Al contrario que otros casos recientes que la oposición republicana ha intentado usar para debilitar al presidente, este afecta a los excombatientes y exmilitares, que disfrutan de un respeto enorme en un país militarista como EE UU.

“Si estas acusaciones resultan verdaderas, es indecente, es vergonzoso y no lo toleraré. Punto”, dijo Obama en una rueda de prensa en la Casa Blanca, convocada poco antes para responder a la presión creciente en el Capitolio. “Mi actitud es: las personas que han luchado en el campo de batalla no deberían luchar ahora con una burocracia en casa para obtener los cuidados [médicos] que ellos se han ganado”, añadió

Que el presidente se vea forzado a dar explicaciones evidencia que el caso por las listas de espera y muertes en hospitales de veteranos no es una querella partidista más. Obama llegó en 2009 a la Casa Blanca con la promesa de mejorar la atención de los veteranos. El final de las guerras de Iraq y Afganistán y el envejecimiento de la generación del baby-boom han contribuido a alargar las listas de espera y las peticiones para recibir pensiones y cuidados médicos.

El caso se origina en Phoenix (Arizona), donde más de cuarenta veteranos murieron mientras se encontraban en las listas de espera del hospital de esta ciudad. Empleados del hospital maquillaron los datos sobre las listas de espera para esconder el tiempo que los pacientes tardaban en ver a los médicos. Un informe oficial ha concluido que las muertes no están ligadas a la espera. La investigación no se centra sólo en Phoenix, sino en 26 hospitales en todo el país.

El caso ha costado el cargo a Robert Petzel, responsable del sistema sanitario en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Los republicanos exigen la dimisión del secretario Eric Shinseki, el general retirado que dirige el departamento. Obama condicionó la continuidad de Shinseki al resultado de las investigaciones en curso.

“Es muy dañino cuando el presidente no trata a los veteranos de manera adecuada. Y para un demócrata más que para un republicano, porque hay más desconfianza [hacia los demócratas] en cuestiones de seguridad nacional”, dice, en una entrevista telefónica, Julian Zelizer, historiador de la Universidad de Princeton y especialista en la historia de los presidentes de EE UU. “Este es el tipo de escándalo que no llevará a un impeachment [proceso de destitución presidencial], pero sin duda puede consumir el ciclo informativo durante un tiempo, socavar [la] credibilidad [de Obama] y suscitar preguntas sobre su competencia y sobre cómo los demócratas cuidan de los veteranos”.

En EE UU viven cerca de 22 millones de veteranos. La definición legal de veterano es una “persona que ha servido en servicio militar, naval o aéreo activo, y que lo ha abandonado en cualquier condición que no se deshonrosa”.

Alarmada, la Casa Blanca ha reaccionado tras varios días en los que apenas prestó atención al caso. Obama convocó el miércoles por la mañana a Shinseki a la Casa Blanca. Después habló a los periodistas. Y ha encargado a Rob Nabors, su vicejefe de gabinete, que investigue a la sección del Departamento de Asuntos de Veteranos responsable de la salud de los exmilitares. Nabors viajará a Phoenix para conocer los problemas del hospital de esta ciudad.

En los últimos años Obama ha sido inmune a las acusaciones de corrupción, ocultamiento o mala gestión. El Partido Republicano, por ejemplo, le ha acusado de imprevisión y manipulación en el asalto contra intereses de EE UU en Bengasi (Libia), en septiembre de 2012. Ha denunciado que la Administración usó la agencia tributaria para perseguir adversarios políticos conservadores. Ha intentado dinamitar la reforma sanitaria por los problemas técnicos en su puesta en marcha, el pasado otoño. Sin éxito. La izquierda —y los sectores de la derecha más desconfiados ante un Estado central fuerte— han situado el foco en el uso de aviones pilotados a distancia para matar a enemigos en Yemen y Pakistán y en las revelaciones sobre el espionaje electrónico de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional, siglas en inglés).

Ninguno de estos casos ha desembocado en un escándalo comparable al de otros antecesores. Obama no ha tenido una guerra de Iraq ni un caso Lewinsky ni un Irán-Contra. La ausencia de escándalos mayores se explica en parte, según Zelizer, por el carácter disciplinado del presidente. La persecución feroz de quienes filtran secretos de la Administración también puede tener algo que ver. Y ha aprendido de los errores del último presidente demócrata, Bill Clinton, cuyos escándalos marcaron el ritmo de su presidencia.

Con los veteranos Obama repite el libreto que aplicó con la reforma sanitaria o la agencia tributaria: evitar precipitarse bajo la presión de los medios y el Capitolio, investigar con tiempo y enfriar los ánimos y, si es preciso, despedir a los responsables políticos.

Los republicanos ven en la gestión de los hospitales de veteranos un ejemplo de la incompetencia de los demócratas y de los inconvenientes de un Estado expansivo. A izquierda y derecha, en EE UU, el sistema sanitario para los veteranos se ha descrito como lo más parecido en este país a un sistema público a la europea.

"Si el presidente de verdad no sabía nada de estos escándalos y errores", dijo Kevin McCarthy, número tres del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, "entonces deberíamos dudar de su capacidad para gestionar de manera adecuada el Leviatán que es este Estado que él ha ayudado a crear".

Hace justo un año la Casa Blanca admitió por primera vez la muerte a finales de 2011, amparada en dicho memorándum, de cuatro ciudadanos estadounidenses en batidas con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán en el marco de la lucha contra el terrorismo.

El Departamento de Justicia anunció el martes por la tarde que difundirá el documento en las próximas semanas. Lo hizo precisamente el día antes de que el Senado debatiera este miércoles la nominación de David J. Barron, uno de los autores del memorándum, para ocupar una plaza vacante en la Corte de Apelaciones del primer circuito en Boston, el nivel judicial inferior al Tribunal Supremo. Varios senadores habían amenazado con no apoyar la designación de Barron si la Administración no revelaba el marco legal en el que sustentan las controvertidas operaciones. Así, tras el anuncio de la publicación, se mostraron favorables a aprobar la nominación de este profesor de derecho en la Universidad de Harvard. Tras el debate de este miércoles la votación definitiva en la cámara tendrá lugar el jueves.

Como letrado del Departamento de Justicia, Barron elaboró dos documentos en los que determinaba que sería legal asesinar, mediante un ataque con drones, al clérigo estadounidense Anuar el Aulaki, que falleció en septiembre de 2011 en Yemen, porque, según adujeron los servicios de inteligencia, el líder de operaciones en el extranjero de Al Qaeda en la península Arábiga estaba preparando atentados contra Estados Unidos y su captura no era factible. El año pasado, en una carta enviada a los líderes demócratas y republicanos en el Congreso, el fiscal general, Eric Holder, calificó de “legítima y justa” la decisión de matar deliberadamente a ese ciudadano estadounidense.

En la misiva, que llegó a los pocos meses de que la Administración reconociera por primera vez públicamente su programa de drones, Holder también confirmó las muertes -en esos casos por error- de otros tres ciudadanos estadounidenses en esa y otras batidas mediante aviones controlados a distancia por la CIA o el Pentágono.

Las muertes de civiles, por los fallos de precisión en los ataques, son el principal argumento de los críticos al extendido uso de drones -que se ha multiplicado desde que Barack Obama llegó a la presidencia de EE UU en 2009- y han enfurecido a países como Afganistán. Según un informe de la ONU, publicado en marzo, en 2013 se registró un descenso significativo del número de ataques en Pakistán, pero un incremento en Afganistán y Yemen.

Al optar por revelar la justificación legal detrás de las incursiones contra estadounidenses, el Departamento de Justicia ha decidido no recurrir un fallo de la Corte de Apelaciones del segundo circuito que le instaba a divulgar el memorándum. Esa orden, de finales de abril, anuló un fallo previo de un tribunal federal que determinó que la CIA y los departamentos de Defensa y Justicia no tenían que difundirlo. El proceso judicial para tener acceso a esos datos fue impulsado, por separado, por la Asociación de Libertades Civiles Americana (ACLU) y periodistas del diario The New York Times.

Ahora la Administración busca acordar con la Corte de Apelaciones si puede modificar parte del redactado del memorándum para proteger determinadas cuestiones de seguridad nacional. Por ejemplo, se desconoce si el ataque que acabó con la vida de El Aulaki lo efectuó la CIA o el Pentágono, que también ha llevado a cabo batidas en Yemen pero con menor frecuencia que la agencia de espionaje. Se trata de una dicotomía importante, pues el amparo legal de estas operaciones es mucho más restrictivo si las efectúa el Departamento de Defensa.

De hecho, esta diferencia es uno de los principales motivos del estancamiento del plan de traspasar de la CIA al Pentágono el control de los ataques de drones que prometió el presidente Obama en mayo del año pasado y con el que pretendía que las operaciones ganaran transparencia ante los crecientes reproches de demócratas, el ala más libertaria de los republicanos y grupos de derechos civiles, al margen de parte de la opinión pública.

En este sentido, la decisión de la Administración de revelar el memorándum supone una victoria para el libertario Rand Paul y su peculiar cruzada contra los drones. Le permite distanciarse del núcleo más belicista del Partido Republicano en un momento en que se especula si optara a las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2016. En marzo del año pasado el senador por Kentucky impidió con un discurso de casi 13 horas que la cámara alta votara la confirmación de John Brennan como director de la CIA en señal de protesta por la potestad del Gobierno de atacar con aviones no tripulados a ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense.

Este año ha centrado sus esfuerzos en reclamar más transparencia a la Administración y en denunciar que las batidas contra estadounidenses pueden vulnerar la Constitución, lo que le ha acercado a los postulados de organizaciones de derechos civiles en sus antípodas ideológicas, como la ACLU, pero con las que comparte ciertos principios sobre la protección de las libertades individuales. “No es una cuestión de ver el memorándum. Es una cuestión sobre el derecho a un juicio y a la presunción de inocencia de ciudadanos estadounidenses no involucrados en combate”, subrayó Paul este miércoles en la sesión del pleno del Senado sobre la nominación de Barron.

“Esperamos que este documento señale un cambio más amplio en el enfoque de la administración al secretismo alrededor de sus programas de asesinatos selectivos”, afirmó, por su parte, el director legal adjunto de la ACLU, Jameel Jaffer, tras conocerse la decisión del Gobierno.

La detención se produjo el martes, después de que la víctima lograse contactar con su hermana vía Facebook y la revelase que durante diez años había permanecido secuestrada en una relación con su captor y había dado a luz a un niño hace dos años.

La policía de Santa Ana dice que la madre de la chica denunció su desaparición en agosto del 2004. La mujer declaró entonces que tras haberse producido un episodio de violencia doméstica con el que entonces era su novio, Isidro García, él y su hija habían desaparecido. Los detectives han manifestado que la madre sospechaba de que García estaba abusando sexualmente de su hija y de que estaba haciendo planes para fugarse con ella.

La víctima reveló el martes a las autoridades, tras la detención de su captor, cómo se produjo el secuestro en agosto del 2004, en la casa en la que vivía con su madre y hermana en Santa Ana. Según han señalado fuentes policiales, la chica declaró a los agentes que García asaltó a su madre y luego la drogó a ella y la condujo a una casa en Compton, una ciudad al sur de Los Ángeles. La chica pasó la noche encerrada en un garaje para impedir que huyese y su captor le facilitó documentos de identidad falsos. Previo a los hechos, García había comenzado a abusar sexualmente de ella.

Una vez en cautiverio, el raptor, según la chica, se las arregló para convencerla de que su familia había dejado de buscarla y que si trataba de escapar y volver con ellos serían deportados.

Según la policía, durante el transcurso de los años, para evitar ser detenido, García y su rehén cambiaron varias veces de domicilio. Y para ganarse la vida y al mismo tiempo controlarla, el captor se las arregló para conseguir un trabajo en el servicio de la limpieza por las noches.

El abuso físico y psicológico fue una práctica corriente durante los diez años de cautiverio, según los agentes. En el 2007 García obligó a su prisionera a casarse con él y en el 2012, según los investigadores del caso, tuvieron un hijo.

Los ochenta militares que participarán en la búsqueda de las secuestradas se añaden a la treintena de expertos que la Administración Obama envió hace unos días para respaldar al Gobierno nigeriano en el esfuerzo de rescate. La fuerza militar, explica Obama en la carta a Boehner, permanecerá en Chad hasta que deje de requerirse la ayuda norteamericana. En la carta, fundamentada en la Resolución de Poderes de Guerra de EE UU., el presidente no especifica quién ha pedido la intervención de EE UU.

La misión no contempla el despliegue de tropas de combate, según una fuente militar citada por la agencia Associated Press. Cuarenta militares se encargarán de lanzar y recuperar drones o aviones pilotados a distancia. El resto garantizará la seguridad de este equipo. Se trata de drones Predator que se sumará a los Global Hawks, ya en uso en la zona, añade la citada agencia. Los vuelos despegarán de Chad y desde allí sobrevolarán la región de Nigeria donde pueden esconderse los captores y las secuestradas.

El anuncio llega dos semanas después de que el secuestro de las alumnas de una escuela nigeriana saltase a la opinión pública mundial y movilizase desde las redes sociales hasta al presidente de EE UU y la primera dama, Michelle Obama. “Quizá este sea el acontecimiento que finalmente movilice a toda la comunidad internacional para hacer algo contra esta organización horrenda que ha perpetrado este crimen horrible”, dijo Obama el 6 de mayo, en una entrevista televisiva.

La decisión de Obama representa un incremento de la implicación de EE UU en la crisis. No será fácil que los drones sirvan para resolverla. El martes, en declaraciones a la prensa, un portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que encontrar a la secuestradas es más difícil que encontrar una aguja en un pajar. “Es una aguja en una selva. Estamos hablando de una zona que tiene aproximadamente el tamaño de Virginia Occidental y es una selva forestal, densa”, dijo Kirby.

El despliegue anunciado el miércoles no es inusual para la Administración Obama. La guerra sigilosa, con drones o fuerzas especiales, se ha convertido en años recientes en el método preferido de un presidente reacio a comprometer a sus ejércitos en conflictos lejanos. Y, por la presencia creciente de grupos islamistas radicales, África es uno de los escenarios de esta guerra.

En marzo, el presidente reforzó la participación de EE UU en la búsqueda del jefe rebelde Joseph Kony con el envío de aviones militares y 150 miembros de las fuerzas especiales a Uganda. En enero, unas decenas de fuerzas especiales aterrizaron en el oeste de Túnez para asesorar a las fuerzas armadas tunecinas en tácticas antiterroristas. Son dos ejemplos. En el norte de África y el África subsahariana, unos 5.000 militares estadounidenses realizan regularmente misiones militares o de instrucción, según datos citados por Los Angeles Times.

La sentencia del Tribunal Supremo que el pasado mes de junio anuló la ley de Defensa del Matrimonio, aprobada en 1996 y que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, ha abierto paso a la anulación de varias leyes similares a nivel estatal. El avance de estas decisiones judiciales coincide con el cambio de la opinión pública estadounidense, cada vez más favorable a que se reconozcan los derechos de los homosexuales.

“Somos un pueblo mejor que el que representan estas leyes y es el momento de descartarlas como un montón de ceniza en nuestra historia”, escribió el juez John Jones III, perteneciente a la Corte Federal del Distrito, en su sentencia este martes. “Las parejas homosexuales que quieran casarse en Pensilvania pueden hacerlo y aquellas que ya hayan contraído matrimonio, podrán verlo reconocido legalmente”.

La anulación de la ley que prohibía estas uniones en Pensilvania es la última de la costa Este, pero en las últimas semanas diferentes jueces estatales también han derogado límites al matrimonio gay en Texas, Arkansas, Idaho, Virginia, Oregon y Oklahoma. Todas esas decisiones podrán ahora ser rebatidas en las correspondientes cortes de apelaciones, excepto en el caso de Oregon, donde entrará en vigor inmediatamente. Las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio, por tanto en 19 Estados y en el Distrito de Columbia.

“El hecho de que el matrimonio homosexual incomode a algunos no hace que su prohibición sea constitucional”, afirmó el juez Jones. El magistrado alegó que ninguna tradición puede violar las garantías constitucionales al derecho de igualdad ante la justicia. “De ser así, seguiríamos siendo una nación dividida racialmente”, aseguró, comparando el fin de la prohibición del matrimonio homosexual a nivel federal con la sentencia que terminó con la segregación en las escuelas.

Como en 1954, cuando el Supremo dictaminó aquella sentencia que acabaría con la discriminación racial en el sistema educativo, la opinión de los jueces dio paso a nuevas demandas que, desde instancias estatales, ayudaran a implementar ese dictamen. Sesenta años después, la máxima instancia judicial del país ha impulsado el fin de otras leyes discriminatorias, las que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La sentencia de Pensilvania es la decimocuarta victoria judicial consecutiva para los defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo. El caso llegó a los tribunales por una denuncia presentada por la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de varias parejas gais y, aunque el gobernador, el republicano Tom Corbett, mantuvo la defensa de la prohibición, la fiscal general Kathleen Kane se negó a respaldarla durante la audiencia del caso ante el juez.

Kane emuló así a la Administración Obama, que en vez de defender la DOMA durante su avance hasta el Supremo argumentó a favor de los derechos de los homosexuales. “Hoy ha prevalecido la Constitución en Pensilvania”, escribió la fiscal en su cuenta de Twitter. “Cualquier tipo de discriminación es inaceptable y nunca ha superado el paso del tiempo”.

El cambio en la opinión pública desde la aprobación del matrimonio homosexual por primera vez en Massachusetts, hace ahora una década, ha seguido el impulso de la población de la costa Este -ayudada también por California en el otro extremo del país-, mucho más progresista y cosmopolita, mientras que el centro y sur del país se quedan rezagados. Allí, en los últimos meses, sin embargo, también empieza a sentirse el cambio, con la incorporación de Texas, Arkansas y Oklahoma, donde diferentes jueces estatales han bloqueado las leyes que prohíben allí el matrimonio homosexual.

La idea de que California es el lugar donde el futuro de EE UU se inventa vuelve a cobrar pujanza a través de su máximo representante político, Brown, quien se ha lanzado a abanderar la lucha contra los efectos del cambio climático y a situar a California a la vanguardia de esa batalla.

Lo remarcaba de nuevo esta semana en la conferencia de científicos que se celebra en Sacramento sobre el impacto de la sequía en la agricultura. Brown ha dejado claro de que no tiene ninguna duda de que los efectos del calentamiento global del planeta están provocados por el hombre y están devastando el Estado. La pertinaz sequía, que ya va por el tercer año, y la temporada de fuegos que cada vez comienza más temprano son solo algunas muestras.

“Tenemos que el equilibrio con la naturaleza y no colisionar con ella”, ha dicho Brown, quien hizo hincapié en que “los estados y las naciones emprendan un camino sostenible para recuperar el equilibrio del planeta”.

“No nos queda otra opción más que hacerlo ya que el clima está cambiando. Ahora mismo no hay duda alguna, tal y como muestran las evidencias, del cambio climático. Y van a ir a más”, ha añadido.

También ha criticado a quienes niegan esas evidencias: “Quizás es muy fácil para los políticos en los confines del US Capitol ignorar los avisos sobre el calentamiento global, pero cuando te toca ser un Gobernador de un Estado afectado por sequías, incendios y un enorme coste económico, no tienes tiempo de jugar y fantasear”. El Estado prevé gastar 242 millones de dólares en combatir la que puede ser la peor temporada de incendios en la historia de California y que no ha hecho más que empezar.

Con estas premisas por delante, Brown está impulsando medidas legislativas y cambios en las infraestructuras que permitan al Estado combatir los efectos del calentamiento global, sin esperar a que Washington coordine esfuerzos en el país.

Algunas de esas medidas ya se han implantado, como el programa para la reducción de los gases de efecto invernadero, que impone sanciones a las industrias que rebasen los límites de emisiones contaminantes. Entró en vigor en 2013 y es el más ambicioso aplicado hasta ahora en el país. Estados como Washington y New York están siguiendo el ejemplo, convencidos de que los asuntos relativos al cambio climático pueden poner en riesgo sus economías.

En un intento de que otros estados y naciones sigan ese camino, Brown va a aprovechar el viaje oficial que este verano tiene planeado hacer a México para abordar el tema.

También el Gobernador ha apostado fuerte por implantar el uso de coches eléctricos en las carreteras de California. Su objetivo es que para 2025 haya 1,5 millones de coches circulando, una fracción de los 32 millones de coches matriculados en el Estado, pero un logro a la hora de lanzar menos emisiones a la atmósfera.

“Tenemos que lograr que otros estados y otras naciones sigan por el mismo camino”, ha dicho Brown, aunque reconoce que “no va a ser fácil, ya que requiere que diferentes jurisdicciones y diferentes valores políticos se unan en torno a un objetivo común: un futuro sostenible para todos”.

El secretismo con el que el Estado de Misuri iba a llevar a cabo la ejecución, sin informar de qué ingredientes se compone la inyección de pentobarbital que se le iba a administrar de forma intravenosa ni de dónde procedía, y la rara enfermedad que el preso sufre desde niño en los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello, que podría hacer que el medicamento que debe de acabar con su vida circule incorrectamente por su cuerpo, fueron ambos argumentos rechazados con anterioridad por una juez federal de Kansas City.

Hasta que el Octavo Circuito de Apelaciones se pronunció in extremis, concediendo que la condición médica de Bucklew podría hacerle sufrir un dolor que violara sus derechos constitucionales, EEUU se disponía a esperar y ver si la primera ejecución en EE UU desde que el pasado 29 de abril Clayton Lockett tardara casi 45 minutos en morir en Oklahoma se convertía en otra terrible puesta en escena de la barbarie que es la pena de muerte.

Beth Phillips, la misma juez federal que no había visto inconveniente en el oscurantismo que rodea a la inyección letal ni a la condición médica del reo, tampoco había considerado necesario acceder a la petición de grabar lo que esta madrugada debía suceder entre los muros de la cámara de la muerte del correccional de Bonne Terre en Misuri.

"Si los funcionarios de Misuri tienen la suficiente confianza como para ejecutar a Russell Bucklew, deberían tenerla también para grabar la ejecución en vídeo", indicó uno de los letrados del reo, la abogada Cheryl Pilate, en un comunicado. "Es momento de correr la cortina que cubre las inyecciones letales", añadió Pilate antes de que se conociera la primera decisión judicial.

En la demanda, de 15 páginas, los abogados del condenado pedían que se filmase la ejecución con el objetivo de "preservar una prueba crucial" de que el procedimiento viola la Octava Enmienda de la Constitución de EEUU, que prohíbe castigos crueles.

Según el doctor Joel Zivot, testigo de la defensa en el caso contra Bucklew por asesinato y violación, el condenado tiene "un tumor en continuo crecimiento en su cara que le ocupa la nariz, la garganta y parte de su laringe, lo que le causa dolor continuo y dificultad para respirar". Su enfermedad congénita, un hemangioma cavernoso, podía suponer un verdadero problema a la hora de su ejecución.

Después de que recientemente el doctor revisase al preso llegó a la conclusión de que los funcionarios que debían de acabar con la vida de Bucklew no estaban preparados para el caso médico que enfrentaban, lo que conduciría en su opinión, a otra caótica ejecución similar a la de Oklahoma.

El fiscal del Estado respondió hace una semana con una carta de 12 páginas a los problemas de salud que sufre Bucklew y que, en opinión de los abogados del preso, hacen imposible que la ejecución no sea "cruel". Una página y media del documento estaba dedicada a exponer con detalle el asesinato por el que Bucklew fue condenado, cuando su crimen nada tiene ahora que ver con su actual condición médica.

En opinión del médico del preso, ahora refrendada por una corte superior, sin duda su paciente "sufrirá una terrible asfixia mientras muere", apuntaba Zivot, que argumentaba -imitando a los más fervientes defensores de la pena de muerte- que "al fin y al cabo eso es lo que se pretende cuando se permite que el Estado asesine, arrancarle la vida al condenado".

Hasta el momento, y desde que EEUU comenzó a sufrir desabastecimento de uno de los tres medicamentos que componen el cóctel mortal de tres fármacos que conforman la inyección letal, Misuri ha ejecutado a seis personas con pentobarbital sin que en principio ninguna de ellas experimentara signos visibles de sufrimiento.

Dieciseis meses después de que una docena de rectores de institutos de salud pública de EE UU escribieran al presidente Barack Obama en enero de 2013 protestando por el caso Afridi, la Casa Blanca, aunque no reconoce haber cometido ningún error sobre su decisión de usar un programa de vacunación de hepatitis en Abbottabad (Pakistán), donde se escondía Osama Bin Laden, para lograr muestras de ADN que permitieran saber que allí estaba el líder de Al Qaeda, sí da marcha atrás.

“Este caso es único y requería un análisis a fondo y una profunda revisión por nuestra parte antes de hacer cualquier tipo de anuncio público”, declaró un alto cargo de la Administración Obama en respuesta a por qué se ha tardado casi año y medio en responder a la queja de los rectores.

Pero sin reconocer el error, la Casa Blanca corrige su método y garantiza que no utilizará el material genético obtenido a través de esas falsas campañas de vacunación, además de que no volverá a usarlas en sus operaciones de espionaje. Un portavoz de la CIA aseguraba que el director de la Agencia, John Brennan, “se ha tomado muy en serio las preocupaciones expresadas por la comunidad de salud pública”.

Anterior a la muerte de Osama Bin Laden a manos de un grupo de Navy Seals en mayo de 2011 en su guarida de Abbottabad, la agencia de inteligencia utilizó al médico paquistaní Shakil Afridi en una operación de vacunación encubierta en las cercanías del recinto en el que se refugiaba el líder de Al Qaeda, para en realidad tomar muestras de ADN que permitieran establecer que había familiares de Bin Laden en la zona y ratificar sus sospechas de que el cerebro de los ataques del 11-S vivía en aquel pueblo de Pakistán.

Sin entrar en detalles –la CIA no los aporta-, la operación con Afridi fracasó y el médico fue condenado a más de 30 años de cárcel en Pakistán por traición. Su sentencia fue revocada y ahora Afridi espera entre rejas un nuevo juicio.

Pero más allá de la vida truncada del doctor-espía, la falsa campaña de vacunación llevó a que se extendiera la desconfianza hacia cualquier grupo de médicos o enfermeros que pretendían programas de inmunización, tales como la polio, enfermedad sobre la que la OMS declaró a principios de este mes alerta mundial ante el aumento de casos de un mal que se creía erradicado.

El fraude que representaba el doctor Afridi fue revelado en 2011, tras la muerte de Bin Laden, por un periódico británico y confirmado por el entonces director de la CIA Leon Panetta. La exposición a la luz pública de la estratagema llevó a que varios grupos de aldeanos de las zonas tribales en la frontera afgana y grupos de talibanes dieran por abierta la veda contra los trabajadores sociales que llevaban a cabo auténticas campañas de vacunación, acusándolos de espías. En su momento, la OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoció que la treta de la Agencia de Inteligencia norteamericana había sido sin duda un duro revés para los esfuerzos de sus campañas.

Sus habitantes han expresado su malestar por la decisión, pero no es mucho lo que pueden hacer. El pasado viernes, la ciudad declaró la etapa 5 de restricciones para el agua, lo que implica que sus lagos están a un 25% de su capacidad. Sin embargo, la decisión ya tiene precedentes: San Antonio, por ejemplo, procesa el agua de inodoros y la utiliza para regar campos de golf, parques y universidades. Dallas hace lo mismo con el campo de golf Cedar Crest.

El agua residual será tratada y luego llegará al río Big Wichita para pasar por un proceso natural de limpieza, que demora varias semanas, y después desembocar en el lago Texoma. Si el plan de las autoridades locales sigue adelante, el agua tratada proveniente de inodoros, duchas y lavatorios se mezclará en una cantidad de 50/50 con el agua proveniente de los lagos Arrowhead y Kickapoo. Lo harán concretamente a través de un gasoducto de 21 kilómetros que conectará dos plantas de procesamiento de agua.

Wichita Falls será la primera ciudad en Estados Unidos en realizar una apuesta tan arriesgada. Su alcalde Glenn Barham ha asegurado que es la mejor alternativa ante la sequía e insistió en que “tomará el primer vaso”. Pero, antes de hacerlo, la Comisión de Calidad Medioambiental de Texas debe aprobar la calidad del agua y certificar que es segura para la población. Para eso, las autoridades locales deberán realizar diversas pruebas, que ya han comenzado. Este mes la comisión anunció que se requerirán más exámenes para seguir adelante con la medida.

Históricamente Texas ha desarrollado proyectos de agua convencionales como reservas, pozos de agua subterránea y medidas de conservación. Pero ahora las autoridades locales se están enfocando en reutilizar el agua y desalinizar para enfrentar la sequía continuada que el Estado sufre desde hace cuatro años: el 83% de su territorio está experimentando algún nivel de sequía y un 67% de nivel severo o excepcional.

A partir de ahora, los negocios de lavado de autos sólo podrán operar cinco días a la semana. Si los lagos alcanzan el 20%, tendrán que cerrar temporalmente. Para los hogares que sobrepasen los 38,000 litros de agua, el precio subirá de acuerdo al uso, entre otras medidas.

Actualmente los manuales para conservar el agua son lectura obligada para los residentes: “riegue sólo cuando sea necesario, cuando lave el auto use un balde, no tome duchas largas”, insisten.

“Nuestro desafío es enfrentar el hecho de que los texanos, en general, no utilizan bien el agua y necesitamos ser más eficientes en el uso de las reservas actuales, mientras reducimos los usos no esenciales”, aseguró Ken Kramer, consejero para Sierra Club en Texas y miembro del directorio en Texas Water Foundation.

Según datos del Consejo de Desarrollo de Agua de Texas (TWDB), el 80% de las reservas del Estado ya están siendo utilizadas y los pronósticos no dibujan un panorama alentador. “Ya vemos que algunas comunidades pequeñas están al borde de quedarse sin agua. Si Texas recibiera de pronto su nivel de lluvia normal, yo no hablaría de una crisis. Pero sí diría que el Estado enfrentará desafíos futuros serios si las comunidades no cambian la manera en que piensan sobre el agua”, explicó Amy Hardberger, abogada y geocientífica de la Universidad St. Mary.

De acuerdo al último reporte de National Climate Assessment for Texas “las temperaturas en aumento están produciendo un alza en la demanda de agua y energía. En partes de la región esto limitará el desarrollo, estresará los recursos naturales e incrementará la competencia por agua entre comunidades, el sector agrícola, la producción energética y las necesidades ecológicas”.

“La mayoría de las predicciones apuntan a un Texas más seco y caluroso como resultado del cambio climático. Pero la sequía ha llevado a que muchos reexaminen el uso del agua. Eso, sumado a esfuerzos de conservación y programas de respuesta, ha reducido el uso per cápita de agua en muchas partes del Estado incluyendo Austin, Dallas y San Antonio. Creo que esa tendencia continuará”, explicó Kramer.

El último plan estatal sobre agua estimó que Texas experimentará un déficit de 1,022 billones de litros para 2060, pero especialistas del Centro de Estudios Políticos de Texas aseguran que la cifra sólo llegará a 41,000 millones de litros.

La efectividad de las estrategias para el tratamiento del agua y la disminución en su consumo son materia de debate a nivel estatal, pero donde sí existe consenso es que el costo de agua se elevará considerablemente en el Estado. “No es algo que se pueda evadir, el agua barata se ha ido. Nueva agua implica nueva tecnología y alguien tendrá que pagar por eso”, comentó Hardberger.

Kerry dijo que Estados Unidos tenía grandes expectativas en el diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela que comenzó hace un mes con la mediación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y el Vaticano. Los acuerdos de base incluían medidas humanitarias hacia Iván Simonovis, el preso político más emblemático de la era chavista y la formación de una comisión de la verdad amplia y plural. "Desafortunadamente el Gobierno venezolano ha fracasado totalmente en demostrar acciones de buena fe para implementar aquellas cosas que se acordaron", dijo Kerry, expresando su descontento por el estancamiento que vive el proceso.

Las conversaciones entre las partes habían iniciado en abril en respuesta a las protestas estudiantiles en Caracas y otras ciudades -que se saldaron con 41 víctimas mortales- y la magnitud de la crisis política y económica que vivía el país sudamericano. Sin embargo, la oposición declaró congelada la negociación por la represión que a su entender seguían sufriendo los manifestantes y por la poca disposición del Gobierno a llegar a un acuerdo real y fructífero.

Kerry con sus declaraciones está pidiendo un mayor compromiso a Maduro. El Gobierno del presidente Barack Obama está tratando de pacificar Venezuela desde el diálogo y no desde las reprimendas. El Departamento de Estado opinó en la primera semana de mayo que imponer sanciones a Caracas, como incorporan varias propuestas de ley en el Congreso estadounidense, sería contraproducente. Las sanciones que se debatieron en el Senado y en la Cámara de Representantes incluían la prohibición de visados y la congelación de cuentas de banco y activos financieros de los cargos oficiales venezolanos que han participado en la represión a los manifestantes. Las medidas, consideran en la Casa Blanca, podrían tensar la relación con los chavistas y torpedear un acuerdo futuro.

No obstante, Kerry dejó claro en su comparecencia que "todas las opciones" siguen sobre la mesa en caso de que no se cierre el conflicto. Desde que comenzaran las manifestaciones contra el Gobierno de Maduro en febrero, a las 41 personas muertas hay que sumar más de 800 detenidas. Las autoridades venezolanas han cifrado en unos 3.000 los detenidos durante las mismas. El opositor Leopoldo López, detenido desde febrero, se ha convertido en un rostro muy conocido a nivel internacional.

El secretario de Estado habló de Venezuela en una rueda de prensa que ofreció junto al canciller mexicano, José Antonio Meade. La visita de Kerry a su vecino del sur se inició con la apertura de un foro bilateral sobre educación superior, investigación e innovación. El objetivo es mejorar la competitividad en la región de Norteamerica, un tema que ya había tratado Obama cuando visitó el país en mayo de 2013. Aquel día el presidente de Estados Unidos alentó a los jóvenes mexicanos a superar mitos y estereotipos y a trabajar junto a su país en el diseño de un nuevo México llamado a ocupar un papel preponderante en el mundo. Desde entonces, expertos de uno y otro país han trabajado en concretar programas de intercambio de estudiantes, profesores, universidades y centros de investigación.

Las relaciones entre México y Estados Unidos viven un buen momento, sobre todo uno de los temas más importantes, el de seguridad. La detención de Joaquín El Chapo Guzmán, que contó con la colaboración de agentes de Estados Unidos, puso de relieve los intereses mutuos en cercar el poder de los carteles de la droga. La subsecretaria de Estado para las Américas, Roberta Jacobson, había manifestado el martes el apoyo total del Gobierno a los planes de Peña Nieto en Tamaulipas, donde se desplegará un gran contingente para frenar la violencia en esa región fronteriza con Estados Unidos. Peña Nieto y Kerry mantuvieron un encuentro por la tarde.

La demanda por las acciones de JD.com fue muy alta. Con ese interés por hacerse con sus títulos pudo permitirse fijar el precio de la oferta en los 19 dólares la acción, por encima de la última banda de referencia que fijó unos días entre los 16 y 18 dólares la unidad. Así sus propietarios van a recaudar cerca de 1.800 millones. Para localizarla hay que buscar el símbolo JD.

En concreto saca a la venta 93,7 millones de títulos. Además, está previsto que saque al mercado más acciones si los bancos que dirigen la operación ejercer sus derechos de venta. El momento del estreno, en cualquier caso, no es fácil. Los valores tecnológicos sufrieron recientemente un notable revés, que despertó los temores por el estallido de pequeñas burbujas.

JD.com es el mayor vendedor directo online en China por volumen y la segunda compañía en todo el negocio del comercio electrónico. Atendiendo al precio de la oferta, el valor de la puntocom es de unos 25.000 millones. La transacción es aún mayor si se tiene en cuenta que vende acciones a Huang River Investment por valor de 1.300 millones, filial de su socia Tencent Holdings.

El estreno tiene lugar dos semanas después de que Alibaba llamara a la puerta del regulador bursátil en EE UU para hacer lo mismo en unos meses, previsiblemente en agosto. No se conoce el volumen de la oferta, ni el precio, ni el mercado de referencia o el símbolo. Tan solo adelantó que espera recaudar 1.000 millones, cantidad que puede superar los 15.000 millones según la demanda.

El interés del Wall Street por estas compañías es alto, por el ritmo con el que crece la clase media en China, la segunda mayor economía del planeta, y va ganando acceso a Internet. Se calcula que el negocio del comercio electrónico puede generar este año ventas por un valor superior a los 180.000 millones, según eMarketer. JD.com controla el 17,5% de las transacciones.

Estados Unidos (EE.UU.) ha sido uno de los socios claves de la cooperación para Ecuador, sobre todo en temas medioambientales, según las cifras de la Seteci. Rosero, sin embargo, matiza esto y asegura en una entrevista con EL PAÍS que la ausencia de la Usaid no va a ser tan notoria. “Cuando hablamos de EE.UU., no solo es el accionar de la agencia oficial para la cooperación. El 51% de los recursos eran gestionados por la Usaid, pero el 46% restante corresponde a otras ONG”, dice y añade que han firmado un convenio básico de funcionamiento con 38 ONG estadounidenses. “Estas ONG no tenían un convenio porque se amparaban en el convenio macro con EE.UU., pero ahora hemos firmado convenios caso por caso”.

La cooperación estadounidense ha estado en entredicho desde junio de 2012, cuando Rafael Correa haciéndose eco de un reportaje del diario público El Telégrafo dijo que la Usaid financiaba a ONG que hacían política y oposición. “Hay interferencia directa de grupos externos en países del ALBA (...) bajo el pretexto de fortalecer la democracia y de ser interlocutores entre el poder político y los ciudadanos, desestabilizan gobiernos”, resaltó en una de sus alocuciones televisivas y mencionó que los gobiernos progresistas estaban analizando la permanencia de la agencia estadounidense en la región. “Ya estamos analizando seriamente, entre los países de la ALBA, expulsar a la Usaid de nuestros países, porque no permitiremos esta descarada intervención”.

El Gobierno de Correa congeló la cooperación estadounidense en 2013. La titular de la Seteci en noviembre de ese año pidió a la agencia norteamericana que no ampliara los programas que tenía en marcha y que tampoco iniciara nuevos proyectos en Ecuador hasta firmar el nuevo convenio marco. Esto fue el detonante para que la Usaid pusiera fin a 51 años de cooperación, tiempo en el que transfirió 809 millones de dólares a Ecuador, según la embajada de EE.UU.

Hasta ahora es citada la frase que pronunció el presidente Correa al conocer que la Usaid abandonaría el país. “Que les vaya bonito”, dijo en una de sus intervenciones televisivas y añadió que Ecuador es un país de renta media, que ya no necesita ayudas para el desarrollo. “Ya no necesitamos caridad, las limosnas que daba la Usaid, muchas veces clientelarmente, lo puede hacer el Estado, lo que necesitamos es transferencia de tecnología, inversiones, apertura de mercado”.

La Usaid actualmente tiene tres programas en ejecución en Ecuador, que deberán cerrar antes de septiembre. Se tratan de iniciativas relacionadas con la protección de las fuentes de agua, la promoción del ahorro rural y el crédito asociativo, y el fortalecimiento de la democracia y empoderamiento de organizaciones de la sociedad civil. Todo por una inversión de casi 10 millones, según la información disponible en la embajada de Estados Unidos.

La semana pasada se clausuró uno de los proyectos emblemáticos de la cooperación estadounidense, el programa Costas y Bosques, cuyo objetivo fue fomentar la conservación de los remanentes de biodiversidad de la costa ecuatoriana. El monto de inversión entre 2009 y 2014 fue de 15,7 millones de dólares. Este programa, que entre sus resultados presume que ha dejado 427.227 hectáreas de ecosistemas terrestres y 317.105 hectáreas de áreas marinas bajo manejo mejorado, es un ejemplo del accionar de la Usaid que tanto critica Ecuador.

Iván Martínez, director de seguimiento y evaluación de programas de la Seteci, compartió las observaciones que se hicieron tras examinar este programa. “El principal cuestionamiento era que el ejecutor era una empresa privada, con fines lucrativos, que además tiene su sede en Lima (Chemonics International). Otro tema era que existían muchísimos actores involucrados y entre ellos se multiplicaban cosas y se superponían. Había además un desperdicio de recursos y algunas fundaciones empezaron a ocupar espacios públicos, a pesar del convenio que había con el Ministerio del Ambiente”.

Las lecciones aprendidas de la cooperación de la Usaid

La titular de la Seteci, Gabriela Rosero, dice que parte de las lecciones aprendidas tras la salida de la Usaid es garantizar en los convenios de cooperación la inclusión del Estado en todos los programas. “Ecuador debe tener derecho a todas las publicaciones, al conocimiento generado y el tema de propiedad intelectual, eso no estaba contemplado con EE.UU”, reflexiona la titular de la Seteci y añade que en el programa Costas y Bosques “hubo mucha investigación científica que se quedó en las ONG de EE.UU. El argumento de Usaid fue que funcionarios del MAE estaban involucrados, pero no eran autónomos porque hasta recibían un sueldo del programa”.

Rosero habla también de la escasa fiabilidad que tienen las cifras de cooperación que presenta la Usaid. “El 70% de la ayuda era intermediada por organizaciones de la sociedad civil, ONG o empresas, este era uno de los temas que queríamos modificar, cómo se canalizaban los fondos. Mucho de esta cooperación ha ido a pagar sueldos internacionales, nacionales, estructuras para la ejecución, y no ha llegado al territorio”.

El Gobierno ecuatoriano también quería transparentar las ayudas que llegaban desde Estados Unidos. “Con EE.UU siempre fue un tema de buena fe, ellos nos reportan lo que habían ingresado. En el nuevo convenio, nosotros queríamos que todo se haga a través de las cuentas nacionales, como hacemos con la cooperación española”, dice la secretaria ecuatoriana para la cooperación internacional.

Para el 2015, la ayuda de la Usaid iba a ser de 18 millones, pero según la titular de la Seteci estos fondos están cubiertos por las otras ONG y también por el Banco del Estado que apoyará a los gobiernos municipales que antes recibían ayudas a través de la Usaid para solventar sus necesidades básicas como agua potable, saneamiento o infraestructura vial. “No es la cantidad, sino la calidad, la coherencia y la pertinencia. El presidente Correa estuvo en EE.UU. hace poco y el refuerzo va por el lado de los convenios que se puedan firmar con algunas universidades, algunos programas conjuntos, el tema de becas, si existe una posibilidad de cofinancimiento para hacer investigación conjunta, bienvenida sea. Eso será en una nueva fase, reconociendo ambos gobiernos, ambos países, que estamos en un nuevo momento”.

El socio más importante de Ecuador en materia de cooperación es la Unión Europea, que entre 2007 y 2012 entregó 1.380 millones al país andino. En este monto se suman los aportes de Bélgica, España, Alemania, Italia. Esto corresponde al 54,3% de toda la cooperación financiera no reembolsable que recibe el Ecuador, según la Seteci. Además Ecuador está iniciando su camino como un actor de la cooperación sur-sur- Como oferente sus principales socios son El Salvador, Panamá y Venezuela y como receptor, Ecuador se beneficia de las ayudas de México, Chile y Argentina.

Nacido en 1928 en Fort Worth (Texas), se graduó en Ciencias en la Eastern New Mexico en 1951 pero en la década de los sesenta se reorientó hacia la Arqueología. Algunos años más tarde se doctoró en Antropología.

Unos años antes trabajó en las Fuerzas Aéreas y en la Administración Federal de Aviación, donde su contribución ya fue vital. Allí examinó cómo hacer más seguros los aviones comerciales en caso de accidente. Snow descubrió que en los siniestros la mayoría de los pasajeros fallecían por inhalación de humo y no por lesiones de impacto, y que las personas sentadas cerca de las salidas registraban las tasas de mortalidad más bajas. A raíz de estos hallazgos, las aerolíneas rediseñaron la distribución interior de los aviones.

Durante cinco décadas, Snow trabajó sobre algunos casos de alto voltaje político: desde los del presidente estadounidense John F. Kennedy hasta los de víctimas de masacres en Latinoamérica o Croacia, pasando por la identificación de notorios fugitivos nazis.

Tras el asesinato de Kennedy Snow confirmó, a instancias del Congreso, que las radiografías que se tomaron durante la autopsia eran verdaderamente las del fallecido presidente. En 1985 fue llamado a Brasil para examinar unos restos encontrados cerca de un cementerio en São Paulo: Snow verificó que pertenecían a uno de los más infames criminales nazis, Josef Mengele, autor de espeluznantes experimentos con seres humanos en Auschwitz. Muchos años después, en 1992, pruebas de ADN corroborarían esa identificación. También colaboró con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en el esclarecimiento de la masacre del hospital de la ciudad de Vukovar.

También investigó la muerte del faraón egipcio Tutankamón hace 3.300 años, y en 2006 testificó contra Sadam Husein en el juicio por genocidio en el que el exdictador iraquí fue condenado a muerte por crímenes contra la humanidad. Igualmente, participó en la identificación de muchas de las 168 víctimas mortales del atentado en Oklahoma City en 1995.

Mención aparte merece la labor de Snow en Latinoamérica, donde investigó sin desmayo múltiples crímenes contra la humanidad. En 1984, un año después del fin de la dictadura militar, llegó a Argentina a petición de las Abuelas de la Plaza de Mayo, pero se quedó cinco años más y formó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), relata Mercedes Doretti, investigadora senior de esa institución. “La generosidad, como científico y como persona, eran notorias. Su dedicación y su pasión, científica como humanitaria, hicieron que pudiera aguantar las condiciones de trabajo en nuestros países, pues no recibía ninguna remuneración económica —a lo mejor, becas de fundaciones—, sus ingresos eran muchísimo menores o inexistentes en comparación a cuando trabajaba en Estados Unidos”, añade Doretti.

Con un castellano casi inexistente —según relata el antropólogo forense peruano José Pablo Baráybar—, recorrió Chile, Guatemala y El Salvador para participar en exhumaciones de los restos de masacres, y a la vez, formar a forenses locales que luego continuaron el trabajo: en Chile creó el Grupo de Antropología Forense en 1989, hoy desaparecido; en Centroamérica, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), aún activa.

La aportación de Snow fue asimismo crucial en las investigaciones de la matanza de El Mozote, en El Salvador. En palabras de Doretti: “Fue la matanza más grande de la guerra civil de 1980 a 1992: murieron más de 1.000 personas en un operativo del Ejército salvadoreño. Parte del equipo argentino fuimos con el doctor Snow a trabajar en ese caso para la Comisión de la Verdad de la ONU que se creó con los acuerdos de paz: hicimos el trabajo de campo y él el de laboratorio”.

La finalidad de su labor, explicaba Snow con humildad, simplemente era tratar de dar voz a quienes ya carecían de ella.

Según los abogados del clérigo, su cliente nunca participó en ninguna conspiración y ha sido víctima del lenguaje incendiario que caracterizaban sus discursos en la mezquita londinense y de ser una figura clave del conocido como Londonistán, nombre dado a las redes islamistas que surgieron en la capital británica a finales de los noventa. Abu Hamza fue acusado de terrorismo en el año 2004 en Estados Unidos por su nombre real, Mustafa Kamel Mustafa, y en 2012 extraditado desde el reino Unido. Abu Hamza, que se refirió al fallecido líder de Al Qaeda Osama Bin Laden como un "héroe", intentó evitar sin éxito su extradición desde Reino Unido.

De 56 años, el imán es de origen egipcio -casado tres veces y padre de nueve hijos- llegó a Inglaterra en 1979 a los 21 años de edad porque “quería tener una vida occidental, al estilo estadounindesde”. En el alegato final de la acusación, el fiscal dijo que Abu Hamza no desaprovechó ninguna oportunidad de apoyar la yihad en cualquier punto del globo, desde Afganistán a Yemen o EEUU.

El acusado podría ser condenado a cadena perpetua. La condena contra el imán es la segunda contra terrorismo que logra en los últimos tres meses el fiscal de Manhattan Preet Bharara, que logró que un jurado declarara culpable de terrorismo a Suleiman Abu Ghaith, yerno de Osama Bin Laden.

La compañía cuenta en la actualidad con 15.000 empleados en más de una veintena de países. Estados Unidos es el principal mercado. De los 2.200 millones de euros que facturó a escala global el pasado ejercicio, el 30% fueron ingresos generados en el país norteamericano. La compañía tiene claro es que una región clave para su crecimiento futuro.

El Grupo Antolín desembarcó en EE UU hace justo dos décadas. La nueva planta de producción generará 150 empleos para final de año, lo que elevará la plantilla total a 2.600 asalariados. Ahí se fabricarán en concreto techos para los vehículos de Ford Motor y está previsto también que los haga para General Motors. La compañía invirtió unos 12 millones de euros.

Kansas City está justo en el centro de EE UU. Se considera un punto estratégico en el país y es una zona de gran atractivo para las compañías automovilísticas, que buscan implantarse en estados más al sur buscando mejores incentivos de tipo fiscal. La presión de los sindicatos es también menor que en Detroit. Tanto GM como Ford Motor realizaron importantes inversiones en Kansas City.

La nueva planta ocupa unos 14.000 metros cuadrados y producirá unos 4.000 techos diarios. El salario medio que se paga a los empleados en la industria auxiliar es de 31.000 dólares anuales, uno 22.600 euros. Antolín quiere reforzarse además en el segmento de asientos e iluminación. En el acto de corte de cinta participó el vicepresidente del grupo, Ernesto Antolín, junto al gobernado de Missouri, Jay Nixon, el alcalde de Kansas, Sly James, y el embajador en EE UU, Ramón Gil-Casares.

La primera ceremonia universitaria de José Andrés no sería su propia graduación, pero sí su consolidación como una de las voces más relevantes del Washington actual. Desde sus restaurantes hasta la cocina de la Casa Blanca, el cocinero español se ha labrado un lugar en la codiciada lista de personalidades que pronuncian el discurso de graduación en uno de los centros educativos más prestigiosos de Estados Unidos.

Los invitados que preceden al empresario español son ejemplo de ello. El año pasado fue el turno de la actriz Kerry Washington, que sucedió al periodista televisivo Brian Williams. En 2011, esas palabras fueron pronunciadas por Michael Bloomberg, entonces alcalde de Nueva York —ocupó el cargo hasta el pasado mes de enero— y el año anterior, la primera dama estadounidense, Michelle Obama, fue la encargada de inspirar a los estudiantes antes de abrirse paso en su futuro profesional.

Ataviado con la toga azul y negra de la universidad, desde el escenario frente al Capitolio, José Andrés confesó que al contarle a una de sus hijas que había sido invitado a tan magno evento, esta le preguntó “si iba a cocinar o a hablar” para 25.000 personas. El chef se disculpó por haber recibido tal honor sin tener un Oscar de la Academia de Cine ni haber recibido un Premio Nobel —“todavía”— ni ser tan “interesante” como la mujer de Barack Obama. Aunque sí presumió de haber sido el primero en la lista de candidatos del rector de la universidad para pronunciar tan especial discurso.

Entonces comenzó la sorpresa que guardaba el cocinero para todos los estudiantes y sus familiares, un montaje plagado de estrellas que pone el listón muy alto para quien resulte elegido en 2015. Los actores Gwyneth Paltrow, Morgan Freeman, Owen Wilson, Sam Waterson y Jesse Tyler Ferguson contestan el teléfono en varios clips al rector de George Washington, Steven Knapp. Este llega a llamar al fiscal general, Eric Holder, a quien interrumpe en la grabación de unas declaraciones. Knapp es rechazado, una y otra vez, con excusas, por cada uno de los invitados. Pero todos le proponen la misma idea: “¿Ha pensado usted en llamar a José Andrés?”.

Tras la broma, recibida con una ovación en el Mall de Washington —la universidad es la única que celebra sus actos de graduación en este lugar—, Andrés convirtió su discurso en una invitación para que los recién licenciados adopten una definición del éxito personal más ambiciosa, una que incluya un impacto positivo en la vida de los demás.

“Los desafíos a los que nos enfrentamos hoy —el hambre, la pobreza, la desigualdad o la guerra— han estado siempre con nosotros, pero eso no quiere decir que deban quedarse”, aseguró. “El éxito ya no consiste únicamente en conseguir tus objetivos. Se trata de emplear nuestras habilidades y talentos para hacer algo más grande en el mundo. Ese es el nuevo sueño americano”.

El empresario, que recientemente obtuvo la nacionalidad estadounidense, aseguró que siempre quiso formar parte de este sueño. “Me enamoré de la idea de que, independientemente de tu historia, aquí todo es posible”, dijo, que recordó su trayectoria como inmigrante español en Washington, y el esfuerzo con el que ha forjado una marca reconocida en la capital desde hace varios años. “Mi historia no es la de un éxito que se produce de la noche a la mañana. Cuando me encontré solo en un país distinto no jugué a la lotería, seguí trabajando”, concluyó.