En palabras del ministro, en la reunión de ayer con los consejeros, se produjo una “discusión muy viva, profunda y con puntos de vista dispares en los que entendían que algunas de las condiciones [del sistema de becas] eran demasiado exigentes”. Y en ella no contó con aliados como reconoció a la salida: “Una parte significativa (de los consejeros) al margen del color político” han mostrado sus discrepancias… Pero el ministro dejó claro que aunque haya cambios en su decreto seguirá premiándose de alguna manera la “cultura del esfuerzo” que en su opinión se estimula subiendo la nota media mínima exigida. “Es necesario alinear las ayudas con los principios de reforma y de equidad. No queremos que nadie tenga que abandonar los estudios por razones socioeconómicas”.

Las comunidades de su partido, sin ganas de avivar la polémica, incidían en la necesidad de buscar esta “excelencia”, pero apostaron por que esta sea gradual en sus exigencias. Desde el plante de la consejera catalana, Irene Rigau, el pasado diciembre, todas las partes han hecho un esfuerzo por suavizar el enfrentamiento.

Wert prefirió no hablar de los requisitos para las becas de los que van a entrar en la universidad aunque varios consejeros lo mencionaron. “Ese tema se tratará mañana en el Consejo de Universidades”, arguyó el ministro, quien pareció más proclive a rebajar la nota del bachillerato pero no la de FP, a la que no se refirió.

Hablaron las regiones socialistas de Andalucía, Asturias y las populares de Castilla-La Mancha y Castilla y León y no hizo falta más para que el ministro reculase. “Era un sentir general. No hacía falta que nos repitiéramos. Somos gente educada”, afirmó a la salida el castellanoleonés Juan José Mateos. Ellos no quieren que las notas sean un criterio tan determinante porque podría dejar fuera a alumnos con grandes dificultades económicas.

No queda claro cómo se va a concretar esta modificación de su proyecto. “Tras los escasos apoyos y la fuerte contestación social, el ministro va a revisar los requisitos y se ha comprometido a enviar un nuevo borrador”, aseguró la consejera andaluza Mar Moreno. Juan José Mateos, de Castilla y León, no fue tan preciso al respecto: “No sabemos en qué consiste la flexibilidad de lo que nos ha dicho”. En agosto, el real reglamento tiene que estár aprobado para que puedan efectuarse las solicitudes de beca. Apenas quedan cinco semanas y el real decreto tiene que pasar aún el trámite del Consejo de Estado. “Hay tiempo”, dijo Wert tranquilo.

“Queremos volver a la casilla de salida. Que un chico sin dinero con un cinco pueda seguir estudiando, como le ocurre al de una familia adinerada”, argumentó Mar Moreno. ¿Por qué si un cinco sirve para certificar un título no va a servir para obtener una beca?, planteo la consejera andaluza al ministro. “Se ha conseguido que abuelas analfabetas abracen hoy a nietas que son abogadas o médicas y eso ha sido posible porque se ha sembrado antes con una política de becas que no puede desaparecer”, dijo Moreno. Desde Extremadura, se ahondaba en lo mismo. Trinidad Nogales, su consejera, pidió que se “rebajen las exigencias académicas de forma transitoria” para conceder una beca, teniendo en cuenta el alto nivel de paro juvenil y de abandono escolar temprano que sufre su región.

Irene Rigau, la consejera catalana, dijo que uno de cada dos alumnos catalanes puede perder la beca en bachillerato con estos requisitos. “Si queremos que el cien por cien de los jóvenes llegue a FP o Bachillerato no podemos ponerles barreras”.

Wert asegura que ningún consejero puso en duda la modalidad que propone de una beca fija (de 1.500 euros frente a los 2.004 actuales) y otra variable que depende de la renta familiar y los méritos académicos de los alumnos y que se calculará con el resto de la parte fija. Sin embargo, varios de los consejeros mostraron sus dudas sobre la forma de calcularse estas ayudas. Reprocharon su opacidad.

Antes se votaron tres informes alternativos -de los sindicatos y los padres de la escuela pública (CEAPA)- al presentado por el Consejo Escolar del Estado que no contaron con el apoyo suficiente. Se planteaba en ellos una enmienda a la totalidad, una baza demasiado rotunda para que contase con el apoyo de la patronal Escuelas Católicas, los padres de la concertada o la Confederación España de Organizaciones Empresariales (CEOE).

CANAE, representado por su presidente Álvaro Ferrer, se reunió con varias organizaciones con anterioridad y conocía su punto de vista pero no imaginaban ni por asomo un apoyo tan contundente. Algunos de los presentes se preguntan si estas enmiendas se habrían aprobado si hubiesen partido de los sindicatos. Ha salido a favor que la parte fija de la beca -que se prevé de 1.500 euros- alcance los 2.040 euros en la parte fija (dependiendo de la renta) o 2.556 euros si depende de la residencia, lo que restaría peso a la parte variable de la ayuda que va a depender de la renta familiar, las notas del alumno y del presupuesto que quede después de repartir la parte fija.

"El PP recorta miles de becas" o "sus hijos lo tienen seguro, los demás pueden emigrar", son algunos de los subtítulos que aparecen acompañando a las imágenes, que duran apenas 20 segundos. Los socialistas denuncian que estos recortes dejan en "una situación dramática" a miles de jóvenes españoles que no pueden pagarse sus estudios. El vídeo termina con los hashtags #BecasSí, #LeyWertNO.

La noticia tuvo ayer un gran impacto en la sesión del Parlamento catalán, donde todos los partidos —menos CiU— exigieron la comparecencia de Boi Ruiz y del propio Padrosa, y avanzaron que solicitarán la destitución del máximo dirigente del CatSalut si sus explicaciones no son satisfactorias. Mientras, la Corporación Fisiogestión empezó a retirar a Padrosa los poderes en sus sociedades —dedicadas a rehabilitación, fisioterapia y logopedia—, según confirmó el administrador del holding, Carlos Núñez.

Boi Ruiz es el expresidente de la patronal sanitaria —la Unión Catalana de Hospitales— y fue nombrado en diciembre de 2010 consejero de Salud por el presidente catalán, Artur Mas, tras la victoria electoral de CiU. Ruiz se llevó consigo al Departamento de Salud a la cúpula de la Unión y eligió a Padrosa para el cargo más importante de la sanidad catalana: la de director del CatSalut, organismo que financia toda la red asistencial —hospitales, centros de salud, servicios sanitarios, ambulancias...— y maneja el 97,9% de los 8.685 millones de presupuesto que Salud tuvo en 2012.

La doble posición de Padrosa cuestiona también la aplicación de los recortes sanitarios, que mientras en los grandes hospitales públicos alcanzan casi el 20% desde 2011, en las empresas de Corporación Fisiogestión apenas ascienden al 9%.

La apertura de la investigación por la Oficina Antifraude está recogida en un documento al que ha tenido acceso este diario, que establece “la posible existencia de incompatibilidades en la actuación del director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Padrosa”. La nota considera que estas “posibles irregularidades” tienen el calado suficiente para que la OAC “acuerde iniciar actuaciones de evaluación” del caso.

El grupo Corporación Fisiogestión, por su parte, emitió un comunicado en el que admite que Padrosa ha mantenido durante más de dos años los poderes en sus empresas mientras era director del CatSalut. Pese a ello, el grupo asegura que tanto su “actuación como la del doctor Padrosa han sido totalmente correctas” y defiende que ha obtenido adjudicaciones públicas con “total transparencia” y “sin ningún tipo de favoritismo”. La nota también niega que Corporación Fisiogestión haya sufrido los recortes en menor medida que el conjunto del sistema sanitario.

En el Parlamento catalán la oposición en pleno pidió explicaciones al director del CatSalut y a Boi Ruiz. A Padrosa, por sus presuntas incompatibilidades y al consejero, como responsable de su nombramiento, conocedor como era de su relación con el sector privado. Este es el primer paso que exige la oposición, y si las explicaciones no satisfacen a los partidos, la mayoría de grupos avanzaron que reclamarán la dimisión de Padrosa.

El PSC registró una petición de comparecencia en la cámara de Ruiz y Padrosa. La portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Marina Geli, enfatizó la responsabilidad del consejero. Conocedora de las obligaciones del cargo —fue la predecesora de Ruiz al frente del departamento—, pidió conocer “si se hizo el informe de compatibilidad que debe realizarse para nombrar cada alto cargo”. Geli no anticipó si los socialistas pedirán la dimisión de Padrosa, pero lo dejó entrever: “Escuchadas las explicaciones decidiremos y actuaremos en consecuencia”.

La comparecencia de ambos altos cargos, Ruiz y Padrosa, parece segura porque generó un clamor prácticamente unánime en la oposición. Incluso Esquerra, aliada del Gobierno de CiU esta legislatura, abrió la puerta a forzar las explicaciones de los dos dirigentes en la Cámara. “Haremos lo que debemos hacer: pediremos las explicaciones correspondientes, que se expliquen sobre todo esto. Podría ser en una comparecencia”, avisó Alba Vergés, portavoz de Sanidad de ERC, que no alberga dudas: “La Ley de Incompatibilidades es clara”.

El resto de grupos fueron más contundentes todavía. El partido Popular alertó de que exigirá “la dimisión inmediata” de Padrosa si se constata la incompatibilidad. “En tres años, las empresas que representa han facturado más de 40 millones de euros. Todo, en un momento en la que más que nunca hay que utilizar eficientemente los recursos públicos”, denunció el portavoz del PP, Enric Millo.

El ecosocialista Josep Vendrell abundó en la misma tesis: “Las instituciones deben garantizar más que nunca su credibilidad en época de recortes”, remachó Vendrell. La portavoz de ICV subrayó “la gravedad” de los hechos y lamentó los sucesivos embrollos de la sanidad desde que Ruiz es su responsable en Cataluña: “Desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados a que haya una puerta giratoria entre el sector público y el sector privado”. Un diagnóstico similar hizo David Fernández, de la CUP, que no dudó en pedir la dimisión de Padrosa y describir su déjà vu con el escándalo.

Ciutadans resumó la situación de la sanidad pública catalana: “Está saqueada, troceada entre grupos de interés y expoliada”, describió Jordi Cañas, que pidió incluir el caso Padrosa en el orden del día de la comisión de investigación de los escándalos de la sanidad catalana.

La mujer se mostró entera casi en todo momento. Solicitó declarar tras un biombo que ocultara a José Bretón. Este permaneció sentado, esposado por primera vez en la sala. La voz de ella solo se quebró en algún instante, cuando rememoró la última vez que vio a los niños, de dos y seis años, en el otoño de 2011, y cuando explicó que tomó la decisión de permitir que su exmarido pasase fines de semana alternos con ellos. “Ahora me doy cuenta de que vivía con un asesino en potencia”, dijo.

La declaración de Ruth Ortiz desbarató ayer la imagen que el día anterior ofreció Bretón de un hombre amante de su familia. “Él nunca era cariñoso con sus hijos. Recuerdo uno de los últimos días de El Portil [donde vivió la pareja en Huelva antes de la separación] en el que él rechazó con desprecio a su hija y la bajó bruscamente de sus rodillas. Otra vez, le dio una torta en la boca a José por no comer. Yo le dije que no lo hiciera más”, recordó Ruth. “En El Portil empecé a tener miedo real de él. Sabía que era vengativo. Le tenía miedo, no sabía a qué, pero empecé a intuir la maldad que tenía”.

Mientras la relación de la pareja se deterioraba, Bretón se volvió completamente “rígido, obsesivo y controlador con los niños”, contó la madre. “Los niños, al final, le temían. No les dejaba comportarse como niños. Les veía como una carga en nuestra relación”. Ortiz tampoco contempla —“jamás, eso jamás”— que el hombre perdiera a los niños, dado el control y la rigidez con que se conducía con ellos. Un testigo declaró que a los pequeños “no los cogía de la mano, los cogía por las muñecas”.

Ortiz recordó una de las pocas visitas que hizo a Bretón en la cárcel para tratar de arrancarle la verdad, uno de los episodios más dolorosos para ella. “Me dijo que con quien sea que estuviesen los niños, no iban a estar como con él o conmigo. Pero que, desde luego, con quien mejor estarían los niños era con él”, relató la madre. Bretón se mantenía terriblemente tranquilo en esos encuentros. Igual que cuando la llamó, en la madrugada del 9 de octubre, para confirmarle que sus hijos habían desaparecido. “Qué quieres que te diga, se me han perdido los niños. Me ha tocado a mí”, le dijo. “Estaba supertranquilo”, apuntó ayer la madre. La única obsesión de Bretón parecía ser que Ruth se reuniera con él. “Ahora tendrás que venir a Córdoba”, me dijo. “Yo era incapaz de pensar en nada, solo pensaba que no volvería a ver a mis hijos”. La pareja mantuvo fugaces conversaciones más adelante. En ellas, Ruth le rogó, le gritó a Bretón que le devolviese a sus hijos. “Pero él solo me decía que por qué no dábamos una rueda de prensa juntos, o por qué no íbamos juntos a una manifestación. O por qué no pegábamos juntos carteles de los niños”.

El conflicto comenzó en 2005, cuando España decidió subvencionar el paso de la televisión analógica a la digital, un proceso que culminó en abril de 2010. El Gobierno diseñó un plan para llevar las nuevas señales a núcleos demográficos inhóspitos, que abarcaban alrededor del 2,5% de la población. Esas subvenciones se otorgaron exclusivamente a la tecnología terrestre, dejando fuera otras alternativas, como el satélite o el cable.

La Comisión, que recuerda que España no le notificó este proyecto, sostiene que la medida favorece “a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras”. Como el Ejecutivo comunitario tiene la potestad de garantizar la libre competencia en la Unión Europea, tiene la potestad de prohibir ayudas de Estado aunque se hagan con dinero nacional.

Bruselas afirma que los operadores de plataformas terrestres “han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español”. Las ayudas concedidas repartidas por las comunidades autónomas afectaron a unos 425.000 hogares.

El Gobierno español tiene ahora dos meses para responder a la Comisión Europea cómo piensa recuperar esas cantidades otorgadas a partir de 2005. Y la ley establece un periodo rápido –cuatro meses- para que el Estado español ingrese las cantidades desembolsadas, aunque en la práctica los acuerdos con las empresas pueden dilatar ese plazo.

El director general de Astra en España, Luis Sahún, ha afirmado que esta resolución pone de manifiesto que “se puede competir con los méritos de cada tecnología” y que "para el desarrollo industrial y la innovación es fundamental que el mercado de las telecomunicaciones sea abierto y que los usuarios puedan elegir”. Considera, además, que el satélite se ha demostrado como un medio rápido y barato para el despliegue de redes de televisión.

Astra, una compañía que tiene la sede en Luxemburgo, recuerda que opera en España desde hace muchos años y que es necesario que “las bases de la competencia sean las mismas en todos los países del la UE”.

La investigación de la Comisión puso de manifiesto que aquellas subvenciones se destinaron exclusivamente a la digitalización de la tecnología terrestre. En cambio, otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o Internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones aunque la plataforma por satélite, por ejemplo, habría estado disponible y podría haber cubierto todo el territorio”.

En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con éxito en las licitaciones públicas, según la Comisión. “La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español”.

Existía, además, un precedente de rechazo europeo a este tipo de ayudas digitales. El Tribunal de Luxemburgo declaró ilegal una ayuda similar ya en 2005, según explican fuentes comunitarias.

Además del recurso interpuesto por Astra, un operador local de Castilla-La Mancha reclamó también a Bruselas, con lo que esta investigación –que todavía no se ha resuelto- podría incrementar el montante de las ayudas que los operadores de red deben devolver.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, lo ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado que no ha sido posible cumplir los plazos para darle más prórrogas. El ministro ha vuelto a dejar una rendija abierta. Según sus palabras, el cierre llega por razones económicas, y no de seguridad, por lo que Industria seguirá analizando el caso.

Nuclenor, dueña de Garoña, ha dejado pasar varias oportunidades para seguir operando, siempre por motivos económicos. En diciembre, cuando se desacopló de la red, alegó que los impuestos que preparaba el Gobierno le harían entrar en pérdidas. Endesa e Iberdrola, propietarias a medias de la central, se planteaban pedir una renovación de la autorización de explotación, algo a lo que, salvo cambio legal inesperado, ahora no podrán optar.

Los 280 trabajadores en plantilla de la central han sentido con el anuncio un nuevo escalofrío. Después de tanto vaivén, han optado por racionalizarlo. “Se desprende que no es un cierre irreversible, creo que deja la puerta abierta”, ha declarado el presidente del Comité de Empresa, Alberto César González. Los empleados aseguran que Nuclenor defiende que todavía hay una “oportunidad, pero no garantía” de que la planta siga abierta más allá del 6 de julio, informa Efe. La empresa no responde a EL PAÍS acerca de sus intenciones.

Con la orden ministerial publicada, Garoña entraría en una fase de unos dos años en la que caminará hacia su desmantelamiento y declaración de clausura, algo que supondrá el cierre definitivo.

Si Nuclenor decidiera volver a abrirla debería pedir una nueva autorización de explotación, algo establecido en el reglamento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que implicaría realizar una gran cantidad de exámenes prenucleares, iguales a los que se sometería a una central recién construida. “Esas pruebas durarían unos tres años”, estiman los técnicos consultados.

Otro escenario que se baraja consistiría en incluir en el reglamento del CSN una disposición que permita conseguir una nueva autorización con menos requisitos para aquellos casos en los que un reactor ha dejado de operar por motivos económicos. “Sería cambiar las reglas del juego en mitad del partido y tendría serias implicaciones para la seguridad”, critica una fuente consultada.

Con el cierre en agenda, el Gobierno sigue apostando porque sigan funcionando las ocho centrales nucleares, siempre que cumplan las condiciones del CSN.

Con estos antecedentes, uno se imagina a Hartasánchez enarbolando la bandera del gran ecologista. Frío, frío. “Si no hay más remedio, pues vale. Pero cada vez me identifico menos con los ecologistas que no aportan soluciones”, asegura con un hablar pausado, pero imparable. Porque, añade, la conservación de la naturaleza requiere cada día más aplicar conocimientos de biología, económicos o sociológicos y se aleja de los criterios sensibleros.

Lo que el paso del tiempo no ha logrado mermar en él, es ese amor que les llevó a él y a un grupo de amigos, a preocuparse por el medio que les rodeaba. Y el agradecimiento a su padre, médico, que le dejó dedicarse a lo que le gustaba. “Éramos unos chavales de 16 años del instituto Jovellanos de Gijón influenciados por Félix Rodríguez de la Fuente y empezamos a salir al campo por pura afición”. Fue el germen de Fapas. El primer reto llegó con la conservación del buitre negro en Picos de Europa. “Al principio llevábamos los cadáveres de las vacas para alimentar a los buitres en un coche”, sonríe. Aquello no podía ser. “Pedimos 100 pesetas para comprar un remolque para trasladar los cadáveres de las vacas”, cuenta. Necesitaban 17.000 pesetas y respondieron unas 20.000 personas. “Llegamos a la conclusión de que se necesitaba una organización que aglutinase estas inquietudes”.

Ahora, embutido en su vestimenta de faena, de la que no se desprende “salvo en contadas excepciones”, no se ve como el gran salvador del medio ambiente. Prefiere centrarse en lo pequeño. “Es donde está la clave”. Como el último proyecto en el que han acercado colmenas móviles a los lugares donde crece el arándano, fruto básico en la dieta de especies como el urogallo (en peligro de extinción), porque las abejas salvajes han desaparecido y, sin ellas, no hay polinización. El proyecto está financiado por la Fundación Banco Santander. Otro de los aspectos de la organización que hace sentir orgulloso a Hartasánchez. “Funcionamos sin ayudas públicas, el dinero llega de los 18.000 socios y de financiación privada”.

Lo peor de su trabajo, los políticos, responde sin titubear. “En este país no hay unos planes medioambientales que perduren. “El que llega cambia lo anterior y eso, en la naturaleza, carece de sentido”. El otro gran problema, opina, es pensar que la actividad humana solo ha servido para destruir la naturaleza. “Pero es eso lo que ha configurado el medio al que se ha habituado la fauna y la flora. Y el abandono actual del campo y la montaña hace que estén desapareciendo especies”.

Su próxima cita es con el lobo. Pero sin extremos. “La solución no está ni en el exterminio de la especie que piden algunos ganaderos, ni la adoración que le profesan grupos conservacionistas”.

En paralelo a este programa de exploración, Pekín sigue adelante con su programa tripulado y ahora mismo están en órbita, en el módulo prototipo Tiangong1, los tres astronautas chinos que partieron el pasado 11 de junio.

La Chang 3, que ha pasado ya las pruebas en un entorno que imita condiciones lunares, está formada por dos módulos que partirán integrados: el de servicio y el descenso, que lleva dentro el rover, informa space.com. El punto de aterrizaje no se ha determinado oficialmente, pero Sinus Iridium es el lugar favorito de los cuatro preseleccionados.

Los dos módulos de la Chang 3 pesarán entre 3.700 y 3.800 kilos y viajarán unidos hasta colocarse en órbita lunar. Una vez allí se separarán y el módulo de descenso iniciará el recorrido hasta el suelo en una maniobra de varias fases orbitales y de descenso controlado, según explica la web especializada Dragonspace.com. Será, por tanto, una estrategia diferente de la seguida por los últimos vehículos de la NASA que han llegado al suelo de Marte, tres de ellos envueltos en airbag y dando botes hasta detenerse, y el último, el Curiosity, en una complicada y arriesgada maniobra multifase de ingeniería que culminó con el vehículo colgado de una especie de grúa espacial andes de posarse en el cráter Gale. En cualquier caso, los vehículos de la NASA realizaron entrada directa en la atmósfera de Marte, sin pasar por las fases de puesta en órbita allí.

Una vez que llegue al suelo lunar, el módulo chino, de unos 1.200 kilos y con un generador de radioisótopos para proporcionarle energía (como el Curiosity), se desplegará el rover de seis ruedas alimentado por paneles solares. El plan es que el módulo fijo funcione un año y el vehículo rodante, unos tres meses. Este pesará 120 kilos y llevará otros 20 de equipos de científicos y cámaras. Dragonspace.com explica que el rover se desplazará autónomamente, evitando obstáculos, seleccionando las rutas óptimas y eligiendo localizaciones para sus actividades de exploración. Además del radar para sondear el subsuelo lunar y un telescopio óptico, el vehículo llevará un dispositivo para tomar muestras y analizarlas.

Por su descripción, las tecnologías que China aplica en su programa lunar no parece que se sitúen en la vanguardia de la exploración espacial, teniendo en cuenta las operaciones realizadas en el pasado por EE UU y la Unión Soviética. Pero Pekín va muy rápido, quemando etapas sin desvío y sin interrupciones. Al suelo lunar llegaron los astronautas estadounidenses del programa Apolo, hace más de 40 años, y los robots rusos.

El programa lunar chino arrancó oficialmente en 2004 y, en 2007, ya cumplió con éxito la primera misión, la Chang 1. Tres años después, en 2010, llegó el turno de la Chang 2, prácticamente idéntica a la primera, pero con una cámara de mayor resolución. Eran sondas de 2.480 kilos, de 2x1,72x2,2 metros y con paneles solares, que se pusieron en órbita lunar para realizar observaciones y obtener imágenes.

Tras la Chang 3 Pekín enviará, también al suelo lunar, la Chang 4 antes de intentar, con la Chang 5, la recogida de muestras y el regreso a la Tierra. Tal vez después viajen los astronautas al mismo destino.

Mientras tanto, EE UU parece haber dejado de lado la Luna y, con demasiadas dificultades y alto coste para que los humanos viajen a Marte en la próxima década, ha puesto en marcha ya la operación asteroide marcando el objetivo de que sus astronautas alcancen uno de estos objetos del Sistema Solar, aunque sea acercándolo hasta la distancia de la Luna.

El fin del período lectivo va a dificultar esta investigación pero la Defensora urge a las autoridades a que ofrezcan de inmediato la información para trasladar las ayudas y las medidas a otros ámbitos que no sean los escolares. Ahora mismo en las provincias en las que se ha apreciado con claridad que hay niños que no están bien alimentados en sus casas se han puesto en marcha programas de tres comidas al día.

El cierre de los colegios no puede suponer el fin del programa de alimentación por lo que la Defensora quiere conocer las previsiones de las autoridades para que el verano no lleve consigo un aumento de la malnutrición de los niños. Cruz Roja tiene en marcha un plan de alimentos pero se trata de que las autoridades se vuelquen para detener este drama.

La toma de conciencia de que el hambre es un problema real en España y que afecta principalmente a los niños es una realidad como se ve desde hace semanas en las iniciativas de la oposición. La portavoz de UPyD, Rosa Díez ha arrojado datos de extrema gravedad, tales como que en España viven más de dos millones de niños bajo el umbral de la pobreza; un 30% está en riesgo de estar en esa situación y el 16,7% está en grado de pobreza extrema. “Por primera vez en España os niños son el colectivo más pobre, por encima de los mayores y ancianos”, ha señalado Díez. La portavoz de UPyD ha expuesto los lugares en los que hay  niños mal alimentos y ha citado casos en los que los menores “se han desmayado” en la escuela. ¿ “ Es compatible esta situación con el artículo 1 de la Constitución que proclama a España como un Estado social de Derecho”?, ha preguntado Díez al presidente del Gobierno.

A España llegaron el año pasado 55 solicitantes de asilo por cada millón de habitantes, una de las proporciones más bajas de la Unión Europea. La situación solo es peor en Portugal, mientras que en Suecia las solicitudes por millón de habitantes llegaron a 4.625 y en Bélgica, a 2.535. Siria es el primer país de origen, seguido de Nigeria, Argelia y Camerún.

CEAR alerta de que la caída de demandantes es un problema que comparten los tres grandes países del sur de Europa: España, Grecia e Italia, que sufrió el año pasado una caída del 54% de las solicitudes de asilo. “Se han convertido en gendarmes de cara a Europa y han asumido el rol de blindar las fronteras”, ha declarado la secretaria general de la ONG, Estrella Galán, en la presentación del informe. La entidad relaciona la bajada de solicitudes con las políticas de externacionalización de fronteras de la UE, que permite a los países vecinos a controlar los flujos migratorios antes de que alcen el territorio comunitario.

“Los acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito; el control cada vez más alejado de nuestro territorio de Frontex [la agencia europea de vigilancia de fronteras]; los regímenes de visados, etc. provocan la caída de las solicitudes, un efecto disuasorio y que se elijan cada vez rutas más peligrosas para llegar”, ha desglosado José Antonio Rubio, portavoz de CEAR. Precisamente ayer, el Gobierno fortaleció la seguridad en la frontera con Melilla para impedir los asaltos a la valla. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, anunció en el Congreso que los puestos de vigilancia actuales serán reforzados con un helicóptero con cámara térmica y dos módulos de intervención rápida de la agrupación rural de seguridad.

La ley de 2009 dejó, según la asesora jurídica de CEAR, Pilar Palomo, muchos flecos y ha incidido en que falta por desarrollar un reglamento sobre el tratamiento especial que deben recibir las personas más vulnerables, como las víctimas de la trata, la tortura o las mujeres que llegan solas. Además, pese a que recuperaba "la posibilidad" de pedir asilo en embajadas y consulados, este derecho "solo se ha utilizado en casos de extensiones familiares", según Palomo, es decir, para familiares de refugiados en España. Especialmente preocupante para la organización es la solicitud en puntos fronterizos o Centros de Internamiento de Extranjeros, donde solo se admiten a trámite el 44% de las peticiones, frente al 95% de las que se presentan en territorio nacional.

Desde el Hospital General explican que están a la espera de recibir un recambio que pondría fin a esta situación. "Hemos solicitado un recambio a Barcelona pero no sabemos todavía cuándo nos llegará", han comunicado. A esta incógnita se suman las dificultades para solucionar la avería, puesto que los responsables del centro deben vaciar toda la planta de cirugía para proceder al cambio. Por ello, esta situación se podría prolongar tiempo. Además, desde el propio hospital han reconocido que no saben cuándo llegará el recambio encargado a Barcelona.

Los trabajadores idearon este peculiar sonajero a base de rellenar botes de pruebas de orina con clips. No es la primera vez que un hospital recurre a este sistema. En marzo de 2011, los pacientes de la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia utilizaron estos mismos botes rellenos con otros materiales sanitarios ante la falta de timbres.

Desde el Hospital General de Castellón aseguran que la solución transitoria no ha sido una decisión de la dirección sino de los trabajadores y aseguran que aconsejan, hasta el arreglo de la avería, que los familiares avisen de forma verbal al personal sanitario.

La discordia partía del hecho de que algunas Comunidades Autónomas -que gestionan el dinero  no se muestran muy dispuestas a abonar la paga de antigüedad (una mensualidad por cada quinquenio cumplido) y la incapacidad temporal, lo que ha supuesto un problema en los últimos tiempos. Por ese motivo el convenio deja claro que el bono sea "efectuado por la Administración y las empresas no abonarán cantidad alguna por este concepto".

En la mente de todos estaba la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre que rechazó que en 2010 se bajase un 5% el sueldo del personal de las ikastolas (una parte de la concertada vasca), como ocurrió con los funcionarios de la pública. Abriendo de esta manera la puerta para que todos los docentes de la escuela subvencionada ( 160.000 en toda España) pudiesen reclamar -y así lo hicieron algunos- ese dinero que no han percibido desde entonces. "Es una forma de cubrirnos las espaldas. No podemos poner en riesgo la continuidad de los centros", subraya José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

Conscientes de las dificultades autonómicas para el abono de la  paga de antigüedad, las partes han acordado que este puede puede aplazarse. Y en este caso las Comunidades deberán firmar acuerdos con los sindicatos y la patronal.

La jornada máxima de los maestros de educación infantil de nueva incorporación será de 32 horas semanales y la de las de los educadores de 38 y sus salarios siempre superiores a lo establecido en el XI Convenio de Educación Infantil.

Tras ocho años en que Cristeta no ha podido ver a su hija, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha dado la razón y ha declarado que la madre fue privada injustamente de todo contacto con ella, lo que vulnera su derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estrasburgo le ha concedido una indemnización de 30.188 por las graves faltas de diligencias de la Junta y de los jueces españoles al considerar que debieron poner los medios para que madre e hija volvieran a estar juntas. El tribunal asegura que las autoridades españolas han contribuido “de manera decisiva a la ausencia de toda posibilidad de reagrupación familiar” entre Cristeta y su hija, a la que vio por última vez el 27 de septiembre de 2005. Ahora, la menor tiene ya 11 años y hace casi ocho que vive con su familia de acogida, lo que hace la situación “muy difícilmente reversible”, según los magistrados.

La sentencia relata el calvario de esta mujer que, desde que le quitaron a su hija y la privaron de visitarla, no ha dejado de luchar por que se la devuelvan y los intentos desesperados de Cristeta por volver a ver a la menor sin que nadie la escuchara. Tras serle arrebatada, la madre fue informada de que la niña, ya bajo tutela de la Junta, fue alojada en un centro de acogida de Granada, pero poco tiempo después, fue trasladada a otro de Loja (a 58 kilómetros de esa capital) sin que nadie dijera nada a la progenitora, que había pedido que la llevaran a una instalación más cercana a su domicilio, en la provincia de Jaén. Ese desconocimiento provocó que Cristeta se presentara hasta 17 veces en el centro de acogida de Granada sin saber que la niña ya no se encontraba allí.

La trabajadora social encargada del caso justificó la retirada de la tutela y su traslado al centro por “la actitud incorrecta, irrespetuosa, violenta y agresiva de la madre”, que según un informe del 4 de octubre de 2005, “había intentado herirse y tuvo que ser conducida al hospital cuando fue separada de su hija”. Ese documento relataba igualmente que durante las tres únicas veces que se le permitió visitar a su hija, Cristeta se quejó de que el centro no trataba correctamente a la menor, a la que hablaba “de forma compulsiva e incoherente”. La funcionaria estimaba en su informe que esas visitas “perturbaban la estabilidad y la evolución” de la niña, por lo que propuso que se suspendieran, algo que la Junta solicitó formalmente al juez.

La abogada de Cristeta, María José López Góngora, recuerda cómo ese informe sirvió a la Junta y a los jueces para desestimar todas las peticiones de la madre. Esos argumentos fueron los que se utilizaron para declarar el desamparo de la niña, suspender las visitas de la madre y entregar a la menor a una familia en acogimiento previo a la adopción, desoyendo en cada caso los argumentos de la progenitora.

Sin embargo, Estrasburgo considera que la única razón por la que la privaron de su hija fue su situación de indigencia, “sin que se tuviera en cuenta su evolución posterior”. El problema era “una carencia material que las autoridades españolas habrían podido compensar con la ayuda de otros medios que no fueran la separación total de la familia”. “El Gobierno español debió barajar otras medidas menos radicales que recabar la tutela de la menor”, mantienen los magistrados que recuerdan que los servicios sociales deben “ayudar a las personas en dificultades, guiarlas en sus trámites y aconsejarlas sobre las diferentes ayudas disponibles o cómo conseguir alojamientos sociales”, justo la asistencia que Cristeta había solicitado el día que la privaron de su hija.

De padre guineano y madre española, esta mujer de unos 40 años vive en la finca de su abuela junto a sus otros dos hijos y otros familiares. Cristeta trabaja regularmente como jornalera para la Junta de Andalucía, una actividad que alterna cada año con los viajes a Francia para la vendimia. Ha sido allí donde ha recibido la noticia de que la separación forzada de su hija fue injusta. Una decisión que le otorga una indemnización, pero que, previsiblemente, no se la devolverá.

Antonio Hernández-Rodicio (Cádiz, 1966) es periodista y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo y ha desarrollado la mayor parte de su carrera periodística en empresas del Grupo Prisa, desde 1991. Fue jefe de los Servicios Informativos de la cadena SER en Cádiz y corresponsal de EL PAÍS en esta ciudad. Asimismo, a lo largo de su carrera se ha hecho cargo de las corresponsalías de las agencias EFE y Europa Press, del semanario Tiempo, de Andalucía Actualidad y del periódico El Observador de Barcelona. Fue subdirector de El Correo de Andalucía desde 2001 a 2005 y director del mismo rotativo hasta febrero de 2011, cuando fue nombrado director de los Servicios Informativos de la cadena SER.

Rafael de Miguel Lahuerta (Zaragoza, 1968) es licenciado en Derecho, Máster en Periodismo de EL PAÍS y Máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de la Haya. Toda su trayectoria profesional está vinculada a empresas del Grupo Prisa, como Canal Plus, CNN + y Cuatro. En Canal Plus ejerció como redactor jefe de Nacional y en CNN+ fue corresponsal fundacional en EE.UU y delegado en Atlanta. Durante su permanencia en Cuatro se ocupó de la corresponsalía diplomática, la información del gobierno y la información parlamentaria. Más tarde fue responsable de la información económica en Telecinco, hasta que en marzo de 2011 se incorporó como subdirector de los Servicios Informativos de la cadena SER.

La cadena SER pertenece al grupo de emisoras de PRISA Radio y es considerada líder de la radio española con 4.914.000 de oyentes y más de un millón y medio de usuarios únicos en internet, según comScore. La emisora cuenta con programas de referencia líderes en todas las franjas horarias como Hoy por Hoy, Hora 14, La Ventana, Hora 25, El Larguero, o Carrusel Deportivo.

Pregunta: ¿Por qué el grafeno levanta tanto entusiasmo?

Respuesta: Ha sido totalmente inesperado. Nadie se imaginaba que pudiera existir una lámina con esas propiedades extraordinarias: tan fina, tan buena conductora de la electricidad, tan dura, tan resistente a los ataques químicos... y siguen saliendo a la luz características novedosas. En ciencias de materiales es un descubrimiento como ha habido pocos... quizá como lo fue, en su momento, el transistor.

P. ¿Ha salido ya de los laboratorios?

R. Hay empresas, también en España, que fabrican y venden grafeno, pero para investigación, así que sigue en los laboratorios. También trabajan con él grandes empresas. Por ejemplo, Toshiba creo que lo está usando para recubrir cables muy pequeños dentro de computadoras.

P. ¿Puede señalar algunas aplicaciones?

R. Por ejemplo, pantallas táctiles flexibles, sensores, dispositivos de transmisión rápida de datos por optoelectrónica... Las pantallas planas normales se hacen de materiales escasos y cada vez más caros, así que el grafeno es una ventaja. Además, serán flexibles. Creo que hay en China un prototipo de teléfono móvil enrollable hecho a partir de grafeno. Airbus y Boeing están interesadas en este material para reforzar estructuras de aviones y aprovechar su propiedad conductora de electricidad. O paneles solares ligeros y flexibles que serían interesantes para los satélites. Luego puede haber cosas completamente nuevas, que solo el grafeno permite, por ejemplo en ingeniería de tensiones, porque se pueden variar sus propiedades eléctricas doblándolo e induciéndole deformaciones, de forma que se podría conseguir un material que condujera la electricidad en una dirección pero no en otra... Y se trabaja en aplicaciones biológicas muy interesantes, como una estructura de grafeno para hacer crecer órganos artificiales con células madre. Como también es un material biocompatible...

P. Tras un gran impulso inicial, ¿corre el grafeno riesgo de ralentizarse en su desarrollo, como ha sucedido con otros materiales en el pasado?

R. Con el grafeno hay tantas posibilidades, es tan versátil... No todas las aplicaciones que imaginamos se van a conseguir y es posible que algunas tarden tiempo, pero si no sirve para unas cosas servirá para otras. El grafeno es imparable.

P. ¿Por qué el material, en una lámina de un átomo de grosor, tiene esas propiedades? ¿Qué pasa si son dos átomos?

R. Hay todo un debate sobre esto. La bicapa de grafeno existe y se está estudiando muchísimo... tiene propiedades muy parecidas al grafeno. Pero cuando empiezas a meter más grosor aparecen imperfecciones con más frecuencia.

P. ¿Está el sistema de I+D español preparado para no perder el tren del grafeno?

R. Estamos en ese tren y nos ha ido muy bien colaborando en proyectos ambiciosos. Pero la competencia crece y tenemos que seguir trabajando... aunque las circunstancias actuales de la I+D en España no son buenas.

P. ¿Cuántos investigadores trabajan en grafeno en España?

R. Entre 200 y 300, y son físicos, químicos e ingenieros.

P. La UE ha lanzado un gran programa sobre grafeno en cuyo comité científico, con participación de cuatro premios Nobel, está usted.

R. Es un programa muy ambicioso, de una década, que la UE financia, de momento, con 80 millones de euros para dos años y medio. Se supone que el presupuesto aumentará y que parte del dinero vendrá de los países y de la empresa privada.

P. ¿Compiten Europa y Estados Unidos en el grafeno?

R. Colaboramos a nivel académico pero se compite a nivel industrial. En investigación básica Europa va por delante, seguida de EE UU y luego Asia, pero esta tiene la primacía en el impulso industrial. EE UU está en una situación intermedia en investigación y en aplicaciones.

P. ¿Qué hace un físico teórico dedicado al grafeno?

R. Un teórico da mucho juego, porque el grafeno ha obligado a reformular muchos conceptos de los materiales, los cristales, etcétera. Los electrones que se mueven dentro de grafeno es como si no tuvieran masa, se parecen a las partículas relativistas que van casi a la velocidad de la luz. Precisamente, con mi equipo, adelantamos una serie de propiedades de los electrones relativistas que luego confirmaron Geim y Novoselov experimentalmente. Luego predijimos que las arrugas del grafeno se comportarían como campos magnéticos y lo confirmó en laboratorio un grupo de la Universidad de Berkeley.

P. ¿Cómo es su colaboración con Geim y Novoselov?

R. Estamos trabajando en bicapas de grafeno y propiedades exóticas del material. Colaborar con ellos es muy agradable porque son muy trabajadores y encantadores, no se les ha subido el Nobel a la cabeza. Y ahora tienen muchísimos medios, mucha financiación para investigar.

P. ¿Y usted: influye en su equipo el recorte presupuestario?

R. Aunque los recortes son serios, el grafeno y la financiación de la UE nos permiten seguir adelante. Pero no podemos contratar investigadores y en el equipo hay gente muy buena cuya continuidad esta en el aire.

Más de una docena de afectados por robo de bebés acudieron con pancartas a las puertas del juzgado. Querían ver a Vela de cerca y que Vela les viera. Pero el médico, de 79 años, director de la antigua clínica San Ramón de Madrid, entró por la puerta trasera y salió en un coche por el aparcamiento de los juzgados, al que solo tienen acceso funcionarios y jueces, evitando así a la prensa y a las madres. El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, negó haber dado un permiso especial para que el imputado abandonara los juzgados por el aparcamiento e investiga quién facilitó la salida de Vela desde el garaje.

Previamente, durante la declaración del médico ante la juez, un policía, sin permiso del decanato —responsable de los espacios comunes de los juzgados—, expulsó a los periodistas que esperaban en la puerta. Al salir, algunas madres increparon a los agentes: “¿Por qué le protegéis? ¡Es un criminal!”, al tiempo que pedían “¡Justicia! ¡Justicia!” y preguntaban al aire: “¿Dónde están nuestros niños?”.

“Esto es un paso más en nuestra lucha”, declaró Inés Madrigal. “Se han presentado 3.000 denuncias por robo de bebés y solo quedan vivas un tercio de ellas, las otras se han archivado. Estamos ante cinco décadas de robo de bebés y Vela era una pieza más en el puzle, pero lucharemos hasta el final para saber la verdad”.

Madrigal ha arriesgado mucho en este caso. Denunció a su madre adoptiva, Inés Pérez, de 90 años, para que la investigación tuviera más posibilidades de prosperar y pudiera contar ante un juez lo mismo que le había contando a ella, esto es, que el doctor Vela le había enseñado a fingir un embarazo y que un día le entregó una niña como regalo. Inés Pérez fue efectivamente citada a declarar ante el juez y ratificó lo que le había contado a su hija adoptiva. “Me llamaron un día de [la clínica] San Ramón y me dijeron que fuera al día siguiente porque tenían una sorpresa para mí. Al llegar allí, el doctor Vela me dijo: ‘Mira qué regalo. Tengo una niña para ti’. El cura, Félix Sánchez, me dijo que era de una mujer casada que se había quedado embarazada mientras su marido estaba fuera trabajando. Repitió varias veces que era extremeña, como si ser extremeño fuera algo malo”, recordaba Pérez.

Ella trabajaba entonces de voluntaria en un convento donde “madres viudas o solteras” dejaban a sus bebés internos mientras no podían cuidarlos. Pérez llegó a acoger temporalmente a dos de ellos en su casa, mientras esperaba que alguna de aquellas madres en apuros renunciara a su hijo para poder adoptarlo. Pareció abrirse una posibilidad cuando le hablaron de “una chica muy joven, de familia bien, que se había quedado embarazada”. Mientras Pérez esperaba ese bebé, el doctor Vela le enseñó, asegura, a fingir un embarazo: “Me decía que no me pintara, que de vez en cuando hiciera como que tenía náuseas y me enseñó a simular la barriga con un cojín...”. Finalmente, aquella adopción se frustró, pero al poco tiempo Pérez recibió una llamada telefónica de la clínica citándola para entregarle una sorpresa: aquel bebé que 44 años después ha logrado la imputación del médico clave en la supuesta trama de robo de bebés.

Vela repitió este martes ante la juez un relato muy parecido al que hizo en julio de 2011, cuando fue citado, al igual que sor María, por la Fiscalía de Madrid: reconoció haber actuado en aquellos partos y negó haber robado bebés. Pero Inés Pérez asegura tener muy claro quién le entregó a su hija, quién le enseñó a fingir un embarazo y quién le dijo antes de dejarla marchar con el bebé que si había algún problema, “le llamara a él directamente”.

Según la Consejería, un nuevo estudio bacteriológico realizado este martes en las zonas de acceso a los quirófanos ha obligado a suspender, por segundo día consecutivo, 24 intervenciones quirúrjicas en los 13 quirófanos afectados por la acumulación de basura.

"Estamos trabajando para que los próximos turnos puedan acabar con los residuos y a primera hora de la mañana se puedan reanudar las operaciones", ha explicado a EL PAÍS un portavoz de la Sanidad Murciana. La Consejería, sin embargo, no ha querido dar por hecho que mañana se reestablecerán las intervenciones ya que temen que durante la noche "aparezca más basura".

Tanto la dirección del centro como el comité de empresa se han estado cruzando acusaciones sobre la responsabilidad de la acumulación de residuos. El hospital y la Consejería de Sanidad aseguran que los servicios mínimos prestados durante estos días no han podido acabar con la basura porque los trabajadores han estado acumulando "intencionadamente" residuos en las zonas de acceso a los quirófanos. El comité de empresa, en cambio, señala al hospital por no haber sabido gestionar dichos servicios mínimos y haber priorizado la limpieza en las consultas antes que en los accesos a las salas de operaciones. "No tenemos ninguna intención de perjudicar al usuario", ha asegurado en conversación telefónica Antonio Pérez, portavoz del comité.

Este martes por la mañana la consejera de Sanidad de Murcia, María Ángeles Palacios, ha mantenido una reunión con la dirección médica del hospital para abordar posibles fórmulas que permitan recuperar la normalidad. A la salida de la reunión, la consejera ha tildado la situación de "lamentable" y ha pedido paciencia a los usuarios y profesionales del centro, informa Europa Press.

Desde la Consejería se trabaja también por la vía de la jurisdicción laboral para ver si se puede aumentar el personal de limpieza sin violar los derechos de huelga de los trabajadores. El comité de empresa, por su parte, está citado este miércoles a la una del mediodía a una reunión en la Dirección General del Trabajo, pero su portavoz desconoce quién asistirá al encuentro.

La protesta de los trabajadores responde a la intención de la empresa adjudicataria del servicio, Valoriza Facilities, perteneciente al grupo Sacyr, de acometer un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Junto a esta medida, que afecta a 241 de los 334 trabajadores de la contrata del hospital, están previstas reducciones salariales, como la congelación del complemento de antigüedad, según el comité de empresa del hospital.

“El sábado pasado tuve que poner suero y se salió y cayó al suelo. Era suero glucosado; se te pegan los zapatos y no puedes dejarlo así el resto del turno, con los demás pacientes pisándolo. Lo tuve que limpiar yo”, explica Ana Aranguren, enfermera del Servicio de Atención Rural (SAR) de Perales de Tajuña que atiende a los habitantes de cinco pueblos de la zona cuando el centro de salud está cerrado. El horario del personal de limpieza se ha reducido a la mitad, según sus cálculos.

La Comunidad de Madrid adjudicó en febrero pasado la limpieza de los 293 centros de salud de la región a una única empresa, Ferroser (filial de Ferrovial), con el objetivo de ahorrar casi 18 millones en tres años —el contrato es de 35,5 millones—. Anteriormente eran varias las empresas que se encargaban de esta tarea. La nueva contrata asumió la limpieza el 15 de abril, y el 20 de mayo inició un ERE temporal que ha incluido prejubilaciones y reducción de jornada de los trabajadores, según explica Carmen Yela, responsable de salud laboral de CCOO en Madrid.

Antes del recorte era habitual que hubiera dos turnos de limpieza: de mañana y tarde. En algunos centros de salud se ha suprimido el de tarde. “El 23 de mayo un paciente vomitó por la tarde en la sala de curas. No había personal de limpieza, así que hubo que cerrar la sala y trasladar la actividad a otra”, explica Alfonso López, médico del centro de salud Benita de Ávila (Madrid). “Llamamos al teléfono que dio la dirección para casos de emergencia, pero no vino nadie”, añade. El vómito no se limpió hasta el día siguiente. “La semana pasada volvió a ocurrir con un niño en la consulta de pediatría”, explica López, que es delegado del sindicato de médicos Amyts. Su organización ha denunciado los “graves problemas de salud pública” que supone el recorte en la limpieza.

“Durante las primeras semanas se han producido algunos desajustes en el servicio, que están siendo subsanados”, asegura la Comunidad de Madrid. También Ferroser habla de “desajustes e incidencias” durante el “proceso de transición” en los que se está “trabajando”.

El centro de salud de El Pardo (Madrid) pasó de tener dos horas por la mañana y tres por la tarde de limpieza —para cubrir las consultas de pediatría— a solo 1,5 por la mañana. “Ha habido múltiples protestas por plaga de cucarachas y suciedad”, relata un médico. “En los centros de salud se hacen curas, se saca sangre; hay un riesgo biológico evidente”, señala Yela, que ha presentado denuncia en la Inspección de Trabajo.

Sin hacer ruido, evitando el revuelo mediático que generó el cierre del vecino Instituto de Cardiología —la Consejería de Sanidad llegó a modificar su página web para eliminar la palabra hospital de la descripción del centro cuando se conoció la noticia—, la Comunidad de Madrid echa el cierre a este edificio que alberga seis quirófanos y decenas de consultas, principalmente de oftalmología, pero también de dermatología, traumatología y otorrinolaringología. La hospitalización en la veintena de camas que conservaba el centro ya se cerró hace semanas.

Prácticamente toda la actividad quirúrgica y de consultas de oftalmología del hospital Clínico se realiza ahora en el Pabellón 8. Según el Plan de Ordenación de Recursos Humanos —la Consejería se negó a facilitar datos sobre actividad y personal a este diario—, este servicio realizó más de 10.700 operaciones de esta especialidad el año pasado. Los quirófanos funcionaban hasta ahora en turno de mañana y tarde, aseguran varios trabajadores, que se preguntan si el Clínico será capaz de absorber toda esa actividad, si aumentarán las listas de espera o la derivación a clínicas concertadas de intervenciones sencillas como la de cataratas.

Sanidad aseguró ayer en una respuesta escrita que “ha planificado la actividad” que se lleva a cabo en el Pabellón 8 “para realizarla en las propias instalaciones del hospital [Clínico], sin que ello paralice ninguna de las actividades previstas”. Sin embargo, médicos y otros trabajadores sanitarios explicaron ayer que se siguen dando citas, y que habrá que ir llamando a los pacientes para avisarles de que ya no tienen que ir a Ciudad Universitaria, sino a Moncloa. Según fuentes del centro, solo la actividad de Oftalmología reúne allí a unos 500 pacientes al día.

El Pabellón 8, inaugurado en 1952 junto a la Facultad de Medicina, albergó el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, que después pasó a llamarse Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Este organismo, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, ocupó el 20% del edificio hasta hace dos meses. El resto se lo había cedido la Complutense al hospital Clínico, según la Consejería de Sanidad “durante las obras de reforma”. Una fuente del centro explicó que el Clínico usaba este pabellón desde 1990.

La advertencia que ha hecho pública la Agencia Española del Medicamento indica que, tras revisar los estudios realizados sobre efectos adversos, “algunos mortales”, hasta la fecha, se “ha concluido que los niños menores de 12 años de edad presentan un mayor riesgo de sufrir reacciones adversas tras la administración de codeína, y que estas reacciones pueden resultar muy graves en aquellos que son metabolizadores extensos o ultrarrápidos”. El problema es que “el porcentaje de niños metabolizadores extensos o ultrarrápidos es variable dependiendo de su origen étnico y no existe ninguna prueba disponible en la práctica clínica que permita conocer el grado de actividad enzimática. Asimismo, el análisis de los datos puso de manifiesto que la eficacia de este medicamento para el tratamiento del dolor en población pediátrica es limitada y no es significativamente superior a la de otros analgésicos no opioides”, añade Sanidad.

Para los mayores de 12 años, solo se considera su uso cuando han fracasado otras opciones, como el ibuprofeno o el paracetamol. Y eso, con excepciones: por ejemplo, se contraindica cuando “vayan a ser intervenidos de amigdalectomía o adenoidectomía por síndrome de apnea obstructiva del sueño, debido al incremento de riesgo de presentar reacciones adversas graves”.

También, obviamente, en “aquellos pacientes que se sabe son metabolizadores ultrarrápidos, debido a que presentan un riesgo extremadamente alto de sufrir una intoxicación por morfina”.

Tampoco “se recomienda el uso de codeína en niños en los que pueda existir un compromiso de la respiración como es el caso de trastornos neuromusculares, patología respiratoria o cardiaca grave, infecciones pulmonares o de vías aéreas superiores, trauma múltiple o aquellos niños que hayan sido sometidos a procedimientos quirúrgicos extensos”.

De manera general, se aconseja restringir al mínimo el uso de codeína en los mayores de edad, con un máximo de tres días y no más de cuatro tomas diarias (una cada seis horas).

Knister (Bottrop, 1952) llega a Madrid desde Girona, donde tiene una casa. “Tardo 13 horas en coche desde Alemania. Perfecto. No me gusta bañarme, pero sí ver el mar”. Sus vivencias domésticas en España le tienen desconcertado. “Quise cambiar la titularidad de la factura del agua y fue una locura. ¡Les faltó pedirme la partida de nacimiento! Me lo tomé con humor e incluso me planteé escribir una historia”, rememora este pedagogo social que no es solo un autor infantil. Maestro, músico, showman, presentador de un programa de animación a la lectura, novelista… Ha hecho de todo, aunque termina volviendo pronto a Kika, esa niña convertida por azar en bruja al caer en sus manos un libro mágico.

“La crítica alemana me ha echado en cara que soy demasiado gracioso. Dicen que me falta profundidad. No les gusta que los libros triunfen. Un superventas lo miran con mala cara. Tampoco le dan premios”, razona sin perder la sonrisa. En total lleva vendidos más de 26 millones de ejemplares en 40 idiomas. “El primer libro para adultos lo saqué con seudónimo, pero un periodista destapó quién era. En el segundo cambié de nombre, y lo mismo, también con el tercero y ya la editorial me pidió que usara mi verdadero nombre. Se vendían muy bien”.

Knister, que con sus camisas hawaianas y su carácter expansivo es la antítesis del alemán tipo, llegó de casualidad a la literatura. Componía la música alemana de Barrio Sésamo y siempre cambiaba la letra, así que le propusieron ser letrista y dejar de discutir con estos profesionales. De ahí saltó a escribir un libro para prelectores con Kika como protagonista. Fue un bombazo y se animó a escribir otro para niños algo mayores. “Y el cartero empezó a odiarme. Llegaban sacas de cartas en las que me pedían que volviera a los más pequeños”. Así que hay títulos para dos edades, lo que prolonga la kikamanía varios años.

A Knister le encanta organizar lecturas de sus libros en público. Las hace rodeado de instrumentos. “Los niños son francos y se entusiasman de verdad. Van al baño, vuelven… todo con naturalidad. En cambio, los adultos están impávidos”, relata poniendo cara de pasmarote. “Así que a veces me pregunto si no aplauden por cortesía porque me dejo la piel en el escenario”.

Verena J. Schuenemann, Johannes Krause (ambos de la Universidad de Tübingen) y todo su equipo de arqueólogos y biólogos no solo recuperaron muestras de los esqueletos de leprosos de la edad media, sino que pusieron a punto un método eficaz para aislar el material genético de los viejos huesos humanos (apenas el 0,1% es ADN de Mycobacerium leprae).

Tras su estudio, que han publicado en la revista Science, los investigadores concluyen que el declive de la lepra en Europa desde el siglo XVI no se explica por la evolución del patógeneo hacia forman menos dañinas. Ellos sugieren que o la enfermedad decayó por la mejora de las condiciones de vida de la población o resultó eclipsada por otras infecciones, como la peste y la tuberculosis.

Estas limitaciones a la adopción por parte de extranjeros se aprueban seis meses después de que entrara en vigor la ley que puso fin a la entrega de niños rusos a los estadounidenses. Pero si la llamada ley Dima Yákovlev (en recuerdo del niño ruso que pereció al ser olvidado por sus padres adoptivos en un auto a pleno sol) tenía en realidad motivaciones políticas y era una respuesta al acta Magnitiski promulgada en Washington, que castiga a funcionarios rusos relacionados con la violación de derechos humanos, las motivaciones de las nuevas restricciones son exclusivamente homófobas.

Rusia no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y las marchas del orgullo gay están prohibidas. En parte esto se debe a la posición de la iglesia ortodoxa, que es de completa intolerancia hacia la homosexualidad: baste decir que Vsevolod Chaplin, presidente del departamento del Patriarcado Moscovita para las Relaciones entre la Iglesia y la Sociedad, está convencido de que la legalización de los matrimonios entre personas de un mismo sexo conducirá al ocaso de la civilización occidental. Para muchos rusos la homosexualidad y el abuso sexual infantil van juntos. En palabras del mismo Chaplin: "Rusia debe decirle al mundo que los matrimonios entre personas del mismo sexo, los intentos de legalizar el incesto y la pederastia significan la muerte, el suicidio" .

A pesar de las leyes homófobas aprobadas en Rusia, no hay consenso en la comunidad homosexual sobre la actitud a adoptar frente a su situación: mientras unos están por presionar al Gobierno por sus derechos y organizar manifestaciones gais a pesar de que están prohibidas, otros consideran que —puesto que pueden llevar una vida relativamente normal, sin grandes problemas en las esferas laboral y del ocio— no hay que enfrentarse con las autoridades ni "provocarlas". Verdad es que cada vez son más los partidarios de luchar por conseguir las mismas libertades y derechos que han conquistado los homosexuales europeos.

Con anterioridad a estas modificaciones legales los niños rusos no eran entregados a parejas homosexuales, ya que es posible rechazar a los que desean ser padres adoptivos por una serie de factores, que van desde su situación económica hasta enfermedades. Pero después de que diversos países europeos legalizaron el matrimonio homosexual, en Rusia comenzaron a elevarse voces que pedían que la ley específicamente prohibiera la adopción por parte de este tipo de parejas.

Que esto se materializaría, quedó claro el 4 de junio pasado en la conferencia de prensa que dio en Yekaterimburgo el presidente Vladímir Putin al final de la cumbre con la Unión Europea. Putin dijo que no tenía conocimiento de que se preparara una ley para prohibir la adopción de niños rusos por parte de parejas homosexuales, pero que si el Parlamento adoptaba una al respecto, él la firmaría. Putin confesó estar "harto" del tema y aseguró que la legislación rusa no discrimina a los gais y que estos pueden hacer carrera sin impedimento alguno.

Después de las declaraciones de Putin, Yelena Mizúlina, presidenta en la Duma Estatal del Comité para la Familia, las Mujeres y los Niños, presentó la modificación al artículo 127 del Código de Familia que contempla las restricciones mencionadas. Los parlamentarios consideraron que esta solución era mejor que denunciar los tratados bilaterales sobre adopciones que Moscú tiene firmados con países como Francia o introducir cláusulas homófobas en los que está negociando con otros, por ejemplo, España, que, por lo demás, serían rechazadas por la otra parte.

El viceministro de Exteriores Grigori Karasin en su intervención ante los diputados expresó: "La tarea es compleja: cómo proteger a los niños rusos adoptados de aquellos procesos que rechaza la inmensa mayoría de la población de Rusia. Se trata de una tarea urgente, y nosotros seguimos atentamente la aprobación de leyes que legalizan los matrimonios entre personas de un mismo sexo en diferentes países".

Los matrimonios homosexuales han sido legalizados ya en 16 países, incluidos 9 europeos, cifra esta que irá en aumento. Como se lamentaba el jefe del Comité de Exteriores de la Duma, Alexéi Pushkov, una vez que Alemania y el Reino Unido aprueben las leyes correspondientes, el matrimonio gay "se habrá convertido de facto en uno de los valores europeos".

Esta es la segunda ley homófoba que aprueba la Duma en junio: una semana atrás, el día 11, los diputados adoptaron por aplastante mayoría una ley que prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre menores, lo que significa que no se les podrá dar información sobre las "relaciones sexuales no tradicionales".

A los diputados les preocupa ahora el problema de las posibles readopciones, es decir, de que niños que han sido dados a familias heterosexuales terminen en el seno de matrimonios gais. Para evitar esta posibilidad, Mizúlina propone introducir una modificación a la ley de ciudadanía para que los adoptados conserven la nacionalidad rusa, lo que le permitiría a Moscú supervisar el futuro de los niños en el país de adopción.

La tercera y última lectura de la ley con estas modificaciones que prohíben la adopción por parte de matrimonios homosexuales se votará el viernes, y nadie duda que será aprobada sin dificultades.

El descenso de nacimientos ha sido provocado principalmente por una menor tasa de fecundidad, ya que el número de hijos por mujer también ha disminuido desde 1,34 en 2011 hasta 1,32 en 2012, pero también por una reducción progresiva de la cifra de mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), que acusa el descenso demográfico en los años ochenta. El descenso se aprecia especialmente en las mujeres extranjeras, donde el indicador se reduce de 1,58 a 1,54 niños por mujer y su edad media para tener hijos se eleva hasta los 28,9 años. En el caso de las españolas, el número de hijos por mujer baja de 1,29 a 1,28 y la edad de maternidad se sitúa en 32,1 años.

En cuanto a mortalidad, 2012 ha experimentado el mayor incremento anual de la década. Durante el año pasado, murieron en España 405.615 personas, lo que supuso un incremento de un 4,6% respecto a 2011. La tasa de mortalidad infantil no sufrió cambios, ya que se mantuvo en 3,1 defunciones por cada mil nacidos, como en 2011.

La esperanza de vida en 2012 se redujo ligeramente respecto al año anterior en el caso de las mujeres, en las que decreció hasta los 85,0 años. En los varones se mantuvo en 79,3.

La organización ha presentado el Informe de emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2012, con el inventario elaborado por el consultor experto en emisiones y ex asesor del Ministerio de Medio Ambiente José Santamarta. De entre todos los datos que reseña hay uno que sobresale: el aumento de la generación de electricidad con carbón. Creció nada menos que un 35,2% en 2012, lo que explica el aumento de ocho millones de toneladas de CO2 en solo un año. Tanto Santamarta como Asunción tienen clara la explicación: por un lado, el decreto que promueve el consumo de carbón y, por otro, los bajos precios de los derechos de emisión de CO2. En resumen: a las eléctricas les sale barato generar electricidad quemando carbón en lugar de recurrir a las centrales de ciclo combinado.

Por sectores, son precisamente el de la electricidad (con un 23,5% del total) y el transporte por carretera (21,7%) los que más contribuyeron en 2012 a las emisiones de gases de efecto invernadero.WWF considera que el sector eléctrico es el que tiene mayores posibilidades de reducir emisiones y a un coste menor. Las energías renovables evitaron la emisión de cerca de 200 millones de toneladas de CO2 entre 2008 y 2012. "La forma más rápida de reducir emisiones sería dar un hachazo a la generación eléctrica con carbón", ha asegurado Santamarta. En su opinión, el coste de quemar carbón es "enorme" por las ayudas que recibe y la minería española debería cerrar "ya". 

El dato de 2012 no debe hacer olvidar los 30 años precedentes. "Nuestro país ha aumentado las emisiones con respecto a 1990, en lugar de disminuirlas", ha recordado Asunción. 1990 es el 'año base' del protocolo de Kioto. Entre esa fecha y 2012 las emisiones crecieron un 18,7%, es decir, superaron el 15% que le asignaba este acuerdo internacional. "El modelo energético está obsoleto. La crisis es una oportunidad para impulsar un cambio de modelo, que es lo que pedimos al Gobierno", ha insistido Asunción. "Las medidas actuales están acabando con el sector de las energías renovables en España, que ha sido puntero en el mundo y es muy importante en la lucha contra el cambio climático", ha añadido. En resumen, para WWF se trata de promocionar las renovables ahora para que a la salida de la crisis las emisiones de CO2 no vuelvan a repuntar como en la época de crecimiento.

El fiscal de EE UU para el Distrito Norte de Ohio, Steven Dettelbach, explicó que los detenidos se habían "aprovechado de la discapacidad mental de la mujer y su deseo de proteger a su hijo" para "forzarla a la servidumbre" obligándola a realizar todo tipo de tareas del hogar. "La esclavitud moderna existe a nuestro alrededor", agregó Dettelbach en rueda de prensa.

Los acusados son dos hombres: Jordie Callahan, de 26 años, y Daniel Brown, de 33, y una mujer, Jessica Hunt, de 31.

El agente especial del FBI Eric Smith indicó que las víctimas habían vivido "en condiciones infrahumanas" desde 2011 y en muchas ocasiones se les había denegado comida. Según los investigadores, estas tres personas retuvieron a la mujer conscientes de su deficiencia mental y con el objetivo de "conseguir sus beneficios sociales y medicamentos de receta".

Además, la amenazaban con los numerosos animales que poblaban la casa, entre los que se encontraban perros de presa y serpientes pitones, situada en la localidad de Ashland, a unos 100 kilómetros al suroeste de Cleveland.

Para que no acudiese a la policía, Callahan y Hunt, que son pareja, obligaron a la mujer a golpear a su hijo y la grabaron en vídeo, y le dijeron que si revelaba las condiciones en las que vivía mostrarían las imágenes a las autoridades y le retirarían la custodia.

El caso se produce unos meses después de que, también en Ohio, saliese a la luz el secuestro por parte de un residente de Cleveland, Ariel Castro, de tres chicas durante más de diez años.

Aunque es similar a la Tierra en tamaño, Venus es un infierno en lugar de un mundo confortable para la vida. Con una atmósfera extremadamente densa, rica en dióxido de carbono, el efecto invernadero es muy potente allí y en la superficie la temperatura ronda los 460 grados centígrados, suficiente para fundir el plomo. Pero, además, la densa capa de nubes amarillentas oculta el suelo.

Khatuntsev y su equipo, por un lado, y Kouyama y sus colegas, por otro, han utilizado las imágenes captadas por la sonda Venus Express, de la Agencia Europea del Espacio (ESA), para estudiar la dinámica de la atmósfera durante 10 años venusianos (seis años terrestres), utilizando determinados patrones distintivos en las nubes. Ambos grupos han dado a conocer sus resultados en la revista Icarus.

La Venus Express, que partió de la Tierra en noviembre de 2005, llegó a Venus en abril de 2006. Está en órbita polar del planeta acercándose hasta 250 kilómetros del suelo sobre el polo Norte, y alejándose hasta 66.000 kilómetros sobre el polo Sur. Desde esta órbita tan elíptica la sonda automática logra una visión muy buena del hemisferio Sur de Venus en su conjunto y permite tomar imágenes de alta resolución del hemisferio Norte, informa la ESA.

El equipo ruso explica que, para esta investigación del viento venusiano, ha analizado, mediante un método manual de seguimiento de patrones, las imágenes obtenidas durante 127 órbitas y, mediante un método automático con ordenador, las tomas de 600 órbitas.

“Estos dos artículos suponen aumentar el número de preguntas que exigen respuesta acerca de la superrotación atmosférica de Venus, que es uno de los grandes misterios no explicados aún del Sistema Solar”, comenta Hakan Svedhem, científico de la ESA en la misión Venus Express. “Hay que investigar más la estructura espacial de las oscilaciones de los vientos para explicar qué fenómenos impulsan los patrones de circulación atmosférica”.

La cifra de alumnos morosos todavía no es definitiva. Los 30.000 forman parte de la radiografía de este momento, pero los números pueden variar a la baja —algunos podrían pagar in extremis a final de curso para evitar la anulación de su expediente y no tirar por la borda el esfuerzo de meses— pero también al alza: algunas universidades no han incluido todavía en sus estadísticas a los estudiantes a los que se les ha denegado la beca (en Cataluña todavía se están resolviendo las últimas). Esta es una de las causas que pueden disparar aún más la morosidad. Solo unos ejemplos: en la Universidad de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin beca (13.000), en Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes).

Gloria Blanco es uno de estos casos que, por el momento, no aparecen en las estadísticas oficiales. Está en 2º curso de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y en abril le llegó la notificación de la beca denegada por no cumplir los requisitos académicos: no alcanzaba el 90% de créditos aprobados el curso anterior. “Es injusto. Fue por una asignatura, además de que era de evaluación continua y suspendí solo una de las pruebas. ¡Se supone que debería contar la media!”, se queja esta joven de 26 años que hace un par de semanas decidió abandonar la carrera. Tenía que pagar 800 euros de la matrícula que no tenía. Acabó las clases y los trabajos, pero no se presentó a los exámenes.

La estudiante vive en Santa Coloma de Gramenet con su abuelo y sus dos hermanas de 22 y 25 años. Subsisten con la pensión del abuelo, unos 600 euros. Las hermanas hacen cursos de formación, pero llevan paradas año y medio. Gloria se queja de la poca información y ayuda recibidas por la universidad. “Fui a secretaría porque no quería dejar la carrera, pero no me ofrecieron ninguna solución”, lamenta la joven.

Sea como sea, la cifra de 30.000 estudiantes universitarios —resultado del conteo hecho por EL PAÍS a partir de los datos facilitados por todos los campus públicos, a excepción de algunos centros pequeños, donde el plazo de pago no ha finalizado— pone de relieve una nueva problemática que amenaza con agravarse con la reforma de las becas anunciadas por el Gobierno, que puede dejar a muchos más estudiantes sin ayudas.

El caso más gráfico es el de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) con 10.500 impagos entre alumnos que no solicitaron beca. “El porcentaje de morosos no ha variado aún respecto al año pasado, pero ahora nos van a llover los casos de gente que no puede hacer frente a las tasas”, cuenta Álvaro Jarillo, vicerrector de Estudiantes. Solo 10.402 de los 32.000 estudiantes que pidieron beca la han obtenido, frente a los casi 15.000 del pasado curso, un 31% menos.

Algunas cifras de otras universidades o comunidades autónomas permiten hacerse una idea de la magnitud del problema de los impagos. En Madrid, donde las matrículas se han incrementado un 38% de media, los campus admiten que hay unos 7.000 estudiantes que no han podido hacer frente al pago de las tasas. En Cataluña hay contabilizados al menos 3.000 casos —el triple que hace tres años—, lo que eleva el impago a unos tres millones de euros. En esta comunidad las matrículas subieron hasta el 67% y, pese a que la Generalitat implantó una escala de precios que varía según la renta familiar, la morosidad no se ha frenado.

En las universidades andaluzas contabilizan al menos 5.700 alumnos morosos. En la Universidad Politécnica de Valencia dicen que son 656, en el campus de Oviedo, un millar; en la del País Vasco admiten 241; en Castilla-La Mancha contabilizan 377 o en el campus de A Coruña, 160.

El impago de las matrículas comporta irremediablemente la expulsión del estudiante de la universidad. Se trata de una expulsión administrativa, ya que aunque el alumno puede continuar yendo a clase e incluso realizar los exámenes, se le veta el acceso al campus virtual y no se le rellena el acta con las notas, así que no puede matricularse al año siguiente ni pedir el título ni ningún certificado académico.

Estas bajas administrativas pueden aplicarse de forma escalonada, pero en la Complutense de Madrid, se hizo de forma simultánea, y sin previo aviso, a 3.193 alumnos que no habían pagado las matrículas. La medida soliviantó a los estudiantes, que se encerraron durante días en el rectorado. Finalmente, el campus se avino a ampliar el plazo de pago hasta septiembre y repartir los recibos hasta en cuatro abonos. Según los últimos datos de la UCM, había 2.673 alumnos que seguían sin pagar parte o toda su matrícula cuando se abrió ese periodo excepcional. De ellos, 552 se apuntaron a fraccionarlos y 70 manifestaron que no podían pagar. La Complutense no ha aclarado qué ha ocurrido con los 2.051 restantes, si se han dado de baja por no poder pagar o si son alumnos que se borraron a principio de curso antes de abonar la matrícula. La cifra regional varía según dónde se sitúen esos alumnos sobre los que la Complutense guarda silencio.

Tras la protesta en la UCM, se ha creado la Plataforma de Afectadas por las Tasas (PAT) que apenas echa a andar con pequeños grupos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Su objetivo es que “se activen los campus virtuales a los alumnos expulsados y hacer presión para que no se eche a nadie por motivos económicos”, explica Carla Ten, estudiante de ingeniería biomédica de la UB y miembro de la PAT en Barcelona. Y, a largo plazo, añade, pretenden lograr una universidad gratuita.

Ante este grito estudiantil de ayuda, algunos rectorados han decidido activar fondos sociales. Muchos alumnos se han encontrado con problemas sobrevenidos. “Su situación económica o familiar se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, ya sea porque los padres están desempleados, porque se han quedado sin prestaciones o incluso por el fallecimiento de los progenitores”, explica Sílvia Carrasco, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este campus ha sido uno de los pioneros a ofrecer estas ayudas especiales. Bautizadas con el nombre Beca Finestreta, cuenta con una dotación de 320.000 euros y beneficia a unos 150 alumnos.

Iniciativas como están surgiendo como setas en toda España. En la Universidad de Valencia están detectando “casos muy graves, desde fallecimientos o depresiones familiares a desempleo sobrevenido”, señala su delegado del rector para Estudiantes, Daniel González. El campus ha cuadruplicado las becas propias. El fondo social de la UNED para casos sobrevenidos no ha parado de crecer. En 2001 destinaban 57.000 euros para 226 solicitudes y ahora ya van por 846.000 euros para 3.760 alumnos. “Nos vamos a quedar cortos”, asevera Jarillo.

La del País Vasco ha creado un fondo de 250.000 euros para este tipo de situaciones. La ayuda es en metálico, pero no se descarta que tengan que “desarrollar actividades en favor de la universidad”. “La idea no es que ocupen puestos de trabajo. Por ejemplo, pueden orientar a los estudiantes de Erasmus que llegan a la ciudad. O si hay una feria en la que se explica el proyecto educativo de la universidad, pueden echar una mano”, abunda Maite Zelaia, su vicerrectora de estudiantes.

Para septiembre A Coruña ha creado un depósito de 115.000 euros y Málaga de 810.000 euros. Algunas han ampliado los plazos. La de Alcalá de Henares ha optado por el pago fraccionado mes a mes. La matrícula, que ronda los 1.500 euros, se podrá abonar en 10 meses. “Estas medidas son parches para que se ocasione el menor perjuicio posible a los estudiantes”, señala Santiago Fernández, vicerrector de Coordinación y Comunicación de Alcalá de Henares, “pero es el ministerio el que debería potenciar una política de becas adecuada, como ha pedido nuestro rector. No deberían subir más las tasas e incluso en algunos casos, como los másteres de investigación, tendrían que bajarlas”.

Algunas administraciones han decidido crear una dotación extra para situaciones sobrevenidas. La Comunidad Valenciana distribuirá un millón de euros entre los 600 estudiantes que han concurrido a la oferta extraordinaria de becas. Cataluña dispone de seis millones de las Beca Equitat. “Hemos decidido dejar abierta la convocatoria para todo lo que pueda suceder durante el curso”, justifica el secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà, quien aplaude la iniciativa de las universidades, pero matiza. “Cualquier ayuda es buena, pero quien cuenta con el grueso del dinero es la administración”. También toman las tiendas municipios como Alameda (Málaga, 5.000 habitantes), el Ayuntamiento destinará 20.000 euros para sufragar las matrículas de los jóvenes del pueblo.

Donde no llegan ni Gobiernos ni universidades, está llegando el ingenio universitario. A finales de mayo, la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid puso en marcha la campaña Matrícula entre todos, que consistía en vender 500 bolígrafos al precio de dos euros para destinarlo a ayudar a los alumnos con problemas económicos. Para finales de este mes, el sindicato de CC OO de la Universidad de Castilla-La Mancha ha organizado un concierto solidario con el que espera recaudar 150.000 euros para dar un balón de oxígeno a estos 377 estudiantes que no han abonado el último plazo de la matrícula.

Con información de Manuel Planelles (Sevilla), Juan Manuel Játiva (Valencia), Pilar Álvarez y J. A. Aunión (Madrid).

Con la petición de ayuda rechazada, se encontró con un recibo de 700 euros por 27 créditos matriculados. Casi el mismo importe que abonó hace cuatro años, cuando empezó la carrera, por 60 créditos. Está haciendo lo imposible para reunir el dinero, pero todavía le quedan 300 euros por conseguir. El plazo se le ha pasado, así que la UB ha dejado en suspenso su matrícula (junto a unos 500 estudiantes más) y le han cerrado el acceso al campus virtual. Con todo, se ha presentado a los exámenes porque su intención es pagar cuando pueda y que la universidad lo readmita.

“Me queda un semestre para acabar la carrera. Llegados a este punto, es absurdo dar marcha atrás”, tercia, rechazando la idea de abandonar los estudios, como han hecho otros muchos, por cuestiones económicas. La afirmación en el caso de Carlos no es baladí. Este joven de 27 años fue uno de esos numerosos estudiantes que, durante la época dorada del ladrillo, abandonaron los estudios prematuramente para trabajar en el sector de la construcción. Ya en esa época, Carlos se empezó a arrepentir de haber dejado las clases. Desempolvó los libros y se sacó el bachillerato. Entonces llegó la crisis y la empresa donde trabajaba se vio abocada al cierre.

El joven, de Olesa de Montserrat, decidió empezar la carrera de Derecho desafiando las dificultades económicas. “En casa somos tres y una hipoteca”, se permite bromear. Pero, a continuación, ya en un tono más serio, explica que la familia se sustenta en el sueldo del padre —la madre está de baja por larga enfermedad— que llega justo para sobrevivir. “No sufrimos, pero solo tenemos para comer y pagar facturas. No hacemos nada más”, comenta.

Carlos hace un esfuerzo adicional estos días para intentar aprobar todos los exámenes y volver a pedir la beca el año que viene que le permita acabar las pocas asignaturas que le quedan.

Le denegaron la beca en febrero —aún anda liada con recursos y reclamaciones— y se enteró de que había perdido la matrícula cuando quiso consultar las notas en la web y no pudo, como les ocurrió a miles de estudiantes de la Complutense, que de la noche a la mañana fueron expulsados del campus virtual. Este hecho sacó a la luz pública el problema de los impagos en las universidades. Un centenar de alumnos de la UCM se encerraron 21 días en el rectorado para denunciarlo. “Gracias a ese encierro he podido fraccionar el pago de mi matrícula en cuatro mensualidades”, explica la estudiante. La Complutense accedió a ampliar los plazos de pago hasta septiembre.

Abad contó el problema a sus compañeros y decidieron buscar una solución. Se organizaron en el colectivo Por mí y por Todxs mis Compañerxs. “Hubo una reunión y una tormenta de ideas para encontrar dinero”. Han organizado cuatro fiestas universitarias con música electrónica y venden camisetas que compran a una cooperativa, con el lema Universidad pública y de calidad. Cada una cuesta siete euros. “Algunos compañeros hacen de mecenas para pagar la comida y la bebida por adelantado y luego se les devuelve el dinero, otros nos dejan los equipos de sonido”, añade. “Ya tengo una buena parte de la matrícula cubierta”, señala.

Abad defiende que es “una alternativa autónoma” para que los estudiantes se autofinancien, pero cree que no es la solución y ve que su futuro universitario sigue en peligro: “Es un parche, si las tasas universitarias vuelven a subir no sé si podré pagarlas el curso que viene”.

Un portavoz de la Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad de Madrid (CAS Madrid), Ángel Navarro, ha explicado que el último de los detenidos en quedar en libertad ha sido un menor que esta mañana ha sido puesto a disposición del Grupo de Menores. Navarro ha calificado de "desproporcionado" el despliegue policial y ha defendido que la protesta se estaba desarrollando "en plan pacífico", como "tantas otras por la privatización de la sanidad". El portavoz de CAS Madrid ha acusado a la Consejería de Sanidad de buscar "callar" el movimiento contra la privatización de la sanidad a una semana "prácticamente" de la adjudicación de la gestión de seis hospitales, informa Efe.

El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido la labor policial ante el "intento de asalto" al Centro de Especialidades Federica Montseny que, según ha asegurado, había sido convocado "por plataformas radicales", informa Europa Press.

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid confirmó a este diario que los agentes entraron a desalojar a los encerrados porque "hubo una denuncia previa". Es la primera vez en casi ocho meses que la Comunidad de Madrid denuncia y fuerza así el desalojo de personas concentradas en protesta contra el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales públicos. El concurso para entregar a manos privadas estos centros está en proceso de presentación de ofertas. Solo tres empresas se han interesado por los hospitales, cada una por uno diferente, por lo que no hay competencia. Una de ellas, que opta a gestionar tres centros, manifestó recientemente en la Cadena Ser que se lo estaba pensando debido a las protestas y la objeción de los profesionales sanitarios.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha tildado de "represión" en un comunicado la actuación policial durante el intento de encierro de un grupo de personas en el Centro de  Especialidades Federica Montseny de Vallecas.

Fue ayer pasadas las siete de la tarde cuando un grupo de vecinos se concentraba en señal de protesta  por la decisión de la Comunidad de Madrid de privatizar el complejo, y terminó encerrándose en el edificio. Una parte de ellos subió al ático cuando agentes de la UIP o antidisturbios entraron en el recinto para desalojarles.

“Lunes 17 Concentración en Vallecas contra la privatización de los centros Sanitarios Vecinos y vecinas de Vallecas contra el cierre de centros sanitarios por la privatización”, rezaba el cartel de convocatoria de la protesta. La privatización de la parte sanitaria del hospital Infanta Leonor (el edificio y la parte “no sanitaria” son privados desde su inauguración) conllevará la cesión a la empresa privada concesionaria de los dos ambulatorios de Vallecas (Vicente Soldevilla y Federica Montseny) y de los dos Centros de Salud Mental (Puente y Villa de Vallecas). Posteriormente (en 9 meses según señalan los pliegos de privatización) serán cerrados el Centro de Especialidades Federica Montseny y el Centro de Salud Mental Villa de Vallecas.

El presidente regional, Ignacio González, anunció el pasado noviembre su intención de dar un vuelco privatizador al sistema sanitario madrileño: la gestión integral de seis hospitales iba a pasar a manos de empresas, así como los servicios no sanitarios (cocinas, limpieza, administración…) de todos los demás. Y por primera vez planteaba algo inédito en la región y en buena parte de España: privatizar también la gestión de los centros de salud. Un 10% del total (270) los dirigirían sociedades mercantiles. El Gobierno regional se corrigió el pasado marzo, cuando anunció que, de momento, no serán 27, sino solo cuatro los centros externalizados.

La Consejería de Sanidad rebajaba sus previsiones iniciales. En parte, porque los profesionales interesados en crear una sociedad son muy pocos. La viceconsejera Patricia Flores explicó hace dos meses que los interesados en asumir la gestión de esos centros se reducían a cuatro de esos complejos, aunque Flores no renunció entonces a extenderlo a los 27 previstos.

—Sí, yo inventé la palabra.

—¿En qué consiste?

—De momento, me preocupa más vivirla que definirla.

Alexandre Kalache pide un cortado mientras sale de la conferencia que acaba de impartir sobre envejecimiento activo en una repleta aula magna de la Facultad de Medicina de la Universitad de Valencia. Este simpático médico brasileño, que durante 14 años fue responsable del programa de envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha ideado un nuevo término para aludir al periodo de transición entre la edad adulta y la vejez. Justo el momento en el que se encuentra él, que cumplirá 68 años en octubre, en una etapa de plenitud profesional, rebasada la frontera de los 65 años que, tradicionalmente, ha dado paso a la jubilación.

El cortado le dura un suspiro en la terraza de la cafetería del rectorado, donde se le ve a gusto. Bajo un toldo que le protege del sol de la mañana, se refiere al neologismo que ha acuñado. “Gerontolescencia es una palabra rara, es verdad, pero también lo era hablar de la adolescencia en los años cincuenta y sesenta porque la gente no estaba acostumbrada, y ahora hablar de esa construcción social que se fue consolidando poco a poco es de lo más normal”, plantea en castellano con ligero acento brasileño. Lo mismo sucederá, mantiene, con este nuevo término en unos años. Habrá que ir acostumbrándose al palabro.

Recuerda que cuando murió su abuelo, más joven que la edad que él tiene ahora, “era un viejito, débil y frágil”. Nada que ver con cómo se siente este especialista en gerontología. “Estoy activo, sigo trabajando, viajo, participo en la sociedad, sigo adquiriendo conocimientos... ¿Cómo puedo envejecer como mi abuelo?”. Por eso explica que no se siente viejo. Es más, sostiene que él no es viejo, y que este término no le describe.

Como tampoco a ese grupo de personas entre los 60 y 65 años y hasta los 80 o los 85 —“aunque las edades son muy variables, como la adolescencia”— que siguen activos. El incremento de la expectativa de vida —en 2050 habrá el mismo número de mayores que el total de la población mundial de 1945— ha cambiado el escenario y postergado la vejez. Por ello, a través de este nuevo concepto, reclama el derecho de los mayores a mantenerse activos por encima de las convenciones. “La gerontolescencia es un momento de transición, variable; ya no eres el adulto de antes, pero no has perdido las suficientes facultades como para no mantenerte activo y autónomo”, se atreve finalmente a definir.

¿No será un intento de escapar de la realidad? “No, yo estoy muy feliz de la edad que tengo, pero quiero vivirla de una forma integral. Soy mayor y activo, pero no viejo. Yo soy un gerontolescente típico”, comenta.

Kalache, que ha sido invitado por la red de residencias para la tercera edad La Saleta, tuerce el gesto al referirse a los efectos de la crisis en España. Especialmente cuando habla de la “aberrante” situación de los jóvenes que subsisten gracias a las pensiones de sus abuelos. “No ayuda en nada a la solidaridad intergeneracional”, comenta. Es “frustrante” para los jóvenes y además, comenta, lastra la economía de los pensionistas. “Estoy muy preocupado”, insiste el inventor de la gerontolescencia.

Entre los ejemplos que el informe plantea como medidas para monitorizar la atención a los mayores se encuentra la propuesta de elaborar estadísticas sobre fracturas óseas, una de las mayores causas de fallecimiento entre los mayores. Esta iniciativa está ya vigente en un tercio de los países de la OCDE. El estudio también sugiere adoptar programas similares con las lesiones por escaras -producidas por cuidados inadecuados en las personas con falta de movilidad- o estrechar el seguimiento de las depresiones entre personas dependientes ancianas.  

El informe sitúa a España en una modesta posición (en el puesto 18º de una clasificación de 27) en el gasto público destinado a cuidados de larga duración. Con datos de 2010, el gasto no alcanza el 1% del producto interior bruto, frente a la media de la OCDE, que rebasa el 1,5%. Sin embargo, el documento advierte de que en el caso de España, únicamente se han recogido datos relativo a las atenciones hospitalarias, por lo que quedarían sin registrar atenciones, por ejemplo, relativas al sistema de atención a la dependencia. Los primeros puestos de la tabla los ocupan Holanda y Suecia, ambos destacados y con un gasto superior al 3,5% del PIB.

Bastante mejor parada sale España en lo que respecta al incremento en gasto público en cuidados de larga duración en el plazo 2000-2010: un 22% anual en términos reales. Gracias a ello ocupa el tercer lugar (en este caso la lista de países de la OCDE es de 25) por detrás de Corea del Sur (52%) y Estonia (24%). La media es del 9%.

El informe alerta sobre las deficiencias de comunicación y coordinación existentes entre los servicios sanitarios y sociales, lo que redunda en ingresos hospitalarios por complicaciones de enfermedades de base evitables. Las diferencias entre países en este ámbito son muy amplias. En Alemania, apenas hay 20 ingresos prevenibles por esta enfermedad respiratoria por 100.000 habitantes, mientras que en Corea son 650 el número de episodios registrados. En España, situada en la parte baja de la tabla, no llegan a 200.

El estudio utiliza un sistema propio de medida. Mide 13 variables que van desde la adecuación de la oferta a las necesidades de los pacientes, la coordinación o la oferta de opciones de tratamiento hasta la facilidad de acceso al especialista, al hospital o a los últimos fármacos. Se da un punto a cada porcentaje de ciudadanos que dice que ese apartado ha mejorado, cero si dice que sigue igual y menos uno si dice que ha empeorado, y así se hace la clasificación. El resultado final es que España obtiene el peor puesto, con -372, lo que viene a decir que los ciudadanos son los que más empeoramiento perciben. Hungría saca un -136 e Italia un -70. Portugal y Grecia no estaban en la muestra.

En el lado contrario, son los ciudadanos de Corea del Sur los que creen que han tenido más mejorías (+635), seguidos de los argentinos (+421) y Japón (+291).

En ninguna de las 13 categorías hay un balance positivo para los españoles (en todas hay más gente que piensa que el sistema está peor que los que piensan que ha mejorado), algo que no sucede con ningún otro país. De las 13 variables, en 8 son mayoría los que piensan que se está igual que hace cinco años, y en cinco (acceso general, a un especialista, al hospital, a pruebas como los rayos-x y a fármacos) son más los que piensan que se ha empeorado.

Es una de las medidas que contiene la Estrategia, que se ha aprobado esta mañana con las críticas de comunidades como Canarias, Cataluña, Asturias y Andalucía, que han criticado la falta de concreción del plan del Ministerio y el hecho de que muchas de las 248 medidas que contempla ya se estén llevando a cabo en las comunidades o bien ya estén aprobadas por otras vías.El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández, ha afirmado que, pese a que el plan es "positivo", "no es más que un recopilatorio de medidas que ya están adoptando las comunidades". Ha añadido estar preocupado porque este año se ha reducido "un 20%" la aportación que les hace el Ministerio con respecto al año pasado. Es la misma crítica que ha hecho el consejero de Presidencia asturiano, Guillermo Martínez: "No es un documento creíble porque hay una disminución de los créditos".

El Ministerio de Sanidad asegura que el dinero que se destinará a financiar la asistencia a las víctimas y sus hijos es el mismo que el año pasado (casi cinco millones de euros), con la diferencia de que cerca de un millón de euros no están en el presupuesto sino que los aporta un programa con financiación europea. La Estrategia está dotada con 1.539 millones de euros, según ha explicado esta mañana el secretario de Estado.

La creación de esta red nacional de casas de acogida no significa que vaya a haber más centros en los que atender a las mujeres víctimas de la violencia de género. Esta medida, incluida en uno de los siete objetivos que se propone la Estrategia (el número 6, mejorar la coordinación y el trabajo en red), consiste simplemente en integrar los dispositivos ya existentes.

El texto aprobado contempla también medidas como la extensión de la libertad vigilada para los maltratadores condenados que salgan de la cárcel, además de un protocolo en el que se está trabajando con Instituciones Penitenciarias para extender el uso de los brazaletes para vigilar el cumplimiento de las medidas de alejamiento durante los permisos penitenciarios.

Una de las medidas novedosas es la creación de un protocolo sanitario específico contra la mutilación genital femenina. El secretario de Estado ha anunciado también que la red de empresas creada hace un año para promover la integración a través del empleo de las víctimas de la violencia de género ha conseguido contratar a 410 mujeres. La creación de códigos de autorregulación publicitaria, la potenciación del teléfono 016 o la formación especializada en violencia de género a todo el personal sanitario del medio rural son otras de las medidas incluidas en el plan.

Asfixiados por la falta de liquidez, la Asociación Ferrolana de Drodependencia (Asfedro) bordea la ruina y se prepara para ir al concurso de acreedores, el peor de los escenarios, tras el verano. La entidad debe 169.000 euros, reconoció hoy la Junta Directiva. No tienen presupuesto “ni para botes de orina”, denuncian. Paradójicamente, tienen adjudicada una subvención nominal de la Xunta de 590.000 euros que resolvería todos sus problemas económicos pero que no pueden cobrar hasta que liquiden sus deudas pendientes con Hacienda, la Seguridad Social y los proveedores.

En tres años han perdido 300.000 euros de fondos públicos, subvenciones y ayudas que se han ido estrechando o suprimiendo. Pedir un crédito, explican, agravaría el problema de Asdefro hasta colocarlos en “un callejón sin salida”. Sus 28 empleados (un médico, enfermeros, psicólogos, educadores y trabajadores sociales) se han rebajado el sueldo un 20% de media en los últimos meses. Las bajas no se cubren y los que están en activo no dan abasto entre horas extra y usuarios. Asfedro les debe las dos últimas nóminas pero siguen trabajando sin cobrar. Trece de ellos sostienen la unidad asistencial de Caranza y los otros 15 están asignados a la comunidad terapeútica de O Confurco, donde están internados 18 dependientes en rehabilitación y otros tantos aguardan en lista de espera. “Hay 22 plazas pero tenemos el presupuesto tan ajustado que no nos podemos permitir meter cuatro bocas más”, cuentan.

En 2012 asistieron a 1.175 personas -700 en el programa de metadona-, explica Sari Alabau, secretaria de la Junta Directiva y exedil de Izquierda Unida. Aunque todavía sin datos del primer semestre del 2013, Alabau tiene la impresión de que la demanda ya va por encima de los registros del pasado año. Una progresión que ha ido al alza en el último lustro.

“Tristemente ha habido reinicios -recaídas en el consumo- de gente que llevaba tres y cuatro años rehabilitada. Pierden el trabajo y una cosa les lleva a otra”, dice Alabau. Defiende que invertir en salud “siempre es rentable” porque un problema que no se atiende repercutirá después en el erario público con un coste superior. “No podemos dejar tiradas a estas personas como si fueran bichos”, recalca. Desde Asfedro piden al gobierno gallego un adelanto de 200.000 euros de la subvención adjudicada para pagar los salarios atrasados y, una vez que pongan sus cuentas al día, justificar el cobro del resto de la ayuda pública que tienen concedida y que reflejan los presupuestos autonómicos.

La plantilla se concentró la semana pasada delante de la delegación ferrolana de la Xunta para visibilizar en la calle la precaria situación de una entidad muy enraizada en la comarca y pionera en la lucha contras las drogas en la provincia. En 2011, el Ayuntamiento premió su trabajo con la distinción Ferrolano del año. El Comité de Empresa, explica uno de sus miembros, Juan Santalla, ya se plantea una gran protesta conjunta en Santiago junto a Aclad (Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga) y Alborada, de Vigo, ante la Consellería de Sanidade. “Hemos luchado mucho por esto y no lo podemos perder”, termina Alabau.

En el estudio se compararon dos grupos de animales. Unos, normales, y otros modificados genéticamente para que no tuvieran el gen que codifica la FGF21. El resultado fue que este segundo grupo tenía “un cuadro de patologías cardíacas” que no estaba presente en el otrol (el grupo de control).

En concreto, según Anna Planavila, que ha coordinado el trabajo, se trata de “cuadros de dilatación e hipertrofia cardíacas y cambios en el electrocardiograma por la alteración de los mecanismos de sístole y diástole cardíacas”, entre otros.

Los cambios se han medido mediante ecocardiografías, y también con pruebas genéticas e histológicas.

Hasta ahora se pensaba que la FGF21 era sintetizada por el hígado como respuesta a la presencia de grasas, pero ahora se ha visto que también las células del corazón la produce como una manera de protección, ha explicado otro miembor del equipo de investigadores, Francesc Villaroya, que fue quien ya había detectado en 2010 el papel metabólico de la molécula.

El descubrimiento arroja luz sobre la relación entre procesos como la diabetes, las enfermedades metabólicas y las cardiacas, lo que abre una puerta a posibles abordajes globales.

Pregunta. ¿Por qué cambian el sistema de concesión de becas?

Respuesta. Las becas son un derecho por ley de los estudiantes, siempre que cumplan con los requisitos de renta y rendimiento. Los primeros no los hemos modificado. Hemos introducido un mayor peso al rendimiento, pero siempre priorizando la renta familiar. Habrá dos partes fijas, de 1.500 euros cada una. Una relacionada con los ingresos, y la otra para aquellos que tengan que salir de su domicilio. Además, está la exención del pago de tasas. El resto se repartirá con una fórmula según la cual a menores rentas tiene más peso la renta, y a mayores rentas (siempre debajo de este umbral de 39.000 para una familia de cuatro miembros), más el rendimiento. De modo que serán los alumnos de rentas bajas y mejor nota los que obtengan las mayores cuantías. Es importante para incentivar el rendimiento.

P. ¿Y no tiene nada que ver con el miedo a no tener dinero suficiente para becas cuando más familias cumplen los requisitos de renta y los académicos anteriores? Lo que antes era un derecho a 3.500 euros se reduce a 1.500 y el resto depende del presupuesto que quede.

R. El presupuesto no se ha reducido en los dos últimos años. Representa el 70% del de esta Secretaría y es una prioridad del Gobierno. Lo que se pretende es promover un mayor esfuerzo para mejorar el rendimiento.

P. Pero la pregunta no es sobre una posible reducción, sino por la preocupación de tener que incrementar el presupuesto si aumentan los becarios por la crisis.

R. Si se comparan las diferentes áreas de conocimiento, el efecto de aumentar la exigencia del rendimiento académico ha sido muy distinto. En Ciencias y Ciencias de la Salud, carreras como Matemáticas, Físicas o Medicina, han aumentado los becarios, en otras áreas como Ciencias Sociales y Jurídicas han disminuido. ¿Prevemos que haya un descenso? Va a ser heterogéneo.

P. ¿Cuántos becarios menos hay en toda España? Solo en Andalucía, del presupuesto para becas no universitarias se han quedado sin gastar 18 millones.

R. En Andalucía, en el ámbito universitario han descendido alrededor de 3.000 becarios, sin embargo, en no universitarias ha aumentado de 101.113 a 106.113.

P. Y el dato global, ¿cuál es? ¿Cuántos becarios había el año pasado y cuántos hay este?

R. Ese no lo sé todavía; solo sé que en algunas áreas ha aumentado y otras ha disminuido.

P. Si se cursaba una carrera de cuatro años, solo se podía ser becario durante cinco y debían aprobar el 80% de las asignaturas (el 65% y en seis años en las ingenierías). ¿No era suficiente?

R. Teníamos unos requisitos de permanencia y aun así había gente con beca siete y ocho años. La sociedad hace un enorme esfuerzo para poder dotar a estos alumnos de unos estudios gratuitos —y con una dotación máxima de 6.000-7.000 euros anuales—, y hay que asegurarse de que va a redundar en una buena formación y se va a aplicar a estudiantes con altas probabilidades de terminar una carrera.

P. Ha dicho que había becarios durante siete u ocho años, ¿cómo puede ser si solo se podía ser becario uno o dos años más de lo que dura la carrera?

R. Hay casos y bastante chocantes. Hay un desfase muy importante entre la formación que se recibe y lo que está demandando el mercado. Ya no da lo mismo lo que estudies ni la nota que saques. Obtener un título no es suficiente para acceder a un empleo de nivel medio o alto. En el mercado no hay suficiente demanda para los licenciados en Ciencias Sociales y Jurídicas, el valor de esos títulos se ha devaluado. Se necesita un cambio de cultura. Acceder a la universidad, con el apoyo de toda la sociedad al obtener una beca es una responsabilidad muy grande.

P. ¿Y todos los demás sin beca, a los que se les está subvencionando el 80% de la carrera (las tasas cubren el 20% del precio de los estudios) no se les está pidiendo el mismo esfuerzo?

R. A los repetidores se les incrementan las tasas. Son las mismas reglas de juego.

P. Abonar más dinero, para quien tiene, no es lo mismo que quitarle una beca a quien no puede pagar. A uno se le excluye y al otro se le cobra más.

R. Eso depende de cada comunidad autónoma. Cataluña ha subido las tasas con un criterio muy acertado: gradualmente en relación a la renta familiar. Entendería que se utilizara el término excluyente si se hubiese puesto un criterio tal que dejara fuera a la mayoría y lo hiciese prácticamente imposible, pero lo que se está pidiendo es un aprobado.

P. ¿Por qué es tan polémica la Lomce?

R. Tuvimos un debate muy constructivo con muchos sectores y ahora con los grupos políticos. Nuestra propuesta inicial se ha transformado mucho. Aceptamos que hay una parte que es más ideológica, la que tiene que ver con Religión y Educación por la Ciudadanía. Así que proponemos, para llegar a un acuerdo, centrarnos en los pilares: modernizar y hacer más atractiva la FP; evaluaciones externas a los centros, que tendrán más autonomía, pero con más rendición de cuentas, y una configuración de las asignaturas que redefina el papel del Estado, las comunidades autónomas y los centros. De modo que, si hay un cambio de Gobierno, se pueda modificar la ley en aspectos ideológicos —que son pocos— sin arrastrar cambios en todo el modelo. Pero para la oposición todo es ideología y no queda espacio de negociación.

P. ¿Cuál es la parte ideológica?

R. Religión [se introduce una alternativa y contará para la nota media], Ciudadanía [desaparece como asignatura] y educación diferenciada [se establece por ley que los colegios que separan por sexos pueden recibir subvenciones].

P. ¿Va a contar la nota de religión como cualquiera de las materias para hacer la media?

R. Pensamos que, cuando es elección voluntaria, todas las asignaturas del currículo deben de contar. Esa nota será comparable a las de libre configuración autonómica, pero nunca a Matemáticas, Ciencias, Inglés…

P. Pero para hallar la nota media de la ESO aparecen todas las asignaturas.

R. No, pero ponderada con la nota de la evaluación final. En un 40% no tiene peso y sí mucho Matemáticas, Lengua, Historia… No es verdad que cuenten de igual manera para becas universitarias; en bachillerato no es obligatoria. El peso es mínimo.

P. ¿Cómo cuadra el aumento del gasto que conlleva la reforma (aunque no sea mucho y sea insuficiente según algunos sectores) con el objetivo de dejar la inversión pública en educación en el 3,9% del PIB en 2015 (ahora es 4,7%)?

R. Los chicos que abandonan sin la titulación de la ESO están abocados a un riesgo altísimo de desempleo y a aspirar a unos trabajos poco cualificados. Es una gota en el océano los 250 millones que gastaremos el tercer año de implantación de la Lomce en comparación con los aproximadamente 50.000 millones de todo el sistema educativo. Mejorará la calidad y sus expectativas de trabajo, y va a aliviar muchas de las deficiencias del sistema. El 40% de los alumnos ha repetido al menos un curso a los 15 años, y eso supone gastar 2.500 millones anuales en la repetición cuya eficacia es limitadísima. Es posible que parte de esta financiación venga del Fondo Social Europeo. El 3,9% del PIB es una estimación basada en unos parámetros que, dependiendo del cumplimiento, tendrá una desviación importante. Tenemos un sistema donde, a pesar de que se ha duplicado el presupuesto entre 2000 y 2009, los resultados de PISA han empeorado y el abandono temprano no ha bajado sustancialmente.

Ideario educativo

Tan fiel a sus creencias como profundamente respetuoso con las ajenas, siempre generoso y gentil con su tiempo y sus ideas, supo hacerse respetar, admirar y, sobre todo, querer por cuantos le trataron. Jaime y Jesús de la Serna, dos de sus más fraternales amigos, lograron convencerle para que en el diario Informaciones, que dirigía el segundo, publicara una serie de artículos en los que fue exponiendo su ideario pedagógico. Eran los años posteriores a la famosa Ley de Educación de Díez-Hochleitner, otra gran figura de nuestra reciente historia pedagógica. Pero ni los de la Serna ni nadie lograron nunca convencerle de que reuniese esos escritos en un librito, a modo de testimonio o legado. No les concedía mayor importancia. Lo que para muchos supuso una auténtica puerta hacia una nueva forma más moderna y abierta, genuinamente liberal y enriquecedora, de entender la pedagogía, a él le parecía una obviedad, algo de sentido común.

Ha llevado su dura y muy dolorosa enfermedad final con la entereza, elegancia y alegría con que supo conducir su vida despidiéndose uno a uno de sus seres queridos, confortándoles y agradeciéndoles el haber podido compartir con ellos su vida.