La crisis y el tijeretazo se notan desde hace tiempo en la educación española: con miles de profesores menos, suspensión de programas de apoyo escolar, ahogos para pagar la luz o la calefacción... Y eso es solo el principio.

A partir de septiembre, con el inicio del nuevo curso, se empezarán a percibir buena parte de las consecuencias de la rebaja en los presupuestos educativos desde 2010 (más de 3.000 millones) y de los otros 3.000 millones extra que busca reducir el decreto aprobado el pasado jueves por el Gobierno. Unas consecuencias aún inciertas, pues dependerán del ahogo económico y las prioridades de cada autonomía.

En esto ha insistido mucho la última semana el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al defender el decreto. Este fija un mínimo de recortes y ofrece nuevas herramientas legales —principalmente, el aumento del número máximo de alumnos por aula y las horas de clase que dan los profesores— para reducir plantillas en unos 40.000, según el PSOE, y muchos más, según los sindicatos, pues buena parte de las medidas afectan también a los colegios concertados y a la Universidad. Según Wert, no queda más remedio que recortar, pero las medidas apenas afectarán a la calidad del sistema, aunque se está pidiendo a los profesores un esfuerzo en estos críticos tiempos con medidas “dolorosas”, dijo. Estas también incluyen la posibilidad de aumentar unos 500 euros de las matrículas universitarias (sobre una media de 1.000 al año), mientras se endurecen las condiciones para acceder a las becas.

Pero en el otro lado, representantes de toda la comunidad educativa (padres, sindicatos y alumnos, desde la educación infantil a la Universidad) se han movilizado porque sí creen que afectará a la calidad de un sistema que aún necesita mejorar mucho (aunque está bajando, el abandono escolar casi dobla la media europea: más del 26%). También creen que las más perjudicadas serán las clases humildes: según un estudio de CC OO de Madrid, cuando se reducen profesores, se recortan los apoyos para los que van peor. Piden preservar al máximo la educación pública de los recortes, pues de ello depende, aseguran, el futuro del país.

Jesús María Sánchez, de Ceapa (asociación de padres mayoritaria en la escuela pública), explica que tanto el decreto como el plan de ajustes enviado a la UE han conseguido unir un movimiento de protesta que hasta ahora se había movido como los recortes, por goteo. El martes próximo, en una inédita huelga convocada en toda España en todos los niveles educativos, se verá hasta qué punto lo ha hecho.

Para el catedrático de Economía de la Universidad Carlos III Juan José Dolado, “frente a una política de tabla rasa, la huelga está justificada; no lo está si se trata de reducir la grasa sin afectar al hueso”. Por ejemplo, el aumento de ratio “no reducirá la calidad especialmente en los colegios con alumnado más homogéneo, pero será un grave error hacerlo en aquellos donde sea más heterogéneo”. Dice que hay margen para recortar en Universidad, pero que se debe invertir más en educación de cero a tres años y en FP. Pero lo que de momento se ha aplicado, según la asociación de directores de centros públicos Fedadi, es esa política de tabla rasa.

 La Muñeira es una escuela afectada doblemente por los tijeretazos. Por un lado, el aumento de una hora lectiva de los profesores hará que la escuela tenga que prescindir de media jornada de un docente, aunque el centro calcula que será más. En este colegio, de una sola clase por curso, no sobran profesores, así que todavía no saben cómo cubrirán las bajas el año que viene, ya que el sustituto no llegará hasta pasados 10 días de baja. La dirección de la escuela no descarta que en esos casos se tengan que repartir los alumnos entre el resto de clases, aunque sean de niveles diferentes.

Por otro, la Muñeira es uno de los cuatro centros que el próximo curso la Generalitat, con el argumento del descenso de la demografía, cerrará progresivamente (otras seis escuelas se eliminarán de un plumazo), empezando por el primer curso de educación infantil (tres años), así que el profesor de este nivel desaparecerá. Con 200 alumnos, la Muñeira es una escuela pequeña que el año que viene perderá 50 alumnos (entre el curso suprimido y los que acaben la primaria). A este ritmo los padres prevén que el centro cerrará en tres años.

Sin apenas clases de refuerzo y con la mirada puesta en un futuro traslado, Mireia se desespera. “Todo lo que he ganado en estos años en la educación de mi hijo lo voy a perder de golpe. ¿Dónde iré? ¿A una escuela masificada? David no puede estar en una clase con 30 alumnos. ¡Van a hundir a mi hijo!”, se enciende esta madre.

La Muñeira es uno de los Centro de Actuación Educativa Preferente (CAEP), que por ubicarse en entornos socioeconómicos muy humildes cuentan, en teoría, con ciertos privilegios —como ratios inferiores, una mayor financiación, más horas de atención individualizada o prioridad a la hora de obtener becas—, aunque los recortes les afectarán por igual que a las escuelas convencionales. De hecho, los cuatro colegios y dos institutos de Badia son CAEP. Este municipio, situado a 20 kilómetros de Barcelona, arrastra un paro del 26% y el sambenito de ser la población con la renta por cápita más baja de Cataluña.

Mireia también está viviendo un drama particular como secretaria de la asociación de padres y madres del colegio. Hace dos años que la Generalitat no convoca las subvenciones a las organizaciones de padres y madres, así que se han quedado sin recursos para ayudar a las familias más asfixiadas económicamente a pagar el comedor o los libros.

La mayoría de los alumnos están becados gracias a las ayudas al comedor que otorga el Ayuntamiento, pero la crisis llega aquí a todos los rincones y hace casi medio año que el Consistorio no paga las becas de comedor. Además, ha anunciado que el año que viene estas ayudas sufrirán un tijeretazo del 50%. La dirección del centro alerta de las consecuencias que esto puede tener en muchos niños de familias sin recursos, ya que la comida de la escuela significa el sustento principal que, quizá, en casa no les pueden proporcionar.

Entretanto, decidió que, mientras cobraba el paro, se concentraría en preparar las oposiciones que debían celebrarse en 2012 en Castilla-La Mancha. Se apuntó a una academia en Madrid. Pero el plan se le fue al traste: a últimos de enero la mayoría de autonomías anunciaron que no harían esos exámenes; entre ellas estaba Castilla-La Mancha. Las restricciones presupuestarias marcadas por el Gobierno central obligan a ofrecer muy pocas plazas y las autonomías prefirieron no convocar oposiciones y acumular la oferta de este año para sumársela a la del próximo, explicaron. “Entre unas cosas y otras yo ya estaba muy indignado”, cuenta.

Sin embargo, un rayo de esperanza se le abrió a Jiménez con la insistencia del Gobierno de Andalucía en que no solo iban a convocar, sino que iban a ofrecer muchas plazas: 2.389 plazas. Así que se repuso y siguió estudiando y pagando la academia con la intención de presentarse al examen andaluz en junio.

Pero poco después de las elecciones andaluzas, el Gobierno central decidió bloquear ese examen al presentar un conflicto ante el Tribunal Constitucional, pues consideran que la oferta de plazas es 7,5 veces superior a lo que permite la ley. No aceptan los cálculos de la Junta. Ahora, las oposiciones están bloqueadas, al menos hasta noviembre, y hay muchas probabilidades de que finalmente se ofrezcan 318 puestos en lugar de los más de 2.000 anunciados. Desde octubre, a 130 euros mensuales de cuota más 30 euros de transporte, Jiménez lleva gastados 1.120 euros en sus oposiciones.

Él es uno de los miles de profesores interinos que se han quedado en el paro en los dos últimos años y tiene pocas posibilidades de que le vuelvan a llamar. Se espera que los recortes previstos dejen en la calle a unos 20.000 docentes (según calcula el ministerio) o 40.000 (según el PSOE) más el próximo curso. También es una de las 100.000 personas que los sindicatos estiman que se pueden estar preparando unas oposiciones que tampoco está claro que lleguen en 2013.

Ahora, a punto de que se le acabe el paro, no sabe muy bien qué será de su futuro. Cuenta con el respaldo de su pareja (pronto se casarán), que también es profesora, pero ella, funcionaria.

 Este centro de nueva construcción se inauguró en 2005 con capacidad para 770 alumnos de enseñanzas medias (FP y bachillerato). Real llegó hace siete años con la máxima ilusión. La motivación de la plantilla, explica ahora, está en sus horas más bajas. La deuda de la Consejería de Educación con los centros públicos llegó el 31 de diciembre a acumular más de 66 millones de euros. “Hemos estado funcionando sin cobrar desde abril hasta finales de año”, recuerda. “Nos pagaron en marzo el último cuatrimestre del curso pasado y el primero del actual. En 2012, aún no hemos cobrado nada”. La situación provocó escenas indeseables. “Hemos estado dos veces a punto de que Iberdrola nos cortara la luz, la última tuvo que intervenir el director territorial de Valencia para evitar que nos quedáramos sin suministro eléctrico”, explica Real con calma, sin estridencias.

Sobrevivir en estas condiciones a las jornadas de trabajo con más de 700 adolescentes es cada día más un ejercicio de funambulismo. “Justo cuando el secretario autonómico, Rafael Carbonell, afirmaba en un desayuno en Madrid que en los centros valencianos no se había cortado ni la luz ni el gas, nosotros teníamos en la cuenta menos de 100 euros”.

Con esta calderilla, y sin poder pagar el suministro de gas necesario para las prácticas de los módulos más técnicos de FP como soldadura o aire acondicionado, el equipo directivo optó por realizar las clases prácticas con bombonas compradas en la ferretería de a lado. “Las prácticas de soldadura se explican en la pizarra o con la bombona de camping gas”, describe Real.

Su máxima preocupación ahora es que, con el aumento del número de alumnos por aula que permite el Gobierno central, mantener la calidad educativa va a ser difícil. Los profesores, reconoce, están desmotivados, lo que atribuye en buena medida a la Administración, que vende una imagen de que cobran mucho y trabajan poco.

Y encima, dice, les bajan el sueldo con el decreto autonómico de ajustes en los servicios públicos aprobado por el Gobierno de Alberto Fabra el 21 de enero. La norma, que rebaja al 50% el cobro de los complementos por formación docente, congela la contratación de interinos y limita las sustituciones por bajas médicas o familiares.

El curso pasado, en cuarto, se fue de Erasmus a Alemania y, debido a las convalidaciones de asignaturas, se encontró con que este año le quedaba un curso y medio para terminar. Se matriculó de todo, pero en febrero, tras unos "problemas familiares", decidió que lo más sensato era no presentarse a dos asignaturas. Había hecho antes las cuentas: aún con esos suspensos, podría llegar al 80% de aprobados que se le exigen para mantener la ayuda. Pero ahora le van a cambiar las reglas.

"Me quedaré sin beca", se queja. El Gobierno endurecerá el curso próximo los requisitos para mantener las ayudas, según el plan de ajustes enviado a la Comisión Europea: habrá que aprobar el 90% de los créditos (en Arquitectura y las ingenierías pasa del 60% al 65%) para las becas generales y el 100% para las compensatorias y las becas salario (un 85% en las ingenierías). Para David ya es matemáticamente imposible alcanzar ninguno de los dos porcentajes, cuenta por teléfono. "Pero yo soy uno más de mucha gente estará en esa situación. Además, yo al menos estoy terminando la carrera, pero habrá quien se quedará fuera cuando está empezando", añade.

También se endurecen los requisitos para acceder a las ayudas por primera vez. Para las generales, los alumnos deberán llegar a los campus con un 5,5 de nota de Selectividad, y con un seis, para las becas-salario; hasta ahora bastaba con haber aprobado. Para conseguir una ayuda salario en bachillerato o FP, la exigencia será también del 85%.En ningún caso las becas (una parte muy importante de las cuales consiste en no tener que pagar la matrícula) cubrirán el precio de las asignaturas matriculadas por segunda o tercera vez, es decir, las que se repita.

Su hermana pequeña tuvo “más suerte”, señala. Entró en un centro público. Ella obtuvo plaza en uno concertado en Torrejón de Ardoz (Madrid). Y ahí empezaron las diferencias, según cuenta. “Nos hacen comprar material exclusivamente dentro del centro a un precio desorbitado. Pagué 3,30 euros por un cuaderno de 50 hojas y me obligan a llevar una bata comprada allí por 20 euros, cuando encontré una por la mitad”.

Mamblona mandó un escrito a la inspección educativa el pasado febrero en la que recogía esta y otras quejas, como que intentaron cobrarle 155 euros al mes por “dos asignaturas más de forma extraescolar”. Y, mientras, compara el ejemplo en casa. “Mi hermana está metida en el laboratorio desde el primer día y nosotros no empezamos hasta febrero”, explica. La pequeña de la casa aprende “más y mejor”, se queja la mayor. “No voy a seguir aquí. El curso que viene pediré plaza de FP en el instituto de mi hermana”.

“La demanda para centros públicos de Formación Profesional no ha dejado de crecer pero la oferta sigue siendo insuficiente”, valora Paco García, responsable de Educación de CC OO Madrid. Su sindicato hace seguimiento desde hace años de las peticiones sin cubrir con datos de la comisión de escolarización y cálculos propios. Cada curso se quedan fuera de la red pública entre 2.000 y 3.000 aspirantes a ciclos de grado superior, según sus estimaciones. García calcula que, con el aumento del paro y la situación de crisis, la cifra puede dispararse a más del doble este curso entre los grados medio y superior. “La demanda de alumnos para seguir formándose no deja de crecer, pero la Comunidad de Madrid no cubre esa situación. Exigimos un plan regional de Formación Profesional”, concluye.

Cada año se diagnostican en España unos 15.000 casos de este cáncer, y muere aproximadamente la misma cantidad de personas (14.883 en 2010, según los datos del Instituto Nacional de Estadística). Esto indica la mortalidad de esta patología. “Hay claramente dos grupos, si se diagnostica precozmente, una operación y una quimioterapia general cura al 60%. Lo malo es que este tumor, como es asintomático, suele detectarse tarde. Y entonces hay poco que hacer: la supervivencia media a cinco años [el parámetro que indica si puede hablarse de curación o no] es del 5%”, añade el experto.

Palmer y su equipo están trabajando con los últimos tratamientos que se están ensayando, y ha descubierto, a la vez, por qué funcionan en unos pacientes y otros no. Los nuevos medicamentos, que serán “los primeros específicos en años”, según el médico, actúan sobre dos vías del tumor, caracterizadas por dos proteínas, llamadas PI3K y AKT. Estas mutaciones son muy frecuentes. “Aproximadamente un cuarto de las personas con cáncer colorrectal las tiene directamente alteradas, y la proporción aumenta a uno de cada dos” si se incluyen los casos en que influyen pero no son tan determinantes, dice el experto. Los medicamentos que se están ensayando con fármacos inhibidores de estas vías, con lo que se frena la reproducción del tumor. Pero en el proceso hay una interferencia, otra proteína que actúa como el malo de la película, y cuya presencia hace que los esfuerzos para combatir el cáncer con estos medicamentos no funcionen. Se llama beta-catenina.

Al identificar y medir los niveles de esta proteína se consiguen dos cosas: “Primero, evitar al paciente un tratamiento que, como todos, tiene efectos adversos”, dice Palmer. Así no solo se le evitan esos trastornos, sino que se gana tiempo para tratar con las alternativas que haya disponibles. Este papel de identificador del éxito terapéutico es lo que hace de la beta-catenina un biomarcador, una señal biológica.

Pero una vez identificada la causa del fracaso, el siguiente paso es evitarlo. Y el grupo de Palmer ya está trabajando en productos para conseguirlo. De momento, aclara el investigador, se trata de ensayos en cultivos “y en ratones a los que hemos inyectado células de personas con cáncer”. Esto quiere decir que se está en una fase muy temprana para poder neutralizar el efecto de la beta-catenina.

Los tiempos en estas investigaciones son cruciales para los pacientes. Palmer calcula que, si todo va bien, los medicamentos tardarán unos cinco años en estar en el mercado. E insiste en lo de que hay que esperar hasta el final de las pruebas, porque no sería la primera vez que un tratamiento se retira en el último momento porque las esperanzas puestas en él se frustran o aparecen efectos adversos que sobrepasan sus posibles ventajas.

Lógicamente, el inhibidor de la beta-catenina, que habría que dar a los pacientes en combinación con los otros para los casos en que la persona no responde a los anticancerígenos, tardará más. Hasta 8 o 10 años, según calcula el médico. Claro que él mismo indica que eso puede acelerarse si los resultados en los ensayos, que aún no han empezado en humanos, son tan buenos que así lo aconsejan. “Todo eso está por ver”, concluye.

El eclipse empezará en el sur de China, hoy a las 22.56, hora peninsular, y a la 1.54 del lunes habrá alcanzado la máxima ocultación del Sol, cuya esfera estará tapada en un 94%, destacando el borde incandescente. La duración máxima de la anularidad será de cinco minutos y 46 segundos.

A las 4.49 del lunes, siempre hora peninsular, acaba el espectáculo. Sólo se podrá ver el fenómeno anular desde una franja de 240 a 300 kilómetros de ancho que, desde Asia, cruza 7.000 kilómetros por el Pacífico Norte y acaba en Norteamérica. El eclipse parcial, con el mordisco de la Luna en el disco solar, será visible desde un territorio mucho más amplio.

Un eclipse de Sol se produce cuando la Luna pasa entre la estrella y la Tierra, ocultando la primera total o parcialmente. Si la trayectoria se cruza justo por el medio del Sol, la ocultación será total, excepto en algunos casos, como esta noche, cuando la Luna está en su punto de máximo alejamiento del planeta (siguiendo su órbita elíptica) y no alcanza a tapar del todo la esfera estelar. Es como si uno cubre con un dedo completamente el faro de un coche distante, pero estirando un poco el brazo, la yema del dedo alejado resulta aparentemente más pequeña y no cubre cubrir del todo el foco de luz.

En esta ocasión, como en cualquier eclipse, no faltarán las cámaras apuntadas al Sol y transmitiendo el fenómeno por Internet. Para aquellos afortunados que pueden presenciarlo en vivo, todos los especialistas advierten una vez más que anular, parcial o total, para ver un eclipse hay que tomar las medidas apropiadas de protección de los ojos, que pueden resultar seriamente dañados. La misma advertencia se extiende a la visión a través de telescopios, binoculares o cámaras fotográficas.

El satélite japonés Hinode, con participación de la NASA, fotografiará y filmará el fenómeno (que se verá con el fondo negro del cielo, al hacerlo desde el espacio), pero no ininterrumpidamente, dado que está en órbita terrestre y no apuntado al Sol en todo momento.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que transformaría la asignatura, que rebautizará como Educación Cívica y Constitucional. La Conferencia Episcopal Española, que ha encabezado la oposición contra la materia desde su implantación en 2006, aplaudió su intervención a la espera de concreciones. El próximo jueves, el Ministerio de Educación propondrá los nuevos contenidos de la asignatura de Ciudadanía que se cursa en 2º o 3º de ESO, dependiendo de la comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, elimina la única mención del decreto 1631/2006 a la homosexualidad, uno de los puntos más conflictivos para los opositores a la asignatura y los obispos —se hacía referencia al rechazo a la homofobia—. Borra cuestiones que aluden, de forma más o menos directa, a conflictos o tensiones sociales —como las “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”—. E incluye otros conceptos, como nacionalismos excluyentes, terrorismo, el papel de la iniciativa económica privada “en la generación de la riqueza” o el respeto a la propiedad intelectual. En general, el nuevo diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos. En muchos casos, se sustituyen simplemente los contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas. “Ninguno de los puntos que se proponen eliminar fueron objeto de controversia durante la negociación de los contenidos de la materia”, en 2006, en la que estuvo presente la patronal de los colegios católicos, asegura el entonces secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después.

La polémica en torno a esta materia, que los alumnos estudian en clases de una hora semanal, arrancó con mucha fuerza tras su implantación y se fue diluyendo con los años. En 2009 había 114 objetores de conciencia de 800.000 estudiantes, según el último recuento realizado por este periódico. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo concluyó, tras centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos, que no se puede objetar a esta materia obligatoria, aunque pidió que se controlara el contenido de los manuales.

Entonces, las asociaciones de objetores reclamaron diálogo al Gobierno socialista para consensuar unos contenidos en los que debían quedar fuera las referencias a la moral, la afectividad o rechazo a la discriminación de los homosexuales. De hecho, citaban textualmente algún epígrafe que ahora el ministerio propone eliminar, como el que se refiere al racismo, la xenofobia y la homofobia.

El ministerio anunció en enero que intentaría aplicar los cambios “lo antes posible”, en referencia al curso que viene, por lo que ahora se cambiarán los contenidos y el año próximo, el nombre (para esto hace falta cambiar la ley orgánica). Estos son los principales giros de la nueva Educación Cívica y Constitucional en la ESO:

Homosexualidad. Elude la referencia a los afectos y las emociones o a las relaciones entre hombres y mujeres. Borra un párrafo completo sobre el aprendizaje de “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. La alternativa se centra en “la familia en el marco de la Constitución Española”, la noción de la ciudadanía o “los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española”.

Desigualdades. Educación para la Ciudadanía se concibió, entre otros aspectos, para enseñar a los alumnos a argumentar opiniones y juicios de forma razonada “con una actitud de compromiso” para mejorar la realidad. Este entrecomillado se elimina, igual que el que entendía los derechos y deberes humanos “como conquistas históricas inacabadas”. También desaparece la referencia a la “compensación de las desigualdades” o “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales”. Frente a ellas, se propone una visión más institucional y genérica, con epígrafes como “el deber de transparencia en la gestión pública”, “el Parlamento”, “las elecciones” o “la opinión pública”. Elimina la referencia a “riqueza y pobreza” o “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.

Terrorismo y nacionalismo excluyente. Los alumnos ya no centrarán su aprendizaje en la existencia de un “mundo desigual”, sino que abordarán conflictos del mundo: terrorismo, fanatismo religioso, estados fallidos o los “nacionalismos excluyentes”.

Economía. El bloque que estudia las sociedades democráticas del siglo XXI incluye un epígrafe nuevo sobre “la dimensión económica de la sociedad humana”. Alude a las libertades políticas y económicas y al papel “de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.

Propiedad intelectual. Tras la polémica por la llamada Ley Sinde, cuyo reglamento vio la luz con el PP, el temario incluye el concepto de “respeto a la propiedad intelectual”, además de otras propuestas como la gestión de desechos, preservación del patrimonio, la contaminación acústica o los deberes hacia la naturaleza y el medioambiente.

 El ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció en enero en el Congreso que cambiaría el nombre de la polémica asignatura por el de Educación Cívica y Constitucional (esto tendrá que esperar porque requiere cambiar la ley) y eliminaría de sus contenidos “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico” (esto, ya para el curso que viene). Así, el nuevo temario propuesto en la ESO tiene menos contenidos sobre las relaciones interpersonales, sobre conflictos sociales y desigualdades, e incorporará el valor de la iniciativa privada en la generación de riqueza o la crítica del nacionalismo excluyente.

El diputado Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de Educación de UPyD en el Congreso, también calificó como “muy preocupante” la eliminación de algunos puntos. “La pretensión de tratar temas que no sean objeto de controversia es una perfecta majadería”, pues “significa renunciar a que la escuela cumpla con su función, que es educar”.

Fueron las comunidades de Murcia y Galicia las que se encargaron de proponer esta medida. Y así la pudieron escuchar todos los directores generales de la Dependencia reunidos este jueves y vienes en Toledo. Murcia ha llegado a proponer que el corte esté en los 65 puntos. Eso dejaría fuera a más de la mitad de los dependientes que hasta ahora entran al sistema. Desde luego a los de grado moderado (de 25 a 49 puntos), pero también a muchos de los de grado severo. Prácticamente quedarían solo los grandes dependientes. Pero en la reunión no se concretó finalmente una cifra. En todo caso, las comunidades no tienen capacidad económica para que les exijan grandes milagros, así que cualquier recorte en esta ley puede aliviar su carga a menos que reciban financiación extra, justo lo contrario que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado, donde se ha caído una partida entera de 283 millones.

En la reunión del jueves y este viernes por la mañana, a la que acudieron los directores generales sin un solo documento por escrito —se presentó como una jornada de reflexión—, se planteó también impedir que una persona con discapacidad perciba más de una ayuda de las previstas por la ley. En muchas comunidades son compatibles varias prestaciones, por ejemplo, unas horas de ayuda a domicilio y la estancia en un centro de día. La previsión es que esto deje de ocurrir salvo con la teleasistencia, que seguirá siendo compatible con todo. La teleasistencia no es más que un dispositivo electrónico para pedir socorro si el anciano que vive solo sufre algún percance. En principio puede parecer lógico que quien tiene una ayuda no reciba otra, pero las situaciones son complejas. En un matrimonio de ancianos, uno de ellos puede ir a un centro de día pero, a la vez, necesitar ayuda para levantarse, subir al autobús y acostarse, apoyo que la mujer o el marido, también anciano, no puede prestarle. En situaciones así, el centro de día se complementaba con alguna hora de ayuda a domicilio. Esto va camino de desaparecer.

En la reunión también se planteó la eliminación de los dos niveles que acompañan a cada grado de dependencia, que detallan la gravedad del caso. Administrativamente es engorroso y también tiene sus costes, porque son muchas las revisiones que piden los ciudadanos para cambiar el nivel de dependencia otorgado en un principio. Aunque no es de extrañar que una persona dependiente de mucha edad empeore y pase al siguiente escalón de gravedad. Eliminar los niveles alivia de burocracia una ley de por sí compleja, pero puede ser la puerta para dejar fuera del sistema a muchos dependientes moderados y colocar en un grado de dependencia inferior a otros que antes fueron calificados más graves. Eso supone un ahorro porque el dinero que destinan, tanto el Gobierno como las comunidades, por cada beneficiario depende de su grado de dependencia. El problema, precisamente, estriba en cómo se pagará a partir de esa modificación. ¿Se hará una media entre lo que se recibía por cada uno de los dos niveles en que se dividía el grado? Y, lo que es más importante, ¿se revisará lo que cobran aquellos que ya están siendo atendidos? Todo esto se discutió ayer en la reunión, pero no se concretaron estos extremos.

En el encuentro, calificado de informal, que encabezó el director del Imserso, César Antón, los directores generales tuvieron la oportunidad de ver unas diapositivas con los planes del Gobierno, ya anunciados por la ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato. Tratan, entre otras cosas, de modificar la financiación para primar a aquellas comunidades que opten por la prestación de servicios en lugar de ayudas económicas, definir criterios comunes de renta y patrimonio para calcular el copago de los beneficiarios, que actualmente es muy dispar entre regiones. Fijar las intensidades de los servicios que se prestan, por ejemplo las horas mínimas de ayuda a domicilio, y establecer un mayor control sobre los cuidadores no profesionales, es decir, los familiares que atienden a los ancianos en casa, algunas veces tan ancianos como los atendidos.

La reunión, celebrada en Toledo, vivió algún momento tenso cuando los afectados por las medidas que se han tomado recientemente en esta comunidad en dependencia abuchearon al director general castellano-manchego, quien también les contestó. Fue la tarde del jueves, a la llegada de todos a la reunión.

La denuncia está presentada formalmente contra Albert Folia, presidente del patronato de una de las tres fundaciones del complejo hospitalario, aunque los hechos son atribuibles al menos a una docena de gestores y patronos del centro. Folia preside la fundación dedicada a gestionar el patrimonio de Sant Pau, que está formada por representantes de la Iglesia, el Ayuntamiento y la Generalitat.

Carme Pérez declaró ayer ante el juez Juan Emilio Vilá Mayo para ratificar y aclarar los hechos denunciados, y recibió el apoyo de las asociaciones profesionales de médicos y enfermeras de Sant Pau, que se han personado en la causa. En próximas fechas podrían hacer lo mismo los sindicatos Metges de Catalunya y Sant Pau Assistencial. “En Sant Pau han ocurrido hechos muy graves y esperamos que el juez los investigue a fondo y depure todas las responsabilidades”, explicó Carme Pérez. La facultativa también hizo un llamamiento al consejero de Salud, Boi Ruiz, para que “limpie la sanidad pública de los políticos y gestores incompetentes y corruptos”. “La sanidad pública está bajo una enorme presión con los recortes. Salud y el sistema se juegan la credibilidad ante los trabajadores y los ciudadanos”, añadió.

Los hechos denunciados incluyen irregularidades en la adjudicación de contratos en un hospital financiado enteramente con fondos públicos, el pago de sueldos y sobresueldos fuera de la normativa y favores políticos en forma de trabajo o consultoría.

Uno de los casos denunciados es el de José Ignacio Cuervo, del PSC y delegado de la Generalitat en Madrid entre 2007 y enero de 2011. Dos meses después de ser relevado, Cuervo firmó un contrato laboral con la fundación que gestiona el hospital para prestar apoyo en el centro de investigación de Sant Pau. Cuando los sindicatos cuestionaron esta contratación, Sant Pau cambió la fórmula: utilizó la fundación que gestiona el patrimonio de la institución para suscribir un contrato de asesoría con el mismo fin. El acuerdo, firmado el pasado 15 de junio, suponía una carga de trabajo en horas equivalente a media jornada —Cuervo había vuelto poco antes a su plaza de médico inspector en el hospital de Bellvitge— que le reportaba unos ingresos de 4.160 euros al mes (49.900 al año). La normativa interna de Sant Pau permite adjudicar este tipo de contratos a dedo —sin publicidad ni libre concurrencia— cuando sean por un importe inferior a 50.000 euros anuales. El hospital asegura que el contrato cesó el pasado mes de febrero.

Cuervo admite ahora “que fue un error firmar ese contrato”. “Yo había participado en el proyecto de investigación y pensé que era interesante mi aportación para Sant Pau, y también lo era para mí”, explica. “Pero no valoré bien las circunstancias, con los recortes, y que este acuerdo podía malinterpretarse. Lo que sí puedo decir es que hice el trabajo”.

El acuerdo de Cuervo, firmado cuando el gerente era Jordi Varela, ilustra una manera de hacer las cosas que, según la denuncia, ha imperado en Sant Pau durante años. Sin demasiado respeto por la normativa, las tres fundaciones de la entidad —la que gestiona la asistencia sanitaria, la patrimonial y la de investigación— intercambian pagos, gastos y trabajadores, lo que a menudo entra en conflicto con la misión de los patronos, que tienen prohibido por la ley cobrar de las entidades que controlan.

EL PAÍS avanzó el pasado martes que el exdirectivo Ricard Gutiérrez Martí siguió recibiendo durante siete años entre 80.000 y 110.000 euros tras dejar su cargo en el centro y que en 2011 recibió una indemnización de 158.000 euros al ser despedido. Otro caso es el de Joan Ros Petit, patrono en las fundaciones de Sant Pau, cuyo despacho profesional —con el que seguía vinculado hasta hace 18 meses— ha cobrado durante años del centro sanitario. Actualmente, el despacho Ros Petit percibe trimestralmente 4.994 euros (sin IVA) por el vago concepto de “honorarios”.

Según se ha podido ver en la retransmisión en directo facilitada por la NASA, ya se había concluido la cuenta atrás y se había anunciado el despegue del Falcon 9, pero el cohete se quedó clavado en tierra. Poco después la NASA informó que, debido al problema en uno de los motores, detectado por los ordenadores del sistema de lanzamiento, se abortó automáticamente el despegue.

 Ahora es trabajo de los técnicos analizar las razones del fallo, solucionarlo e intentar de nuevo el despegue, que podría realizarse el próximo martes a las 3.44 de la madrugada, hora de EE UU (9.44 en España).

Con esta misión, SpaceX quiere convertirse en la primera compañía privada en transportar suministros a la ISS. El lanzamiento estaba fijado para hoy en la hora apropiada para alcanzar, tras el vuelo en órbita, la ISS.

El Falcon 9 cumplió su primer lanzamiento de prueba en junio de 2010. El segundo se realizó en diciembre de 2010. Entonces el cohete llevaba una cápsula Dragon par ensayar su vuelo y descenso a la Tierra. Pese a que las primeras pruebas fueron muy alentadoras, el hecho es que SpaceX esperaba haber realizado su primera visita a la ISS en 2009.

“Hay una posibilidad muy remota de que esta misión tenga éxito”. Son las palabras que Elon Musk, el multimillonario propietario de SpaceX y fundador de Pay Pal, repetía a todo aquel que estos días le preguntaba sobre el lanzamiento de hoy. Si por fin sale el cohete con la Dragon en los próximos días, Space X se convertirá en la primera entidad privada en enviar una nave a la ISS, a la que por ahora solo vuelan los vehículos oficiales de la UE, Rusia y Japón. Space X tiene firmado un contrato con la NASA por valor de 1.600 millones de dólares para cumplir el objetivo, que podría ampliarse hasta los 3.100 millones, para enviar otras 12 naves de carga a la base espacial.

No obstante, SpaceX –con sede en Hawthrone (California) y que emplea a 1.700 trabajadores- no ha financiado en solitario la misión. La propia agencia espacial estadounidense ha colaborado con la compañía de Musk con un fondo de 300 millones de dólares a través del programa Sistema de Transporte Orbital Comercial (COTS, en sus siglas en inglés).

Desde que la NASA canceló su programa de los transbordadores espaciales y centrar su programa tripulado en objetivos tan ambiciosos como viajar a un asteroide o, tal vez, a Marte, sus astronautas tienen que viajar a la ISS en las naves rusas Soyuz. La Administración Obama ha solicitado 830 millones de dólares para financiar los vuelos al espacio, un coste que el Congreso de EE UU no parece estar dispuesto a sufragar. De llevar suministros a la base orbital se encargan las naves automáticas de carga rusas, europeas y japonesas.

El plan de la NASA es contratar en el sector privado los servicios de transporte a la ISS. De momento los contratos son sólo para cargas, pero e está trabajando ya en cápsulas para astronautas.

Musk, no obstante, no se conforma con viajar hasta la ISS, su objetivo es ofrecer vuelos a Marte en menos de 20 años.

El propietario de SpaceX no es el único millonario con ambiciones espaciales. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, está diseñando una cápsula para transportar astronautas. Richard Branson, el dueño de Virgin, ofrece vuelos suborbitales por 200.000 dólares para quien desee experimentar la gravedad cero. Paul Allen, el cofundador de Microsoft, se ha aliado con expertos ingenieros aeronáuticos para construir el Stratolaunch, un avión parecido a dos Boing 747 unidos por las alas, diseñado para hacer despegar un cohete desde el aire, ahorrando, así, miles de litros de combustible.

De momento, la Agencia tiene otro acuerdo con la empresa estadounidense Orbital Sciences para enviar suministros a la ISS. La entidad ha fijado para final de verano el primer lanzamiento de un cohete Antares y su cápsula correspondiente desde la instalación que la NASA tiene en Wallops Island (Virginia).

Las mismas fuentes, que indican que el vicepresidente no ofreció ninguna cifra de posibles afectados, explicaron que, tras la reunión, el director de Informativos señaló que el ERE podría afectar a unos 600 trabajadores y que se daría 45 días por años trabajado a los que voluntariamente opten por abandonar la empresa pública. Esta información ha causado gran revuelo en la sede de la cadena, añadieron. El director ha negado tajantemente haber hecho ese comentario. El comité de empresa ha emitido un comunicado a última hora de la tarde en el que niega "los rumores sobre la posibilidad de que un ERE afectara a 600 trabajadores o que esas medidas se tomarán en el mes de junio".

El comunicado señala que la reunión con la Comunidad de Madrid fue convocada a última hora de la noche del jueves 17 de mayo y que acudieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente. González "ha expresado la intención del gobierno de Esperanza Aguirre de recortar los gastos de RTVM, principalmente en el capítulo de personal", informan los sindicatos en el texto. "Se ha hablado en términos generales de indemnizaciones y bajas incentivadas, y también de recolocaciones en la Comunidad de Madrid", añade.

Los sindicatos han emplazado a González a recortar de otras partidas antes de recurrir a la pérdida de puestos de trabajo, según fuentes sindicales. La presidenta del comité de empresa, Teresa García (CCOO), ha señalado a El País que el vicepresidente ha ofrecido negociar con los sindicatos y que esperan ser convocados la semana que viene para conocer aspectos concretos de la propuesta de la Comunidad. El comunicado convoca a los trabajadores de la cadena pública a una asamblea general el lunes a las 15 horas. También afirma que González ha asegurado durante la reunión que la reducción de personal se va a llevar a cabo "de forma inmediata".

Telemadrid ha rechazado comentar el contenido de la reunión. La cadena tiene una plantilla de 1.175 trabajadores. A finales de 2011 su deuda ascendía a 242 millones. Telemadrid perdió en 2010 un 17,5% de audiencia, lo que dejó la cuota de pantalla en su mínimo histórico: el 8%. Las arcas regionales, que destinan una cantidad anual de los presupuestos en función del contrato-programa, han tenido que realizar aportaciones extraordinarias a final de cada año para tapar el agujero. El año pasado destinaron en total 96 millones.

La inquietud se había instalado en Telemadrid a primera hora de la mañana. La hoja sindical de CGT informaba de una reunión a la una del mediodía en la Puerta del Sol a la que habían sido convocados únicamente CCOO y UGT.

El Consejo de Ministros dio luz verde el mes pasado a las comunidades autónomas para que puedan privatizar las televisiones públicas, una vieja pretensión que ya planteó al Gobierno sin éxito Alberto Ruiz Gallardón cuando dirigía la Comunidad de Madrid y que Esperanza Aguirre no veía con malos ojos. En marzo pasado Aguirre volvió a manifestar su deseo de privatizar la televisión autonómica madrileña ya que, según afirmó, no cree en los medios de comunicación públicos. "Yo nunca he ocultado que mi deseo es privatizar Telemadrid", señaló.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha celebrado este viernes un pleno extraordinario en el que se ha decidido convocar un paro académico de 15 días a partir del 24 de mayo. Los representantes de los alumnos de la Olavide aprobaron el jueves una medida similar: otro paro académico de diez días, entre el 22 y el 31 de mayo.

En la US y la UPO está matriculado casi un tercio del alumnado universitario de toda Andalucía. La US, con alrededor de 65.000 matriculados, es la segunda universidad española en número de alumnos.

Entre aplausos se ha realizado este viernes la votación en el pleno del Cadus, que se celebró en el pabellón de Uruguay de la capital andaluza. Para que saliese adelante el paro académico se necesitaba que dos tercios de las 25 delegaciones de los centros propios de la US apoyaran la propuesta. Finalmente, según ha informado Nerea de Tena Álvarez, del Cadus, 19 de las 25 delegaciones de alumnos han votado a favor de la suspensión de las clases durante 15 días. Filología, Biología, Farmacia, Medicina y Matemáticas lo han rechazado. Los delegados de Geografía e Historia se abstuvieron. El paro se celebrará entre el 24 de mayo y el 7 de junio.

La figura del paro académico a la que han recurrido los representantes de los alumnos de la Universidad de Sevilla tiene más repercusiones que una huelga. Según ha reconocido la US, implica la suspensión de “todas las actividades docentes”. “Se para la docencia: ni clases, ni exámenes, ni tutorías”, ha señalado un portavoz de esta institución.

El rector, Antonio Ramírez de Arellano, y su equipo tendrán ahora que analizar las actas de las asambleas que se han celebrado en los 25 centros para acreditar que se ha cumplido con la legalidad en la convocatoria. La US ha trasladado este viernes la preocupación del equipo directivo “por la cercanía con los exámenes”. Pero los responsables de la US “respetan” la convocatoria, ya que este tipo de movilizaciones está recogida en el reglamento de estudiantes.

El fondo de la protesta es compartido por el rector Ramírez de Arellano, que se ha mostrado públicamente muy crítico con los recortes que está poniendo en marcha el Gobierno y con algunas declaraciones del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Otra cosa es la forma, es decir, las dos semanas de paro que trastocan el final del curso.

Los alumnos de la UPO y la US no quieren estar de brazos cruzados durante las jornadas de protestas. En la Pablo de Olavide entre este viernes y el 31 de mayo todas las noches estará abierto alguno de los edificios universitarios, donde se celebrarán debates sobre los recortes y “jornadas de estudio”, ha señalado Raúl Moreno, miembro del consejo de estudiantes. El Cadus, por su parte, está preparando también un calendario de actividades. “Se han propuesto encierros y huelgas de estudio a la japonesa”, ha indicado Nerea de Tena Álvarez.

“El Gobierno del PP tiene mucha prisa por aprobar los recortes y la Generalitat por aplicarlos”, ha denunciado Miguel Ángel Vera, secretario general de la federación de enseñanza de CC OO, en la cabecera de la segunda marcha consecutiva convocada por los cincos sindicatos del sector público STEPV, Fete-UGT, Anpe y Csif, por primera desde la huelga general de 1988.

Alrededor de 12.000 maestros y profesores, según los sindicatos convocantes, han respaldado la segunda de las seis jornadas de huelga en la educación pública convocadas en la Comunidad Valenciana.

La Consejería de Educación cifró el seguimiento al término de la jornada en el 10,65%, lo que supone 6.160 docentes, sin contar el 30% de los 58.000 docentes que estaba obligado a trabajar en servicios mínimos. Esta cifra supone la mitad que el martes, cuando la consejería recibió 11.000 comunicaciones telemáticas de asistencia a la huelga remitidas desde los 1.400 colegios e institutos públicos convocados a los paros.

Representantes de los cinco sindicatos, que han encabezado la marcha, han criticado con dureza que la Consejería de Educación haya aplicado ya el decreto Wert sin aprobar ninguna normativa autonómica, simplemente mediante una “circular” a los centros donde ordena la subida de ratio y de horario lectivo. “Tenemos competencias autonómicas desde los años ochenta, ¿Dónde quedan conceptos como la autonomía valenciana después de tantos años?”.

Aunque ni la asistencia a las marchas ni el seguimiento de la huelga ha sido como la registrada el miércoles, los sindicatos han agradecido la presencia masiva en Valencia y en Alicante, donde 8.000 docentes y 5.000, respectivamente se han manifestado en sendas protestas que han recorrido el centros de las dos capitales desde el mediodía.

“Si la consejería no rectifica, nos veremos obligados a mantener las movilizaciones”, han advertido los cinco sindicatos, tras anunciar que mañana entregarán sendos escritos al presidente valenciano Alberto Fabra y en la Delegación de Gobierno, pidiendo “la retirada del decreto Wert”.

La consejera de Educación, María José Catalá, en un intento por desactivar en conflicto ha convocado a los representantes sindicales el lunes a las 12.00 de la mañana para mantener una reunión personal. La cita está prevista un día antes de la huelga estatal convocada en toda España por todos los sindicatos de la enseñanza pública, las Universidades, sindicatos universitarios y de estudiantes enseñanzas medias y la confederación de asociaciones de padres Ceapa.

Llegados desde Torrent o Villena y de todos los municipios de L’Horta Sud de la provincia de Valencia, miles de profesores con las camisetas negras han marchado desde la céntrica plaza de San Agustín de la capital hasta el Palau de la Generalitat, donde han denunciado los recortes puestos en marcha por los gobiernos del PP con una sonora pitada, vuvuzelas y caceroladas.

“Estamos en contra de la reducción de grupos y del aumento de ratio que preparan en Bachillerato y FP”, señala Rosa, una profesora del IES Serra Perenxisa de Torrent, que afirma que “de aplicar el decreto Wert, uno de cada 10 profesores irá fuera del sistema”.

Al lado, otro grupo de docentes del instituto público IES de Foios gritaba: “Aeropuerto sin aviones, escuelas en barracones”, en referencia al millar de aulas prefabricadas en las que estudian este curso más de 18.000 alumnos valencianos.

La negativa del Gobierno del PP durante los últimos cursos a autorizar el aumento de grupos de enseñanza en valenciano también ha tenido presencia en las marchas de Valencia. La Coordinadora Pel Valencià de L’Horta Sud, ha marchado con el lema: “No a les retalladles. Sí al Valencià”.

“Tenemos diez escuelas, entre ellas una concertada, que desde hace tres cursos tienen toda la documentación en regla para que les autoricen abrir línea en valenciano y la consejería se ha negado”, cuenta Carmina, la portavoz del grupo Guaix, que subraya que esta plataforma, “siempre está al lado de la enseñanza pública y de calidad”.

La marcha de Valencia ha subido de tono al pasar por la calle del Palau, donde está la sede de la Consejería de Hacienda, que dirige José Manuel Vela, al que los docentes hacen responsable de los “16 años de despilfarro de los gobiernos del PP” en la Comunidad Valenciana y del decreto aprobado el 21 de enero, por el que se recortan los salarios, se congela la contratación de interinos docentes y se dejan de cubrir las sustituciones hasta el 1 de enero del 2014.

Al grito de “Vela dimisión” o “Devolvednos el dinero”, la manifestación se ha detenido ante la consejería, cerrada a cal y canto. Guillermo Martí, de Fete-UGT, ha pegado en el portón un folleto con “las razones de la huelga” y un montón de docentes, rodeándolo, ha empezado a tocar la aldaba para que les abrieran, sin éxito.

La manifestación ha finalizado hacia las dos de la tarde en el Palau de la Generalitat sin incidentes. “El Real Decreto que hoy se ha aprobado por la vía de audiencia, no tiene nuestro respaldo”, ha denunciado Beatriu Cardona, del STEPV, durante la lectura del manifesto final. “El ministro Wert aumenta las ratios como en la época de la Ley General de 1970”, ha seguido Cardona. “Y este aumento de ratio conllevará 8.000 interinos despedidos” en el sistema educativo valenciano. “¡Es hora de decir, basta!”

Alicante, con el paro más alto

Alicante, según los sindicatos, continúa siendo la provincia en la que mayor respaldo tiene la protesta, con un 32% de seguimiento y hasta el 50% en algunas comarcas. En Valencia el apoyo lo cifran los sindicatos en un 22% y en Castellón en un 20%.

“La educación no es un gasto, es una inversión” y “La escuela no se vende, la escuela se defiende”, son algunos lemas que se han coreado en Alicante, donde los sindicatos estiman que unas 5.000 personas participan en la marcha de protesta -en Valencia calculan que han acudido unas 8.000. Una de ellas ha sido Noelia Rubio, profesora de inglés en un instituto de Benidorm, que ha criticado como otros el aumento de alumnos por aula y la falta de presupuesto.”Esto va a suponer una peor calidad y que la escuela pública se vaya abajo, que es lo que creo que quieren”, ha afirmado.

El Departamento de Enseñanza ha presentado hoy la planificación de los estudios posobligatorios para el curso 2012-2013. Se ofertarán un total de 30.495 plazas de primer curso de ciclos formativos de grado superior, que tendrán que pagar una matrícula de 360 euros anuales. Los de segundo curso, unas 26.715 plazas, pagarán 180 euros anuales de forma excepcional el próximo curso, aunque en el curso 2013-2014 la tasa se normalizará en los 360 euros.

Con todo, la Generalitat podrá recaudar el año que viene 15,7 millones como máximo, ya que el cálculo se hace sobre las plazas ofertadas, pero habrá que esperar a las matrículas reales. La cifra de recaudación será superior de aquí a dos años, cuando la tasa para los años de ciclo superior quede homogeneizada.

La tasa sobre la FP superior forma parte del paquete de medidas que forman parte de la tercera oleada de recortes del Gobierno de CiU en un año y medio. En este último tijeretazo, la Generalitat debía recortar 1.500 millones, debido a las exigencias de ahorro impuestas por el Gobierno central. El presidente catalán, Artur Mas, anunció la imposición de esta tasa en la FP superior el pasado martes, pero hoy la consejera de Enseñanza se ha encargado de concretarla.

Rigau ha asegurado que la tasa se ha calculado teniendo en cuenta los gastos de este colectivo de jóvenes que cursan estos estudios (entre 16 y 18 años) en otros ámbitos, como, por ejemplo, las cuotas de conexión a Internet vía teléfono móvil. La consejera asumió ayer de que se trata de "una primera matrícula modesta”, no descartando así que aumente en un futuro. “Primero queremos ver el impacto que tiene” la nueva tasa, terció. Los 360 euros anuales se añadirán a los gastos de matriculación que ya pagan actualmente los estudiantes de FP (100 euros de Barcelona y su área metropolitana o los 65 euros en Lleida).

Rigau ha apuntado también que el importe de la tasa se ha pensado “para que no excluya a ningún alumno del acceso a estos estudios” por motivos económicos. Para garantizarlo, la consejera se ha comprometido a destinar parte del dinero recaudado para crear ayudas, pero todavía no se ha decidido si se hará con un sistema de becas o con bonificaciones en la cuota.

El comunicado considera, además, que Reig Plà "está siendo perseguido por algunos lobbies, algunas instituciones civiles y algunos medios de comunicación". Sin concretar realmente quienes son los grupos a los que se refieren. Y la razón de esta persecución, según la diócesis, "es por enseñar, con caridad y verdad, diversos aspectos de la doctrina de la Iglesia, y en particular por recordar algunos textos contenidos en el catecismo de la Iglesia Católica y en un documento del Pontificio Consejo para la Familia, titulado 'Sexualidad Humana: Verdad y Significado'."Así pues, como expresión de solidaridad y adhesión pública a la Iglesia, a su cabeza visible el Papa Benedicto XVI y a nuestro obispo Reig Plà los sacerdotes repartirán entre los fieles, en los días indicados, copia de dichos textos".

Aquellas medidas que requerirían más dinero o mantener la inversión son el apoyo a la educación infantil para menores de tres años y un mayor inversión en la formación profesional (FP). "La inversión en educación prescolar se ha demostrado que es muy rentable desde el punto social", eso sí, asegurando que esta posibilidad llega efectivamente a los más desfavorecidos, ha explicado el catedrático de la Pompeu Fabra de Barcelona Antonio Ciccone, que ha presentado el manifiesto en Madrid junto al director de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz, y Antonio Cabrales, catedrático de la Carlos III de Madrid. Se trata, pues, al menos de "continuar la subvención a los nños más desfavorecidos para mantener las tasas de escolaridad" en esa etapa.

Con la FP, se trata de equilibrar el número de alumnos que van a la FP en comparación con los que van a la Universidad: en España los primeros son muchos menos que en otros países europeos, a pesar de la rentabilidad de obtener estas titulaciones. Esto los explican los economistas de Fedea porque la financiación de FP en la secundaria "está por debajo de la de otros países europeos con renta per cápita similar". Por ello, hablan de "encontrar un equilibrio entre este tipo de financiación" y la universitaria, es decir, retirar si hace falta recursos de los campus para dárselos a la FP.

El resto de medidas giran en torno a esa autonomía con rendición de cuentas. Por ejemplo, la necesidad de un acceso a la profesión docente y una carrera profesional que tenga en cuenta la calidad de su trabajo, medida "a través de los resultados de los alumnos", ha explicado Cabrales. Pero bien medida, es decir, no a través de los resultados sin más, sino con mecanismos que reflejen la mejora que es capaz de ofrecer cada docente a sus alumnos, ha añadido.

Contra la repetición de curso

En aras de la autonomía sería fundamental, aseguran, dar flexibilidad a los centros escolares para adaptarse a los distintos ritmos de su alumnado y mejorar así un sistema que no consigue "motivar a los alumnos con dificultades" (el abandono escolar en España, con más de un 26% en 2011, según la EPA, casi dobla la media europea) ni "tampoco a los académicamente brillantes": en Pisa, el porcentaje de alumnos en los niveles bajos está en la media europea (en torno al 18%), pero los alumnos brillantes están muy lejos: el 3% frente al 8%. En el primer caso, también insiste el manifiesto en reducir drásticamente el altísimo número de repeticiones que se producen en España: el 36% de los alumnos de 15 años que se examinan en Pisa. "Los alumnos al final de la ESO han repetido tanto que están hartos de estudiar", ha dicho Ciccone. Esto contrastaría con la intención anunciada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, de endurecer los requisitos para pasar de curso.

Pero el otro lado de la autonomía sería la rendición de cuentas, con exámenes externos al final de primaria y de la ESO que tengan consecuencias académicas más bien positivas para los que lo hagan bien, ha explicado Cabrales. Por ejemplo, tener preferencia a la hora de elegir instituto. Esto serviría, aseguran, para fomentar el esfuerzo de los alumnos, a los que también hay que exigirle un comportamiento adecuado. Además, los profesores deberían tener herramientas de autoridad "rápidas y eficaces", con castigos que vayan más allá de la simple expulsión. Por ejemplo, trabajos sociales dentro del centro.

Además, con una verdadera flexibilidad para diferenciarse y con esas pruebas externas, la situación empujaría a las administraciones a ofrecer una mayor posibilidad de elección de centro a los padres, ha asegurado Cabrales. "Lo que no tiene sentido es hacer área única [libertad casi total de elección de colegio] sin dar capacidad a los centros para diferenciarse", ha añadido Ciccone.

Los expertos han recordado que, según los cálculos de la OCDE, 100 puntos más en los resultados del informe Pisa suponen un 2% de crecimiento económico anual.

Los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid hacen pública, de esta forma, "su cercanía fraternal a monseñor Reig Plà, así como su rechazo de las mencionadas mociones". Los grupos municipales de UPyD. PSOE e IU, en la oposición municipal, aprobaron con sus votos una moción en la que vetaban la presencia del obispo de Alcalá por sus ataques a los gais. Asimismo, solicitaron a la Iglesia Católica el traslado de Reig Plà. Es este último punto, la petición de traslado, el que la jerarquía católica, a través de un editorial en la cadena Cope, rechazó al considerarlo "un desconocimiento total de la Iglesia que produce sonrojo".

Por su parte, los sacerdotes, tras manifestar "su adhesión" a Reig Plà y "a su enseñanza de la doctrina católica", lamentaron que en la moción de Alcalá "no se respete la libertad de la Iglesia Católica para enseñar su doctrina que, en este caso, ha sido mal interpretada".

La nota del Consejo Presbiteral aseguran también que la iniciativa "censura" diversos aspectos de la doctrina católica. "Ante estos gravísimos hechos, manifestamos nuestra adhesión a la doctrina católica enseñada por nuestro padre y pastor, así como a su persona y ministerio apostólico, e invitamos a todos a orar por la libertad religiosa, por nuestro obispo y por aquellos que persiguen a la Iglesia Católica".

“La marihuana inhalada es lo único que me alivia un poco los síntomas, estimula mis ganás de comer y me ayuda a conciliar el sueño. Mis amigos en lugar de admitir la agonía han decidido suministrarme, a pesar del riesgo personal que conlleva para ellos, esta sustancia”, narra este juez en las líneas del diario.

En 16 de los 50 Estados del país ya se ha aprobado la regulación de este tipo de droga con fines medicinales. “Incluso nuestros vecinosde Nueva Jersey la tienen y Connecticut está a punto de convertirse en el número 17”, asegura este juez. "Solicito al Gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, que se una a la visión de futuro y valor humano que han seguido estos Estados y apruebe la marihuana medicinal este año”, solicita con ahínco este juez.

La ley federal existente en Estados Unidos prohíbe el uso el cannabis y lo define como un narcótico ilegal. “Pero en el fondo no se trata de un problema de leyes sino de una cuestión de derechos humanos”, enfatiza. Dos situaciones encontradas que pueden tener distintas consecuencias para Reichbach. Su profesión como juez y su condición de enfermo.

Hasta ahora cuando un juez admitía en EE UU que había consumido marihuana lo normal es que perdiera su trabajo. Entre los casos más llamativos están el del magistrado Douglas Ginsburg que vio su nominación rechazada para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1987 tras admitir que había consumido esta sustancia en los años 60 o la de un juez de Georgia que fue despedido en 2011 por este mismo motivo, según informa Reuters.

Según el código penal de la ciudad de Nueva York, los jueces “deben respetar la ley en todos sus términos" y la posesión -la primera vez que es incautada- de una cantidad menor de 25 gramos conlleva una multa de 100 dólares.

A pesar de que el artículo de opinión escrito por Reichbach puede parecer una ruptura total de las normas existentes, expertos en ética judicial aseguran que este tema debe ser más admirado que castigado. “Ha sido valiente y es un acto maravilloso”, declaró Ellen Yaroshefsy, una profesora de Derecho de la Escuela de Leyes Benjamin Cardozo a la misma agencia. “Hay algunos momentos en los que un juez rompe las normas y cambia las cosas. Este es uno de esos momentos y debemos estar orgullosos”.

“Mi supervivencia me ha exigido un enorme esfuerzo, incluidos meses de quimioterapia, radiación y cirugía. Y la marihuana es la única sustancia que calma mi dolor, ninguno de los fármacos recetados por mis médicos para cada uno de los efectos secundarios que padezco de forma constante me ha servido de nada”, continúa en su escrito este juez.

Ninguna de las partes implicadas en decidir lo que ocurrirá con la carrera de Reichbach ha hecho todavía algún comentario al respecto, según informan varios medios de comunicación estadounidenses.

El respaldo a la marihuana legal está cogiendo fuerza en el Estado de Nueva York. Una encuesta publicada esta semana por el Instituto de Investigación Siena concluyó que el 57% de los neoyorquinos están de acuerdo con establecer una ley por la que los doctores puedan recetar esta sustancia con fines médicos en enfermedades como el cáncer, dolor crónico u otras patologías terminales.

 “Estos datos confirman que debemos enfocar esta tendencia como un problema de salud pública y no solo como un problema de la justicia”, ha dicho Kerlikowske. “Décadas de estudio y experiencia nos han mostrado que el crimen y el consumo de sustancias están relacionados y las políticas deben ir dirigidas a romper este círculo, reducir la reincidencia y hacer de nuestras comunidades sitios saludables y seguros”, ha añadido.

Los análisis de drogas se realizaron dentro de las primeras 48 horas de detención, las pruebas concluyeron que la droga más consumida en EE UU por los detenidos es la marihuana. En nueve de los 10 lugares a estudio, los resultados mostraron un 45% de consumo de esta droga entre esta población.

La cocaína es la segunda sustancia ilegal más consumida en ocho de las 10 ciudades a estudio. Aunque los tests de detección de drogas usados en este estudio no pueden diferenciar entre el consumo de cocaína en polvo o crack, sí pueden definir si ha habido o no metabolización de la misma en el cuerpo. Aún así el consumo de cocaína ha descendido significativamente entre los detenidos desde la última recopilación de datos en los años entre 2000 y 2003. Siendo significativamente importante en Nueva York y Chicago, ciudades en las que el consumo cayó un 50% con respecto a los años anteriormente citados.

La excepción se dio en Sacramento y Portland, donde la metanfetamina fue la droga más consumida. Esta sustancia sigue siendo un problema importante en estas dos ciudades, según relata el informe. Aunque el estudio se centró en las drogas más consumidas también verificó niveles en sangre de otras sustancias como barbitúricos, metadona o antidepresivos.

La población evaluada en este estudio continúa siendo importante para la elaboración de una política social más adecuada, explica el informe. La mitad de los detenidos eran desempleados, más del 50% carecían de seguro médico y aproximadamente un 10% no tenían un hogar.

En abril de este año, la Administración del presidente Barack Obama puso en marcha el Plan Nacional de Control de drogas 2012. Esta nueva estrategia plantea tres puntos fundamentales: la adicción es un problema que puede ser prevenido y tratado, las personas que sufren por el abuso y dependencia de estas sustancias pueden ser rehabilitadas y una nueva reforma de la justicia criminal puede paliar todo lo que conlleva el consumo de drogas.

Además de estas fórmulas de ahorro, el PSOE propone que los presupuestos destinados a sanidad tengan una afectación finalista, es decir que se dediquen en realidad a sanidad; algo que ahora no está garantizado. Este paquete de medidas --alguna ya recogida en el programa electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba-- busca ser una alternativa al recorte iniciado por el Gobierno con el Real Decreto de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que establece por primera vez el copago farmacéutico para los pensionistas, revisa el copago de medicamentos para los activos en función de su renta e introduce el pago de los usuarios en preparados especiales dietoterápicos, transporte sanitario no urgente y prótesis. El real decreto ley, aprobado ayer, también restringe la atención a los extranjeros que estén en España en situación irregular. Medidas con las que el Gobierno aspira a ahorrar 500 millones de euros –aunque en un primer momento se aseguró que serían más de 7.700—.

“Hay formas de conseguir la austeridad que necesita e sistema de salud y nuestro país sin tener que cargar contra los ciudadanos con medidas que pueden repercutir en su salud”, dice José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso. Así, en el documento aprobado el sábado por el Consejo Territorial del PSOE y presentado hoy por el Consejo Federal de Sanidad de este partido, calculan que con el aumento de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol –de los que excluyen la cerveza, el vino y la sidra—se podían ingresar 1.500 millones de euros.

Los ingresos logrados con la mejora de cobro a las mutuas se cifra al menos 1.000 millones de euros. “Aunque los expertos creen que se puede ahorrar mucho más”, precisa Martínez Olmos, que explica que no solo es una cuestión de combatir el fraude, sino y sobre todo de crear un sistema para pasarles las facturas a estas entidades cuando alguno de sus afiliados sea atendido en la sanidad pública por un accidente laboral o, un accidente de tráfico o un accidente deportivo. “Muchas veces son los propios ciudadanos los que acuden a los centros sanitarios públicos y otras las mutuas quienes los derivan; pero no siempre se les pasan las facturas”, afirma el portavoz de Sanidad del PSOE.

Con otras medidas –algunas similares o iguales a las que ha enviado el Gobierno en su plan de ahorro a Bruselas-- buscan el ahorro de unos 3.800 millones. Entre ellas el desarrollo de una vez por todas de la central de compras para todas las comunidades (900 millones); el desarrollo de envases con las dosis de fármacos adecuadas parar los tratamientos estándares (700 millones de euros) que está en desarrollo desde 2010; los procedimientos de subasta de fármacos (1.500 millones); y el desarrollo de un programa de control de calidad a los pacientes crónicos polimedicados (700 millones de euros).

Martínez Olmos reconoce que algunas de las propuestas del PSOE –como la central de compras o la modificación de las dosis incluidas en los envases de medicamentos-- son similares a las del Gobierno. “Por eso pensamos que el Gobierno ha perdido la oportunidad de encontrar apoyo en cosas concretas. Hemos ofrecido diálogo a la ministra de Sanidad y no nos ha escuchado”, afirma.

Sebelius, nombrada por el presidente Barack Obama en 2009 y una de sus principales asesoras en la reforma del sistema sanitario, recibió duras críticas a comienzos de este año por impulsar medidas que obligan a las empresas a cubrir el coste de anticonceptivos como parte de los seguros médicos de sus empleadas, algo que rechazó tajantemente la comunidad religiosa. La Archidiócesis, que ya denunció entonces estas políticas, afirmó esta semana que la invitación a Sebelius es “un desafío a los obispos”, liderando las críticas que alegaban que una universidad católica nunca debería haber acogido a un miembro del Gobierno que impulsó tales medidas.

El discurso de Sebelius en la Facultad de Políticas Públicas fue interrumpido a los pocos minutos de comenzar por un estudiante que gritó “asesina” contra ella y que tuvo que ser expulsado de la sala, recordando al intenso debate que suscitó el pasado mes de enero la propuesta de Obama. La Secretaria no mencionó en su discurso la normativa que obligaba a las pólizas de seguros a cubrir el gasto por anticonceptivos, pero sí argumentó que “el trabajo en políticas públicas obliga a tomar decisiones difíciles, como el imperativo moral y económico de proporcionar atención médica a todos los ciudadanos”.

La Secretaria citó en su discurso este viernes a John F. Kennedy, el primer y único presidente católico de Estados Unidos, quien afirmó creer en “una América donde ningún cuerpo religioso intenta imponer su voluntad de manera directa o indirecta en la sociedad o en la actuación de sus gobernantes, donde la libertad religiosa es tan indivisible que un acto contra la iglesia es tratado como un acto contra toda la sociedad”, tal y como citó Sebelius. La responsable de la política sanitaria de Obama reconoció también que, 50 años después de que Kennedy fuera nombrado presidente, “todavía continúa la conversación sobre la intersección entre la amplia tradición religiosa de este país y las decisiones políticas que afectan al conjunto de la sociedad”.

La Archidiócesis había criticado la invitación a Sebelius por “el impacto dramático que su mandato tendrá tanto en Georgetown como en todas las instituciones católicas”, según afirmó en un comunicado. “Es comprensible que los católicos de todo el mundo encuentren escandaloso que la secretaria Sebelius, arquitecta de este mandato, reciba tal reconocimiento en una universidad católica”.

Sin embargo, ni esta denuncia ni las 27.000 firmas recogidas por una organización conservadora para impedir la presencia de Sebelius en Georgetown lograron su objetivo. El rector de la Universidad, John Degioia -el primer laico al frente de la institución-, afirmó en un comunicado esta semana que Sebelius fue invitada a comienzos de enero y ella aceptó. “Durante las semanas siguientes, algunas normativas, especialmente en términos de cobertura de anticonceptivos, dominaron la opinión pública y afectaron a la comunidad de Georgetown de manera muy directa”.

Degioia mantuvo la invitación a pesar de todas las protestas, alegando que la Universidad está comprometida con el libre intercambio de ideas. “Somos una comunidad que se inspira en una tradición religiosa que nos aporta una fundación intelectual, moral y espiritual. Estos son los valores que nos han convertido en la universidad que queremos ser”.

El intercambio de comunicados y acusaciones que ha tenido lugar esta semana recordó a las primeras semanas del pasado mes de febrero, cuando diversas instituciones católicas y varios miembros del Partido Republicano denunciaron el “ataque contra la libertad religiosa” que suponían las reformas del presidente. Obama, por su parte, arriesgaba el apoyo de un importante sector del electorado, los votantes católicos, al anunciar que obligaría a todas las empresas, incluidas las organizaciones religiosas, a incluir en la cobertura de los seguros médicos de sus empleados determinadas pruebas de medicina preventiva, así como los anticonceptivos. La propuesta despertó todo tipo de críticas, llegando a forzar la rectificación de Obama. A las pocos días, el Gobierno trasladó la obligación de costear tales pruebas a las pólizas de seguros, sin que las empresas deban costear ninguna prueba ni medicamento.

En medio de aquel debate que recuperó para muchos una guerra cultural entre sectores de la sociedad en torno a los derechos de las mujeres, fue precisamente una estudiante de la Universidad de Georgetown la que puso rostro a la polémica. Sandra Fluke fue invitada a declarar en una comisión de la Cámara de Representantes, donde explicó que miles de jóvenes como ella pagan hasta 1.000 dólares (unos 750 euros) más al año para acceder a la píldora anticonceptiva. Tras la comparecencia, el locutor de radio Rush Limbaugh -con 15 millones de oyentes a la semana- acusó a la estudiante de “prostituta”. Pocos días después, Fluke recibiría una llamada de agradecimiento del presidente.

La estudiante acababa de llevar al Congreso una opinión contraria a la que entonces defendió Georgetown, la universidad católica más antigua de EE UU, que criticó el mandato de Obama por considerarlo una "violación de sus derechos religiosos". Ahora Georgetown reconoce que las reformas del presidente y de Sebelius ayudarán a más de 34 millones de norteamericanos que carecen de seguro médico, que ha liderado esfuerzos para atender algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad estadounidense, y que la invitación no debe interpretarse como “un respaldo a sus posturas políticas”.

Organizado por la Asociación de la Prensa de Segovia, bajo la presidencia de la Princesa de Asturias, el jurado ha valorado la larga trayectoria de Ibáñez, que siempre ha trabajado en el extranjero, tanto en paises de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Oriente Próximo como de enviado especial a conflictos en Argelia, Afganistàn o Bosnia, entre otros. El premio está dotado con 9.000 euros y una pieza de la Real Fábrica de La Granja.

Ibáñez, de 59 años, ha tenido un recuerdo emocionado para los periodistas locales que cubren información en muchas ciudades lationamericanas, muchas veces perdiendo la vida o amenazados por el poder.

Han resultado finalistas Mayte Carrasco, colaboradora de varios medios, entre ellos EL PAÍS, y Plácid GarcÍa Planas, redactor jefe de Internacional de La Vanguardia, que ha recibido 3.000 euros cada uno.

El documento remitido a Hacienda por la Comunidad de Madrid asegura: "La regulación de una excepción a la prohibición de fumar en los establecimientos de juego, habilitando zonas para fumar con las debidas condiciones técnicas, podría contribuir a revertir la situación actual de atonía y a mejorar los ingresos derivados del juego".

La caída de ingresos fiscales que la región atribuye a la prohibición de fumar (sumada a la crisis económica) se cifra en 65 millones de euros. La ley antitabaco entró en vigor el 1 de enero de 2011, circunstancia que la Comunidad de Madrid vincula con una caída del 21% en los ingresos por tributación sobre el juego en ese año. 

Por áreas, la caída de cantidades jugadas se desglosa en casinos (-17,5%), bingos (-25,5%) y máquinas tragaperras (-22,9%).  "Estas caídas de cantidades jugadas, muy superiores a las que se produjeron en 2010 frente a 2009, se atribuyen por el propio sector a los efectos de la ley antitabaco, no de la crisis económica que ya era profunda en 2010."

El magnate de juego Sheldon Adelson, que planea instalar un complejo de ocio y juego en España, incluyó entre sus condiciones que los usuarios de los casinos puedan fumar en el interior. Está previsto que este mismo mes se conozca si el complejo de casinos y hoteles, conocido como Eurovegas, se levantará finalmente en Madrid o en Barcelona.

El doble de déficit en 2011

El documento revela que el déficit regional en 2011 ha sido del 2,21% del PIB, en lugar del 1,3 estimado inicialmente, lo que supone incumplir el objetivo del 2% marcado por el Gobierno para ese año. La Comunidad se ha marcado un objetivo de déficit del 1,5% para este año, del 1,1% para el que viene y del 1% en 2014. El Ejecutivo madrileño sostiene que lo cumplirá por la vía del ahorro y sin subir ningún impuesto. Para lograrlo, aplicará el grueso del tijeretazo en sanidad y educación anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que le permitirá recortar 653 millones de euros en 2012 y 723,29 en 2013, 1.376 en total. No adelanta cifras para 2014 por considerarlo prematuro.

El propio plan considera que los ahorros derivados de los decretos de recortes en educación y sanidad aprobados por el Gobierno central podrían ser mayores de lo estimado “en una valoración menos prudente”, un 16,8% más en 2012 y un 62,9% más en 2013. Así, el ahorro para este año pasaría de 653 a 762,7 millones y el del próximo año de 723 a 1.178,3 millones. En cuanto a los ingresos, el documento cifra la caída por el impuesto de transmisiones patrimoniales y otros tributos de gestión de la Comunidad en 320 millones de euros en 2012 y 2013.

Recortes propios

Entre las medidas de ajuste no asociadas a las instrucciones del Gobierno central, destaca la eliminación de 383 puestos de trabajo en empresas públicas, 19 de los cuales serán directivos. En educación, se producirá una subida de las tasas universitarias, un aumento de ratios en colegios e institutos, una subida de carga lectiva docente, se modificará el criterio de nombramiento de sustitutos y la eliminación de la mejora voluntaria del Personal Estatutario. En este capítulo se contempla también la supresión de 26 millones de dinero público en ayudas escolares para comedor y compra de libros.

En sanidad, además de dejar de atender a los inmigrantes indocumentados, se contempla la puesta en marcha de una central de compras de medicamentos y productos sanitarios destinados a hospitales, lo que permitirá dejar de gastar otros 100 millones, 90 de los cuales se presupuestan para el año que viene. Otros 30 millones de euros se imputarán al copago farmacéutico. En total, 331 millones de los 653 millones que se recortan para 2012 corresponden a sanidad y educación.

La subida del transporte público, que entró en vigor a primeros de mayo con un incremento medio de las tasas del 11%, supondrá un ahorro de entre 100 y 120 millones de euros. Se acuerda también un plan de optimización inmobiliario que prevé venta de inmuebles, con el que espera recaudar 30 millones en el periodo 2012-2014. También prevé ahorrarse seis millones mediante la renegociación de los contratos de los alquileres y tres más reduciendo en mantenimiento y conservación, seguridad y limpieza de los edificios.

También se llevará a cabo un ajuste adicional de 21,26 millones en el gasto corriente en bienes y servicios, mediante el recorte en material y suministros, estudios encomendados a empresas externas, dietas y locomoción… En sanidad, se ratifica una medida que se aplicó en Madrid al día siguiente de su anuncio por parte de Ana Mato: que los extranjeros no residentes dejan de tener asistencia sanitaria gratuita. El documento especifica que sí se les atenderá en el caso de ser menores de edad y que también se atenderán para el resto urgencias por enfermedad grave o accidente, asistencia al embarazo, parto o postparto.

A pesar de su decisión, al hablar tarda en decidir qué comer. Opta por el rodaballo y deja que el maître haga una selección de delicatessen de la casa. Entre elogios a las croquetas de jamón y queso de torta del Casar siembra cierta preocupación al afirmar que la ciberguerra es una realidad ignorada. “Google y Facebook se pueden considerar parte del Gobierno de Estados Unidos. Tanto a China como a Rusia les encantaría poder acceder a sus datos”. En su opinión, no es casualidad que la misma semana que Google se fue de China, Hillary Clinton subrayase en un discurso la importancia de la libertad de expresión en el mundo actual. Lo dice con la naturalidad de quien se entretiene mojando el pan en aceite. “Es mucho más sabroso que el italiano”, matiza. Antes de hablar de la amenaza del phishing, como se denomina al robo de contraseñas de cuentas bancarias, la suplantación y la extorsión en Internet, hace una observación que destila flema británica: “En mi país miden el vino que cae en la copa, nunca te lo ponen tan alegremente”.

El lado oscuro de la red (Destino, 2012), su última obra, le ha abierto las puertas de la RSA, la conferencia sobre delitos informáticos más importante que se celebra cada año en San Francisco. Se propuso que los asistentes salieran concienciados de lo necesarios que son los hackers, aquellos que asumen el reto de romper los candados digital de bancos, empresas e instituciones sin ánimo de lucro pero que son condenados igual que si robaran. “Sin ellos no habría expertos en seguridad. Evidencian lo débil que son nuestros sistemas”.

En su opinión, el problema está cuando los detienen, porque no se piensa en una forma correcta de inserción. “Los condenan a no tener futuro”, se lamenta, “porque son valiosos, pero no hay un plan para este tipo de personas muy inteligentes y cuya motivación casi nunca es el dinero, sino la relevancia en su entorno. Quieren tener una reputación”.

Según Glenny, cada vez hay menos diferencia entre los hackers de sombrero blanco, como se denominaba a aquellos que derribaban las fronteras de seguridad por el puro placer de demostrar conocimientos, y los de sombrero negro, que pretenden la extorsión. Su plan, que está planteando tanto en Reino Unido como en la Universidad de Toronto, consiste en evitar que se les rechace por su pasado criminal y pasen a formar parte de los comités de seguridad de las empresas.

Mientras se esmera en identificar qué es eso dulce del helado de yogur servido de postre, rompe un mito bastante extendido: “Mac no es más seguro que el PC. El iPhone no es más seguro que Android. Es solo menos accesible para el gran público y, en consecuencia, menos atractivo para los delincuentes. Cuando sea más popular tendrán los mismos problemas. Solo es una cuestión de mercado”.

Así, la dirección general de Consumo de Aragón ha abierto un expediente sancionador a tres autoescuelas de Zaragoza (cada una con varios centros más) que durante 2011 tuvieron una tarifa en oferta en la que ofrecían un precio fijo garantizado por 665 euros para los chicos de 18 a 22 años y de 885 euros para las chicas de la misma edad.

La tarifa discriminatoria fue denunciada por la Unión de Consumidores de Aragón por vulnerar varias leyes, entre otras la Constitución española, la ley de Igualdad y la ley general de publicidad. Ahora las autoridades aragonesas han dado la razón a los consumidores y han sancionado a las empresas. Una multa, que aún pueden recurrir.

Cuando se produjeron las denuncias, los dueños de los centros alegaron que la tarifa no era discriminatoria. Carlos Bricio, presidente de la Asociaciòn de Autoescuelas de Zaragoza y propietario de algunas de las que tenían la oferta, afirmó que ese precio fijo distinto se basaba en estadísticas. "Según las cifras de la DGT, una mujer necesita hasta un 50% más de clases prácticas que un hombre. Ofrecemos paquetes y cobramos igual por clases, pero si ellas necesitan tener más, por supuesto que pagan más", dijo

Las diferencias también se dan en el uso que ambos géneros hacen de la Red: mientras que ellos buscan contenidos vinculados al ocio y el consumo —leer noticias o utilizar servicios de banca—, ellas recurren a servicios relacionados con el bienestar social —informaciones sobre salud o hacer cursos por Internet—.

El informe destaca el considerable aumento del volumen de población usuaria de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en los últimos años, pero a pesar ello, la brecha digital de género continúa. Han contribuido a reducir las distancias el uso que hacen de las tecnologías la franja de mujeres de 16 a 34 años y el nivel de estudios —las españolas con FP superior y educación universitaria superan a los hombres en el acceso en 2,3 y 0,9 puntos, respectivamente—.

Respecto al comercio electrónico, las mujeres lo utilizan menos y para adquirir productos de alimentación, entradas para espectáculos o medicamentos, mientras que los hombres compran en mayor medida equipos informáticos, juegos de ordenador, acciones o contratan seguros.

Estar empleada o estudiando contribuye a mejorar la inclusión digital de las mujeres, reduciéndose la brecha a -0,1 entre quienes tienen empleo y superando las mujeres a los hombres entre los estudiantes en 4,7 puntos.

Cuando se analizan los usos avanzados de Internet y, sobre todo, la conexión a Internet mediante dispositivos móviles, el dominio masculino es claro (una diferencia de 36,7 puntos) y el grado de desigualdad no es menor entre los más jóvenes. La formación tampoco contribuye a disminuir esta brecha, alcanzándose el mayor grado de desigualdad entre la población con estudios universitarios (42 puntos).

Con respecto a Europa, España aumenta la brecha en el uso del comercio electrónico (ha pasado de la posición 17 en 2006 a la 23 en 2010), pero la reduce, situándose por encima de la media europea, en acceso a Internet desde dispositivos móviles o en la creación de contenidos propios en páginas web.

El análisis a nivel autonómico del informe confirma que las distancias entre mujeres y hombres no disminuyen cuando es mayor el acceso a las tecnologías de información y comunicación. Según la investigadora del Observatorio e-igualdad Cecilia Castaño, que ha presentado hoy el estudio en una rueda de prensa en Madrid, es difícil simplificar una "realidad tan compleja" entre las comunidades autónomas, pero ha afirmado que "en cuanto a la igualdad de género en la sociedad de la información, la mejor situación la disfrutan las mujeres de La Rioja, Navarra, Asturias y Madrid". "Por el contrario, las situaciones más desfavorables se concentran en Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, y en menor medida, en Valencia, Canarias y Baleares", ha añadido.

A juicio de la directora general de Igualdad de Oportunidades y del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, "los roles y los estereotipos sociales de género siguen condicionando las vocaciones tecnológicas de las mujeres y su participación en estudios tecnológicos". Plaza ha recordado que, aunque el 60% de los titulados universitarios son mujeres, en licenciaturas de ingenierías y arquitectura son solo el 26,8% y en estudios de informática, el 18%.

En su intervención, Reig se mostró convencida de que, en el futuro, "se olerán los iPad como se huelen los libros" y animó a los docentes a "pasar de ser expertos en educación a ser expertos en aprendizaje" con ayuda de las nuevas tecnologías. Además, apostó por la renovación del profesorado para enfrentarse a los nuevos modelos de sociedad. "Si todos tuvieran un blog y permitieran que su círculo opinara sobre su trabajo, estarían más motivados y fortalecerían su autoestima profesional", aseguró.

La psicóloga, que tiene más de 33.000 seguidores en Twitter y es una de las representantes más reconocidas del sector educativo 2.0, habló también sobre las redes sociales. Sostuvo que los jóvenes las utilizan para darse soporte emocional y que esta forma de relacionarse "sustituye a las plazas de los pueblos de antes". Por eso, dijo, no hay que mirar con temor hacia estos nuevos sistemas de relación, aunque reconoció que "no por ser nativos se hace siempre un buen uso de las nuevas tecnologías".

Durante el encuentro, celebrado en el Ciball (Centro de Innovación Ballesta, asociado al Ayuntamiento de Madrid), Reig avanzó en los conceptos de nuevas tecnologías dejando atrás las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y las TAC (tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) para profundizar desde las ciencias sociales en las TEP (tecnologías del empoderamiento y la participación).

Para Reig, la puesta en práctica de las TEP en el aula es lo que realmente dará sentido a un aprendizaje aumentado conformado por alumnos con iniciativa. Y la clave está en usar correctamente las TIC y las TAC para motivar a los alumnos, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades multitarea, así como para aprovechar las sinergias entre profesores y estudiantes. Dolors Reig aboga por una formación en valores impartida por profesores expertos en aprendizaje que sepan transformar el aula en un juego abierto a la participación y al conocimiento compartido.

Los encuentros del CaféCrea tienen una periodicidad trimestral y siempre cuentan con un ponente de reconocida trayectoria, tras cuya charla se abre la conversación. Todos los foros son retransmitidos en streaming desde la web www.ineverycrea.net y seguidos en Twitter. A través del hashtag #cafecrea, los internautas pueden dejar sus propuestas y preguntas previas.

La clasificación es peculiar, ya que evalúa positiva o negativamente según los aspectos. España, por ejemplo, saca dos negativos en la lista de 42 variables estudiadas: uno por exigir un diagnóstico médico para el cambio registral de los transexuales (algo que la ley argentina recién aprobada, por ejemplo, ya no incluye), y otro por obligar a que un tratamiento médico o quirúrgico para reconocer el estatus de estas personas.

Junto a España, tiene 20 puntos Alemania. Por encima del 15, el teórico aprobado, están también Bélgica, Holanda y Suecia.

El sistema, al permitir dar puntos negativos, arroja resultados como que no lleguen ni a cero Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Lietchenstein, Macedonia, Moldavia, Rusia, San Marino, Turquía y Ucrania.

La lista de variables estudiada está agrupada en las siguientes categorías: edad de consentimiento (si es igual a la de los heterosexuales); derecho de asilo; persecución de la violencia por razones de identidad sexual o de género; defensa legal de la diferencia y persecución de la discriminación; derecho de familia; libertad de reunión, expresión y asociación, y reconocimiento del derecho a la identidad de género (transexuales).

En sus consideraciones generales, los autores destacan que el resumen se refiere a las leyes, “pero no necesariamente a su aplicación”. “En algunos países los estándares legales pueden parecer muy buenos sobre el papel, pero la práctica deja mucho que desear”.

Sobre España, se recoge el caso de la pareja gay que fue expulsada de una caseta en una feria en Sevilla, la amenaza sobre la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo debido al recurso del PP, el arresto de estudiantes que entraron en la capilla católica de la Universidad Complutense de Madrid y el caso de una lesbiana que, por ser soltera, no pudo acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública. Entre lo positivo se recoge el monumento a las víctimas del franquismo erigido en Barcelona.

El trabajo, que ha hecho un seguimiento a 2.134 parejas que iniciaron un tratamiento entre los años 2000 y 2002, plantea que un 17% de ellas (218 de 1.320) consiguió un embarazo sin ayuda después de haber tenido un bebé en una clínica de fertilidad. Aún es más alta la cifra de quienes quedaron encinta después de que fracasara su intento en un centro de fecundación asistida: el 24% (193 de 814).

Estos datos se recogieron a partir de las respuestas remitidas por las parejas a un cuestionario entre siete y nueve años después de que comenzaran su tratamiento en los centros de reproducción. La investigación la ha coordinado Elise de la Rochebrochard, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Paris.

“Estos resultados deberían transmitir esperanza a quienes no han tenido éxito en sus tratamientos, especialmente en el caso de parejas jóvenes con infertilidad inespecífica”, explican los autores del artículo.

Sin embargo, el optimismo es relativo, como advierten los propios investigadores responsables del trabajo: “Habría que recordar que las tasas de nacimientos que reflejan estos embarazos espontáneos responden a cifras observadas a lo largo de años, por lo que estas parejas tienen una probabilidad de embarazo muy baja si se analiza mes a mes”.

El trabajo es una muestra de lo complejo de los procesos biológicos. El cáncer es la principal complicación de los pacientes trasplantados, se cree que porque los inmunosupresores que toman para evitar el rechazo del órgano facilitan que algunos agentes infecciosos progresen, y causen tumores. En concreto, son frecuentes los cánceres de piel, donde muchos, como algunos sarcomas, están relacionados con virus, aunque también se producen de órganos sólidos.

En principio, las estatinas, que son medicamentos destinados a reglar los niveles de lípidos (grasas) no deberían tener una influencia sobre este proceso. Pero entre los efectos secundarios de estos fármacos está el que tienen una actuación sobre la respuesta inmune. El resultado es que quienes los tomaban para evitar que en las zonas de las suturas de los vasos sanguíneos, por ejemplo, se acumulara grasa y formara placas o trombos que los obstruyera, a la vez presentaban una mejor defensa contra algunos patógenos.

El efecto se mantiene durante el tiempo, ya que las estatinas –y los inmunosupresores-, normalmente, se toman de por vida. A los ocho años del trasplante, un 34% de quienes no las consumían tuvieron algún tipo de cáncer, frente al 13% de quienes sí las tomaban. A los 10 años, la proporción era de 39% frente a 18%. A los 12, de 42% frente a 22%. “Debemos concluir que el tratamiento con estatinas debe mantenerse de por vida en las personas trasplantadas”, ha dicho el director del estudio, el Frank Enseleit, de la universidad suiza, que ha presentado el hallazgo en el Congreso sobre Fallo Cardiaco que se está celebrando en Belgrado (Serbia).

El estudio deja preguntas sin resolver. En principio, la conclusión no debe depender del tipo de trasplante. Pero sería una revolución si el efecto se da también en personas con el sistema inmunitario normal (que no han recibido un trasplante), que pueden combatir mejor los patógenos causantes de tumores. De hecho, ya hay algunos estudios que apuntan en ese sentido, como uno publicado en el New England Journal of Medicine referido a cáncer colorrectal, otro más general en el Journal of Clinical Oncology. El problema es que otros, como uno del Journal of the American Medical Association, lo descarta. Así que no hay, todavía, una conclusión definitiva.

La última munición para este debate la acaba de aportar The Lancet. Un estudio británico llevado a cabo por investigadores de Oxford en que han revisado trabajos en los que han participado 175.000 personas, la conclusión es que debe darse la medicación a toda la población, incluida la sana.

El 49,6% de todos los nacimientos entre julio de 2010 y el mismo mes de 2011 fueron de niños blancos, mientras que los hijos de parejas hispanas, asiáticas, afroamericanas o de diferentes razas ascendieron a un 50,4%. Los estadounidenses blancos, sin embargo, seguirán siendo el grupo mayoritario de población hasta 2042, según las proyecciones de la Oficina del Censo.

La nueva composición demográfica de EE UU, una nación fundada por inmigrantes y donde la raza de la población algunos de los momentos más importantes de su historia —el último tan recientemente como la llegada a la Casa Blanca por Barack Obama, el primer presidente negro, en 2008— y, tendrá grandes implicaciones para su futuro económico, social y político.

Algunos de esos cambios se perciben en los Estados de Hawai, Nuevo México, Tejas y California, junto con el Distrito de Columbia, donde los blancos ya son menos del 50% de la población; en uno de cada nueve condados norteamericanos, donde el conjunto de minorías hispana, afroamericana y asiática también ha superado a los blancos; y en todo el país, gracias a que uno de cada cinco menores de 18 años sea hispano.

Esta evolución ya se hizo sentir en las últimas elecciones, cuando el 40% de los nuevos votantes eran hispanos y, en total, dos tercios del electorado hispano apoyó a Obama. El próximo noviembre, según los expertos, el candidato republicano deberá hacerse con cuatro de cada diez votos hispanos si quiere impedir la reelección del presidente.

El crecimiento de la población hispana —uno de cada seis norteamericanos ya es latino— ha desencadenado consecuencias políticas importantes en el sur del país, donde ha contribuido significativamente al aumento de la población en 13 de 16 Estados de la región. En 2010, Arizona aprobó una polémica ley de inmigración que, a pesar de ser bloqueada por el Departamento de Justicia, inspiró varias copias en diferentes Estados como Georgia o Alabama. En Texas, los partidos Demócrata y Republicano pugnan por el reparto de los distritos electorales, ya que su nueva composición puede cambiar el resultado de las próximas elecciones.

Activistas y organizaciones en defensa de los derechos de las minorías, así como numerosos políticos demócratas en contra de estas estrategias, han denunciado que el único objetivo de estas leyes es hacer cada vez más difícil que voten aquellos ciudadanos menos proclives a respaldar a un candidato republicano, es decir, las minorías.

En total, el grupo de población no blanca creció un 1.9% en la última década, alcanzando los 114 millones de habitantes, el 36% de la población del país. Los expertos atribuyen el crecimiento de las minorías, especialmente en el caso de la comunidad hispana, a las oleadas migratorias de las tres últimas décadas y su alto índice de natalidad. La mayoría de los inmigrantes son hispanos, éstos son más jóvenes -su edad media es de 27 años- y suelen tener más hijos que otros sectores de la población.

El censo de 2010 ya concluyó que más de la mitad del crecimiento de la población en la última década se produjo gracias a los nacimientos de niños hispanos, mientras esta minoría creció un 43% en los últimos diez años, pasando de 35 a 50.5 millones de latinos. Según los datos del Gobierno, el 26% de los nacimientos en el último período eran de niños hispanos, frente a un 15% de afroamericanos y un 4% de asiáticos.

La población no hispana, sin embargo, creció a un ritmo todavía inferior durante esta última década, apenas un 5%. Las encuestas que el Censo elabora cada diez años dan la posibilidad de especificar la raza del ciudadano y aquellos que se identificaron como blancos solo aumentaron un 1% entre 2000 y 2010. La población blanca de Estados Unidos —el 78,1% de la población general—, mientras va envejeciendo, da paso a minorías e inmigrantes, mucho más jóvenes.

El Censo proyecta que, en 2050, el país tendrá una población de 438 millones de personas, de las que un 19% habrá nacido en el extranjero, un 47% serán blancos, un 29% hispanos, un 13% negros y un 9% asiáticos. En 2005, con 295 millones de habitantes, el 12% de la población había nacido en otro país, el 67% eran blancos, el 14% hispanos, el 13% afroamericanos y el 5% asiáticos.

El prototipo de Scottish Power Renewables está sumergido al suroeste de la isla de Eday, “una zona perfecta porque las corrientes son muy fuertes, hay poca distancia entre las islas y la profundidad es muy buena: unos 45 metros”, explica Alan Mortimer, jefe de Innovación de Scottish Power Renewables.

Aunque no se han cumplido los agoreros pronósticos de fuerte lluvia y el sol alterna con las nubes, el día es frío y muy ventoso en Eday, lo que impide que desde el barco que recorre la bahía se pueda sumergir uno de los robots utilizados en la construcción y mantenimiento de la turbina y la hélice, que iba a transmitir imágenes en vivo del prototipo.

El prototipo es una turbina Hemmerfest HS1000 fabricada en Noruega por esta compañía, participada por Iberdrola. Con una base de 20 metros, a los que hay que añadir los 10 metros que mide el radio de la hélice, los 45 metros de profundidad a los que está instalada la turbina son ideales para aprovechar las fuertes mareas de este corredor marino, el Fall of Warness.

Tras el éxito del periodo de pruebas, el Gobierno escocés ha autorizado la instalación de una decena de turbinas semejantes varios cientos de kilómetros al suroeste, entre las islas de Islay (famosa por su whisky de fuertes aromas ahumados) y Jura (que produce un whisky más suave pero tiene el valor añadido de que George Orwell eligió sus parajes casi deshabitados para aislarse y escribir su obra cumbre, 1984).

Ese proyecto, considerado en este momento el más grande del mundo, será una prueba de fuego para calibrar la eficiencia de la energía de las mareas. Si funciona, Iberdrola y otras empresas podrían impulsar un proyecto mucho más ambicioso para generar 1.600 megavatios (la potencia equivalente a un reactor nuclear y medio) en Pentland Firth, el estrecho que separa las Orcadas de tierra firme.

La energía de las mareas no es absolutamente nueva. Ya la probaron los franceses en los años sesenta mediante el sistema de crear barreras marítimas a modo de presas. “Pero el sistema de barreras es ecológicamente más complicado porque afecta a la vida marina y la de los pájaros”, explica Mortimer.

“Lo que queremos es saber si esta energía es competitiva y eso depende del rendimiento que ofrezca, de los costes que genere y de cuál sea la situación de sus competidores, por ejemplo los precios del petróleo”, explica Álvaro Martínez, responsable de operaciones off-shore de Energías Renovables de Iberdrola.

“El mantenimiento es uno de los retos, porque al estar sumergidas, el acceso a las turbinas es difícil. El plan es que estén en funcionamiento cinco años y luego se lleven a tierra para hacer un repaso y volver a instalarlas”, añade. Martínez rehúye hablar de costes y rentabilidades. “Es difícil”, se excusa.

En Eday se están probando media docena de sistemas para aprovechar las mareas. “Aquella boya es la de nuestro sistema”, señala Martínez desde el bote. “La estructura que se ve un poco más allá es de una empresa francesa que utiliza un sistema diferente. La nuestra es una hélice parecida a la de los molinos de energía eólica, que permanece fija en el suelo marino. La de ellos se parece más a la hélice de un barco y se sustenta entre dos pilares que asoman 40 metros por encima de la superficie”, explica.

“Eso tiene la ventaja de que permite hacer el mantenimiento cuando se quiere y sin necesidad de llevarla a tierra. Pero tiene varios problemas: es más caro porque los pilares se han de construir a mucha profundidad en el suelo marino, puede generar rechazo porque la estructura es visible en la superficie y además obliga a los barcos a navegar a una distancia de más de 20 metros de la estructura. La nuestra no se ve y no obstaculiza la navegación porque está varios metros bajo la superficie del mar”, asegura.

Iberdrola ha apostado fuerte por las energías renovables. “Creo que la eólica ya es comercial. Esta está en fase experimental. La ventaja respecto a la eólica es la previsibilidad: no sabes cuándo soplará el viento ni a qué velocidad, pero sí sabes cuándo son las mareas y cómo son, lo que te permite optimizar el diseño y adaptarlo a la zona en la que se va a instalar la hélice. Eso, por ejemplo, tampoco ocurre con la energía de las olas”.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que tiene acciones de Enresa, había pensado inicialmente en Paloma Sendín, exdirectora general de Minas y exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear, que conocía, pues, el mundo nuclear.

Sin embargo, cuando Cospedal aceptó el almacén nuclear en Villar de Cañas exigió al Gobierno designar al presidente de Enresa y controlar el proyecto, ya que supone la obra de mayor inversión y la más polémica en su región. La número dos del PP apostó por Francisco Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real y vicepresidente de las Cortes regionales.

El pulso parecía ganado cuando, a finales de marzo, el Gobierno designó a Sendín como consejera en Red Eléctrica de España —entró después de que La Moncloa forzara la retirada de, entre otros, el marido de Cospedal para el cargo—. Entonces, Gil-Ortega llegó a admitir en rueda de prensa en Ciudad Real que “previsiblemente” sería nombrado consejero de Enresa, paso previo para ser elegido presidente.

Sin embargo, la SEPI ha renovado la mayoría de los presidentes de las empresas públicas —los últimos, los de Navantia y Equipos Nucleares SA— pero Enresa sigue con Pina. Salvo consejo de administración extraordinario, la próxima reunión es a finales de la semana que viene, cuando podría salir por fin el nombramiento.

Enresa es una entidad singular. La tutela el Ministerio de Industria, pero las acciones son de la SEPI (Ministerio de Hacienda) y del Ciemat (Ministerio de Economía). Aunque el ministro José Manuel Soria mantenga al candidato elegido por Cospedal, no tiene la última palabra. Gil-Ortega admitió el pasado 9 de mayo en rueda de prensa que ya no sabía si presidiría Enresa.

Lo que ha ocurrido, según fuentes del sector, es que Santamaría frenó el nombre de Gil-Ortega para un cargo con un perfil técnico y que se encargará de una obra de enorme calado. Gil-Ortega fue alcalde de Ciudad Real entre 1995 y 2007. En esas elecciones, este profesor de instituto casi pierde ese bastión del PP.

Ahora suenan otros dos candidatos. El primero es Juan Antonio de las Heras, economista, senador del PP por Guadalajara y vicepresidente del partido en la provincia. Lo llamativo es que el PP de Guadalajara expedientó al alcalde de Yebra, el popular Pedro Sánchez, cuando este presentó la candidatura del pueblo al almacén nuclear. El otro nombre posible es Francisco Javier Pulido, médico y alcalde de Cuenca con el PP hasta el año pasado, cuando se convirtió en una de las pocas capitales que pasó al PSOE.

El retraso ha generado malestar en Enresa. La empresa tiene sin inaugurar oficinas en Villar de Cañas, la negociación para comprar el suelo sigue prácticamente paralizada, hay adjudicaciones pendientes y no ha habido ninguna visita oficial al pueblo que albergará los residuos nucleares de toda España.

La normativa vigente plantea la exención del pago del IBI a la Iglesia en el caso de templos y capillas destinados al culto. También en sus dependencias y locales anejos destinados a la actividad pastoral. Otros dos Ayuntamientos, Rivas-Vaciamadrid y Fuenlabrada, recordaron ayer que ambos plenos ya habían aprobado con anterioridad sendas peticiones al Gobierno central para que acabara con el privilegio de la Iglesia Católica. Pero en estos dos casos los Consistorios se habían quedado ahí, sin censar, tal y como han aprobado Alcalá y San Sebastián de los Reyes, las propiedades eclesiásticas.

La decisión de estos municipios madrileños contrasta con las declaraciones efectuadas por el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, que adelantó que no cobraría el IBI aunque pudiera, pues sería necesaria una modificación de la Ley de Haciendas Locales y la derogación del concordato. "En el caso de que se produjese la modificación legal correspondiente, de darse la posibilidad, Madrid no plantearía el cobro por una razón muy sencilla: tiene en consideración la función social de la Iglesia, que en estos momentos de crisis se ha redoblado de una forma muy importante".

La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia está exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Es una exención total y permanente de la contribución territorial urbana. En 2011, la cantidad perdonada en Madrid sumó 4,86 millones de euros, según el Consistorio madrileño.

Tampoco pagan el IBI los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países y las estaciones de ferrocarril. En 2011, fueron en total 38 millones en concepto de exenciones para el Estado por los edificios públicos, a los que hay que sumar 5 más por las estaciones de ferrocarril y 3,2 por las sedes diplomáticas. Las ONG se beneficiaron de 13 millones.

En relación a la segunda de las mociones aprobadas el martes por la noche por el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que vetó la presencia del obispo del municipio, Juan Antonio Reig Plà, un comunicado firmado por el vicario general, los vicarios episcopales y los miembros del colegio de arciprestes de la diócesis de Alcalá de Henares invitaron a todos a rezar "por la libertad religiosa, por su obispo y por quienes persiguen a la Iglesia Católica". De esa manera respondían al veto de UPyD. PSOE e IU a Reig Plà.

Asimismo, la página web de la diócesis de Alcalá de Henares colgó ayer un comunicado denominado Acoso a monseñor Reig. Línea editorial Cope, que indicaba que la aprobación de los partidos de la oposición de Alcalá de Henares de la moción que vetó la presencia del obispo en actos municipales era "un inaceptable acto de sectarismo". Además, el documento sostenía que la segunda petición del Pleno, que se trasladara a Reig Plà de la diócesis "manifiesta un desconocimiento total de la Iglesia y que produce algo más que sonrojo".

A juicio del editorial de la cadena Cope, los concejales de UPyD, PSOE e IU, que aprobaron la moción, se prestan "a este juego sucio" con una campaña contra el obispo de Alcalá, a raíz de su homilía del pasado Viernes Santo: "Detrás de esta campaña y de esta decisión municipal late un ejercicio público contrario a la libertad, amén de la pretensión de que desparezca de la sociedad toda opinión que no sea acorde con la que sostienen algunos grupos de poder".

La respuesta de los grupos parlamentarios, excepto el PP, concretada en sus enmiendas al proyecto presupuestario es muy clara: todos han pedido incrementos en I+D tanto en las partidas de subvenciones (incluyendo nominativas) y transferencias de gastos corrientes como en la partida de préstamos. Las cuantías varían, desde 649 millones propuestos por el PNV o 481 millones de la enmienda del PSOE (en transferencias y subvenciones, excluyendo las asignaciones nominativas)  hasta los 15 millones de aumento que ha propuesto el Grupo Mixto, según los datos de las organizaciones de la Carta por la Ciencia.

Otra propuesta recogida por varios grupos parlamentarios se refiere a los recursos humanos. El objetivo es incluir la I+D+i en el pequeño grupo de sectores que han quedado exentas de la tasa de reposición cero. Con la ley actual, este año no convocan plaza ni se hacen contratos en el sistema público de investigación, ni siquiera para cubrir las vacantes que se van produciendo. También en esto la excepción es el Grupo Popular. Según ha comentado Andradas, el PP aún sin presentar ninguna enmienda en el Congreso, no descartaría hacerlo en el Senado o podría aprobar alguna propuesta de otros grupos.

Al menos una de esas enmiendas debe salir adelante si el Ministerio de Economía y Competitividad quiere cumplir el compromiso recogido en el programa electoral del PP de crear la Agencia Estatal de Investigación. El problema es que el presupuesto elaborado por el Gobierno prohíbe expresamente la creación de ninguna agencia, por lo que la enmienda en este caso es imprescindible. En la puesta en marcha de la agencia está trabajando la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, aunque la enmienda la ha presentado el Grupo Socialista y no el PP.

La Carta por la Ciencia en España, que ha recogido más de 27.000 firmas, es una iniciativa de la Plataforma por una Investigación Digna, la Cosce, la Crue (Conferencia de Rectores de Universidades de España), la Federación de Jóvenes Investigadores y los sindicatos CC OO y UGT. Fue entregada al Gobierno y al Parlamento y sus promotores van a presentarla al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

Los promotores de la carta han pedido también a los parlamentarios que se reponga la financiación del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial) al nivel del año pasado, ya que para este año el Gobierno, aduciendo que este organismo tiene un importante remanente de tesorería, ha recortado su presupuesto en 422 millones de euros. Además, recalcan la importancia de mantener las condiciones de los créditos que el CDTI concede a las empresas para actividades de I+D. Esos créditos se venían dando a interés cero, explicó Andradas, mientras que ahora tendrán un interés bancario normal.

Las perspectivas de lograr en el Parlamento que salgan adelante estas propuestas son escasas, según los promotores de la carta, con excepción de la enmienda que permita crear la Agencia Estatal de Investigación y, tal vez, la aprobación de algunas plazas (podrían rondar las 120 en total) dirigidas, esencialmente a absorber a científicos del programa Ramón y Cajal que han culminado ahora su contrato de cinco años. “La situación no invita al optimismo, pero seguimos insistiendo”, declaró Andradas.

La ejecución (el dinero del presupuesto utilizado) del ministerio de Garmendia fue la peor de todos los departamentos, con un 62,5% (incluyendo subvenciones, transferencias de capital y préstamos), frente a la media del 93,8%. Ciencia e Innovación contaba con 5.402,775 millones y utilizó solo 3.377,82 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Las cifras del capítulo de créditos en Ciencia e Innovación son demoledoras: sólo se ejecutó el 42,4%.

La utilización del dinero disponible en el ministerio de Garmendia fue de mal en peor. En 2010 ejecutó el 75,9%, frente al 77,6% de 2009.

Torres Baena, principal acusado del mayor juicio por pederastia instruido en España hasta la fecha, ha cambiado de estrategia. Este jueves no ha respondido a las preguntas de la acusación y solo ha contestado a su propio abogado, Ángel Luis Calonge. El primer día respondió a todo lo que le preguntó el representante del Ministerio Fiscal, Pedro Jimeno, que cuando le inquirió si había orientado sexualmente a determinadas víctimas, para evitar mentar su nombre, Torres Baena las buscó en el listado antes de responder. Luego hubo un receso y tras él contestó de forma negativa a todo, sin dudar ni mirar la lista. Hoy ni siquiera ha querido contestar.

En el interrogatorio del abogado que representa a la mayoría de las presuntas víctimas, José María Palomino, se le ha preguntado por varios libros vinculados al control mental y a la creación y el funcionamiento de organizaciones sectarias encontrados en su domicilio. No ha respondido, pero después le ha explicado a su letrado que tiene más de cuatro mil libros en sus dos bibliotecas y no recuerda si leyó esos o no, si eran suyos o si los había comprado.

El excampeón de España de kárate, para quien se piden 303 años de prisión por 36 delitos de abusos sexuales sostenidos en el tiempo y otros 13 por corrupción de menores, ha dicho también que a lo largo de los 30 años de actividad de su gimnasio ha habido celos, muchas peleas y algún embarazo. Además, ha admitido tener constancia de relaciones sexuales entre sus alumnos, “porque se hablaba en el gimnasio y lo escuchaba”. También ha reconocido que ya estuvo en una ocasión, previa a su detención el 3 de febrero de 2010, ante la Fiscalía de Menores de Las Palmas porque “cuatro o cinco personas denunciaron a un monitor”. A los días, ha explicado, “retiraron la denuncia porque el asunto se aclaró”.

Entre las pruebas que ha presentado hoy Palomino está una película pornográfica que incluye escenas de sexo entre animales y “personas de corta edad”. Fue encontrada en el domicilio de Torres Baena y algunos alumnos han denunciado que sus monitores la reproducían en el gimnasio. Hasta 15 denunciantes dicen haber perdido su virginidad a manos de Torres Baena, mientras que 24 aseguran que hubo intento de penetración por parte del acusado, cosa que él niega.

También este miércoles ha declarado María José González, pareja de Torres Baena y monitora del gimnasio, que solo ha hablado para ratificar su declaración previa, en la que se manifestó inocente, y no ha querido responder a las preguntas del Ministerio Fiscal ni de la acusación. Su abogada no ha realizado preguntas. José María Palomino ha exhibido una prueba fotográfica en la que se puede ver a María José “casi desnuda con menores”, según el abogado. Al respecto, le ha preguntado: “¿Es cierto que se desnudaba para que Torres Baena explicara a los alumnos los órganos sexuales femeninos?”.

Yvonne González, tercera acusada en declarar, también se ha limitado a ratificar la declaración que hizo durante la instrucción y no ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal. El juicio se reanuda el viernes con una nueva comparecencia de Yvonne González. A continuación lo hará Juan Luis Benítez, único de los cuatro imputados que está en libertad.

“Nuestra primera victoria fue el 11 de abril de 2011, cuando se decidió que las listas electorales debían ser paritarias”, señala. Reconoce, sin embargo, que de los 217 miembros de la Asamblea Constituyente de Túnez, solo 58 son mujeres y que en un Gobierno con 26 carteras, las únicas ocupadas por mujeres son Medioambiente y el Ministerio de la Mujer. “Estamos aprendiendo a ser libres. Aprendiendo democracia. Aprendiendo a expresarnos”, comenta para disculpar las causas de una representación tan escasa. “Hemos visto peligrar lo que teníamos y hemos aprendido a luchar, a defender nuestros derechos y a pedir más”.

Madre de dos hijos adolescentes, Beljiria apunta a las preguntas de política de su hijo mayor, de 14 años, como uno de los grandes retos a los que ahora debe hacer frente: “Hacía tres años que el régimen era insoportable. Sabíamos que podía haber un estallido en cualquier momento, pero nos sorprendió que la revolución fuese tan rápido”. Advierte, sin embargo, que con la caída de Ben Ali no se acaba el problema. “La corrupción y el nepotismo habían infectado todo el sistema y se necesitarán al menos tres años para transformarlo de manera positiva”, destaca.

El teléfono no deja de sonar y los platos se acumulan en la mesa sin que pueda degustarlos. “Lo siento. En Túnez es hora de oficina”, dice esta ejecutiva que, además de los numerosos cargos que ostenta —desde vicepresidenta de la Cámara de Mujeres Directivas de Empresa de Túnez a vicepresidenta de Centro Ejecutivo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación—, trabaja en la empresa de informática de su padre y en la de GPS y sitios web que ha creado con su marido. Leila Beljiria ha estado recientemente en Madrid para participar en el III Encuentro Euro-mediterráneo de Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política organizado por Mujeres para el Diálogo y la Educación.

Promete no volver a coger el teléfono y comienza por la ensalada de pato, pero lo que encuentra “verdaderamente deliciosas” son las croquetas de boletus y recuerda que su abuela cocinaba algo parecido. “Será una transición difícil porque la economía va mal, tanto por la revolución como por la crisis en Europa de cuyo turismo dependemos, pero luego todo será mejor”, subraya al declararse convencida de que el pueblo tunecino “ha despertado”.

“¿Tenemos tiempo para un postre?”, pregunta en un susurro. Y, mientras disfruta de la tarta de limón, desgrana la esperanza que la primavera árabe ha hecho crecer en millones de jóvenes desde Túnez a Yemen. "Los jóvenes eran hasta ahora invisibles, pero están consiguiendo que se oiga su voz contra la injusticia social", dice. Leila hace un llamamiento a los españoles para que vayamos a su país y veamos en directo el cambio operado “El ambiente es mucho más relajado. Se siente la satisfacción y el orgullo por haber logrado el fin de la dictadura”, subraya.

Al preguntarle cómo entiende que ahora se vean más hiyab (pañuelos que cubren la cabeza) que antes, señala con un cierto tono de cantinela repetitiva: "Lo importante no es el hiyab sino que cada uno respete la libertad del otro; que se tenga derecho a vestirse como se quiera. Ese es el verdadero desafío".

La empresaria acepta “sin miedo” el triunfo de Ennahda —“es el partido más estructurado”— porque cree que en Túnez hay una sociedad civil muy capacitada y que sabe lo que quiere, como demostró al oponerse al intento del partido islamista de imponer la sharia (ley islámica). “La presión hasta ahora ha dado resultados y eso, al final, es democracia”, declara con un guiño.

 ¿El Boss pinchando en taquilla? No es posible. Hablamos de un artista que en 2008 llenó dos veces el Camp Nou. 72.000 billetes en menos de ocho horas; 153 entradas por minuto. Pero en 2012, cuando se escriben estas líneas, aún hay tickets disponibles para las citas de San Sebastián y Madrid. No llenó ni en Las Palmas de Gran Canaria, ni una de las dos noches de Barcelona, que esta vez es en el Estadi Olimpic. Desde allí, por teléfono, mientras Springsteen prueba sonido, Dani Gutiérrez, de la promotora Doctor Music, niega la mayor. “En Sevilla en 2009 se vendieron 30.000 y este año han sido 34.000. En Barcelona, apenas queda nada. En el Santiago Bernabéu de Madrid hizo un sold out entonces, y este prácticamente ya está. En San Sebastián la situación es parecida. En resumen: se está vendiendo prácticamente lo mismo, aunque es cierto que no tan rápido”.

Lo de vender “prácticamente lo mismo” pero no tan rápido no es un problema de Springsteen. Le está pasando a Coldplay, Madonna, Lady Gaga o The Black Keys. Hace apenas un año había que estar muy despierto para conseguir una entrada para uno de esos grandes acontecimientos, más sociales que artísticos, que son los conciertos de rock de estadio. Se anunciaba el día de la venta y el billetaje volaba. En 2012 duran semanas.

Y no es un problema menor. La necesidad de hacer un sold out, venderlo todo, hasta el último ticket de la grada más alejada, no es ni por capricho ni por avaricia. Este es un negocio arriesgado en el que el único que nunca pierde es el artista, que cobra su caché pase lo que pase. “Parece que los promotores hinchamos el precio de las entradas. Pero no es así. El coste lo marca el caché de los artistas”, dice Roberto Grima, codirector de la sucursal española de Live Nation, el gigante mundial del directo. “Estamos jugando a hacer siempre sold out. En cuanto quedan 1.000 entradas sin vender entras en pérdidas”.

1.000 entradas cuando se han puesto 56.000 a la venta, como en el caso del concierto de Coldplay del hoy en el Vicente Calderón, no parece mucho margen. El viernes quedaban 1.117 boletos disponibles en Ticketmaster, la web propiedad de Live Nation, que posee la exclusiva de la venta. Muchos de ellos provienen de esa última remesa que se pone a la venta cuando, tras instalar el escenario, se suelen descubrir espacios con los que no se contaba. Si se vendieran todos significarían unos nada desdeñables 67.000 euros extra.

Ni siquiera los grandes conciertos de artistas internacionales, los que en argot se conocen como Triple A, se libran de la crisis. Una tendencia preocupante. ¿Recuerdan el cambio de paradigma motivado por Internet? Una industria, la de la venta de discos, en descomposición, de la que, en teoría, se salvarían los artistas que apostaran por los directos.

Pues parece que no. A principios de año A.R.T.E., la asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, que agrupa a más del 80% de los profesionales que se dedican a la música en directo en España, cuantificaba la deuda de los ayuntamientos en 70 millones de euros. Los municipios llevaban 30 años siendo los grandes clientes de las empresas de música en vivo en España. Con la caída del presupuesto de festejos casi a cero en 2012, más las facturas sin pagar de los espectáculos contratados en 2011 y 2010, la situación roza la hecatombe. En marzo, Emilio Santamaría, presidente de A.R.T.E., era de lo más explícito: “Estamos al borde de la extinción. Ha llegado la glaciación y nos ha pillado en calzoncillos”.

¿Ha habido una burbuja del directo? “No sé si llamarlo burbuja, pero sí que es cierto que muchas bandas han estado cobrando cantidades muy elevadas que solo se sostenían con sponsors o dinero público. Ahora que escasean los dos estamos viendo que muchos grupos no pueden seguir haciendo tantos conciertos como antes, tienen que rebajar las entradas, cancelar conciertos o tocar en recintos medio vacíos”, dice Alfonso Santiago, de la promotora bilbaína Last Tour International. “Es necesario dosificar a los artistas, no es posible hacer grandes giras cada dos o tres años en cinco o seis ciudades de España. Quizás en otro momento lo pudo llegar a ser, pero en 2012 no es posible. La pérdida de poder económico de la sociedad y el paro complican mucho las cosas”, explica Alfonso Santiago.

Él predica con el ejemplo. Esta semana, uno de sus artistas, el grupo Extremoduro, anunció su gira de 2012. No han editado disco nuevo, ni hay planes de que lo hagan, pero es su primer tour desde 2008. Siete conciertos en otras tantas ciudades. Las entradas, a unos 25 euros, se pusieron a la venta el miércoles. Y han ido bien, relativamente. En Valencia agotaron en horas. Aún quedan para los otros seis. Pero siete conciertos no son demasiado comparados con los casi 50 de la gira de 2008.

Con todo, él aún puede aspirar a llenar grandes recintos.Otros artistas, como Fito, han optado por una medida intermedia. El cantante vasco que fue creciendo y creciendo durante la pasada década hasta llenar sin pestañear recintos para 15.000 personas en cada capital de provincia, ha optado en 2012 por una gira otoñal por teatros. “Es cierto que en casi todos los casos las 2.000 primeras entradas que se venden son las más caras. Los mejores asientos. Muchos artistas, inteligentemente, han pensado que arriesgarse a ir a un pabellón para que no se llene no es buena idea. Quedan mal y corren muchos más riesgos”. Por ejemplo, Fito ha decidido que es mejor cobrar 60 euros por 2.000 entradas que la posibilidad de poner a la venta 6.000 por 20 euros y tocar en auditorios medio vacíos. “A la gente no le cuesta pagar un poco más por estar cómoda que estar en un lugar masificado”, dice Roberto Grima. Live nation, su empresa, es la responsable del directo de Coldplay en el Vicente calderón de hoy. Las entradas más caras cuestan, agárrense, 229 euros. “Es un paquete llamado golden ticket, cada vez más habitual. Hay un público, 500 o 1.000, que está pagando por el asiento, el catering y una buena cena en el mismo recinto. Está funcionando”.

Por supuesto, la gran culpable es la omnipresente crisis. “No digo nada nuevo si apunto que la recesión está retrayendo el consumo. Por supuesto que la gente se corta mucho más a la hora de comprar entradas. Se sigue queriendo ir a conciertos, pero el público se lo piensa. Ya no hay esa alegría que había antes. Y los artistas como Springsteen, que han venido varias veces en poco tiempo, son los que más se resienten”.

El asunto entonces, ya que todos coinciden en el diagnóstico, es cuál debe de ser la respuesta de las empresas a esta situación. “Aquí hay muchos modelos diferentes de concierto. Son muy distintos los gratuitos, los de sala, los de estadio... En grandes conciertos y festivales estamos viendo que se pretende cobrar lo mismo o más cada año en las entradas y, sin embargo, la economía está bajando a niveles de principios de 2000. Para hacerlos sostenibles hay que plantearse si no habría que adecuar el precio a la economía real”, aventura Alfonso Santiago.

Es cierto ese detalle: no todos los conciertos son iguales. Los mánagers y promotores de artistas pequeños y medianos también se resienten, pero de otra manera. “Es el momento de estar en las trincheras, pero es que yo siempre he estado ahí, y me siento cómodo”, dice Miguel Ángel Garrido de GIGnTIK, la agencia que representa a Russian Red. “Se venden un 20% menos de entradas. Las salas ya no contratan sino que alquilan y tú te arriesgas a la taquilla. Olvídate de que corran con los gastos de alojamiento... Bueno, se trata de ajustarte a lo que hay, como todo el mundo”. Parecido piensa Juan Santaner, de Marxophone, el sello del cantautor Nacho Vegas. “Los artistas hechos, los que juntan a 1.000 personas, lo siguen haciendo. Pero los más pequeños si antes llevaban a 200 ahora quizás sean 50. Las salas están sufriendo mucho en la barra. No solo hay peor taquilla, también se gasta menos en el bar una vez dentro”.

¿Es el momento de ir a lo seguro o de arriesgar? Y lo más importante, ¿qué es lo seguro y qué es lo arriesgado? “Todo ha cambiado mucho en meses. Mira el caso de Coldplay. Pusimos las entradas a la venta en Navidades, con su nuevo disco todavía calentito, y se vendió casi todo en tres semanas. Ahora me lo pensaría antes de poner a la venta el mismo espectáculo para septiembre. Hay que estar con los pies en el suelo”, señala Roberto Grima.

Los pies en el suelo significa que quizás vuelva a vivirse la polaridad que ya se conoció en los ominosos tiempos de Operación Triunfo. “Vamos a sufrir todos, pero creo que más los de clase media que no quieran renunciar a sus estatus. Noel Gallagher llenó a 25 euros, Kings Of Leon, también. Más caro lo dudo”, asegura Grima.

Es decir, que los Triple A seguirán llenando, aunque a otro ritmo. Los de trinchera seguirán peleando y sobreviviendo. Pero la clase media y, sobre todo, la clase media alta se resentirán. Ya lo están haciendo. La Asociación de Promotores Musicales (APM) asegura que durante 2011 el número de conciertos experimentó un descenso del 18,3% respecto al año anterior. La facturación bajó un 12,6%.

Hay menos giras, se reduce la oferta. “La gente prefiere ir a festivales”, asegura Juan Santaner. “Por un poco más de lo que le cuesta un concierto ve una docena de grupos en dos días”. Los festivales siguen siendo la gallina de los huevos de oro, pero quién sabe durante cuanto tiempo. En 2011, en Reino Unido, fueron cayendo como fichas de dominó. En España habrá que esperar. Quizás no mucho.

Recientemente, la revista Time, fundada en 1923 y que ahora registra una circulación de 3,3 millones de unidades, reavivó la guerra de portadas. En su número del 21 de mayo colocó a Jamie Lynne Grumet, una madre de 26 años de Los Ángeles, amamantando a su hijo de tres años, mirando a cámara con una actitud vagamente desafiante. Ella misma admitió a la revista que, en ocasiones, aquellos que la ven dando el pecho al niño, ya crecido, le acusan de “abuso de menores”.

El artículo era en realidad un perfil de otra persona, el doctor Bill Sears, célebre en EE UU por abogar una gran cercanía de la madre con el niño, en lo que él ha bautizado como “crianza por apego”. El fotógrafo Martin Schoeller asegura haberse inspirado en imágenes clásicas de madonnas dando el pecho, con una modificación sustancial. “Cuando uno piensa en el amamantamiento, tiende a recordar a madres agarrando a sus niños, algo que resultó imposible con estos niños crecidos”, explicó en Time.

Hubo críticas en las redes sociales, dentro de EE UU, al hecho de que la portada mostrara un pecho, y a que Time hubiera elegido a una madre atractiva con un niño ya mayor. A ellas se añadieron peticiones -desoídas- a los mayores supermercados del país, como Walmart o Target, para que no vendieran la revista en sus estantes, o que la cubrieran como se suele hacer en los quioscos de EE UU con el material pornográfico.

Time se defendió, a través de su director, Rick Stengel. En una entrevista en la revista Forbes, dijo: “Para mí, el cometido principal es atraer la atención del lector. Desde el momento que debatimos la posibilidad de dar esa historia en la portada, me costó mucho no acudir a cada una de las reuniones sobre el tema. Había mucha opinión, mucha pasión y mucho debate. Lo que eso me dio a entender es que hay mucha gente a la que le importa este asunto”.

De la misma opinión es Tina Brown, la nueva directora de Newsweek. Días antes de que Time mostrara su portada, el presidente Barack Obama había anunciado su apoyo formal a los matrimonios homosexuales. Brown y Newsweek, una revista que ha sufrido un profundo desplome en ventas, pasaron al contraataque. El sábado mostraron una portada con la faz de Obama, coronado por un halo de santo, bajo el rótulo: El primer presidente gay.

La portada, según denunciaron algunos de sus detractores, roza la caricatura. Así tomada, podría ser un montaje en cualquier acto electoral republicano, diseñado para restarle votos a Obama. Además, juega con una referencia algo oscura. En 1998 la escritora afroamericana Toni Morrison llamó a Bill Clinton el “primer presidente negro” de EE UU, por su afinidad con la comunidad afroamericana. Ahora, Andrew Sullivan, responsable del texto de Newsweek, modifica la metáfora para el actual presidente.

En un correo a la revista Women’s Wear Daily, la directora de la magazine dijo: “Siempre hay una necesidad de ser valiente en los quioscos, y como directora siempre lo he sido. Las portadas de Newsweek siempre buscan iniciar un debate a través del contenido provocativo”. Ella lo sabe muy bien. Desde que tomara el control de su maltrecho semanario, éste ha generado las portadas más polémicas de su historia.

En 2007, Newsweek, que entonces era propiedad de The Washington Post Company, vendía más de tres millones de ejemplares a la semana, un millón por debajo de Time, su principal competidora. Esa cifra se ha reducido a la mitad en cinco años. En 2010, con 30 millones de pérdidas al año, el Post vendió la cabecera al inversor Sidney Harman por el precio simbólico de un dólar. Éste la fundió con el portal web The Daily Beast, que Brown había fundado en 2008.

Brown se ha granjeado todo tipo de críticas por tratar de incrementar ventas por la vía de la polémica. El 8 agosto de 2011 publicó un reportaje sobre la entonces candidata a la nominación del Partido Republicano, la representante por Minnesota Michele Bachmann, bajo el rótulo: La reina de la rabia. El escándalo no lo armó el titular, sino la foto elegida. La expresión facial de la legisladora hubiera sido un descarte para cualquier otro medio de prestigio: una mueca aparentemente desquiciada.

La imagen la tomó el fotógrafo Chris Buck en un hotel de Washington. La presidenta de la organización feminista NOW, Terry O’Neill, criticó la elección por “sexista” en The Daily Caller. “En estos casos [la activista feminista] Gloria Steinem propone una prueba muy sencilla: Esto, ¿se le haría a un hombre? No, no se le suele hacer a los hombres”, dijo.

El año pasado, había ‘resucitado’ a Diana de Gales para una portada en la que la colocó junto a la esposa de su hijo, Kate Middleton. La imagen, generada por ordenador, era el reclamo para un reportaje titulado Diana a los 50 años. En las redes sociales se la criticó por utilizar a alguien que precisamente falleció mientras huía de los paparazzi, atormentada precisamente por aparecer en tantas portadas de semanarios. “¿Es esta una portada de mal gusto?”, se preguntaron los informativos de la cadena de televisión CBS. The Atlantic la tildó de “espeluznante”.

En noviembre de 2009 Newsweek ya había comprado una imagen a la revista Runners World, dedicada a los corredores, en los que aparecía Sarah Palin vestida con unos cortos pantalones negros. Las críticas fueron abundantes. La propia Palin dijo que le resultaba “degradante”, a lo que el entonces director de Newsweek, Jon Meacham, respondió: “Aplicamos los mismos estándares a las fotografías de cualquier figura pública, sea esta hombre o mujer”.

Por quinto año consecutivo en EE UU, el volumen de anuncios y la circulación de las revistas se ha desplomado. Las ventas en quiosco bajaron en 2011 un 9%, según el análisis anual State of the News Media. “Ahora que los consumidores pueden obtener noticias de última hora y análisis complejos de forma inmediata en Internet, la voluntad de esperar a finales de semana para la interpretación de los semanarios en cuestiones de actualidad y cultura ha desaparecido”, explica ese estudio.

Incluso una de las revistas más respetadas en el mercado norteamericano, la sesuda The New Yorker, cuya circulación es de un millón de ejemplares, ha asumido ocasionalmente una estrategia similar a la de sus competidoras. En julio de 2008, cuando Barack Obama aun era candidato a la presidencia, le colocó en su portada vestido con atuendo musulmán. En la chimenea ardía una bandera norteamericana y sobre ella, un retrato de Osama Bin Laden.

La campaña de Obama se quejó formalmente. El portavoz del candidato, Bill Burton, dijo entonces: “La revista The New Yorker puede pensar que su portada es una crítica satírica de los falsos tópicos que los oponentes del senador Obama en la extrema derecha han tratado de crear. Pero la mayoría de lectores lo verá como algo carente de gusto y ofensivo. Nosotros opinamos igual que ellos”.

Fue una polémica insólita para un medio tan respetable como The New Yorker, dado a ilustraciones a veces artísticas y a veces cómicas, pero nunca gratuitamente escandalosas. Tal vez por eso, cuando la dirección se vio con otra posible provocación en las manos, se la quitó de en medio. Se trataba una ilustración del prestigioso dibujante Robert Crumb sobre el matrimonio homosexual, encargada para junio de 2009. Mostraba a una pareja de género indeterminado, obteniendo una licencia de matrimonio.

La imagen de un hombre con peluca, falda y tacón; la mirada extremadamente incómoda del funcionario y el cartel de “inspección de género”; resultaron demasiado arriesgados para el director de la revista, David Remnick, que la rechazó. El dibujante decidió no volver a trabajar para The New Yorker, en signo de protesta. Finalmente, hizo pública la ilustración en noviembre. Contactado por EL PAÍS, ha declinado hacer declaraciones al respecto.

El año pasado hubo una serie de eventos que, llevados a las portadas de las revistas, incrementaron notablemente el volumen de ventas: la Primavera Árabe, la aniquilación de Bin Laden o la muerte de Steve Jobs, por ejemplo. El número del 17 de octubre de Time, sobre Steve Jobs, vendió 165.000 copias. Supuso un aumento del 137% respecto a la media de los 12 meses previos. Cuando la actualidad no ofrece la posibilidad de diseñar portadas impactantes, los editores de los semanarios hacen lo contrario: supeditan los reportajes a portadas polémicas.

“Los semanarios han tenido que pasar a cubrir noticias de menos actualidad y a dar más análisis en lugar de noticias puras y duras”, explica Brad Adgate, director de investigaciones de Horizon Media. “La cabecera US News & World Report, que era el tercer semanario en circulación, dejó de imprimirse y pasó a la Red hace sólo unos pocos años. Tanto Time como Newsweek están luchando para conservar su importancia en un sector sometido a un profundo cambio”.

La estrategia de las portadas escandalosas no es, ni mucho menos, algo nuevo. El 8 de abril de 1966, Time se preguntó, ante la estupefacción del público estadounidense: “¿Ha muerto Dios?”. Eran unas sobrias letras rojas, sobre un fondo negro, como reclamo para un reportaje sobre el aumento del secularismo en Occidente. El director de Time recibió 3.500 cartas, en su mayoría críticas. En 2010 llevó a su primera página a una mujer de 18 años afgana, a la que los talibanes le cercenaron la nariz.

¿Tiene efecto alguno, en el actual contexto, ese tipo de estrategia? En 2011, Newsweek experimentó un aumento en el número de ventas en quiosco del 2%. Parece poco, pero es un notable avance, dado el hecho de que en 2010 se habían desplomado un 32,7%. Aun así, de los 1,5 millones que vende Newsweek a la semana, sólo unos 41.000 corresponden a ventas en kiosco. El resto son suscripciones, que descendieron para la revista en un 3,5%.

“La de las portadas impactantes es en realidad una apuesta sobre si algunas portadas venderán más o no”, explica Samir Husni, profesor en la Universidad de Misisipí y experto en el sector de las revistas. “Las portadas que hemos visto recientemente en Time, Newsweek y The New Yorker pueden parecer sensacionalistas, pero lo cierto es que todas generaron un debate que se mantuvo vivo más tiempo de lo que duraron los correspondientes números en papel de las revistas, y se convirtieron fenómenos virales en todo el planeta”. En ese sentido, en el del debate, esas portadas han resultado un éxito.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cree que una fórmula para resolverlo es con más cárcel. Y así lo dejó claro el lunes con el anuncio de una nueva medida para imponer hasta 10 años de internamiento extra a aquellos delincuentes peligrosos —fundamentalmente violadores y pederastas, pero también narcotraficantes— que tras haber agotado su pena no se hayan rehabilitado. A la propuesta, llamada custodia de seguridad y hecha pública tras una reunión con el padre de Marta del Castillo —asesinada en 2009—, le falta concreción. Y plantea muchas dudas a juristas y psicólogos penitenciarios. La primera es su encaje constitucional, porque está dirigida a personas que ya han cumplido su pena, y la ley no contempla la aplicación de medidas predelictuales. La segunda es cómo y quién decidirá si el recluso se ha rehabilitado. A estos dilemas se suma la contradicción que supone recetar más prisión si ya se ha reconocido que el sistema no ha funcionado.

También la escenificación del anuncio, hecho por Ruiz-Gallardón tras reunirse con el padre de una víctima, suscita reticencias entre algunos expertos, que acusan al Gobierno de iniciar medidas populistas. “¿Qué estudio previo se ha hecho que avale las modificaciones?”, plantea Julián Ríos, profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Comillas. “Se vuelve a legislar a golpe publicitario, pero las modificaciones del Derecho Penal exigen procesos más racionales desde el punto de vista técnico”, añade.

Justicia reconoce que la medida aún está en gestación. Sin embargo, insiste en que es “muy necesaria” y mantiene que será acorde con la Constitución. Además, la custodia de seguridad —que se suma a la libertad vigilada, que permite controlar al exrecluso hasta 10 años después de su salida de prisión— solo se aplicará en casos muy extremos y contados, dicen. “Delincuentes muy violentos, como violadores o autores de robos con violencia, y reincidentes, que es lo que pone de manifiesto su peligrosidad”, explica uno de los expertos del ministerio que trabaja en la propuesta. Cifrar a cuántas personas afectaría la medida es difícil, dice el experto, que pone como ejemplo a Alemania —país que como Dinamarca, Italia o Suiza la aplica—, donde hay unas 500 personas recluidas por la custodia de seguridad.

En España, esta opción tendrá que ser incluida por el juez en el momento de dictar la condena. Después, una vez liquidada la pena, será otro tribunal —aún no se sabe de qué tipo ni quién lo formará— quien acuerde si se utiliza la custodia de seguridad, en función de la rehabilitación del recluso. “Esa decisión se revisará constantemente”, precisan fuentes de Justicia, que aún están estudiando cómo se valorará esa peligrosidad. Podría exigirse el informe de expertos independientes, como se hace en Suiza, por ejemplo. Aunque, sin duda, también se tendrán en cuenta los informes de la junta de tratamiento de la prisión, como se hace ahora para conceder los beneficios penitenciarios.

Estas juntas penitenciarias —formadas por el psicólogo de la prisión, el subdirector de tratamiento, el trabajador social, el director...— hacen una valoración continua del recluso a lo largo del cumplimiento de su pena. “A través de esas valoraciones se va clasificando al recluso según su nivel de evolución. Y a eso se van sumando medidas de intervención para su rehabilitación tanto dentro de prisión como cuando está en régimen de semilibertad”, explica Dolores Muelas, subdirectora de Tratamiento de la cárcel de Valdemoro (Madrid).

El trabajo para la rehabilitación de los reclusos es continuo pero también voluntario, explica Muelas. En estos cursos los internos trabajan la asunción de responsabilidad criminal, el conocimiento de las propias emociones y los factores de riesgo que llevaron a cometer los delitos; algo clave para trabajar en prevención de las recaídas. “Los programas buscan que el sujeto controle su ira, sus pensamientos distorsionados acerca de las víctimas (buscan deshumanizarlas) y que aprendan a no tomar decisiones que les pongan en situaciones de riesgo (asociadas a delitos anteriores)”, incide Vicente Garrido, profesor de Criminología de la Universidad de Valencia y uno de los principales expertos en el estudio de psicópatas y delincuencia violenta.

Todo esto se refleja en los informes de la junta penitenciaria y se tiene en cuenta para decidir, por ejemplo, si el recluso puede salir en libertad condicional. “¿Se usarán los mismos criterios para decidir la custodia de seguridad? Si se asocia la reinserción con la clasificación de máxima semilibertad —por ejemplo estar en tercer grado— hay que saber que para concederla se tiene en cuenta si el recluso tiene trabajo, contacto con la familia; ¿qué pasa con quienes no tienen esa red fuera de prisión?”, se pregunta Muelas.

El cómo se tomará la decisión es algo que preocupa a los expertos. A Garrido la medida no le parece a priori rechazable. “El problema más grave es determinar cómo se valorará esa peligrosidad, porque es imposible acertar en el 100% de los casos. El punto de corte es esencial, si no dejamos claros esos criterios se producirán abusos”, opina. Le perturba, además, el amplio abanico de delitos incluido en la medida. Y aunque no la ve negativa en algunos casos —“asesinos en serie, violadores y pedófilos homicidas”—, cree que en otros puede sabotear oportunidades de reinserción.

A pesar de esto, la mayoría de los delincuentes sexuales (unos 3.600 encarcelados y el grueso al que se dirige la medida de Justicia) se rehabilita. Sobre todo si siguen programas de tratamiento psicológico en prisión. La tasa de reincidencia de los agresores sexuales tratados es del 4,1% de media, según un estudio de la Universidad de Barcelona. Cifra que obliga a una pregunta: ¿Hay entonces personas irrecuperables? El debate lleva años abierto. La abogada y escritora Concepción Arenal, visitadora de cárceles, ya dijo a finales del siglo XIX que no existen “delincuentes natos”, sino que el hombre es siempre susceptible de mejora; que una cosa es “no haber sido todavía corregido y otra distinta ser incorregible”.

Pero el comportamiento humano siempre es complejo. Así lo piensa Orlanda Varela, psiquiatra con una larga experiencia en prisiones. “Existe una visión ingenua de la medicina, la psicología y la psiquiatría que da por hecho que hay un tratamiento para todo comportamiento desviado y todo trastorno mental. Pero hay patologías que no hay manera de eliminar”, plantea. La experta cuenta que se ha encontrado algún caso en el que, aunque el final de la condena se acerca, el recluso no ha cambiado. “Pederastas que no ven a las víctimas como tal, que no son conscientes de que causaron daño, por ejemplo; algo clave para la rehabilitación”, apunta.

Para Varela la solución para estas personas debe darse por otras vías. “Desde la cultura, la jurisdicción, las leyes... Libertad vigilada, medidas de apoyo. Otros países utilizan la cadena perpetua, aunque no está claro que sea eficaz. Para todo ello hay que estar muy seguros de no dar un paso en falso. ¿Hasta qué punto es fiable la capacidad del sistema (jueces, médicos, psicólogos, psiquiatras) de evaluar si la persona está reeducada? El daño que se puede causar con un error me estremece”, dice.

“Los datos sobre reincidencia avalan la tesis de que las personas pueden volver a delinquir, pero en un Estado de derecho las penas deben tener un límite fijo basado en los principios de proporcionalidad, culpabilidad y reinserción; ello supone que, pasados esos límites, el Estado no puede seguir interviniendo con penas de cárcel, aunque eufemísticamente se llamen custodia de seguridad”, apunta el experto en Derecho Penitenciario Julián Ríos. Para él, la custodia de seguridad supone imponer dos penas: “La primera por los hechos cometidos; la segunda, de importante extensión, por su peligrosidad, concepto difícilmente demostrable. Ello generará muchas situaciones injustas y convierte la responsabilidad penal por la comisión de unos hechos en un derecho penal de autor”.

Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal de Deusto, cree que la custodia de seguridad entraña graves problemas de constitucionalidad a partir del principio de culpabilidad, de proporcionalidad y de presunción de inocencia. “Se difuminan los límites entre las penas y las medidas de seguridad, se carga el sistema vicarial, se difumina la distinción entre imputables e inimputables, entre culpabilidad (retribución-prevención general) y peligrosidad (prevención especial)”, dice. “Es una burla a la Constitución asumir que la pena de prisión no sirve a la reinserción, por lo que es necesario que el fracaso institucional lo pague el penado con más tiempo en prisión más allá del que corresponde a su culpabilidad y la gravedad del hecho”, afirma.

Tampoco a José Miguel Sánchez Toma, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, le suena bien la música de la propuesta de Gallardón. “Solo pueden aplicarse medidas de seguridad cuando ya se ha cometido un delito. Con la custodia de seguridad se está anunciando un fracaso del tratamiento penitenciario. Se crea una medida de seguridad predelictual, porque el hecho cometido ya se ha liquidado, con lo que la pena añadida no se basa en una nueva situación sino en una conducta de vida, en la idea de que esta persona va a seguir delinquiendo”, dice.

Para este experto, miembro de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible, la medida encubre en realidad una condena perpetua. “Pero con la diferencia de que esa pena está estructurada y vinculada a la comisión del delito. Aquí está asociada a la posibilidad de la comisión del delito”, dice. Sánchez Toma asegura además que esa pena extra no podría cumplirse en una prisión, instituciones que están pensadas para el cumplimiento de la condena por delitos.

Justicia está analizando si los custodiados cumplirán esa pena extra en una cárcel o en otro tipo de centro —como se hace en algunos países de Europa—. “Aunque si se decidiese mantenerlos ingresados en una prisión sería en otro régimen en el que se ponga especial énfasis en los programas y elementos rehabilitadores que hagan asumible la libertad futura. Es cierto que esta medida no podrá evitar todos los delitos, pero permitirá neutralizar el riesgo que estas personas suponen. Es algo a lo que hay que dar respuesta”, afirman fuentes del Ministerio, que inciden en que medidas como esta son usuales en muchos países europeos.

Desde el Consejo General de la Abogacía afirman que opinarán sobre la medida cuando se concrete en un proyecto de ley. No obstante, recuerda una portavoz, esta institución siempre ha estado en contra de “legislar al calor de un acontecimiento concreto”. Y es que Gallardón y Antonio del Castillo, el padre de Marta, habían tenido algún desencuentro después de que el ministro diera marcha atrás en su intención de instaurar la cadena perpetua revisable en delitos sexuales graves.

Las víctimas y sus allegados siempre considerarán livianas las condenas impuestas a quienes les han hecho tanto daño; pero la justicia no se dispensa en caliente y, pese a quien pese, la pena paga el delito. Esa perspectiva es importantísima para la rehabilitación de los reclusos, dice Muelas. “Desde el punto de vista psicológico esa condena extra es tremenda”, valora. La subdirectora de Tratamiento de la cárcel de Valdemoro recuerda el caso de un recluso rehabilitado a quien, un mes antes de cumplir su pena, se le amplió la condena con la doctrina Parot. “Se hundió. Gran parte del trabajo hecho durante el tiempo en prisión se vino abajo. Es casi preferible que las personas sepan de entrada el tiempo que deben cumplir”, abunda Muelas.

El dilema de si se puede alargar la condena a los delincuentes graves que no se han rehabilitado surge de manera recurrente cada vez que un agresor conocido sale de prisión. Pero, según los expertos, el debate más esencial lleva a plantearse qué otros mecanismos se pueden explorar y fomentar para evitar la reincidencia.

“El Estado deberá crear las modificaciones legales para fomentar el tratamiento penitenciario y crear la red de recursos asistenciales, terapéuticos y sociales necesarios y eficaces para tratar determinadas patologías. Pero siempre es más fácil consolidar un modelo de sistema penal como un almacén de gente que afrontar intervenciones de justicia social”, plantea Ríos, que incide en que, además, la opción de la cárcel es bastante cara: mantener a un recluso en prisión cuesta unos 36.000 euros al año. ¿Cuánto presupuesto se dedica, por contra, a otro tipo de intervención para la rehabilitación y la reinserción?

“Los programas iniciados dentro de prisión deben apoyarse en el exterior con una supervisión terapéutica estrecha. Que no solo se les vigile sino que se les ayude a no sentirse personas despreciables y puedan encontrar un ambiente de reinserción”, opina Vicente Garrido. Sin embargo, hay muy pocas redes de apoyo para aquellos que han cumplido su pena. Personas que muchas veces se sienten perdidos fuera de la prisión. Muy pocas comunidades han puesto en marcha programas de apoyo que son, según los especialistas, muy útiles. Qué puede hacer, dónde puede ir un exrecluso que se dé cuenta, gracias a los programas que ha seguido, de que va a volver a delinquir, que va a volver a violar, por ejemplo.

Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias entre 2004 y 2011, cree que el sistema funciona. “Y funcionaría mejor con más medios y más corresponsabilidad de la sociedad”, dice. No cree en condenas perpetuas —“se llamen como se llamen”—. “Es muy triste ocuparse de la custodia de seres humanos que se considera que no tienen remisión. Los habrá difíciles de recuperar, pero no se puede dar la idea de que son mayoría”, dice la exdirectora de Instituciones Penitenciarias, que se muestra más partidaria de implantar mecanismos de seguimiento.

La viuda de Néstor Kirchner justificó la expropiación con una argumentación de fuerte corte nacionalista. Según su discurso, la petrolera española poco menos que depredaba las reservas petroleras del país y esquilmaba los beneficios, repatriándolos a través de dividendos, sin realizar inversiones en el país. Una imputación que rebate la propia dinámica del mercado, ya que las compañías invierten en la medida que lo necesitan para maximizar su beneficio. Invertir de más o frenar inversiones que puedan generar una rentabilidad superior son dos opciones que no tienen sentido bajo esta lógica de mercado.

Un desvalijo que niegan de manera rotunda los gestores Repsol, quienes aseguran que con esta decisión se alienta el resentimiento contra la Madre Patria. “Somos una compañía española y a lo mejor hay ganas de bronca”, afirmó el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, durante su primera comparecencia tras la nacionalización, en la que acusó a Kirchner de intentar tapar con esta medida los problemas que atraviesa Argentina.

Un argumento con el que está de acuerdo Roger Tissot, consultor en temas energéticos: “Desde el punto de vista político, y teniendo en cuenta la difícil situación económica de la Argentina, este resultado era inevitable. La desaceleración y la alta inflación han erosionado la popularidad de Cristina, de ahí que haya renovado su nacionalismo sobre las Malvinas y su lucha contra Repsol”.

En el resbaladizo debate sobre si las multinacionales tienen o no patria, el discurso dual es el predominante en muchas grandes compañías, que apelan a su carácter internacional y a los principios de desregualción y no injerencia cuando las cosas van bien, pero a menudo recurren a la bandera cuando surgen problemas en el exterior.

Ninguna de las multinacionales españolas presentes en Argentina (BBVA, Santander y Telefónica, fundamentalmente) se han animado a solidarizarse públicamente con Repsol, probablemente debido al temor a posibles represalias. Y el propio Brufau se fotografió junto a Evo Morales apenas unas horas después de que el presidente boliviano decretase la nacionalización de Transportadora de Electricidad (TDE), propiedad de REE (más española que Repsol en sentido estricto, ya que está controlada por el Estado), sin hacer la más mínima alusión a dicha expropiación.

Los Gobiernos también mantienen un doble discurso en según qué circunstancias. Bajo los mandatos de José María Aznar se completaron las grandes privatizaciones y liberalizaciones, privilegiando en el proceso a los candidatos españoles. Los concursos de Retevisión y Airtel dejaron fuera a ofertas de France Télécom o Deutsche Telekom en favor de inversores nacionales ajenos al sector de telecomunicaciones (Santander, Unión Fenosa, Endesa, familias Entrecanales y Alba, entre otros). Apenas unos años después, dichos inversores vendieron sus participaciones obteniendo en aquellas operaciones importantes beneficios. Amena fue vendida a France Télécom y Airtel cedida a Vodafone.

“Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado, y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos”, asegura Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.

Repsol ya fue objeto de una defensa de corte nacionalista por parte del Ejecutivo durante el pasado verano, cuando Sacyr firmó un acuerdo con la mexicana Pemex. El entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, dejó claro de inmediato que el Gobierno no iba a tolerar que la petrolera pasara a manos extranjeras.

Más rocambolesco resultó el caso de Endesa. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apoyó decididamente una oferta de compra de Gas Natural que resultaba poco beneficiosa para los accionistas pero era alentada por el PSC y los nacionalistas catalanes. Posteriormente modificó la ley para frenar una contraoferta lanzada por la alemana E.ON, excusándose en que la eléctrica no debía caer en manos extranjeras. Más adelante propició que triunfase una tercera oferta encabezada por Acciona. Sin embargo, apenas un año y medio después, la constructora de la familia Entrecanales vendió su participación a la italiana ENI y obtuvo con la operación unas plusvalías de 1.700 millones. Endesa pasó así no solo a estar en manos foráneas, sino en las de una empresa controlada por el Estado italiano, en aquel momento bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi.

El patriotismo suele ser, de hecho, un argumento de quita y pon para los políticos según vaya el estado de la economía. Y los argentinos dominan ese transformismo como nadie. La mejor prueba es que más del 80% de los diputados y más del 90% de los senadores votaron a favor de la expropiación. Radicales y peronistas unidos contra el depredador español, al que, sin embargo, eligieron para venderle YPF en el año 1999 y al que el Gobierno del matrimonio Kirchner ha estado agasajando desde entonces sin que las cifras de producción, inversión o reparto de dividendos parecieran suponer ningún problema. Hasta Carlos Menem, artífice de la venta de YPF, no tuvo rubor en apoyar lo que en España y en la UE ha sido calificado unívocamente como expolio.

Cristina Kirchner ya ha dado muestras de un notable furor estatalizador. En el pasado aprobó la nacionalización de los fondos de pensiones. A ellos se sumaron Aerolíneas Argentinas, del grupo Marsans y Aguas Argentinas, participada por Agbar. La prensa nacional habla de que las próximas en caer serán las empresas gasistas y de electricidad. Incluso se especula con una medida contra los cientos de miles de cajas de seguridad donde los escaldados ciudadanos guardan sus ahorros en dólares.

El presidente boliviano, Evo Morales no le va a la zaga. Tiene como costumbre celebrar cada Primero de Mayo anunciando una nacionalización. Empresas metalúrgicas, minas, tierras de hacendados, hidrocarburos, eléctricas, operadoras de telecomunicación... Y, al igual que su homóloga argentina y pese a los buenos deseos de la diplomacia española, considera que las nacionalizaciones no deben ir aparejadas de compensación alguna. Ni Repsol ni REE tienen fácil recibir nada a cambio de los activos nacionalizados.

Muchos piensan que lo más criticable de estas expropiaciones no es que se trate de un gesto de antiespañolismo, sino que van contra de los intereses comerciales de los propios países nacionalizadores, al crear una inseguridad jurídica manifiesta. Así lo han visto muchos críticos a la decisión de Kirchner. “Una compra acordada de YPF a Repsol (que era posible) le hubiera amputado a la operación el trazo épico y el aspecto guerrero. Así no servía. En su lucha cuesta abajo con las encuestas, Cristina Kirchner necesitaba del teatro heroico que le gusta cultivar (…). A cambio de tan poco, metió al país en la peor crisis internacional desde la guerra con la OTAN por las Malvinas y desde el campante default, el más importante en la historia de la humanidad. El mundo ha hecho saber públicamente, con menor o con mayor intensidad, su rechazo a la expropiación de YPF”, señala Joaquín Morales Sola, periodista de La Nación, y muy crítico con el Gobierno peronista.

Operar en países gobernados por líderes de corte populista como Kirchner, Morales o Chávez coloca a las multinacionales extranjeras en una posición complicada. Para poder asentarse en dichos países, las compañías han de mantener estrechas relaciones con unos Gobiernos que mantienen un discurso de fuerte corte nacionalista y tienen un dudoso concepto de la legalidad. Desde que se hiciera con el control de YPF en 1999, Repsol ha sido por ello un firme aliado de las sucesivas Administraciones de Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

De hecho, para poder cerrar aquella operación la petrolera tuvo que sellar un acuerdo con el Grupo Petersen, propiedad de Enrique Eskenazi, un financiero argentino al que los Kirchner quisieron premiar su amistad forzando su entrada en YPF bajo la excusa de que la petrolera necesitaba un accionista nacional fuerte. Repsol accedió a cederle el control del 25% del capital, valorado en 3.200 millones de dólares, sin que los Eskenazi hicieran desembolso alguno. Lo pagarían a base de recoger el 90% del beneficio de YPF en forma de dividendos. Un exceso autorizado por el mismo Gobierno argentino que ahora lo denuncia.

Sin embargo, y mientras cerca de la mitad de las empresas europeas se quejan de no tener el personal cualificado que necesitan, solo 2 de cada 10 piensan incrementar este año su inversión en formación de la plantilla. Peor aún, el 72% de los responsables de las 500 compañías consultadas por Accenture considera necesario elevar el presupuesto para la formación de sus empleados para ganar competitividad, pero el 86% de los mismos ha hecho justamente lo contrario de lo que propugna, recortando esta partida debido a la crisis.

Son las paradojas del mercado laboral, señala la consultora, que concluye que las empresas no están sacando partido de los conocimientos de muchos de los 23 millones de empleados que existen en Europa, ni tampoco de los 15 millones de personas económicamente inactivas. Y no parece que sea el momento de perder el tiempo.

Menos aún en España, donde “el 58% de la población activa carece de acreditación de su cualificación profesional. Trece millones y medio de trabajadores no están preparados profesionalmente para el empleo que realizan”, según Francisco Aranda, presidente laboral de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Añade: “Si queremos huir de la crisis, es condición indispensable dirigirnos hacia una economía de servicios basados en el conocimiento a través de la formación”.

Pero estos son los hechos. La formación continua, ese derecho que tenemos todos los trabajadores en España, pues lo financiamos con nuestras cotizaciones a la Seguridad Social (y la aportación, mayor, de las empresas), ha sido una de las primeras partidas presupuestarias que las compañías han recortado durante la crisis, como ocurre tradicionalmente. Si en 2005 los gastos de formación que realizaban las empresas suponían un 1,20% del total de los gastos de personal, en 2010 se habían situado en el 0,68%, según los datos del Club de Benchmarking de Recursos Humanos de IE Business School. Es decir, está en niveles de hace 10 años, cuando el 75% de la plantilla recibía formación durante el 1,3% del tiempo de trabajo anual. “Ha bajado tanto el gasto total, como el gasto por empleado, el número de personas formadas y las horas de formación recibidas”, señala Pilar Rojo, directora del centro de investigación de IE.

Aún sin los datos definitivos de 2011, y mucho menos de este año, las previsiones no son nada halagüeñas. La formación permanente sigue perdiendo peso. En 2012, el presupuesto podría caer entre un 20% y un 30% más, según las últimas encuestas realizadas entre los empresarios.

Mariano Baratech, presidente de la consultora Élogos, que anualmente mide el estado de la formación en España, sostiene que las grandes empresas han pasado de destinar 1.000 millones de euros anuales a la formación de sus plantillas, en 2007, a los 550 millones que se van a invertir este año. “Supone una caída del 45%”, calcula. Por eso no es de extrañar que haya entidades, como el BBVA, que lancen una nota de prensa para difundir que mantienen en 2012 la inversión en formación intacta, en 41 millones de euros, tanto en periodos de bonanza como en periodos de crisis. Presume de ser una excepción.

Aunque cada vez invierten menos en formación, las empresas reciben cada vez más fondos bonificados para desarrollarla. Al menos las grandes y medianas compañías españolas, que son quienes recurren a las ayudas públicas y quienes destinan fondos a cualificar o actualizar permanente a su personal. De hecho, la de las empresas es la única partida que crece de los presupuestos dedicados a formación por parte del Gobierno. Para 2012, contarán con 560 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, un 8% más que en 2011.

Ese aumento es un espejismo dentro de las ayudas públicas a la formación de ocupados pendientes de aprobar por el Parlamento. En total, caen un 33%, pasando de 1.430 a 950 millones de euros, según el nuevo director gerente de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo. Quien destaca que, para el Gobierno, la formación estrella “es la formación de demanda, la formación de empresas, que es la que más recursos públicos consume; la que más les gusta a los empresarios y la que tiene un mayor margen de mejora sin elevar los costes del sistema”.

Donde el Gobierno ha recortado drásticamente el presupuesto es en los fondos destinados a la formación continua de los trabajadores gestionados por empresarios, sindicatos y Estado a través de la Fundación Tripartita, que se rebajan un 56%, de los 412 millones de euros aportados en 2011 a los 184 millones previstos para este ejercicio.

Unas bonificaciones dirigidas a los trabajadores ocupados que se están desviando hacia los desocupados, porque “hay formas de actuar en favor del empleo desde la formación. El Ministerio de Empleo ha decidido reorientar el presupuesto hacia la lucha contra el desempleo, hacia las políticas activas de empleo dirigidas a los parados desde la formación”, precisa Luengo.

El director gerente de la Fundación Tripartita, que lleva apenas tres semanas en el cargo, no oculta que la mala imagen que lastra a esta formación (denominada de oferta), “y la necesidad de cambio en el sistema, que es claramente percibida por agentes, usuarios y proveedores del mismo”, han llevado al Gobierno a dar entrada, además, a nuevos participantes en la gestión de los recursos y en el diseño de las políticas en la formación, a los denominados centros y entidades de formación homologados que introduce la reforma laboral, que destierran el histórico monopolio de los agentes sociales en la gestión de estos cursos.

“El sistema no falla porque haya crisis, sino porque no contribuye al empleo ni a aumentar la empleabilidad de los ocupados. Y esto es un escándalo. Por ello es bueno hacer que sea más transparente y abierto, permitir una mayor concurrencia”, sostiene Luengo. A su juicio, la reforma del sistema pivotará en la profesionalización de las entidades que intermedian, la simplificación de los trámites, la implantación en las microempresas y, sobre todo, aquellos puntos que permitan incrementar la eficacia de los cursos sin aumentar sus costes.

Eficacia. He ahí la madre de todas las batallas. Que los recursos que se dedican a la formación continua sirvan para tener una población laboral más cualificada y, por tanto, más empleable. Los indicadores de la Fundación Tripartita no lo demuestran, sí miden la “gran” satisfacción de los empleados, pero no la adecuación a su puesto de trabajo. Más aún, proyectos piloto prueban que se puede hacer formación a un precio seis veces inferior al que se paga actualmente.

Las empresas también tienen mucho que aprender tanto en la adecuación de la formación del empleado a su puesto de trabajo como en la métrica de esta eficiencia. “Es verdad que se ha reducido muchísimo la inversión en formación en España. Lo cual no quiere decir que, en muchos casos, que haya menos esfuerzo formativo, porque la formación ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora se está pegando al terreno y se está produciendo un solapamiento entre trabajo y formación”, señala Diego Sánchez de León, socio de Accenture. Y pone como ejemplo su trabajo para el lanzamiento de productos y servicios en Telefónica, que se aborda mediante grupos de trabajo interdepartamentales que aprenden unos de otros mientras sacan un producto al mercado, una formación, añade Sánchez de León, que se contabiliza como inversión de negocio.

Según el socio responsable de talento y personas de Accenture, actualmente, la responsabilidad de formarse recae sobre el individuo. Depende de él, ya que las empresas ofrecen menos formación programada y abanderan el autoestudio.

Para Francesc Fábregas, director general de la consultora de formación GEC, “la orientación de la formación continua ha cambiado. Antes el objetivo era enseñar inglés y habilidades a las plantillas y hoy se imparte formación orientada al negocio. Se ha pasado de cursos generalistas para todos los empleados a formación específica para determinados colectivos”. Y aquí los equipos comerciales se llevan la mejor parte, en un momento en el que la crisis precisa de nuevos modelos de venta.

También han aparecido nuevas metodologías, continúa Fábregas, que permiten mayor eficiencia. Se refiere a los contenidos semipresenciales, es decir, una mezcla de vídeos online de profesores expertos y programas en power point. Una hora de aprendizaje semipresencial equivale a cuatro horas presenciales, indica el responsable de GEC, “a un coste de una cuarta parte”, agrega. Estos contenidos se completan con otro de los métodos “baratos” que últimamente se han demostrado eficaces: las redes de expertos, foros de dudas, aprendizaje a través de compañeros…, el llamado aprendizaje informal que está tan de moda gracias a las redes sociales y los avances tecnológicos.

“La única opción para mejorar nuestro sistema productivo a corto plazo es impulsar la formación continua de cada empleado, para que ese aprendizaje se adecue a su puesto de trabajo y gane competencias, lo que le permitirá mejorar sus resultados rápidamente”, sostiene Carlos Gómez, ex director gerente de la Fundación Tripartita. A su juicio, tanto la gestión de los fondos públicos como la de los privados debe cambiar para que España pueda competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro alrededor, donde en lugar de tres de cada diez personas recibiendo cursos anualmente, son cinco u ocho de cada diez (como ocurre en Alemania o los países nórdicos) los ocupados que se forman permanentemente.

Mientras en Estados Unidos el 80% de los trabajadores realizan formación continua, en Alemania son más de la mitad y la media europea se sitúa en el 40%, en España el porcentaje está en el 25%. Y cayendo como los fondos destinados a ella.

Entretanto, una nueva paradoja (que diría Accenture) entra en escena: el Gobierno se ha decidido, en plena sangría presupuestaria, a impulsar la formación continua de los trabajadores. A través nuevamente de la reforma laboral, que entró en vigor en febrero, introduce el derecho a 20 horas de clases pagadas en horario laboral a todo empleado cuya antigüedad en la empresa supere un año. Así como la obligación de la empresa a facilitar la adaptación necesaria a los trabajadores cuando se produzcan cambios tecnológicos en el puesto de trabajo. Ya saben, porque un trabajador más formado, es un trabajador más empleable. ¿Cómo se pondrá en marcha? ¿Cuándo? ¿Quién lo pagará? Todavía es un misterio. Algo sobre lo que nadie quiere opinar.

Las palabras del presidente norteamericano no cambian la legislación, ya que las leyes matrimoniales dependen de los estados. Pero la cuestión ha trascendido las fronteras de Estados Unidos y sus implicaciones en la campaña electoral en ese país. Las organizaciones defensoras de los derechos de homosexuales han cogido la bandera para volver a reivindicar que en muchos países de todo el mundo, incluso con democracias avanzadas como Francia o Italia, sigue sin legalizarse la unión entre personas del mismo sexo.

En la última década ha habido un aumento de los países que reconocen el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En Europa siete estados (Países Bajos, Bélgica, España, Suecia, Noruega, Portugal e Islandia) lo han legalizado. Fuera de las fronteras europeas: Canadá, Suráfrica, Argentina, México y Brasil. Pero de forma paralela, algunos Gobiernos legislan en sentido contrario. Es el caso de EE UU, donde 30 estados prohíben expresamente las uniones homosexuales, mientras que solo nueve lo permiten. Hungría, Grecia o Nigeria, lo consideran ilegal.

En este contexto internacional, España se encuentra en una situación peculiar. El Tribunal Constitucional, siete años después de la legalización del matrimonio gay, no ha resuelto todavía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP a los pocos días de su aprobación. Pero la vida sí ha seguido su curso. Las organizaciones y las familias gais sienten tan normalizada su situación que no creen que fuera posible una vuelta atrás. “Esto no se para tan fácilmente, ha pasado mucho tiempo de consolidación social”, opina Elisabet Vendrell, presidenta de la Asociación de Familias de Lesbianas y Gais (FLG). “Una vuelta atrás sería kafkiana”, añade.

Desde que, en junio de 2005, se aprobara el cambio en el Código Civil español que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, más de 20.000 parejas homosexuales han formalizado su situación, según datos —hasta junio de 2011— del Instituto Nacional de Estadística. En este tiempo, algunas han tenido hijos, como Patricia y Pilar, casadas desde 2007. Tienen una “pitufita”, dicen, de nueve meses, de ojos grandes y pelo rubio que se llama Zoe. “Nunca hemos tenido ningún problema a nivel social, ni con los parientes, ni amigos, ni en el médico o en la escuela”, subraya Patricia.

Pese a la consolidación y normalización social, los temores por la incertidumbre jurídica no desaparecen. José María Núñez, de Fundación Triángulo, señala que con los populares en el Gobierno muchos homosexuales se están apresurando a casarse ante la perspectiva de que en el corto plazo ya no puedan. Aunque no hay cifras que corroboren esta tendencia. Fredy, peluquero madrileño de 42 años, sigue con sus planes de boda con su novio, Peter, para el próximo verano. Este empresario no cree que vaya a tener problemas para contraer matrimonio en España. “No se van a atrever a quitarlo”, dice, aunque reconoce que no está muy al tanto de cuestiones políticas. Aun así, se casará también en Brasil, país de origen de su pareja. Su mayor ilusión es adoptar y formar una familia. “Si es niña la llamaremos Manuela”, le cuenta a las clientas.

Amnistía Internacional ha aprovechado la celebración hoy del Día Internacional de la Familia, auspiciado por la ONU, para recordar que el derecho a casarse y fundar una familia está reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Con independencia del género de su pareja”, recalcaba ayer la organización en una nota. “Los estados deben abstenerse de discriminar a ninguna persona por su orientación sexual”, añadía.

En España, la Federación Estatal de Gais, Lesbianas y Transexuales (FELGTB) ha pedido reiteradamente al PP la retirada del recurso de inconstitucionalidad. Hoy lo vuelven a hacer. Al Constitucional le reclaman una “interpretación inclusiva y respetuosa con la realidad social”. Precisamente porque “la situación se ha normalizado”, Pilar cree que no hay vuelta atrás. “Ya no pueden”.

Las asociaciones quieren destacar que los hijos de parejas del mismo sexo no tendrán los mismos derechos que el resto de niños si sus padres o madres no se pueden casar. Solo uno sería considerado como tal ante la ley, bien como progenitor o como adoptante soltero. Pilar y Patricia aseguran que no se casaron para tener hijos. “Pero lo cierto es que de esta manera Zoe está más protegida si a alguna de las dos nos pasa algo”, comenta Pilar.

Jesús es ingeniero naval. Hace ocho años adoptó en solitario a su hijo, aunque era un “proyecto común” con su entonces novio, con el que mantiene una relación desde hace quince años. En cuanto se aprobó el matrimonio homosexual se casaron y su marido, arquitecto, inició los trámites de adopción del pequeño, que hoy tiene diez años. Ahora tienen temores. “En el peor de los casos se podría anular nuestro matrimonio e incluso nuestra paternidad”, afirma Jesús. Marta y Etel, de 33 y 34 años, casadas desde hace seis meses comparten esta preocupación. Se preguntan si dejarían de ser un matrimonio. Pero sobre todo les preocupa qué pasaría con el bebé que esperan tener: “¿Sería solo de una de nosotras?”, cuestiona Marta. Esta pareja reconoce que no ha sentido rechazo nunca, pero ahora se siente amenazada.

Una de las posibilidades que plantean los detractores es un cambio de nombre, que el matrimonio deje de llamarse así para los homosexuales. Eduardo Zaplana ya anunció en 2008 —antes de las elecciones aquel año— su intención de una vuelta a las “uniones de hecho”. Pero esta opción no contenta a los afectados. Patricia y Pilar aseguran que saldrán a la calle si cambian la denominación de lo que son. “No tiene que llamarse de otra manera especial para gais, como tampoco hablamos de homoIRPF u homoalquileres”, opina Patricia. Antonio Poveda, expresidente de la FELGTB, cree que la propuesta de una diferenciación nominal esconde intenciones más profundas: “Cuando desde el PP dicen que se trata de una cuestión de nombres, están mintiendo, también quieren cuestionar con nuestra idoneidad para ser padres”. El PP, sin embargo, no ha tomado ninguna decisión en este sentido desde que gobierna (noviembre de 2011) y preguntado por la cuestión, el ministro Ruiz Gallardón se remitió a lo que “diga el Constitucional”.

De momento, al colectivo sólo le queda esperar —“angustiados”, dice Poveda— a que el TC decida, y así llevan más de seis años. Pero la presidenta de FLG de Cataluña considera que no es el momento de tener miedo: “Nos paraliza y nos mete en el armario, que es lo que muchos quisieran”.

Según los estudiosos del Amazonas, el nuevo código representa, en la práctica, una patente de corso para ampliar las áreas legalmente sujetas a deforestación y, consecuentemente, destinarlas al boyante negocio agropecuario. También establece la amnistía general para todos aquellos que cometieron “delitos contra la vegetación” antes de 2008. A menos de dos meses de la celebración en Río de Janeiro de la cumbre medioambiental Río+20, que previsiblemente congregará a un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, el mensaje que Brasil ha lanzado al mundo es, cuando menos, contradictorio.

Tamaña división social en torno al Código Forestal no ha dejado indiferente a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que, según han declarado varios de sus ministros en los últimos días, ha decidido vetar algunos puntos sensibles del texto, como el de la amnistía a los deforestadores. El pasado viernes, la ministra de Medio Ambiente, Izabella Texeira, fue explícita ante un nutrido grupo de periodistas: “El Gobierno no apoya ningún retroceso en la legislación medioambiental ni ninguna situación que obstaculice la producción sostenible de alimentos con inclusión social. Debemos tener respuestas para los pequeños [agricultores] y el texto aprobado en el Congreso excluye las soluciones que el Senado había encontrado para ellos”. Texeira también confirmó que su ministerio ha aconsejado a Rousseff que vete el texto. La presidenta tiene hasta el 25 de mayo para tomar la decisión.

No obstante, la aprobación del polémico código no representa más que una pieza en el mosaico de decisiones adoptadas en los últimos años por diferentes instituciones brasileñas que mantienen en pie de guerra a las organizaciones medioambientales. El agresivo plan de vías de transporte terrestre para vertebrar la región amazónica o la construcción de enormes plantas hidroeléctricas en los cauces de los ríos Xingú y Madeira con el objetivo de consolidar el aún deficiente abastecimiento eléctrico del país son dos asuntos que dejan al desnudo el modelo de desarrollo por el que se ha decantado el actual Gobierno. Todo ello forma parte del denominado Plan de Aceleración Económica (PAC) lanzado en el mandato del expresidente Lula da Silva y ahora apuntalado por su sucesora.

“No he leído ningún trabajo científico que apoye algunos de los cambios introducidos en este Código Forestal, como, por ejemplo, la reducción de las áreas protegidas en cerros. Nuestra expectativa era que el Código Forestal representase una actualización de los conocimientos sobre el Amazonas acumulados en las últimas décadas. Es decir, debería ser un ejercicio de inclusión de la ciencia en la ley, y resulta inadmisible que los científicos que trabajamos en estos temas no hayamos sido oídos convenientemente. El resultado es un documento amorfo que en muchos aspectos va a mermar la protección de áreas críticas”, sentencia la experta del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA) María Teresa Fernández Piedade.

En su despacho de la ciudad de Manaos, Fernández se muestra muy crítica con la parte del nuevo código que regula las áreas protegidas en los márgenes de los ríos. “En el caso del río Solimoes existe una diferencia de altura de las aguas de 10 metros dependiendo del periodo del año. En un terreno tan plano como este, en la época de crecidas las áreas inundadas en los márgenes pueden ser de miles de kilómetros cuadrados. Solo en los ríos Solimoes, Negro y sus principales afluentes, cerca de 400.000 kilómetros cuadrados quedarían sin protección”, asegura a tenor de los estudios realizados por su equipo.

Las obras de la hidroeléctrica de Santo Antonio, en el cauce del río Madeira, el principal afluente del Amazonas, representan un nítido ejemplo de los efectos colaterales del desarrollo. A siete kilómetros de Porto Velho, la capital del Estado de Rondônia, los camiones y las excavadoras no claudican en la titánica tarea de culminar un mastodonte de hormigón y turbinas concebido para generar más de 3.000 megavatios. En este punto del Madeira, las otrora aguas tranquilas hoy se revuelven con violencia. Varias comunidades que vivían apaciblemente a orillas del río se han visto forzadas a emigrar a otros asentamientos ante el riesgo de que el funcionamiento de la hidroeléctrica provoque inundaciones que acaben tragándose las precarias viviendas de madera. “Llevo más de 30 años viviendo en este lugar y hasta ahora nunca había visto subir y bajar el agua de esta manera. Aquí ya no nos podemos quedar porque nuestras vidas peligran”, comenta a EL PAÍS María do Carmo da Silva, vecina del barrio Triangulo, uno de los afectados por la puesta en marcha de la hidroeléctrica.

Es probable que María do Carmo termine habitando en un lugar similar a Vila Nova de Teotônio, un complejo de viviendas construido a toda prisa en plena selva para alojar a 120 familias que antes corrieron la misma suerte. Todas ellas vivían de la pesca, pero desde la construcción de la hidroeléctrica ese tramo del río Madeira parece estar bajo los efectos insondables de una maldición. “Antes residíamos en un lugar donde podíamos pescar hasta 400 kilos diarios, y vivíamos bien. Aquí apenas consigo regresar a casa con la comida del día. No nos ha quedado otra alternativa que abandonar la actividad y buscarnos la vida”, se lamenta José Carlos, que hoy despacha en una tienda de comestibles donde la comunidad puede comprar productos de primerísima necesidad, como aceite, arroz, leche en polvo o algunas verduras. El problema es que Vila Nova de Teotônio fue vendida por los políticos locales como un prometedor polo turístico que mejoraría la calidad de vida de los reasentados. El pronóstico no pudo ser más errado, ya que este lugar es un páramo humano en el que reina el desánimo y la ausencia de perspectivas.

Otro caso sangrante es el de la localidad de Jaci Paraná, a casi 100 kilómetros de Porto Velho. Bajo el impacto de la construcción de la hidroeléctrica de Jirau, también en el cauce del río Madeira, este pequeño pueblo ha visto cómo su población ha pasado de 5.000 a 18.000 habitantes en apenas dos años. Algunos datos obtenidos por EL PAÍS en el terreno pueden dar una idea de la situación que se vive en este lugar: Jaci Paraná contabiliza actualmente un médico, tres escuelas, 10 policías... y 60 prostíbulos.

Al reclamo del empleo fácil en la construcción de la hidroeléctrica, miles de operarios llegados de todos los puntos del país se han instalado en la localidad sin orden ni concierto. Como no hay vivienda para tanta gente, los trabajadores han levantado asentamientos irregulares causando destrozos irreversibles a la naturaleza. Muchos de los que han fracasado en el intento de conseguir un empleo vagan hoy por las calles de Jaci Paraná mendigando o fumando piedras de crack. “Vine desde São Paulo con grandes expectativas, pero me encontré sin trabajo y en medio de la nada. Consumo crack porque no tengo nada mejor que hacer”, comenta Pedro, con la mirada perdida en la pipa que sostiene en una mano.

Los defensores del desarrollo a cualquier precio encuentran un admirable foco de resistencia a poco más de 100 kilómetros al norte de Manaos, la capital del Estado de Amazonas, en la localidad de Presidente Figuereido. En este lugar, a la par infernal y paradisíaco (las temperaturas extremas y una humedad sofocante no ensombrecen uno de los paisajes naturales más enigmáticos y maravillosos de la tierra), Egydio Schwade y sus hijos trabajan sin descanso en una propiedad de 53 hectáreas en pleno corazón de la selva. Recolectan 85 tipos de frutas y tubérculos, y miel de ocho especies de abejas. Jamás han cortado un árbol centenario para obtener madera o para ampliar sus cultivos.

Se apañan bien con cuatro hectáreas deforestadas, menos de lo que la ley permite para los pequeños productores, en las que mantienen una pequeña explotación agrícola de autoabastecimiento y venta de productos al por menor. “Somos la prueba viviente de que no hace falta devastar la selva para vivir de su tierra”, comenta Egydio, que vivió y sufrió en los setenta el exterminio de la tribu Waimiri-Atroari, que pasó de tener 3.000 miembros a 400 durante la construcción de la carretera BR-174 que conecta Manaos con Presidente Figuereido. “Es evidente que quien está detrás del Código Forestal es el agronegocio, los grandes productores”, asegura.

En el barrio de Zumbi, uno de los más inseguros de Manaos, se encuentran las instalaciones del Taller Escuela de Lutería del Amazonas (OELA), otro ejemplo plausible de explotación responsable de la selva. En los últimos 14 años aquí se han formado 60 profesionales en el arte de fabricar instrumentos clásicos de cuerda. Su director, Rubens Gomes, explica que el primero de los dos objetivos principales del proyecto consiste en “usar de forma racional los recursos de la selva”. El segundo pasa por la “inclusión y la oferta de oportunidades para jóvenes de baja renta”. Toda la madera usada en los talleres de OELA proviene de explotaciones y empresas reguladas y tiene el certificado FSC (Forest Stewardship Council).

Maderas amazónicas de marupá, tauari, breu branco o coraçao de negro sustituyen al pino alemán, a la jacaranda, al mogno o al ébano. “Después de años de pruebas y análisis físico-mecánicos hemos llegado a la conclusión de que nuestros instrumentos tienen poco que envidiar a los fabricados con especies de árboles en peligro de extinción”, comenta Gomes mientras acaricia las cuerdas de una guitarra clásica recién acabada. “Lo que tenemos sobre la mesa no es un Código Forestal, sino un código agrario que defiende los intereses del agronegocio”, sostiene.

No es ningún secreto que Brasil es la tercera potencia exportadora de productos agrícolas del mundo, tras de la Unión Europea y Estados Unidos. Pese a las embestidas que ha sufrido en las últimas décadas, la inexpugnable región amazónica sigue teniendo un incalculable potencial para aumentar la producción agrícola y ganadera de Brasil. En los cenáculos políticos de Brasilia no pocas voces defienden la idea de que el gigante sudamericano, que atraviesa un momento crucial de su historia, no puede aflojar el pulso frente a las agriculturas subvencionadas de Europa y EE UU.