantes sobre qué letrados tienen la trayectoria suficiente para manejar un juicio que sobrepasa las fronteras guatemaltecas.

La decisión del Constitucional ha provocado reacciones divergentes en el Congreso. El congresista Luis Chávez, del opositor Libertad Democrática Renovada, calificó la resolución como “legal, pero no legítima”, asegurando que a los tres magistrados que votaron a favor de la tesis de la defensa, “la historia los juzgará”. Orlando Blanco y Byron Chacón, también en la oposición, coincidieron en señalar que algunos fallos de procedimiento hacían previsible la anulación de la sentencia, un argumento en el que coinciden abogados independientes.

Una de las reacciones más duras ha sido la del capítulo guatemalteco de Amnistía Internacional, quien en un comunicado califica el fallo como “un duro golpe para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto”. “No están claros los fundamentos jurídicos de esta decisión ni se sabe, con seguridad, cómo el tribunal de primera instancia puede volver al juicio al momento en que se encontraba a mediados de abril”. Subraya que la sentencia del Constitucional “levanta obstáculos tremendos para poder hacer justicia y garantizar la rendición de cuentas por un periodo desgarrador de la historia de Guatemala”.

“Descartamos buscar médicos cuyo tiempo de formación no es reconocido en el propio país como Cuba e Irán. La mera formación en la universidad no garantiza el ejercicio de medicina. Son necesarios cursos de especialización y residencia médicas”, ha dicho el ministro. Padilha, que se había encontrado días atrás con representantes de los gobiernos de España y Portugal, ha confirmado que el ministro de Sanidad de España ha demostrado su interés en ampliar la colaboración  para el envío de profesionales médicos para los municipios periféricos del interior de Brasil.

Los médicos brasileños no se lo habían tomado muy bien. Padilha respondió a la Asociación federal de médicos que había enviado a la presidenta Dilma Rousseff una carta quejándose de que a los médicos contratados para atender a las zonas pobres de Brasil no se les vaya a exigir un examen de reválida. En la carta calificaban la decisión del gobierno de “espanto”. El ministro brasileño defendió un diálogo entre los médicos y el gobierno que sea “respetuoso, que no sea agresivo ni lleno de adjetivos”. Añadió: “No admitimos que quieran transformar en tabú cualquier política de atracción de médicos extranjeros porque no lo es en ningún lugar del mundo”. 

El ministro ha hecho saber también que los municipios del interior del país deberán buscar destinas más recursos a ampliar los servicios médicos y ofrecer a los facultativos extranjeros que se desplacen hasta ellos condiciones de ejercer dignamente su trabajo.

Una de las críticas de los médicos brasileños que se niegan a ir a esos lugares pobres a ejercer la medicina es que no encuentran posibilidades reales de actuar y se quedan sin la posibilidad de crecer profesionalmente, sin contar con los bajos sueldos que se les ofrecían hasta ahora.

Provista de un espray, con el pelo teñido de rubio, Amina, cuyo apellido nunca ha sido desvelado, escribió la palabra Femen en el muro de un cementerio musulmán adyacente a la mezquita de Okba Ibn Nafe elegida para el congreso. Femen es el movimiento feminista radical, nacido en Ucrania, al que la joven dice pertenecer. Llevaba también una bandera que, al parecer, tenía la intención de colgar en la mezquita. La muchedumbre empezó a increparla, a proferir amenazas y la policía la detuvo.

“La joven ha sido detenida en Kairouan por orden de la fiscalía”, señaló, el lunes, Mohamed Ali Aroui, portavoz del Ministerio del Interior tunecino. Hizo “gestos inmorales” junto al cementerio. “Nuestra sociedad es musulmana y no aceptamos comportamientos inmorales”, añadió. La fiscalía fue más lejos y la inculpó anoche de profanación de cementerios por lo que puede ser condenada a dos años de cárcel a los que se podrían añadir otros seis meses por el delito de atentar contra el pudor.

Pese a que el comportamiento de Amina es provocador, a ojos de varios medios de comunicación tunecinos, la presidenta de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas anunció, hoy, que defenderá a Amina. Su asociación, dijo, “no está contra la ley, pero respalda los derechos de los ciudadanos”.

Después de haber colgado en Facebook su foto con los pechos al aire, sobre los que había escrito “Mi cuerpo me pertenece (…)”, Amina recibió amenazas y desapareció. Femen y otros grupos desencadenaron un movimiento de solidaridad con Amina. La joven estuvo secuestrada por su familia, según explicó en abril cuando logró escaparse de la casa donde permaneció retenida. Se instaló entonces en casa de unos amigos y anunció que después del verano quería emigrar a Francia y estudiar periodismo.

El viernes, Orbán dijo en una radio pública húngara: “los alemanes ya enviaron una vez la caballería, en forma de tanques; nuestro deseo es que no lo vuelvan a hacer, porque entonces ya fue una mala idea que no funcionó”. Se refería a la ocupación de Hungría en 1944 por parte de la Alemania de Hitler. Con la calma política del puente de Pentecostés, la frase de Orbán hizo fortuna como piedra de escándalo en Alemania.

Merkel había dicho el jueves en un debate público que Europa hará “lo posible por llevar a Hungría por el buen camino, pero no se trata de mandarles ahora la caballería”. Además de una crítica a Orbán, la frase contiene una pulla a Steinbrück. Éste había indicado poco antes la posibilidad de expulsar legalmente a Hungría de la UE si Orbán sigue su deriva “claramente antidemocrática”. La expresión “enviar la caballería” es célebre en Alemania desde que Steinbrück la utilizó, cuando era ministro de Hacienda en la Gran Coalición que presidió la democristiana Merkel (CDU) hasta 2009, para amonestar a Suiza por las facilidades que ofrecen sus bancos a los evasores fiscales alemanes. Si Orbán conoce esta historia, podría ser cierto que estaba aplaudiendo los paños calientes de Merkel y no comparándola con los nazis. Un comunicado oficial dice que Orbán está “completamente de acuerdo” con la canciller. Hungría, señalan sus diplomáticos, “no acepta que los partidos alemanes la utilicen en su campaña electoral” para las generales de septiembre.

Un artículo en la web Spiegel Online titulado “Orbán achaca a Merkel métodos nazis” hizo la proverbial montaña del grano de arena. Heridas las susceptibilidades alemanas con el nazismo, la tensión creció con la intervención del ministro de Exteriores alemán, el liberal Guido Westerwelle. Westerwelle es muy escrupuloso con sus palabras desde que su propensión a soltar la lengua acabó, hace más de dos años, con su propio liderazgo en el partido liberal. Pero el muy conservador Orbán es tan impopular en Alemania que Westerwelle cedió a los tonos ásperos para descalificar “el lamentable despropósito” de Orbán, que Alemania “rechaza con claridad”.

La formación política de Orbán, Fidesz, pertenece al Partido Popular Europeo (PPE), como la CDU que preside Merkel. La polémica reforma constitucional impulsada por Orbán en Hungría inquieta a muchos observadores europeos, que identifican acentos autoritarios en la Ley Fundamental y otras normas aprobadas con la aplastante mayoría de dos tercios que tiene el Fidesz en la Cámara legislativa de Budapest.

El socialdemócrata húngaro László Kovács, antiguo ministro de Exteriores y excomisario europeo, calificó las palabras de Orbán de “chiste burdo”. En Alemania, el diputado democristiano Ruprecht Polenz dijo a Spiegel Online que Orbán “perjudica cada vez más las buenas relaciones entre ambos países; esta indigna comparación con los nazis, hasta ahora cosa de manifestantes en Grecia, demuestra que ha perdido el sentido de la realidad”.

La oposición alemana subió al carro de las críticas al derechista Orbán. El jefe del grupo parlamentario de Los Verdes, Jürgen Trittin, abundó en las críticas del democristiano Polenz, pero las extendió a Merkel. La jefa del Gobierno “debe admitir que su política de diplomacia silenciosa ha fracasado ante la marcha de Orbán en dirección a la autocracia”. Su compañero de partido en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit, pidió una reacción por parte del PPE en Estrasburgo: “Me pregunto por cuánto tiempo van a contemplar las gestiones de Orbán sin hacer nada”. Fidesz cuenta con 14 diputados en el PPE en Estrasburgo, donde el centroderecha tiene mayoría.

El vicepresidente del grupo parlamentario socialdemócrata en el Bundestag, Axel Schäfer, cree que “va siendo hora de que alguien le diga las cosas claras a Orbán”. Si quiere, Merkel tendrá la oportunidad este miércoles en la cumbre europea de Bruselas.

“Pese a sonar muy bonito y respaldar la libertad de prensa, la resolución supone una injerencia en algo que no tendría por qué legislarse en las instituciones europeas. Creemos en la autorregulación de los medios, y que cada país ya tiene los órganos adecuados”, señalaron a este periódico fuentes de la delegación española del PP. Una de las medidas que reclama Estrasburgo es establecer órganos reguladores independientes que procedan del propio sector, y no del poder político. Además, el Parlamento pide que los responsables de los medios públicos sean elegidos por sus méritos profesionales, no por criterios partidistas.

En el bloque del no, los populares españoles estuvieron acompañados por líderes ultra como el francés Jean-Marie Le Pen o el británico Nigel Farage. El PP español fue el más granítico en su rechazo a un texto que cosechó votos en contra de algunos colegas de partido alemanes, suecos e italianos. “Todavía estoy impactada por el voto unánime de los populares españoles”, asegura la eurodiputada liberal rumana Renate Weber, impulsora de la iniciativa.

La resolución que votó ayer el Parlamento Europeo pide a los Estados miembros establecer controles anuales para cerciorarse de que los cambios regulatorios en los medios de comunicación no hacen más fácil la interferencia de los Gobiernos. El objetivo de los parlamentarios que dieron el sí —el 78% de los que votaron— es salvaguardar la libertad informativa y el pluralismo, tanto por parte de las presiones internas de los anunciantes o de los propietarios de los medios, como de las externas que proceden de los intereses políticos o económicos.

Pero Estrasburgo no se preocupa solo por las injerencias en el trabajo de los periodistas. También pide a la Comisión Europea que estudie cómo la crisis y la creciente precariedad laboral afecta a la profesión. Y que plantee soluciones para remediar el impacto negativo en la libertad informativa.

Ninguna sorpresa. La lista de ocho personas incluye al jefe negociador nuclear, Said Yalili; al alcalde de Teherán, Mohamed Qalibaf; al expresidente del Parlamento Gholam-Ali Haddad-Adel; al exministro de Exteriores Ali Akbar Velayati, y otros cuatro candidatos de relleno. Todos ellos figuras conservadoras de probada lealtad al líder supremo, Ali Jameneí, y al sistema de velayat-e-faqih que justifica la capacidad de veto de la máxima autoridad sobre las instituciones elegidas. Qalibaf, Velayati y Haddad-Adel, agrupados bajo la Coalición Principalista de los Tres, han dicho que se retirarían de la campaña si el Consejo aprobaba la candidatura de Yalili.

De momento, la preselección es esencial para asegurarse de que las próximas elecciones no se salen del guión establecido y evitan cualquier riesgo de que las voces discrepantes puedan hacerse oír siquiera durante la campaña. La experiencia de 2009, cuando los iraníes se lanzaron a la calle para denunciar lo que consideraron un fraude electoral en la reelección de Mahmud Ahmadineyad, ha obligado a extremar las precauciones. Las candidaturas, presentadas en el último momento, de Rafsanyani y Mashaei constituían un riesgo por distintas razones.

Desde la víspera, el secretario del Consejo de Guardianes ya había adelantado que a partir de cierta edad no se estaba en condiciones plenas para ejercer de presidente, una poco velada alusión a los 78 años de Rafsanyani. Y es que el veterano expresidente, largamente enfrentado con Jameneí, se había convertido en el candidato reformista por eliminación. Aunque no sólo es un hombre del régimen sino uno de los hombres que hicieron el régimen, su estilo pragmático de gobernar abrió las puertas en los años noventa del siglo pasado a la llegada de Mohamed Jatamí. Como miembro de la élite del sistema, despreció sin ocultarlo a Ahmadineyad (quien además le propinó una humillante derrota electoral en 2005). De ahí que hace cuatro años, apoyara a los reformistas aunque no llegara a romper la baraja por ellos.

En cuanto a Mashaei, las enemistades que concita son de otro carácter. El consuegro de Ahmadineyad (un hijo de éste está casado con una hija de aquél) paga tanto la incomodidad que sus ideas suscitan entre los tradicionalistas que monopolizan el poder como su asociación el presidente saliente. Existe la percepción generalizada de que Ahmadineyad, quien por ley no puede presentarse a un tercer mandato, intentaba colocar a Mashaei en la presidencia para proseguir su proyecto conservador-populista que tanto ha irritado a las élites gobernantes. El propio líder sancionó su triunfo en 2009 en una toma de partido que le hizo perder una buena dosis de prestigio; sin embargo, poco después depuso a Mashaei como primer vicepresidente apenas una semana después de su nombramiento por Ahmadineyad.

La única sombra en la lista de que Irán no es un monolito ideológico es la inclusión de tres altos cargos de la época del reformista Jatamí: el exjefe negociador nuclear Hasan Ruhani, el ex vicepresidente Mohammad Reza Arer y el ex ministro Mohammad Gharazi. Pero es un gesto menos que simbólico, ya que los tres son figuras poco conocidas, sin apoyo popular y que no se han significado públicamente en la defensa de la pluralidad que el régimen silenció sin contemplaciones tras las últimas presidenciales. El octavo en liza es Mohsen Rezai, un ex jefe de los Pasdarán que ya concurrió sin éxito en 2009 y que se presenta como centrista.

Aparte de controlar Internet, el gran reto para los gobernantes iraníes va a ser movilizar a una población que, mayoritariamente, ha dejado de creer en ellos y en la limpieza de los comicios que organizan.

“Todavía no sabemos la cifra exacta de fallecidos ya que algunos cuerpos han sido enviados al anatómico forense y otros a funerarias privadas. Pero ha sido una tragedia porque entre los muertos hay niños. Además, hay 237 heridos”, aseguró en rueda de prensa la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin. “La zona azotada por el tornado está arrasada. Es muy duro ver el destrozo generalizado que ha provocado. Es una tragedia”, agregó Fallin, quien tuvo la oportunidad de ver la región desde el aire.

Keli Pirtle, portavoz del Servicio Meteorológico Nacional en Norman (Oklahoma), explicó que el tornado tocó tierra el lunes a las 14.56, hora local, justo 16 minutos después de saltar la primera alerta, y que se desplazó 32 kilómetros devastando todo a su paso. “Estuvo tocando tierra durante 40 minutos”, añadió Pirtle. “Tocó tierra en New Castle y se trasladó hacia Moore, un suburbio con una población de 55.000 habitantes”, concluyó.

El presidente Barack Obama describió el tornado como uno de los más destructivos que han azotado el país. “Docenas de vidas se han perdido, entre ellas, las de niños. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos. Quiero expresar mi gratitud a todos los que han ayudado a rescatar a personas a pesar de la oscuridad de la noche”. El presidente añadió: “Como nación ahora nos corresponde preocuparnos de los supervivientes y de la recuperación”. Obama también aseguró a la gobernadora de Oklahoma que dispondrá de todos los recursos necesarios para afrontar la recuperación. “Todavía no conocemos las pérdidas humanas y económicas que ha causado el tornado”, reiteró el mandatario, que alertó de que la semana que viene comienza la temporada de huracanes.

Algunos de los más de 200 heridos se encontraban ayer en condición crítica, según explicó Amy Elliot, portavoz de la oficina de medicina legal del Estado. Las primeras estimaciones hicieron temer por que el número de muertos alcanzara el centenar. La propia Elliot, en la madrugada del lunes, habló de 51 fallecidos, incluidos 20 niños, y advirtió que su agencia esperaba al menos otras 40 víctimas. Finalmente, ayer confirmó 24.

Los equipos de rescate, dotados de cámaras térmicas y perros ya que la búsqueda se mantuvo durante toda la noche, estuvieron luchando todo el día de ayer para abrirse camino entre los escombros que obstruían muchas calles, el tendido eléctrico caído, los coches volcados y las vigas de acero que antes sostenían casas y edificios de oficinas. Sus esfuerzos dieron fruto y llegaron a rescatar más de un centenar de personas. La Cruz Roja abrió varios albergues en la ciudad.

La inusual ferocidad de la tormenta —en menos del 1% de los tornados los vientos alcanzan esta velocidad— destrozó kilómetros de zonas residenciales. Calle tras calle, Moore se quedó en ruinas. El centro médico fue evacuado tras sufrir graves daños, y todos los pacientes fueron trasladados a otros hospitales.

La escuela infantil Plaza Tower, donde se refugiaban entre 20 y 30 niños, fue completamente arrasada, lo que provocó la muerte a siete de ellos. El tornado arrancó el techo y las paredes del centro escolar y convirtió el patio de recreo en una masa de plástico y metal. Según las autoridades, muchos alumnos intentaron ocultarse en los baños ante la llegada del tornado. En la escuela de Briarwood, la fuerza del viento arrojó los coches contra la fachada y arrancó de cuajo el techo, aunque no se registraron víctimas mortales. “En mis 18 años cubriendo tornados no he visto nada igual en esta ciudad. Este, sin ninguna duda, es el más horrible”, afirmó Lance West, reportero de la cadena de televisión local KFOR.

El desastre se produjo poco después de que durante el pasado fin de semana más de 12 tornados sacudieran los Estados de Iowa, Kansas, Illinois y Oklahoma, que causaron dos muertos y una treintena de heridos. La intensidad del fenómeno llevó al Servicio Meteorológico a emitir una alerta inusualmente directa a todo el centro de EE UU, que se extiende por 14 Estados. Las fuertes tormentas podrían seguir afectando en los próximos días a cerca de 10 millones de personas en esa zona del país.

Los dos turistas, naturales de Avilés (Asturias), fueron secuestrados en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, cuando se dirigían a Cabo de la Vela, uno de los lugares más turísticos de esa región del noroeste del país y que se encuentra en medio del desierto, a unas dos horas de Riohacha, capital de esa provincia.

Los españoles alquilaron un coche (un Chevrolet Spark) en Bogotá en el que viajaron hasta La Guajira y que fue encontrado el viernes, abandonado y con un cristal roto, en una ranchería, como se conoce en Colombia al lugar donde viven los wayuu, la comunidad indígena más grande del país. Esta ranchería está ubicada a unos 85 kilómetros de Uribia, la capital wayuu. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido el secuestro, por lo que las autoridades ni confirman ni descartan que sea un acto de las FARC. Es habitual que los delincuentes comunes, para presionar en el cobro del rescate, se identifiquen ante los familiares como integrantes de esa guerrilla, para darse importancia y lograr que su exigencia sea tomada más en serio. Lo que sí consideran las autoridades es la posibilidad de que los turistas españoles hayan sido trasladados a territorio venezolano.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró este martes en los pasillos del Senado, que el Gobierno ha estado “desde el minuto uno en contacto con las autoridades de Colombia y con la familia” de los secuestrados. García-Margallo no ha dado más detalles sobre el secuestro, ya que, según ha dicho, “la norma de la casa” en estas situaciones es “mantener una discreción absoluta”. Tampoco ha querido pronunciarse acerca de si María Concepción Marlaska Sedano, trabajadora del diario La Nueva España, es familiar del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska: “Ni confirmo ni desmiento”.

Las autoridades colombianas han enviado a La Guajira una unidad especial de su grupo antisecuestros y antiextorsión. El último caso de un español secuestrado se registró en noviembre de 2012, cuando Rafael Molina Correa, que reside en Colombia, permaneció 23 días en cautiverio en el departamento del Cauca, al suroccidente del país.

En lo que va de año, la seguridad en La Guajira ha sido fuertemente golpeada por los ataques del frente 59 de las FARC contra la infraestructura de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande que tiene Colombia. También se ha incrementado la extorsión a manos de bandas criminales como Los Urabeños y Los Giraldo, enfrentados en una guerra por el control del departamento. Según datos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, en 2012 se registraron en esta región 98 casos de extorsión, así como cinco secuestros a empresarios, comerciantes y ganaderos.

En Colombia, según la Fundación País Libre, que hace seguimiento a la tragedia del secuestro que ha azotado a Colombia desde hace décadas, se han contado 58 secuestros en los tres primeros meses del año, la cifra más baja desde 2003. En el 69% de los casos, los responsables fueron delincuentes comunes. Aun así, las FARC incrementaron esta práctica con relación a 2012, pasando de 2 secuestros a 11 en un año. Esta guerrilla anunció a finales de enero que se reservaba el derecho a secuestrar uniformados (militares y policías), lo que provocó una crisis en los diálogos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Sin embargo, también recordaron que seguía en pie su compromiso a no secuestrar con fines económicos.

El rector de la catedral de París, Patrick Jacquin, ha precisado que Venner dejó una carta sobre el altar, en el coro, antes de descerrajarse un tiro poco después de las 16.00 horas. El templo, uno de los edificios más visitados de la capital, fue evacuado, mientras un vigilante intentaba reanimar a Venner con un masaje cardiaco. El contenido de la carta no se ha dado a conocer, aunque el blog del ensayista sugiere que su muerte tiene que ver con la reciente promulgación de la ley del matrimonio homosexual, contra la que Venner se batió en los últimos meses, y con la “islamización” de Francia.

Ideólogo y militante de la ultraderecha desde joven, Venner fue miembro de Jeune Nation en los años cincuenta, formó parte en el Grupo de Investigación y Estudios por la Civilización Europea (GRECE) y dirigió el bimestral Nouvelle Revue d'histoire, que se reivindicaba como nacionalista europeo. En la última década, escribió libros de historia militar, y otras dedicadas a las armas de fuego y la caza.

En el último post de su blog, titulado "La manifestación del 26 de mayo y Heidegger", Dominique Venner afirmaba que las protestas previstas ese día contra el matrimonio gay no se deben limitar al rechazo de las bodas homosexuales, porque, asegura, “el gran recambio de la población de Francia y Europa, denunciado por el escritor Renaud Camus, es un peligro igualmente catastrófico para el futuro”.

El texto, colgado hoy mismo, lanza la alerta contra el riesgo de una “Francia entregada al poder de los islamistas”, y afirma que “desde hace 40 años todos los políticos y Gobiernos, salvo el Frente Nacional y la Iglesia, han colaborado activamente al acelerar por todos los medios la inmigración magrebí y africana”. Y concluye: “Hará falta hacer gestos nuevos, espectaculares para despertar las somnolencias, y sacudir las conciencias anestesiadas y despertar la memoria de nuestros orígenes”.

Su editor, Pierre-Guillaume de Roux, ha declarado: “No creo que se pueda ligar el suicidio a ese asunto de los matrimonios, esto va mucho más allá”. El tuit de Marine Le Pen afirma: “Todo nuestro respeto para Dominique Venner, cuyo último gesto, eminentemente politítico, ha intentado despertar al pueblo de Francia”.

Fuerzas de la policía federal, del Ejército y la Marina comenzaron a desplegarse el mismo día por 19 de los 113 municipios de Michoacán definidos por las autoridades como “focos rojos”, aquellos donde desde hace meses proliferan los grupos de autodefensa formados por vecinos armados y es territorio en disputa por los carteles de la droga.

En las tareas de pacificación, que se llevará a cabo principalmente en la zona de Tierra Caliente, participarán miles de agentes de la policía federal y unidades de los cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas. Al contrario que en los operativos de seguridad realizados durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-20012), esta vez no se hizo público el número de fuerzas federales implicadas.

Osorio Chong informó que la operación será coordinada por el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y garantizó todo el respaldo del Gobierno federal al gobernador interino del Estado, Jesús Reyna, quien, por su parte, aseguró que habrá una depuración de los cuerpos policiales estatales. Ante el deterioro de la situación, el Gobierno de Peña Nieto nombró el pasado jueves al general de división, Alberto Reyes Vaca, nuevo secretario de Seguridad de Michoacán. En 14 de los 32 Estados mexicanos la seguridad ya está en mano de jefes militares.

El secretario de Defensa Nacional aseguró que no se permitirá que la gente ande armada y que “quien lo haga será detenido”, si bien, matizó, es una tarea complicada “porque hay grupos auténticos que defienden su comunidad así como gente financiada por la delincuencia”. En localidades como Buenavista, La Ruana, Tepalcatepec y Coalcomán los vecinos llevan semanas sitiados por los Caballeros Templarios y las grandes compañías de distribución de alimentos así como la petrolera Pemex han dejado de distribuir sus productos allí por el peligro que supone. También escasean las medicinas. Dada esta situación, se formaron grupos de autodefensa, si bien existe la sospecha de que son armados por el cartel Jalisco, Nueva Generación, rivales de los Templarios.

Los habitantes de estos municipios recibieron con escepticismo la llegada de las fuerzas federales e incluso impidieron la instalación de retenes y controles, según información de los medios locales. Los vecinos desconfían de que los militares sustituyan realmente a los grupos de autodefensa y no aceptan que estos sean desarmados. Incluso llegaron a retar a los miembros del Ejército a enfrentarse a los Caballeros Templarios.

Tras más de tres horas de reunión a puerta cerrada en Morelia, la capital de Michoacán, con los responsables del Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobernador del Estado, entre otras autoridades, Osorio Chong se comprometió públicamente a no retirar a las fuerzas federales hasta que no se den condiciones de seguridad para los michoacanos. El objetivo de la operación, afirmó, es “transformar la realidad que vive hoy el Estado”.

Las autoridades confían en comenzar a revertir la actual situación de inseguridad en el plazo de un mes, pero la mayoría de los expertos son escépticos. El ex presidente Calderón comenzó en Michoacán en 2006 su guerra contra el crimen organizado sacando a los militares a las calles, una política que ahora es considerada unánimemente fracasada.

Una pista importante ha salido a la luz ahora con el descubrimiento y análisis anatómico de los pequeños huesos del oído de un par de homínidos africanos de hace dos millones de años, el Paranthropus robustus y el Australopithecus africanus. Son dos géneros hermanos del ancestro de la humanidad Homo habilis, también africano, explica el paleontólogo Ignacio Martínez. Resulta que en esos dos homínidos, uno de los tres huesecillos del oído, el martillo, es ya claramente parecido al humano actual, aunque el yunque y el estribo siguen siendo primitivos. “Por su tamaño y forma, el martillo se distingue claramente de los de nuestros parientes actuales, es decir, chimpancés, gorilas y orangutanes, siendo uno de los pocos rasgos de esos homínidos similar a nuestra especie”, afirman los científicos, incluido Martínez, que han presentado el descubrimiento en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de EE UU. La conclusión es que la capacidad auditiva de los P.robustus y A.fricanus sería ya algo diferente de la de los chimpancés, pero aquellos homínidos seguramente todavía eran algo duros de oído.

El martillo, el yunque y el estribo, que exclusivamente tienen los mamíferos, son las tres piezas óseas más pequeñas del esqueleto humano (el tamaño del estribo es la mitad del de una mosca común). Y esos tres huesecillos son los que se encargan de transmitir la vibración del tímpano al oído interno, al receptor sensorial, permitiendo la audición. El gran parecido del martillo del humano actual con el de los P.robustus y los A.africanus —no así el yunque y el estribo—, indica que ese cambio anatómico debió surgir muy pronto en la historia evolutiva. “El bipedalismo \[caminar con dos pies\] y la reducción del tamaño de los caninos se consideran, desde hace tiempo, los hitos de la humanidad ya que parecen estar presentes en los fósiles humanos más antiguos recuperados hasta ahora; pero nuestro estudio sugiere que esa lista tal vez debe ser puesta al día para incluir también los cambios en el martillo”, comenta el científico Rolf M.Quam (State University, Nueva York), líder de la investigación.

Juan Luis Arsuaga, otro de los científicos autores del hallazgo y análisis de estos pequeños huesos de los dos homínidos africanos, no se esperaba esa modernidad del martillo: “Yo habría apostado porque sería como el de los chimpancés, y que esos homínidos tendrían también una capacidad de vocalización similar”. Pero esto no significa, advierte, que el camino del habla humana comenzase hace dos millones de años. “Los mamíferos, con el oído, cubrimos una banda de frecuencias muy ancha y los humanos somos especialmente sensibles en la banda en que nos comunicamos”, explica este catedrático de la Universidad Complutense. Para él, la capacidad de comunicación surge en el último millón de años y en el último medio millón el proceso se acelera drásticamente. Los fósiles de Atapuerca (sobre todo del yacimiento de la Sima de los Huesos) dicen mucho al respecto.

“Hace ya 10 años lanzamos una estrategia de investigación del oído por la relación que tiene la agudeza acústica con el lenguaje”, explica Martínez, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y también paleontólogo de Atapuerca. Han analizado ya los huesecillos del oído de los neandertales y su conclusión es que podrían tener una capacidad auditiva muy parecida a la nuestra. “En cuando a los hombres de la Sima de los Huesos, de hace casi medio millón de años, aunque su oído era algo diferente todavía, estaba ya muy cerca de nuestra banda ancha”, señala Martínez, recalcando que en ese yacimiento de Atapuerca han recuperado ya 30 huesos del oído, algo insólito teniendo en cuenta lo raras que son estas piezas en el registro fósil por su fragilidad.

Las piezas del oído de los P.robustus y A.africanus ahora rescatadas son una auténtica rareza que estos investigadores, bien entrenados en la materia gracias a su trabajo en el yacimiento burgalés, han descubierto en cráneos fósiles hallados en los años sesenta en yacimientos de Suráfrica y que habían pasado desapercibidas.

Los A.africanus eran primates plenamente bípedos, de baja estatura (entre 1,20 y 1,40 metros) y tendrían un cerebro de uno 500 centímetros cúbicos, frente a los 400 escasos de los chimpancés. Los P.robustus eran unos auténticos especialistas en la masticación intensa, con potentes mandíbulas y dientes. Según la mayoría de los paleoantropólogos, ambos tenían, junto con el antepasado humano de la época, el H.habilis, un ancestro común, que sería el Australopithecus afarensis, cuyo representante más famoso es el esqueleto de una hembra de hace unos 3,2 millones de años apodado Lucy.

La investigación del oído como parte del sistema de lenguaje no ha concluido, pero los científicos se van haciendo una idea del proceso evolutivo. “Nuestra impresión es que la capacidad del habla aparece con el género Homo y no estaría ni en P.robustus ni en A.africanus”, señala Martínez. De Homo habilis no se han encontrado martillos, yunques ni estribos.

Son estudios muy sutiles porque el sistema emisor “está formado por tejidos blandos que no fosilizan y no podemos reconstruirlo fielmente, aunque tenemos alguna pista por el hueso hioides”, continúa Arsuaga. “Sobre el receptor avanzamos con estos huesos del oído”. Aún así, determinar científicamente cuándo aparece en la evolución la capacidad plena de la comunicación compleja, consciente, es muy difícil, comenta este experto.